Analí Marrufo Medina
Expediente 2294/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2294/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Analí Marrufo Medina
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de octubre de dos mil veintidós. Visto: agréguese a estos autos el oficio de cuenta RAN/YUC/SR/DJ/3986/2022, de la Jefe del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, en ausencia de la encargada del Despacho de esa Delegación, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo número 1372/2022-V-B, promovido por Mónica Isabel Pat Buendía; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el treinta y uno siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Mónica Isabel Pat Buendía, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, así como al Director General de Registro y Control Documental, Director en Jefe y Director General de Catastro y Asistencia, todas del Registro Agrario Nacional, con sede en Ciudad de México. SEGUNDO. Radicación de demanda. Mediante proveído de uno de julio de dos mil veintidós, se admitió la demanda, la que quedó registrado con el número de expediente 1372/2022-V-B, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. En proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, en autos del diverso juicio de amparo 1446/2002-IX-A, se inició el incidente de acumulación de juicios al presente expediente, por lo que se decretó la suspensión del procedimiento. CUARTO. El trece de julio siguiente, se resolvió dicho incidente de acumulación y se decretó de plano la acumulación del expediente 1446/2022-IX al presente juicio 1372/2022-V-B. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables: La omisión de resolver, en el ámbito de sus atribuciones, la solicitud de trámite 31220000897 presentada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, relativa a la inscripción del acuerdo de asamblea de cambio de destino de tierras ejidales y comunales de fecha dos de julio de dos mil diecisiete, emitido por la asamblea general de ejidatarios, del ejido Doroteo Arango, del municipio de Chocholá, del Estado de Yucatán. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las responsables, pues aun cuando negaron su existencia, realizaron manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se les atribuye, por lo que se ve desvirtuado con las constancias que obran en autos de las que se constata que al día de hoy, la solicitud 31220000897, relativa al trámite iniciado por la parte quejosa, aún no se encuentra concluida. Razones por las que se tienen por existentes los actos reclamado por la quejosa en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan fundados los esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita, aunque para llegar a tal conclusión deba acudirse a la causa de pedir en los motivos de inconformidad. Al caso es aplicable la Jurisprudencia P./J.68/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." En la especie, la parte quejosa reclama primordialmente de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; así como del Director General de Registro y Control Documental, Director en Jefe y Director General de Catastro y Asistencia, todas del Registro Agrario Nacional, la omisión de realizar la inscripción del acuerdo de asamblea de cambio de destino de tierra, solicitado mediante trámite 3120000897, con lo que aduce contraviene en su perjuicio básicamente el derecho fundamental contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho fundamental consagrado en el artículo 8º aludido, es el derecho de petición, el cual es entendido como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente de Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, a una petición que en su caso, le haya formulado éste; por lo que la posibilidad de hacer uso de tal derecho, está supeditado a la existencia de la petición dirigida al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad; es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, que se vincula con la presencia de la petición formal. Sin embargo, el artículo 1°, tercer párrafo, de la Constitución prevé la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, los principios de prontitud, eficacia y expeditez que contempla el segundo párrafo del artículo 17 de nuestra Carta Magna, resulta atribuible tanto a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, como a los realizados en procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo, tal y como acontece en el presente caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a la letra dice: "SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SON PRIVATIVAS DEL ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA COMPRENDE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO SEGUIDOS ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO. El artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En tales condiciones, debe estimarse que la observancia de las subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, no sólo resulta atribuible a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, sino que debe expandirse a todas las manifestaciones del poder público, como son los procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo. Ello es así, pues la eficacia de la autoridad administrativa presupone no sólo una sujeción irrestricta a los procedimientos señalados en la ley y los reglamentos, sino también que su proceder no puede ser ajeno a la tutela del derecho de acceso a la jurisdicción en las vertientes señaladas, lo que, además, implica en un correcto ejercicio de la función pública, la adopción de medidas, actuaciones y decisiones eficaces, ágiles y respetuosas de los derechos de los administrados, razones por las que las citadas subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez no pueden ser privativas del ámbito judicial, sino que comprenden la producción de los actos administrativos." Así como, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República, bajo el rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA PROTECCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL DEBE EXTENDERSE A LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA NO JURISDICCIONAL QUE TENGAN POR OBJETO ATENDER UNA SOLICITUD, AUN CUANDO ÉSTA NO INVOLUCRE UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES. En los sistemas jurídicos tradicionales el concepto "justicia" se ha asimilado al conjunto de instituciones, procedimientos y operadores que intervienen en la dinámica de la resolución de desacuerdos legales dentro del aparato jurídico formal. De acuerdo con esta concepción formalista, las únicas autoridades que se encontrarían obligadas a la observancia del derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos serían las que realizan funciones materialmente jurisdiccionales. No obstante, esta visión restringe la aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo 1o., párrafo tercero, de la propia Norma Suprema, pues el acceso efectivo a la solución de desacuerdos constituye un derecho dúctil que tiende a garantizar la concreción de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que posibiliten el reconocimiento y el ejercicio efectivo de derechos de los gobernados dentro de las organizaciones jurídicas formales o alternativas. Por tanto, en congruencia con el principio aludido, la protección del derecho fundamental citado debe extenderse a los mecanismos administrativos de tutela no jurisdiccional que tengan por objeto atender una solicitud, aun cuando ésta no involucre una controversia entre partes." Consecuentemente, no puede estimarse que se violente directamente el derecho fundamental consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando su pretensión es que la autoridad concluya el procedimiento registral correspondiente, sino en todo caso, el derecho transgredido en su perjuicio, es el contenido en el artículo 17 constitucional; corrección que se hace con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo; por lo que se reitera, atendiendo la causa de pedir, debe concedérsele el amparo y protección de la justicia federal, por las razones que a continuación se expresan. Lo anterior resulta fundado; y para llegar a tal conclusión es menester transcribir el artículo 17 Constitucional, que establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Por su parte, de los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo se establece que los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. De igual forma disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la Entidad del Registro Agrario Nacional, de la correspondiente solicitud (treinta y uno de enero de dos mil veintidós), a la en que se promovió la demanda (treinta de mayo de dos mil veintidós), ya habían transcurrido cuatro meses, esto es, más de sesenta días naturales. Ello significa que ha excedido el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Por lo que es incuestionable que las nombradas autoridades responsables conculcan con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional, pues incumplieron con la función registral que les está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Por consiguiente, toda vez que de autos se advierte que a la solicitud de la quejosa aún no le recayó una calificación registral. Se concede la protección constitucional instada, para el efecto de que las responsables, dentro del ámbito de sus facultades, realicen las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo, y de resultar procedente, en breve término, sea puesto a disposición el documento respectivo al promovente, de no existir impedimento legal alguno justificado; caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria se ha sostenido que se pronuncie en algún sentido. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública;. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Mónica Isabel Pat Buendía, así como a Rafael Martínez Solís, en contra de los actos que reclaman al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, así como al Director General de Registro y Control Documental, Director en Jefe y Director General de Catastro y Asistencia, todas del Registro Agrario Nacional, con sede en Ciudad de México; por los motivos y para los efectos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
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