Anastacia Fuentes Espinoza

Expediente 199/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
199/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • Anastacia Fuentes Espinoza
  • Cindy Nallely García Orozco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 199/2019-I-1, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. En la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el trece de marzo de dos mil diecinueve, se recibió la demanda que dio origen al juicio, la que fue turnada a este Juzgado de Distrito el catorce del mismo mes y año. En el escrito inicial ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero Familiar por Audiencias del distrito judicial Galeana, con morada en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a quien reclamó la resolución de cinco de marzo del año en curso, dictada en el juicio ordinario familiar *******, mediante la cual se determinaron las convivencias no supervisadas de la aquí tercera interesada con su menor hijo de iniciales *******. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Mediante auto de quince de marzo de dos mil diecinueve, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada; además, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que se trata de actos provenientes de una autoridad judicial en materia familiar, cuya ejecución tiene lugar en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 107, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el quejoso reclama: De la Secretaria judicial encargada del despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del distrito judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, la resolución de cinco de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ordinario familiar *******, mediante la cual se determinan las convivencias no supervisadas entre la aquí tercero interesada y su menor hijo de iniciales *******. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente del que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Secretaria encargada del despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del distrito judicial Galeana, aceptó el acto que le reclama la quejosa consistente en que en la determinación de cinco de marzo de dos mil diecinueve, por medio del cual se decretaron las convivencias no supervisadas entre la aquí tercero interesada y su menor hijo de iniciales *******. Para corroborar su dicho, la autoridad responsable remitió copias certificadas del juicio ordinario familiar *******, documental cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. Ello, de conformidad con lo establecido en la tesis aislada VI.2o.C.289 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, Materia Común, que se localiza en la página 2689, con registro 168143, del tenor siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACIÓN CON SU PRESENTANTE. Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, también lo es que ello no necesariamente les otorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que aunque su valor sea pleno, puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a prueba. Esto es así, porque un documento público hace fe de la certeza de su contenido, pero si éste pretende desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la objeción, para así destruir la certeza que recae sobre lo asentado en esa documental. Asimismo, es cierto que los documentos presentados en juicio por las partes prueban plenamente en su contra, aunque no los reconozcan, pero esto no implica que no acepten prueba en contrario y que, por tanto, indefectiblemente deba concedérseles plena eficacia demostrativa contra quien los presentó, ya que sus alcances demostrativos quedan a expensas de la ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de que aunque inicialmente probaban plenamente en contra de su presentante, al final su contenido quedó desvirtuado total o parcialmente con otras probanzas aportadas al juicio. Consecuentemente, se tienen como ciertos los actos que la parte quejosa reclama de la citada responsable. Sirve de apoyo la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, con número de registro 1002815, cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia de la vía constitucional. Al no existir causales de improcedencia alegadas por las partes, ni advertirse la actualización de alguna por este Juzgador, se continúa con el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la ley de la materia no establece como obligación para el juzgador que se transcriban para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de mayo de dos mil diez, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son infundados, sin que se advierta que haya queja que suplir por estar involucrados derechos de un menor de edad. La accionista del amparo aduce que el acto reclamado de la autoridad responsable le afecta en la medida que se violan en su perjuicio las garantías de legalidad y debido proceso consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asegura que la autoridad concedió las convivencias no supervisadas entre la demandada aquí tercera interesada y su menor hijo, aun cuando está pendiente la respuesta a una solicitud de informe indispensable para hacer tal determinación y lo hizo sin escuchar al menor, por lo que, estima se vulnera el interés superior de la niñez. También indica que la autoridad efectúa un trato