Analhy Victoria Carbajal Vazquez

Expediente 2357/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2357/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Analhy Victoria Carbajal Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, estos autos que devuelve, y remite el testimonio de la resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dictada por ese Tribunal en autos del toca relativo al incidente de inejecución de sentencia ********************, resolución cuyo resolutivo único es el siguiente: "ÚNICO. ES INFUNDADO el incidente de inejecución de sentencia, derivado del juicio de amparo indirecto 2357/2021-VII-B, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán." Acúsese recibo vía interconexión y hágase del conocimiento de las partes el sentido de la citada resolución. Ahora bien, en estricto cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad y por los motivos expuestos en su resolución de cuenta, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente, en términos de ley.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a este cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta remitido por la vía electrónica, por el Secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Mediante el cual, esencialmente, comunica a este órgano jurisdiccional, que se admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia, derivado del juicio de amparo 2357/2021-VII-B, de donde deriva este expedientillo; el cual, quedó registrado bajo el número 5/2022 de su índice. Circunstancia de la cual este Juzgado Federal queda enterado para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, y tomando en consideración lo informado por el Secretario en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que ha transcurrido el término de quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la presente fecha la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de inconformidad en contra del proveído dictado el dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Por tanto, al haber decretado este órgano jurisdiccional que existe una imposibilidad jurídica de la autoridad responsable para acatar el primer punto establecido en el fallo protector, es decir, dejar insubsistente el proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 1319/2020, únicamente en la parte conducente al señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pues dicha autoridad ya no puede válida ni legalmente, señalar nueva fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de mérito en el juicio laboral del que emana el acto reclamado, sin causarle menoscabo a la parte quejosa. En ese sentido, con fundamento en el quinto párrafo del artículo 196, en relación con el 193, ambos de la Ley de Amparo, remítase en su oportunidad el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." (Época: Décima Época, Registro: 2014210, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 44/2017 (10a.9 y página: 490). En consecuencia, ábrase el expedientillo de ley, al cual se agregará copia certificada de la ejecutoria de cuya imposibilidad de cumplimiento se trata, junto con las demás constancias que se requieran para los efectos conducentes. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de ocho de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por las autoridades responsables Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta capital, y actuario de su adscripción, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho acuerdo se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del auto de mérito se realizó personalmente a la parte quejosa el nueve de marzo en curso, desahogando dicha vista a través de memorial recibido en este Juzgado el quince del presente mes. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia dictada el uno de febrero de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta capital, y actuario de su adscripción, realizaran lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el auto de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, en la parte conducente al diferimiento de la audiencia, y emita otro, en el que siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, ciñéndose estrictamente a los plazos legales, señale una nueva data para la celebración de la correspondiente audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 1319/2020, de su índice, sin que pueda ya excederse de tales términos; hecho ello, 2. De manera inmediata, debería proveer lo conducente y vigilar que el actuario de su adscripción emplace a la demandada en el citado juicio laboral, dentro de los términos que para tal efecto señala el código obrero; quedando obligado, igualmente, el citado notificador a la estricta observancia de lo aquí decidido. Mediante auto de veintiuno de febrero pasado, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento a las responsables. En tal virtud, a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, mediante oficios recibidos el siete de marzo del año en curso, la Presidente de la Junta responsable remitió copia certificada de las diligencias de diez de febrero de dos mil veintidós, relativas a las diligencias de emplazamiento a juicio de la parte demandada Farmacia del Bazar, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Medicamentos Populares del Bazar, Sociedad Anónima de Capital Variable, logrando llamar únicamente a la primera en mención, pues en cuanto a la segunda, dicho cometido resultó infructuoso por las razones ahí plasmadas. Asimismo, en su oficio de acatamiento a la ejecutoria federal, recibido el siete de marzo citado, la Junta informó que en fecha dos de marzo del dos mil veintidós, determinó dejar subsistente la fecha de audiencia fijada para el doce de abril del dos mil veintidós, por estimar que es más benéfica para la parte actora (quejosa), en virtud, de que al no haber sido podido emplazar a la demandada FARMACIA DEL BAZAR, SA. DE CV., le concedió el término de tres días hábiles para que proporcione un nuevo domicilio a fin de poder emplazarla y notificarla. Esto es, estimó que ajustándose a los plazos señalados en los artículos 874 y 878 de la Ley Federal del Trabajo, la fecha fijada resultaba más benéfica a fin de dar margen a que la actora diera cumplimiento a lo requerido a fin de emplazar a dicha parte demandada. Pues si llegada la fecha y hora que al efecto señalare en acatamiento a la ejecutoria federal, dicha parte no estuviere emplazada, de oficio tendría que diferirla. Por lo anteriormente expuesto, debe declararse que el fallo protector HA QUEDADO PARCIALMENTE CUMPLIDO, pues las autoridades responsables atendieron cabalmente el segundo punto relativo al efecto amparador que les fue señalado como directriz bajo la que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendieron en forma correcta, pues quedó debidamente acreditado que se realizaron las diligencias de emplazamiento de la personas morales demandadas Farmacia del Bazar, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Medicamentos Populares del Bazar, Sociedad Anónima de Capital Variable. Por otro lado, DEBE DECRETARSE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA de la Junta responsable para acatar el primer punto establecido en el fallo protector, es decir, dejar insubsistente el auto de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, en la parte conducente al diferimiento de la audiencia, y emitiera otro, en el que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, ciñéndose estrictamente a los plazos legales, señalare una nueva data para la celebración de la correspondiente audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 1319/2020, de su índice, sin que pueda excederse de tales términos. Pues dicha autoridad ha manifestado dejar subsistente la fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial en el juicio laboral del que emana el acto reclamado, pues a su decir, resultaría más benéfica a la quejosa. En consecuencia, al encontrarse la autoridad responsable imposibilitada para acatar el efecto amparador señalado en el punto en comento, se colige que el cumplimiento del fallo protector pronunciado por este órgano jurisdiccional, ha quedado parcialmente sin materia. Es aplicable al caso, la tesis 1a. III/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 216, del Tomo XVII, febrero de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Así como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Décima Época, Registro: 2017828, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 23/2018 (10a.), Página: 274, del rubro y texto siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Y una vez transcurrido el término de quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, de no interponerse recurso de inconformidad, dese nueva cuenta para acordar lo que legalmente corresponda en el presente asunto. Finalmente, agréguense para que obren como corresponda, el memorial de cuenta de la quejosa Analhy Victoria Carbajal Vázquez, y anexos que acompaña, con los que, a su decir, atendiendo al requerimiento de ocho del presente mes, proporciona el domicilio de la demandada Farmacia del Bazar, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitando que se habilite al actuario de la Junta responsable a fin de que en su compañía, le señale que el domicilio que aporta efectivamente es el de dicha persona moral. Y que, con independencia a lo anterior, se giren oficios de búsqueda de su domicilio correcto a diversas instituciones del Estado. Lo anterior, toda vez que dicha petición la deberá hacer ante la Junta responsable que es la que conoce del juicio laboral de origen. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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