Anamely Hesiquio Torres

Expediente 122/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
122/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
01/03/2018

Partes del expediente

  • Anamely Hesiquio Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; uno de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en Chilpancingo, Guerrero; mediante el cual se acusa recibo del diverso comunicado oficial por el que este órgano jurisdiccional remitió el escrito de demanda de amparo original y copias así como sus anexos e informa se avoca al conocimiento del asunto. En virtud de que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción XX, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses a partir del presente proveído, por no ser considerado de relevancia documental

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; nueve de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Anamely Hesiquio Torres, por sí y en representación de sus menores hijas Wendy Nallely, América Guadalupe y María Stephany, de apellidos Carbajal Hesiquio, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje (por medio de su Presidente el licenciado Filidolfo Herrera Ríos), con residencia en Chilpancingo, Guerrero y de otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 122/2018, y fórmese expediente. I. Ahora bien, del estudio de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "De la autoridad señalada como ordenadora reclamo la improcedente e inconstitucional diligencia o audiencia de fecha 25 de enero del año en curso (comparecencia con la cual se pone fin al procedimiento laboral) respecto del juicio laboral expediente número D.E 024/2017. De la autoridad señalada como ejecutora reclamo el improcedente actuar que tuvo dentro de la citada comparecencia de fecha 25 de enero del año en curso dentro del expediente laboral D.E. 024/2017)." Luego, como antecedentes señaló: 1. Que el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, la hoy quejosa Anamely Hesiquio Torres, por sí y en representación de sus menores hijas Wendy Nallely, América Guadalupe y María Stephany, de apellidos Carbajal Hesiquio, demandó de la Universidad Autónoma de Guerrero ante la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chilpancingo, Guerrero, la cual se registró con el número de expediente 024/2017, que se les reconociera como beneficiarias y dependientes económicos del extinto trabajador Juan Carbajal Merino, así como el pago de diversas prestaciones entre ellas el de riesgo de trabajo o muerte accidental. 2. Que el once de enero de dos mil dieciocho, le llamaron del departamento jurídico de la Universidad Autónoma de Guerrero comentándole que ya estaba el cheque y lo fuera a recoger, por lo que acudió a dichas oficinas el dieciocho de enero siguiente, pero no fue posible que se lo entregaran porque no estaba firmado. 3. Que el veintidós de enero de dos mil dieciocho, le llamaron nuevamente para que acudiera el veinticinco de enero siguiente, a recoger el cheque con el cual se le pagaban todas las prestaciones a que tenía derecho su extinto esposo, de modo que en la citada fecha se constituyó en dicho departamento jurídico de la universidad y luego, se trasladaron a la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, para que firmara de recibido. 4. Que en la mencionada comparecencia preguntó a la licenciada que los atendió si el pago realizado por la universidad comprendía el riesgo de trabajo o muerte accidental de su esposo, a lo que respondió que se le estaban pagando todas las prestaciones, lo que no fue así. II. Por su parte, del original de la diligencia de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en el expediente 024/2017 que anexó a su demanda, se advierte que en la citada fecha comparecieron la parte actora aquí quejosa, y por la demandada el licenciado Horus Ernesto Castro Díaz, quien exhibió el pliego testamentario de dos de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el extinto finado Juan Carbajal Merino, así como el cálculo de indemnización por fallecimiento del trabajador antes mencionado de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por Contaduría General de la Universidad Autónoma de Guerrero, así como el cheque número 0000029 de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, expedido por Banco Santander (MÉXICO), Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México, en favor de Anamely Hesiquio Torres, por la cantidad de $415,661.61 (cuatrocientos quince mil seiscientos sesenta y un pesos 61/100 moneda nacional), por concepto de pago de indemnización por el fallecimiento del extinto trabajador. Enseguida, en uso de la palabra de Anamely Hesiquio Torres por sí y en representación de sus menores hijas Wendy Nallely, América Guadalupe y María Stephany, de apellidos Carbajal Hesiquio, manifestó que recibía de conformidad el referido cheque, estar conforme con el cálculo de liquidación mencionado y que se desistía lisa y llanamente de todas y cada una de las acciones, prestaciones y hechos así como de la demanda que dio origen a dicho juicio, solicitando el archivo como asunto concluido. A lo anterior, la Junta tuvo por hechas las manifestaciones de los comparecientes, por reconocido el carácter del apoderado de la demandada y por exhibidas las documentales mencionadas, luego, una vez que analizó el cálculo de indemnización correspondiente y el cheque exhibido, expuso que se cubrían las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda, y que por tanto, tomando en consideración lo expuesto por la parte actora, se le tenía por desistiéndose lisa y llanamente de la acción de demanda ejercitada en contra de la Universidad Autónoma de Guerrero, no reservándose acción o derecho de ejercitar con posterioridad, y por ende, al carecer de materia ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. Bajo ese contexto, este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, y se surte en favor del Tribunal Colegiado en turno, en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en Chilpancingo, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo siguiente: Los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos que deben conocer del mismo, se encuentran plasmados en el artículo 107, fracciones V, y VI de la Constitución Federal, en relación a los numerales 170 y 176 de la Ley de Amparo que refieren: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) VI.