Analí Infante Morales
Expediente 882/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 882/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 02/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Analí Infante Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
El dos de junio de dos mil veintidós, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del diecinueve de mayo al uno de junio del año en curso; sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Sí se tramitó incidente de suspensión, en el cual se concedió la suspensión definitiva. Sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dos de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de derechos en el que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se concedió la suspensión provisional y definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyanse en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, las constancias que remitió mediante su oficio 1534/2021, consistente en un tomo de copias certificadas del expediente 341/I/2015 Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del tres de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 882/2021; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, Analí Infante Morales y José Luis González Orozco, demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda fue turnada a este Juzgado, y mediante auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se registró el expediente, posteriormente previo requerimiento, en proveído de veintidós de noviembre del citado año, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron los informes justificados y se ordenó dar intervención a la Agente del Ministerio Público Adscrita. Seguido el juicio por sus trámites legales se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; así como los diversos 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, que se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo y su aclaración, mismo que consiste en: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- El ordenamiento de la ejecución del laudo dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dentro del expediente marcado con el número 341/2015; por tratarse de un ordenamiento carente de la debida fundamentación y motivación, al vulnerar lo dispuesto por los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero en relación con el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo, por estar prescrita la acción de los actores para solicitar la ejecución del laudo y trascender al derecho fundamental de debido proceso. Consecuentemente contra la ilegal diligencia de requerimiento de pago en cumplimiento al laudo de fecha 13 de agosto del 2021, al señalar que se entiende con el demandado JOSÉ LUIS GONZÁLEZ OROZCO, cuando el suscrito fui absuelto de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, es decir, no había motivo para ejecutarla en mi contra coma ilegalmente se hizo." Ahora, en auto admisorio, se previno a la parte quejosa para que precisara si señalaba como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas; así por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo cumplida la prevención, teniéndose a dicho fedatario como autoridad responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables integrantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas y actuario adscrito a la misma, al rendir sus informes justificados, manifestaron que eran ciertos los actos reclamados por la parte quejosa, ya que por auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno se tuvo a la parte actora por desistiéndose del embargo de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, toda vez que los bienes señalados no se tuvieron a la vista; ordenándose de nueva cuenta el embargo en cuestión, el que tuvo verificativo el trece de octubre de dos mil veintiuno; lo anterior, se corrobora con la copia certificada del expediente laboral 341/2015, que la junta responsable adjuntó a su informe justificado. Documental pública con valor probatorio pleno conforme a los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal| de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Orienta a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 391, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Registro digital 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Asimismo, la tesis dictada por el Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, visible a foja 15, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Sexta Parte, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación aducido por los promoventes del amparo, este órgano de control constitucional debe verificar si se actualiza alguna causal de improcedencia. En el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". En relación con esta causa de improcedencia, existe la jurisprudencia del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Los artículos y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento u ordene el archivo del expediente. En la especie, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la diligencia de requerimiento de pago de trece de agosto de dos mil veintiuno, que tiene por objeto darle cumplimiento al laudo definitivo dictado en el expediente laboral número 341/2015. De este modo, los actos reclamados no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en dicho expediente, pues no determina el cumplimiento total de la sentencia como tampoco la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la misma; incluso no decreta el archivo del expediente; casos en los cuales, el amparo indirecto resulta procedente. Es así, dado que la diligencia de requerimiento de pago de trece de agosto de dos mil veintiuno, se llevó a cabo en la etapa de ejecución del laudo dictado en el juicio de origen; pero de ninguna manera declara cumplido el laudo dictado, ni la imposibilidad material, ni jurídica para su cumplimiento, como incluso el archivo del expediente, que hagan procedente el juicio de amparo. De este modo, los acto reclamados solo son relativos a actos realizados en el procedimiento de ejecución; y de ninguna manera conlleva violaciones a derechos sustantivos del quejoso diferentes a la cosa juzgada, que haga procedente de inmediato el juicio constitucional que se promueve y ante lo cual el juicio de garantías deviene improcedente. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y textos siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS AUTOS O RESOLUCIONES QUE SE EMITAN SOBRE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE UNO O VARIOS PUNTOS DE CONDENA ESTABLECIDOS EN EL LAUDO, AL NO CONSTITUIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA TOTALIDAD DE ELLOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuya parte relativa señala que, en relación con los actos de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto "... contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ...", debe considerarse que, tratándose de actos de ejecución de un laudo que imponga el cumplimiento de diversas prestaciones reclamadas en el juicio laboral, los autos o resoluciones que se emitan sobre el cumplimiento de uno o varios puntos de condena establecidos en el fallo, pero que no son la totalidad de ellos, no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, sino que ello procederá hasta que se realice el pronunciamiento que califique el cumplimiento total (no parcial) de todos los puntos de condena establecidos en el laudo, pues de no cumplirse la exigencia prevista en el precepto legal indicado, se estará en presencia de una notoria e indudable causa de improcedencia que producirá el desechamiento de la demanda." Asimismo resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente. De igual manera tiene aplicación la tesis jurisprudencial siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia." En el caso particular se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio de amparo, porque de la demanda respectiva se advierte que la parte quejosa combate el requerimiento de pago en cumplimiento al laudo de fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, ordenado dentro de los autos del expediente laboral 341/2015. Ahora, de lo reseñado en párrafos que anteceden, así como de las copias certificadas remitidas del juicio laboral supracitado, se advierte que seguido de sus etapas, el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se emitió el laudo respectivo en el que se condenó a la quejosa "La Chopería Paraíso" y/o Analí Infante Morales, al pago de diversas prestaciones a favor de los actores Manuel Aparicio, Pascual Carlos Rodríguez, Valeria Elide Aparicio Ríos, María de la Luz Coronado y José Manuel de la Mora Aquino; por lo que el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable a petición de la parte actora dictó auto de requerimiento de pago y/o embargo, por lo que el trece de octubre de dos mil veintiuno tuvo verificativo la diligencia relativa, la que fue atendida en el domicilio de la parte demandada por José Luis González Orozco (fojas 244 a 246 del tomo de pruebas). De lo anterior, se tiene que la diligencia aquí combatida, no constituye la última determinación dictada en el procedimiento de ejecución, lo anterior se considera así, debido a que la autoridad responsable en el procedimiento de ejecución del laudo, apenas se encuentra requiriendo el pago de las prestaciones que fueron condenadas. Ahora, no debe pasarse inadvertido que la única circunstancia que exime a la solicitante de protección constitucional para interponer el amparo sin esperar el dictado del último acuerdo en la ejecución de laudo (habiendo sido parte en el juicio laboral) es cuando éste no haya sido llamado a juicio o habiendo sido emplazada no se haya realizado conforme a las reglas que marca el procedimiento, lo que en el caso en concreto no acontece, en virtud de que la propia parte quejosa manifiesta haber comparecido en juicio. De ahí, que procede sobreseer el juicio de derechos en que se actúa, respecto del acto reclamado y autoridades responsables antes precisadas, con apoyo en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. No obstante lo anterior, también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El precepto y fracción transcritos, prevén que el juicio de amparo resulta improcedente cuando es promovido contra resoluciones judiciales en las que la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento. Ahora, conforme al análisis de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los preceptos que conforman su ley reglamentaria, puede advertirse que el juicio de amparo es regido por reglas o principios que lo estructuran y determinan su procedencia, entre los cuales, para efecto del caso en estudio, debe destacarse el llamado "Principio de definitividad del acto reclamado", que establece que el juicio constitucional sólo resulta procedente respecto de actos definitivos, es decir, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. Esto es así, ya que al ser el amparo un juicio extraordinario, sólo puede acudirse a él cuando previamente se ha agotado el recurso previsto en la ley ordinaria, pues de lo contrario, se provocaría que la justicia federal se pronunciara respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto que aún es susceptible de modificarse, revocarse o anularse, haciendo con ello ocioso e innecesario su trámite. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la ley suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, se resalta que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desvirtuaría la naturaleza jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que el amparo es el medio impugnativo supremo de que dispone el gobernado para proteger sus derechos fundamentales, contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, y su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los tribunales federales, por lo que antes de intentarlo, el interesado debe deducir todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se atacan directamente, en su origen y en sí mismos, por la institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o bien, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Siguiendo esa línea argumentativa, en la especie, debe decirse que previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el requisito de definitividad, relativo al recurso de revisión. Ahora, los artículos 849 y 940 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, Actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Articulo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." Como puede informarse de los anteriores preceptos legales, la ejecución de los laudos, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, quienes deben dictar las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita, y cuando alguna de las partes se sienta agraviada con los actos de los Presidentes dictados en la etapa de ejecución, entonces tiene a su alcance el medio de impugnación consistente en el recurso de revisión, del cual conocerá la Junta de Conciliación. Bajo ese contexto, debe decirse que la junta responsable, a través de su presidenta, mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecución del laudo y a petición de la parte actora, dictó auto de requerimiento de pago y/o embargo, el cual tuvo verificativo el trece de octubre de dos mil veintiuno. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada VII.2o.T.4 L (11a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2637, Libro 10, Febrero de 2022, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2024142, del rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MAYO DE 2019. DEBE INTERPONERSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, PUES DICHO PRECEPTO SIGUE SIENDO APLICABLE PARA LOS ASUNTOS TRAMITADOS CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHA REFORMA EN LOS LUGARES DONDE AÚN NO HAYAN INICIADO FUNCIONES LOS TRIBUNALES LABORALES, FEDERALES Y LOCALES, ASÍ COMO LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN RESPECTIVOS. Hechos: Un trabajador promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución emitida en la etapa de ejecución del laudo por la presidenta de una Junta en la que se declaró improcedente decretar el embargo solicitado. El Juez Federal desechó de plano la demanda por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, considerando que no se agotó el recurso de revisión regulado en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Contra esa determinación aquél interpuso recurso de queja argumentando, entre otras cuestiones, que el juicio laboral se promovió con posterioridad al inicio de la vigencia del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, mediante el cual se derogó dicho precepto legal." Por tanto, procede sobreseer el juicio de derechos en que se actúa, respecto del acto reclamado y autoridades responsables antes precisadas, con apoyo en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. No se atienden los alegatos expresados por la agente del Ministerio Público adscrita, en tanto que no existe obligación para este órgano de control constitucional de analizarlos y en los mismos no se invoca alguna causa de improcedencia respecto del asunto en estudio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Analí Infante Morales y José Luis González Orozco, contra los actos reclamados a las autoridades responsables integrantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas y actuario adscrito a la misma, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza, el día de hoy once de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe Ángeles
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: ...Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Analí Infante Morales y José Luis González Orozco, contra los actos reclamados a las autoridades responsables integrantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas y actuario adscrito a la misma, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese; personalmente. ...
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Juicio de amparo: 882/2021 Zacatecas, Zacatecas, a uno de febrero de dos mil veintidós, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que que el término de tres días concedido para que los terceros interesados Víctor Manuel Aparicio, Pascual Carlos Rodríguez, Valeria Elide Aparicio Ríos, María de la Luz Coronado y José Manuel Mora Aquino, por auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, para que señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, transcurrió del tres al cinco de enero del año en curso, sin que lo hubieren hecho; Que se encuentran fijadas las nueve horas con treinta y cinco minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la promoción con folio 2134, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el pedimento de cuenta registrado bajo el folio 2134 recibido vía electrónica con la evidencia criptográfica de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno. Asimismo, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Por otra parte, de autos se advierte que el término de tres días concedido a los terceros interesados Víctor Manuel Aparicio, Pascual Carlos Rodríguez, Valeria Elide Aparicio Ríos, María de la Luz Coronado y José Manuel Mora Aquino, por auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, para que señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, transcurrió del tres al cinco de enero del año en curso, sin que lo hubieren hecho; en consecuencia, hasta en tanto no se haga señalamiento al respecto, las notificaciones que tengan el de carácter personal practíquenseles por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del diverso numeral 29 del cuerpo de leyes invocado. Ahora, con el objeto de evitar innecesarias reposiciones, dese vista por ocho días a los mencionados terceros interesados con el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; lo anterior, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por tanto, a fin de dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. Vicky
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