Analilia Campos Molina
Expediente 49/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Analilia Campos Molina
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; doce de febrero de dos mil dieciocho.. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO.- NOTIFICACION POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA del auto deveintitrés de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ANALILIA CAMPOS MOLINA, por su propio derecho, contra actos de la Sala Familiar, con sede en Chilpancingo, Guerrero. . Regístrese en el libro de gobierno con el número 49/2018, y fórmese expediente. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. En la demanda se presentó vía electrónica, sobre el particular cabe precisar que, si bien aquélla puede presentarse a través de los servicios en línea, mediante el uso de la firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, por conducto de las unidades de certificación, la cual conforme con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es el medio de ingreso a las tecnologías de la información y producirá los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa. Ahora, tomando en consideración que de la papeleta de turno, así como de la razón asentada por el oficial de partes de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, se hizo constar que la demanda de amparo que se provee carece de firma y evidencia criptográfica, por lo que el juicio que se intenta es notoriamente improcedente al actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la interpretación a lo trascrito, se obtiene que las causas de improcedencia no se limitan a las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus primeras XXII fracciones, dado que su fracción XXIII posibilita la improcedencia de la instancia constitucional en comento, en razón de cualquier otro motivo derivado de la Constitución General de la República o de la ley, uno de los cuales es el que deriva de lo ordenado por el artículo 6° de la Ley de Amparo, de acuerdo con el cual, el juicio de amparo sólo es procedente si es promovido por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5º, fracción I de esta Ley, a través de su representante legal, por su apoderado, por su defensor o de cualquier persona, siempre que la ley de la materia así lo permita. De tal suerte que al carecer la demanda de la evidencia criptográfica, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa, no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial de cualquier acto jurídico que debe constar por escrito y en forma original, ya que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover un medio de defensa, máxime que la Ley de Amparo en el numeral 108, precisa que la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice. En consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo que dispone en el diverso numeral 6° de la propia ley de la materia. Máxime que el ocurso que se provee no cuenta con algún signo que permita advertir que se firmó de manera autógrafa, la cual generaría la presunción de que contiene la manifestación de voluntad para realizar actos procesales. Téngase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en el Despacho ubicado en Rinconada Draga, número 50, Módulo Social FOVISSSTE, en esta ciudad y por como su autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Ulises Ricardo Martínez Jaimes, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se faculta al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.
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