Anais Nieves Hernández Flores y Otros.
Expediente 875/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 02/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Anais Nieves Hernández Flores y Otros.
- Jonathan Gabriel Ortíz Colina y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, se tiene que este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto, aunque se sobreseyó, se concedió la suspensión de plano. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, la sentencia que puso fin al asunto y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Cambio de titular Visto el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se desprende que informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, se ordena hacer lo previo del conocimiento de las partes, con la finalidad de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, de julio de 2010, materia común, visible en la página 312, con registro 164217, de rubro y texto siguiente: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Énfasis añadido.) Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 875/2022-II, promovido en favor de *******. Resultando Primero. Presentación y radicación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, ******* presentó demanda de amparo en favor de ******* y *******, por la detención, el alojamiento temporal en la estación migratoria en esta ciudad y la deportación de dichas personas. En auto de la misma fecha, se radicó y se registró como el juicio de amparo indirecto 875/2022-II; asimismo, se comisionó a la actuaria para que buscara a los directos quejosos donde se dijo que estaban alojados y los cuestionara sobre si era su deseo, o no, ratificar la demanda de amparo instaurada en su favor. Segundo. Admisión de la demanda de amparo, respecto a una quejosa. Como se desprende de las constancias actuariales relativas, de esa misma data, el primer directo agraviado ******* no ratificó la demanda de amparo entablada en su favor, pero sí la segunda, *******, de modo que, mediante auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda por lo que respecta a esta última, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que se verificó conforme al acta que antecede. Tercero. Derechos fundamentales que la quejosa estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que la quejosa reclamó lo siguiente en este juicio de amparo: La privación de la libertad, en acatamiento a la orden de alojamiento temporal, en las instalaciones de la Estación Migratoria en esta ciudad. La orden de deportación emitida en su contra. Tercero. Inexistencia de un acto reclamado. La Subdirectora de Control y Verificación Migratoria en el Estado de Chihuahua, Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Chihuahua y el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación en el Estado de Chihuahua, todos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, negaron los actos que le fueron reclamados. Empero, únicamente es inexistente la orden de deportación que se le reclamó; mientras que el diverso acto, consistente en la privación de su libertad, a través del acatamiento de la orden donde se decretó su alojamiento, resultó verídico; lo que se demostrará enseguida. De las constancias remitidas por el Sub representante Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, anexas a su informe sobre la suspensión de plano, se desprende que el treinta de septiembre de dos mil veintidós, se emitió Acuerdo de salida de estancia provisional por mandato judicial, en favor de la aquí quejosa, con motivo de la suspensión de plano concedida por este órgano; donde se le sujetó a no abandonar la demarcación geográfica de esta ciudad, donde debía establecer un domicilio, a comparecer todos los martes y jueves de cada semana a firmar el libro de extranjero y a presentar una solicitud con responsiva por un ciudadano mexicano o una organización social del país. -No obstante, tal responsable acotó que desde que la aquí quejosa obtuvo su libertad, el treinta de septiembre de dos mil veintidós, no ha regresado a las instalaciones de dicha estación a firmar el libro de extranjeros y que desconoce su paradero-. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública, que estampó su firma y el sello oficial originales, en la leyenda correspondiente. De las cuales se advierte claramente que no se dictó en su contra, orden de deportación alguna. De modo que, es evidente la inexistencia de la deportación aquí reclamada. Ahora bien, por su parte, el Sub representante Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, no rindió su informe justificado, a pesar de que le fue oportunamente requerido, como se desprende de la constancia respectiva, de la que se desprende que tuvo conocimiento de ello desde el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós; por lo que, evidentemente, el periodo de quince días para que emitiera su informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo transcurrió en exceso. Empero, no ha lugar a presumir ciertos los actos que le fueron endilgados, pues al rendir su informe sobre la suspensión de plano, negó los actos que le fueron atribuidos, de los cuales, al igual que respecto a las restantes responsables, únicamente es inexistente la deportación reclamada, de acuerdo a las consideraciones arriba expuestas. Por lo tanto, se sobresee en este asunto, con relación a la orden de deportación de que se dolió la parte quejosa, ante su inexistencia, misma que no fue combatida por la quejosa ni por su autorizada en amplios términos. Lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [...] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de acto reclamado. Como se indicó en el considerando que antecede, de las constancias remitidas, se desprendió que al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintiséis de septiembre de dos mil veintidós), la quejosa se encontraba privada de su libertad en la aludida Estación Migratoria. Constancias ya valoradas, de las cuales se advierte que efectivamente se encontraba privada de su libertad deambulatoria, en virtud del alojamiento que se decretó en su favor que acataron las aquí responsables, hasta en tanto se resolviera su situación migratoria en definitiva. Por lo tanto, dicho acto se tiene como fehacientemente demostrado. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto consistente en la privación de la libertad de los aquí quejosos, a través del acatamiento del alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado, se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En efecto, como se expuso previamente, el treinta de septiembre de dos mil veintidós, se emitió en favor de la aquí quejosa, acuerdo de salida, con motivo de la suspensión de plano concedida por este órgano Constitucional; donde se le sujetó a no abandonar la demarcación geográfica de esta ciudad, donde debía establecer un domicilio, a comparecer todos los martes y jueves de cada semana a firmar el libro de extranjero y a presentar una solicitud con responsiva por un ciudadano mexicano o una organización social del país; y, en esa misma fecha, fue puesta en libertad; momento en el cual, se dejó sin efectos el alojamiento temporal decretado en su favor. De ahí que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional, pues se restituyó a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que estimó violado, consiguiéndose así la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la vulneración nunca se hubiera realizado; trayendo consigo la actualización de la hipótesis de improcedencia ya aludida. Resulta aplicable la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del contenido siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesados los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfrutara del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De igual modo, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Con esto no hay duda que se destruyó el acto reclamado en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos, porque a final de cuentas la autoridad responsable ya cesó en su actuar al haberse liberado a la quejosa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio constitucional concorde a lo prescrito en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, del ordenamiento legal en cita. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se desprende que el término otorgado en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, al Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, a efecto de informar novedad alguna con relación a la situación jurídica actual de la quejosa (pues la Oficina de Representación en Chihuahua, del Instituto Nacional de Migración al otorgarle su libertad, la conminó a comparecer ante la autoridad migratoria dos veces por semana, en los días martes y jueves, en un horario de nueve a trece horas), feneció sin que así lo hiciera. Por lo tanto, se requiere nuevamente al Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, para que, dentro del término de veinticuatro horas, informe el estado jurídico actual en torno a las comparecencias ordenadas a la quejosa *******; es decir, si ha acudido a realizarlas, o no. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo que en este auto se ordena, de conformidad con la fracción I del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($19,244.00). Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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