desigual al determinar las convivencias no supervisadas, aun cuando el menor ha manifestado que quiere permanecer al lado de la accionante, en su domicilio; ello aunado a que no se ha demostrado alguna causa para revocar la guardia y custodia que ejerce. Como se ha establecido, los conceptos de violación antes relatados son infundados. A fin de evidenciar tal aseveración es pertinente destacar que, como efecto jurídico inmediato derivado de la Convención sobre los Derechos de los Niños, se recoge en el sistema jurídico mexicano el interés superior de la niñez, el cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones en esa etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas. Por interés superior del menor debe entenderse el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar las condiciones materiales que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social. De igual forma, se precisa el derecho de vivir en familia, así como reunirse con ella cuando por diferentes razones ha habido una separación, vincularse con ambos progenitores en caso de conflicto entre éstos e integrarse a una nueva familia cuando es imposible la vida con la de origen, determinándose la obligación de velar porque los menores solo sean separados de sus progenitores mediante sentencia judicial que declare, válida y legítimamente la necesidad de hacerlo y de conformidad con los procedimientos legales en los que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, así como el derecho a mantener el contacto y la convivencia con el progenitor de quien se esté separado. En el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el respeto irrestricto al interés superior de la infancia, pues determinó que las normas aplicables a los menores se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, con el señalamiento que, para atender a ese principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El derecho de visitas y convivencias es una institución fundamental del derecho de familia en México, que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores fundamentalmente, siempre que no les cause afectación alguna. Así, cuando deban resolverse cuestiones donde se contraponen los derechos de un menor con los derechos reconocidos en favor de sus ascendientes, el juzgador debe preferir ante todo proteger los que corresponden al infante, con el fin de salvaguardar el interés superior de éste, lo cual implica dar prioridad al bienestar de éstos ante cualquier otro interés que lo contradiga. Respecto del tema de la convivencia, en el artículo 394 del Código Civil para el Estado de Chihuahua, se señala: 394. Los que ejercen la patria potestad aun cuando no tengan la custodia, tienen el derecho de convivencia con sus descendientes, salvo que exista peligro para éstos. No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el menor y sus parientes. En caso de oposición a petición de cualesquiera de ellos, el juez de lo familiar resolverá lo conducente en atención al interés superior del menor. Sólo por mandato judicial podrá suspenderse o perderse el derecho a la convivencia a que se refiere el párrafo anterior, así como en los casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las modalidades que para su ejercicio se establezca en el convenio o resolución judicial. La eficacia del derecho de convivencia tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional del menor, dándole afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, es una cuestión de orden público e interés social, dado que en su observancia está interesada la sociedad y el Estado, porque de su efectivo cumplimiento depende el desarrollo armónico e integral del menor que, en ocasiones, por causas ajenas a su voluntad, vive separado de uno o ambos progenitores. Así, de la teleología del artículo 394 en comento, se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para el pleno desarrollo personal y emocional de los menores que, se reitera, por causas ajenas a ellos, viven separados de alguno de sus padres o de ambos, estableciendo que aun cuando no se encuentren bajo su custodia, si ejercen la patria potestad, tendrán derecho a convivir y disfrutar de momentos en común, en aras de tutelar el interés preponderante del menor, al tener solo como limitante para que se suspenda el ejercicio del derecho de convivencia, que exista peligro para los menores, caso en que el juzgador podrá aplicar las medidas correspondientes a fin de salvaguardar el interés superior de éstos, contra alguno de los progenitores. Ahora, de las constancias que informan el juicio se obtienen los hechos siguientes: 1. La accionante del amparo ******* demandó a la tercera interesada ******* y a otro, en la vía ordinaria familiar, la guarda y custodia provisional y en su momento definitiva de su menor nieto ******* (fojas 43 a 46). 2. La demanda fue radicada en auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, bajo el expediente *******, ante el Juzgado Primero Familiar por audiencias del distrito judicial Galeana, con sede el Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. En ese mismo proveído se ordenó el emplazamiento de los demandados, se decretó la guarda y custodia provisional del menor a favor de la actora, se fijó el monto de la pensión alimenticia a favor del menor, se solicitaron los estudios socioeconómicos y psicológicos; finalmente, se autorizó el régimen de visitas y convivencia provisional del padre demandado con el menor y se suspendieron las mismas con la aquí tercera interesada, dada la situación de violencia narrada en la demanda (fojas 51 a 56). 