Andés Arturo Becerra Covarrubias
Expediente 1210/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1210/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Andés Arturo Becerra Covarrubias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
La licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para el quejoso del dos al quince de marzo del año en curso, sin contar los días cuatro, cinco, once y doce del propio mes y año por corresponder a sábados y domingos, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo número 1210/2017-1; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; No se tramitó incidente de suspensión No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta a la juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede asentada por la secretaria adscrita a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe. Bjm
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1210/2016-1; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Andrés Arturo Becerra Covarrubias, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra la autoridad, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan. Autoridad Responsable Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil con residencia en Cieneguillas, Zacatecas. Actos Reclamados "Reclamo del Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, LA OMISIÓN de proporcionar al suscrito quejoso Andrés Arturo Becerra Covarrubias, ATENCIÓN MÉDICA, no obstante le he pedido me sea proporcionada ya que SUFRÍ UNA LESIÓN EN LA CINTURA QUE ME OCASIONA DOLORES INTENSOS, Y POR ELLO HE PEDIDO ME LLEVEN CON UN TRAUMATÓLOGO Y MI SALUD ESTÁ DETERIORÁNDOSE". Derechos fundamentales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos humanos violados, los contemplados en los artículos 1, 4, tercer párrafo, 14, 16, 17 y 18 constitucionales, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 25, 29, 62 y 63 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, 2, 3 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su titular dictó proveído el dieciséis de noviembre del año próximo pasado, en que ordenó su admisión y registro con el número 1210/2016-1; asimismo, suspendió de plano el acto reclamado; se solicitó informe relativo a la suspensión de plano y justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor de la presente acta. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión de una autoridad jurisdiccional residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de derechos, consiste en: Del Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil con residencia en Cieneguillas, Zacatecas: La omisión de proporcionar atención médica al impetrante del amparo, particularmente en la especialidad de traumatología, para la atención de lesión de cintura que refiere le ocasiona dolores intensos. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, no manifestó si son o no ciertos los actos que se le reclaman, sin embargo, tomando en consideración que a su oficio de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, recibido en este juzgado el dieciocho del propio mes y año (f.14-17), que remitió en cumplimiento a la determinación contenida en el proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se decretó de plano de suspensión de los actos reclamados, únicamente acompañó copia simple de la nota contra referencia relativa a la consulta médica de dicho quejoso, sin que con posterioridad a ello hubiera exhibido copia certificada de la misma, no obstante haber sido requerido para ello, por lo que no acreditó que se hubiera proporcionado atención médica al impetrante del amparo, específicamente por especialista en traumatología debido a lesión en cintura que le provoca dolores intensos; se tiene como cierto el acto que se le reclama. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En ese contexto, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados en este juicio de amparo, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo y fracción citados disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Es sustento de lo considerado, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Novena Época, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En este juicio de amparo, el quejoso reclama esencialmente la omisión de la responsable de proporcionarle atención médica, concretamente por un especialista en traumatología, debido a que sufrió una lesión en la cintura que le causa dolores intensos. Sin embargo, de las constancias que el mencionado Director del Centro Regional de Readaptación Social Varonil, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, remitió con su oficio de veinte de enero del año en curso, recibido en este juzgado el veintitrés del propio mes y año, al que recayó acuerdo del veinticuatro siguiente (f.79-82 y 87), se aprecia el informe médico suscrito por el Coordinador del Área Médica de ese centro de reclusión, asimismo, copia simple de las hojas de consulta del gabinete radiológico Santoyo, Sociedad Anónima de Capital Variable y del Hospital General de Zacatecas, de las que se desprende que ya le fue realizado al quejoso el ultrasonido que se encontraba pendiente, el cual fue revisado por el médico traumatólogo Felipe Iván Rojo Montesinos, adscrito a dicho hospital, quien emitió diagnóstico respecto a la muñeca derecha del impetrante del amparo y, además, solicitó resonancia magnética de columna lumbar y radiografías por molestia lumbar, para lo cual, según se asienta en el informe médico del Coordinador del Área Médica del Centro Regional de Readaptación Social con sede en Cieneguillas, Zacatecas, les dieron nueva cita para el siete de marzo y la consulta a traumatología será el catorce del mismo mes. Constancias, las anteriores, con las que se ordenó dar vista al quejoso para que manifestara lo que a su interés conviniera, haciéndole saber que de lo antes expuesto se desprendía que se le dio la atención médica requerida, cuya omisión constituye el acto reclamado, sin que hubiera hecho manifestación alguna, no obstante haber sido notificado de manera personal, según se aprecia del acta de notificación de veinticinco de enero pasado. Las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio, la autoridad responsable procuró la atención médica del quejoso en la especialidad de traumatología, cuya omisión constituyó el acto reclamado y, por ende, cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, de la propia ley. Finalmente, el sobreseimiento indicado impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido por los artículos 74, 76, y 124 de la Ley de Ampao, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Andrés Arturo Becerra Covarrubias contra el acto reclamado del Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, precisado en el considerando segundo de este fallo, por las razones asentadas en el último de los considerandos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la Secretaria con quien actúa, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado. DOY FE. Bjm
- Principal
La licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Doy fe. Lic. María Concepción García Jacobo. En la misma fecha, la secretaria da cuenta a la juez con la certificación que antecede, el oficio y anexos registrado con el folio 1056 y, el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Director del Centro Regional de Readaptación Social Varonil, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, mediante el cual, en atención al requerimiento de dieciocho de los corrientes, remite informe médico suscrito por el Coordinador del Área Médica de ese centro de reclusión, asimismo, copia simple de las hojas de consulta de gabinete radiológico Santoyo, Sociedad Anónima de Capital Variable y del Hospital General de Zacatecas, de las que se desprende que ya le fue realizado al quejoso el ultrasonido que se encontraba pendiente y además, que se le dieron nuevas citas para los días uno de febrero, así como siete y catorce de marzo, ambos meses del año en curso. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la mencionada autoridad responsable las constancias que adjunta, con las que se ordena dar vista al quejoso para que manifieste lo que a su interés convenga, haciéndole de su conocimiento que de lo anterior se aprecia que ya se le ha dado la atención médica requerida, cuya omisión fue materia del acto que aquí se reclama; ello si se atiende a que conforme a lo expuesto, se continuará con las consultas y estudios médicos relativos a su padecimiento. Ahora, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que se encuentran fijadas las diez horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, a fin de dar oportunidad de que la parte quejosa se imponga del contenido del presente auto, se difiere la audiencia constitucional señalada y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza.- DOY FE. Cecy*
- Principal
En dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se da cuenta a la Juez con un oficio registrado con el número 712 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Director del Centro Regional de Readaptación Social Varonil, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de nueve de enero del año en curso, remite informe médico suscrito por el Coordinador del Área Médica de ese centro de reclusión, así mismo copias certificadas de las solicitudes de excarcelación del quejoso para ser trasladado al Hospital General de Zacatecas de los Servicios de Salud, para que se le realizara el ultrasonido que se había programado para el dieciséis del actual y para la cita que tenía el día de ayer diecisiete. En conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de dicha responsable las constancias que adjunta, con las que se ordena dar vista al quejoso para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Sin perjuicio de lo anterior, requiérase al mencionado Director del Centro Regional de Readaptación de Readaptación Varonil, para que en el término de tres días, contando a partir de la notificación de este acuerdo, informe sobre los resultados del ultrasonido y cita para atención médica de referencia, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido, o no manifestar los motivos legales que tenga para no informar, se le aplicará una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Karla
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