- En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones; (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." De los numerales antes transcritos se advierte que el juicio de amparo directo, es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y procede, entre otros, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, y se promoverá ante el Tribunal Colegiado que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En efecto, el artículo 107, fracción V, constitucional, en su primer párrafo, establece en términos generales que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se pedirá ante el Tribunal Colegiado de Circuito, es decir, dispone la procedencia de esa vía para reclamar la legalidad de los fallos judiciales que sin decidir el fondo sustancial dan por concluido el juicio; asimismo, el normativo 176, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, congruente con lo anterior, refiere que el amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea por violaciones cometidas durante el procedimiento o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, lo cual incuestionablemente indica que se alude al amparo directo, pues este dispositivo legal se refiere en forma genérica a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. En ese contexto, en el asunto que se analiza se considera que la determinación de la Junta responsable que en esta vía constitucional se reclama de veinticinco de enero de dos mil dieciocho dictada en el expediente laboral 24/2017, en la cual una vez que analizó el cálculo de indemnización correspondiente y el cheque exhibido, expuso que se cubrían las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda, y por tanto tomando en consideración lo expuesto por la parte actora, se le tenía por desistiéndose lisa y llanamente de la acción de demanda ejercitada en contra de la Universidad Autónoma de Guerrero, no reservándose acción o derecho de ejercitar con posterioridad, y por ende, al carecer de materia ordenó el archivo del expediente como asunto concluido; constituye una resolución que sin decidir el fondo del asunto, puso fin al citado juicio laboral como lo establece el referido numeral 170 de la Ley de Amparo. Lo anterior conlleva a determinar, que dicha resolución debe ser analizada en vía de amparo directo, por ser, se insiste, de aquellas que sin decidir el fondo del asunto, dan por concluido el juicio, lo cual conduce a establecer que este Juzgado Federal, carece de competencia legal para resolver a su respecto y su actuación se debe limitar a este pronunciamiento y, ordenar el envío del asunto al Tribunal Colegiado en Turno, en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en Chilpancingo, Guerrero. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis XIX.2º. 34 L, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno de Circuito, visible en la página 488, tomo XIV, Noviembre de 2001, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, al tenor literal: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CASO EN QUE PROCEDE, POR RECLAMARSE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y NO UN LAUDO (ARTÍCULOS 46 Y 158 DE LA LEY DE AMPARO. Tratándose de un auto dictado por la Junta Laboral, que eleva a la categoría de laudo consentido y ejecutoriado un convenio de esa materia, ordenándose el archivo del asunto como total y definitivamente concluido, es claro que dicha resolución, aun cuando no resuelve el fondo del negocio, sí pone fin al juicio; por esa razón, lo que procede en su contra es el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 46, párrafo final y 158 de la Ley de Amparo." Por tanto, desglósese el original de la misma, previa copia que se deje en autos; debiendo remitirse junto con sus anexos y cinco copias, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en Chilpancingo, Guerrero, para que a su vez la envíe al Tribunal Colegiado en Turno, a fin de que sea la superioridad quien determine lo que en derecho corresponda, solicitándole de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 8 número 748-B, colonia Cuauhtémoc, en esta ciudad; y con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Luis Miranda Nava y Faviola Pineda Oliva, en razón de que sus cédulas no se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acrediten como profesionales del derecho, quedando a salvo su derecho para hacerlo con posterioridad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se faculta a la actuaria judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Sin que haya lugar a notificar personalmente al quejoso el presente acuerdo, ya que es obligación del mismo informarse de la situación que guarda su demanda dentro de este órgano jurisdiccional. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la tesis de jurisprudencia invocada en este asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente juicio, dado que no se opone a la ley vigente. Notifíquese.

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