3. Seguida la secuela procesal, en audiencia de siete de diciembre de dos mil dieciocho, la jueza responsable estableció un régimen de visitas supervisadas entre la tercera interesada ******* y el menor ******* (fojas 121 a 124). 4. En el proceso se desahogó la audiencia preliminar el seis de febrero de dos mil diecinueve, y se recibieron los estudios socioeconómicos y psicológicos practicados a ******* y en auto de catorce de febrero de este año, se les dio vista a las partes con dichas experticias (fojas 185 a 194 y 210 a 216). 5. El cinco de marzo de dos mil diecinueve, la jueza decretó las convivencias no supervisadas entre la aquí tercera interesada ******* con su menor hijo *******, para estar con él los sábados y domingos en un horario de las trece a las diecinueve horas (fojas 224 a 225). Tal determinación constituye el acto reclamado y del análisis de la misma se arriba al convencimiento de que es de carácter provisional, es decir, tendrá vigencia hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de origen, y al día de la fecha no existen medios de convicción que demuestren plenamente que el menor ******* corra peligro por convivir con su progenitora, ni mucho menos que deba suspenderse el régimen de visitas y convivencias decretado como quedó indicado en la relatoría de constancias efectuada con anterioridad. La determinación a la que arribó la juzgadora señalada como responsable se considera apegada a derecho en la medida que el derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de ellos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. Constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. El derecho de visitas y convivencias es una institución fundamental del derecho familiar en México, que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores y, por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona cuyo cargo se encuentre la custodia del menor, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido a él, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes conforman dicho grupo. De esta forma, el derecho de visitas y convivencias tiene como finalidad la búsqueda incesante del desarrollo pleno del menor por medio de la implementación o fortalecimiento de los lazos entre él y sus familiares; en los casos en que los vínculos afectivos se han resquebrajado, ya que bajo esas condiciones no son fáciles las relaciones humanas, por existir serias dificultades para verse y relacionarse normalmente, ello trasciende a las relaciones sociales que alcanzan en los menores una dimensión aun mayor que la simplemente familiar, dado que actualmente se hace indispensable una concepción de relaciones humanas que comprometa otros núcleos sociales. Así, la convivencia entre padres e hijos se considera un elemento de gran importancia para la formación integral de los niños en su proyección hacia la edad adulta y sus posibles compromisos familiares y sociales, motivo por el cual, las medidas que se asuman al respecto deben buscar invariablemente su prevalencia, de modo que sólo podrá ser objeto de suspensión temporal, en los casos en que las condiciones prevalecientes pongan de manifiesto que a través de la convivencia se pone en riesgo insuperable la vida, la integridad personal o psicológica, o la formación de los menores, y no se vea posibilidad alguna de evitar esos peligros sin suprimir la convivencia. En otras palabras, la suspensión de esas relaciones únicamente debe imponerse en los casos de extrema gravedad, en que la autoridad judicial, como garante de los derechos de los menores, considere que existe una afectación al interés superior, precisando la situación de hecho y el grado de afectación que produce, con la finalidad de que el familiar que se vea afectado por la decisión judicial, conozca las causas que justificaron el menoscabo a su derecho de convivencia. Robustece el anterior raciocinio, la jurisprudencia I.5o.C. J/33 (9a.), que sustentó el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro IX, junio de dos mil doce, Tomo 2, Materia Civil, que se consulta en la página 699, con registro 160074, del tenor siguiente: DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU FINALIDAD. El derecho de visitas y convivencias tiene como finalidad la búsqueda incesante del desarrollo pleno del menor por medio de la implementación o fortalecimiento de los lazos entre él y sus familiares, en los casos en que los vínculos afectivos se han resquebrajado, ya que bajo esas condiciones no son fáciles las relaciones humanas, por existir serias dificultades para verse y relacionarse normalmente. Ello trasciende a las relaciones sociales que alcanzan en los menores una dimensión aun mayor que la simplemente familiar, dado que actualmente se hace indispensable una concepción de relaciones humanas que comprometa otros núcleos sociales. Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia I.5o.C. J/29 que emitió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de dos mil once, Materia Civil, visible en la página 963, con registro 161872, de rubro y texto: DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. JUSTIFICACIÓN DE SU PREVISIÓN LEGAL. El establecimiento del derecho de visitas y convivencias en la legislación se justifica plenamente, ya que al convivir se propician el trato y la calidez humana, las personas se ven, platican, se brindan afecto y, en síntesis, se conocen mejor, por lo que con la convivencia se fortalecen sentimientos afectivos que colman los fines de la institución familiar, pues los acercamientos de las personas son esenciales para alcanzar su tranquilidad, felicidad y armonía personal, familiar y social, máxime cuando se trata de menores. Acorde con lo anterior, no asiste razón a la accionante al sostener que el juez responsable dictó una resolución con la cual se violan en su perjuicio las garantías de legalidad, debido proceso y acceso a la justicia consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contra el acto reclamado, la quejosa también asegura que la jueza responsable concedió las convivencias no supervisadas aun cuando está pendiente la respuesta a una solicitud de informe para hacer tal determinación, asegura que el veintisiete y veintiocho de febrero del presente año, el psicólogo adscrito a la Subprocuraduría de la Defensa del Menor lo entrevistó y aún no ha emitido el informe. Tal motivo de inconformidad resulta fundado pero inoperante, en la medida que si bien la jueza para la emisión del acto que se impugna no tomó en consideración los informes de convivencia de los días que se refieren en el párrafo anterior, ello no impacta en la determinación de las convivencias no supervisadas, pues ésta es provisional y de considerarlo necesario puede modificarse en cualquier momento, atendiendo al superior interés de la infancia. Además, con independencia de que no se tomaran en consideración informes de la convivencia de esas datas, la jueza sí dio validez a los reportes de convivencia supervisada emitidos por el psicólogo adscrito a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del distrito judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, respecto de los días dieciséis a dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Y, de tales reportes pudo observar que el menor convive con su madre de manera sana y normal, nunca ha mostrado un sentimiento de miedo, recelo o temor por estar a solas con ella, e incluso el menor demuestra en demasía su afecto por su madre. De igual forma resulta infundado el argumento de la accionante en el sentido de que la justipreciadora debió sostener una plática con el menor a fin de conocer su negativa de querer convivir con su progenitora. Ello, dado que, si bien el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos; sin embargo, su participación no constituye una regla irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés superior. Por tanto, al evaluar de oficio la participación de los menores de edad como al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración o testimonio ofertada por las partes, el juez debe evitar la práctica desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer si sus derechos no forman parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. En el caso que nos atañe se advierte que el menor nieto de la quejosa e hijo de la tercera interesada compareció ante la jueza familiar dentro de los autos del juicio de guarda y custodia, como se observa de la audiencia de siete de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que, al existir constancia de dicha diligencia, la cual a la fecha del dictado de la resolución de mérito transcurrieron tres meses, es evidente que no podría verificarse de nueva cuenta otra plática con el menor, pues la práctica desmedida de ese derecho podría poner en riesgo su integridad, además de darse una revictimización del mismo; por ende, el hecho de que la jueza no haya sostenido una plática con el menor *******, ello no razón suficiente para considerar que la autorización de la convivencia provisional no supervisada es violatoria de derechos. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 12/2015 (10a.), que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, mayo de dos mil quince, Tomo I, Materia Constitucional, Civil, visible en la página 383, con registro 2009010, cuyo rubro y contenido es el siguiente: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos. Sin embargo, su participación no constituye una regla irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés superior. En este sentido, tanto al evaluar de oficio la participación de los menores de edad como al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración o testimonio ofertada por las partes, el juez debe evitar la práctica desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer si sus derechos no forman parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. Ahora bien, esta sujeción a valoración judicial de la participación de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales no debe ser jamás leída como una barrera de entrada, sino como el mecanismo que da cauce a su derecho. La premisa para el juzgador debe ser procurar el mayor acceso del niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Por ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y los jueces de amparo. La quejosa también indica que autoridad judicial responsable efectúa un trato desigual al determinar las convivencias no supervisadas, aun cuando el menor ha manifestado que quiere permanecer al lado de la accionante, en su domicilio; ello aunado a que no se ha demostrado alguna causa para revocar la guardia y custodia que ejerce. Tal motivo de inconformidad es infundado porque en la resolución que se impugna no se está revocando la guardia y custodia que ejerce sobre el menor de iniciales *******, sino que se determina de forma provisional un régimen de convivencia no supervisada entre el referido infante y su madre la aquí tercera interesada. Además, no se observa que la juzgadora con su determinación establezca un trato desigual, pues, como acertadamente lo indica la responsable, de las actuaciones que conforman el sumario en trato, se acredita que es viable que las convivencias se lleven a cabo de forma normal y no supervisada, con la finalidad de fortalecer el vinculo de apego afectivo materno con el menor. Incluso, teniendo en cuenta el fundamento legal y la finalidad de las visitas y convivencias visto como un derecho fundamental que asiste a los menores de edad, se estima que son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, dado que no existe prueba plena de que el régimen de visitas no supervisado entre la aquí tercero interesada y su menor hijo le perjudique a él, ponga en peligro la salud e integridad física, psicológica o sexual del menor *******. De ahí, que se considere que la determinación de convivencias no supervisadas emitida el cinco de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio de origen no es contraria al interés superior del menor. Apoya lo anterior, la tesis aislada 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.), que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de dos mil catorce, Tomo I, Materia Constitucional, Civil, que se ubica en la página 600, con registro 2007795, de epígrafe y contenido siguiente: DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio. De igual forma, resulta ilustrativa la jurisprudencia I:5o.C. J/22, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro 161774, visible en la página 1037, del tomo XXXIII, junio de dos mil once, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU FIJACIÓN DEBE PROPICIAR SITUACIONES DE NORMALIDAD EN LAS RELACIONES FAMILIARES. Si bien es cierto que cuando son los Jueces quienes resuelven sobre el régimen de visitas y convivencias, se está ante un sistema artificial, también lo es que, a través de éste deben crearse las condiciones más adecuadas para equipararlas a las relaciones humanas que se habrían de desarrollar normalmente en la familia, esto es, los juzgadores, al fijar el régimen de visitas y convivencias, deben propiciar situaciones de normalidad en las relaciones familiares. Incluso, lo anterior se corrobora con el contenido de la tesis aislada XLVII/2011, sustentada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 162354, visible en la página 310, volumen XXXIII, abril de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dice: INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o CONSTITUCIONAL. De acuerdo a una interpretación teleológica, el interés superior del niño es principio de rango constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o, se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos del niño. En este sentido, el interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido que el interés superior es un principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño, ya que es reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un principio rector de los derechos del niño. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se advierta queja deficiente que suplir. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 79 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* respecto de la resolución de cinco de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio familiar *******, por la Secretaria judicial encargada del despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del distrito judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en virtud de los motivos que se expresaron en el considerando quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la parte tercera interesada y a la agente del Ministerio Público adscrita, así como por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hasta el día de hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, data en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: UNICO: LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA, EN LOS TERMINOS PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO QUINTO DE ESTA SENTENCIA.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 1125/2019 y anexo que remite la Secretaria Judicial encargada del despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del distrito judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, por medio del cual, da cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de diez de abril del año en curso, se le tiene remitiendo las copias certificadas del juicio ordinario familiar ******* de su índice. En atención a lo anterior, se ordena dar vista a las partes con las copias certificadas remitidas por la autoridad de referencia, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tómese en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de la Materia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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