Anakaren Romo Peredo
Expediente 857/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 857/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Anakaren Romo Peredo
- José Luis Romo Inzunza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito presentado por..., defensora particular de los quejosos..., atento a su contenido se tiene como autorizados de los quejosos, únicamente para oír y recibir notificaciones por así haberlo solicitado a... quienes podrán imponerse de autos pero no gozaran de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto así lo solicite la parte quejosa y estén legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza penal administrativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario con quien actúa y da fe.El licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en la misma fecha hace constar que la promoción con que se dio cuenta, así como el auto que antecede se incorporaron al expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3°, párrafo octavo de la Ley de Amparo en vigor. Doy fe.
- Principal
...Morelia, Michoacán, ocho de octubre de dos mil diecinueve...Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia en la que sobreseyó en el juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno...Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido...Por otro lado, vistos los autos del presente juicio de amparo, y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, déjese a disposición de la parte quejosa, las copias certificadas presentadas como anexo a su escrito de demanda, con las cuales se formaron tres cuadernos de pruebas, en caso de no presentarse ante este Juzgado a recogerlas, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente...Notifíquese personalmente...
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa y tercero interesada, el acuerdo y/o resolución de fecha ocho de octubre de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: ...Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia en la que sobreseyó en el juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno...Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido...Por otro lado, vistos los autos del presente juicio de amparo, y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, déjese a disposición de la parte quejosa, las copias certificadas presentadas como anexo a su escrito de demanda, con las cuales se formaron tres cuadernos de pruebas, en caso de no presentarse ante este Juzgado a recogerlas, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente...Notifíquese personalmente...
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 857/2019-II, el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en unión del Secretario que autoriza y da fe, licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, hace relación de las constancias que obran en autos y da cuenta con el escrito inicial de demanda, aclaratorio y el informe rendido por la autoridad responsable; a lo que se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales aportadas por la parte quejosa a su demanda de amparo, consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación MOR/053/39079/2018, con las cuales, debido a su volumen, se formaron tres tomos de prueba por separado, mismos que se ordenan tener a la vista para resolver, así como la diversa documental que anexó la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta capital, consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación MOR/053/39079/2018, caso 1003201844599 por el delito de robo de vehículo de motor terrestre. A continuación se procede a abrir la etapa de alegatos, y el Secretario da cuenta con los formulados por el licenciado José Luis Trejo Cortés, apoderado jurídico de la quejosa Claudia Peredo Rincón, mediante ocurso presentado el doce de agosto del presente año, en el buzón judicial y al día siguiente en la Oficialía de Partes de este Juzgado, los que se tienen por reproducidos en sus términos; por tanto, se declara cerrada dicha fase. Luego, al no tener diligencias pendientes de desahogar, ni promociones por acordar, se procede a dictar la resolución que corresponde. S E N T E N C I A VISTOS los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 857/2019-II, promovido por Ana Karen Romo Peredo y José Luis Romo Inzunza, por conducto de su defensora particular María Verónica Gutiérrez Villaseñor, contra el acto que reclaman del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por medio de oficio de uno de agosto de dos mil diecinueve, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitió la demanda de amparo promovida por Ana Karen Romo Peredo y José Luis Romo Inzunza, por conducto de su defensora particular María Verónica Gutiérrez Villaseñor, que dio origen al amparo indirecto número V-833/2019 de su índice, toda vez que se presentó escrito el diecisiete de julio de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la cual fue turnada a aquél órgano jurisdiccional, el dieciocho siguiente; así, mediante proveído de uno de agosto del año en curso el referido Juzgado Federal, estimó que este órgano jurisdiccional debía conocer del presente asunto al colmarse el supuesto previsto por el artículo 46, fracción II y IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; por lo que, el dos de agosto del año en curso, se recibió en este órgano de Control Constitucional el citado returno. En este contexto, mediante proveído de cinco de agosto de dos mil diecinueve (fojas 51 a 56 del juicio de amparo), este juzgado federal se avocó al conocimiento de la demanda promovida por Ana Karen Romo Peredo y José Luis Romo Inzunza, por conducto de su defensora particular María Verónica Gutiérrez Villaseñor, quien acudió a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto que atribuye a la autoridad que en su denominación correcta, se cita a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: - Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Acto reclamado que la parte quejosa, en su demanda de amparo, señaló en los siguientes términos: "IV.- EL ACTO RECLAMADO: Lo es el acuerdo de devolución de vehículo de fecha 4 cuatro de abril del año 2019 dos mil diecinueve." (Foja 7). En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Como se mencionó en el resultando que antecede, por razón de returno correspondió conocer a este Juzgado Federal de la demanda promovida, la que por acuerdo de cinco de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó formar el expediente, se registró bajo el número 857/2019-II, se ordenó avocarse a su estudio y se admitió a trámite la misma; se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se emplazó a la tercera interesada Claudia Peredo Rincón (fojas 65 y 66); se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 61), quien no formuló pedimento; se señaló fecha para el desahogo de la audiencia Constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 35, párrafo primero, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, ya que el acto reclamado se atribuye a una autoridad circunscrita a la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis número P.VI/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 181810, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Igualmente, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, foja 32, con número de registro 192097, que es del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese contexto, de la lectura íntegra del escrito de demanda, así como demás constancias que conforman el sumario que ahora se resuelve, se desprende que la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán el acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado en la carpeta de investigación MOR/053/39079/2018, por el cual se determinó procedente la devolución del vehículo marca Audi, tipo Q7, modelo 2010, color negro orca, con número de serie WAUAM64L8AD032279 y placas de circulación PFJ001R del Estado de Michoacán. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado (fojas 85 a 90), aceptó la existencia del acto reclamado, lo que resulta suficiente para tener por acreditada la veracidad del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 231, del Apéndice 2000, tomo VI, Quinta Época, con número de registro 917812, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la Constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que el Representante Social responsable, exhibió en apoyo a su informe justificado, las cuales consisten en la copia certificada de diversas diligencias en la carpeta de investigación MOR/053/39079/2018 del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394182, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado fijado en el considerando segundo de este fallo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIV, página 516, con número de registro 280620, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Alegada por cualesquiera de las partes, debe resolverse previamente sobre ella, ya que la Corte debe examinar este punto, aun de oficio." Así como la jurisprudencia VI. 2o. J/209, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, número 55, julio de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 218875, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.- La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que estas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." La autoridad responsable al rendir su informe justificado y la parte tercero interesada en su escrito presentado en oficialía de partes de este Juzgado Federal el doce de agosto de dos mil diecinueve, invocaron la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que aducen que la quejosa presentó la demanda Constitucional fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la ley de la materia. En ese contexto, el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" A su vez los numerales 17 y 18, ambos del ordenamiento legal citado, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos normativos transcritos se advierte que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: - Desde el día siguiente al en que al quejoso le hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que lo rija; - Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, - Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Cabe destacar que los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y además no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos, y se presente invariablemente en el plazo de quince días siguientes al mismo. Ahora bien, la causa que torna improcedente la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción Constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como del derecho fundamental de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Apoya lo anterior la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 364, Tomo IX, Junio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 219095, que a la letra dice: "CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." En este orden de ideas, se precisa que la causal que invocan la Representación Social responsable y la parte tercero interesada, es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, el órgano de control Constitucional ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. Sustenta lo anterior, la tesis I.3o.A. 135 K, emitida por el del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 619 del tomo XIV, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro 210856, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES. Si bien es cierto que el artículo 73 de la Ley de Amparo prevé diversas causales de improcedencia que conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio sin analizar el fondo del asunto, ello no significa que todas esas causales de improcedencia que pueden surtirse en el juicio constitucional sean de la misma preferencia en su análisis para su actualización, pues existen algunas de estudio preferente a otras. Así la fracción XVIII del precepto antes citado, permite la actualización de aquellas causales de improcedencia que si bien no están establecidas expresamente en las 17 fracciones anteriores que contiene el propio artículo, pueden derivarse de alguna otra disposición de la propia ley. De esta manera, relacionando el artículo 21 de la ley de la materia, con la fracción XVIII del multicitado artículo 73, se da la posibilidad jurídica de que se cuestione la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo ante el órgano judicial, para que éste determine si la presentación de la demanda de garantías está dentro del término que establece el artículo 21 o 22 de la Ley de Amparo, según sea el caso, y poder admitir a trámite la demanda respectiva, o bien, examinar, si no se actualiza otra diversa causal de improcedencia, el fondo del asunto. Esta causal de improcedencia que se contiene en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, es de análisis preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. En cambio, si la acción se ejercitó dentro del término legal que establece la ley de la materia entonces el juzgador está en posibilidad legal de determinar si la acción intentada cumple o no con los requisitos necesarios que se requieren por la ley para que proceda el estudio del fondo del asunto o de la controversia planteada, como es la legitimación del promovente, el interés jurídico, que no exista recurso ordinario pendiente de agotar, que el acto reclamado no está consentido, etc." Habida cuenta, que del juicio de amparo que ahora se resuelve no se advierte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En este sentido, como ya se mencionó, la parte quejosa reclama la autorización de devolver el vehículo asegurado marca Audi, tipo Q7, modelo 2010, color negro orca, con número de serie WAUAM64L8AD032279 y placas de circulación PFJ001R del Estado de Michoacán, emitida en el acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación MOR/053/39079/2018. Por su parte, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la autorización de devolución de un automotor que por esta vía se le reclama y allegó copia certificada de diversas constancias de la citada carpeta de investigación, a saber: 1.- Entrevista de dos de abril de dos mil diecinueve, por parte de José Luis Trejo Cortes, asesor jurídico de la víctima Claudia Peredo Rincón -aquí tercera interesada- en la que solicitó la devolución del citado vehículo (foja 91). 2.- Acuerdo de dos de abril de dos mil diecinueve, en el que el Agente responsable se reserva de acordar lo conducente en relación a la referida solicitud de devolución hasta en tanto obraran los dictámenes periciales en la carpeta de investigación de mérito (foja 92). 3.- Acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecinueve, por el cual se determinó procedente la devolución a la aquí parte tercero interesada del vehículo marca Audi, tipo Q7, modelo 2010, color negro orca, con número de serie WAUAM64L8AD032279 y placas de circulación PFJ001R del Estado de Michoacán -auto que se por esta vía se reclama- (foja 94). 4.- Escrito de nueve de abril de dos mil diecinueve signado por María Verónica Gutiérrez Villaseñor defensora particular de los aquí quejosos Ana Karen Romo Peredo y José Luis Romo Inzunza, por el que solicitó copias la totalidad de la carpeta de investigación MOR/053/39079/2018 (fojas 96 y 97). 5.- Acuerdo de diez de abril de dos mil diecinueve, en el que la Fiscalía responsable acordó favorablemente la expedición de las copias solicitadas (foja 98). 6.- Certificación de fecha quince de abril de dos mil diecinueve en la que se hace constar que se entregó copia de la carpeta de investigación constante de mil ciento noventa y cuatro fojas, aunado a que en dicha constancia se advierte que fueron recibidas en dicha fecha, dado que se advierte el nombre y firma de María Verónica Gutiérrez Villaseñor, defensora particular de los aquí quejosos (foja 99). 7.- Escrito de veintiuno de junio de dos mil diecinueve signado por María Verónica Gutiérrez Villaseñor, defensora particular de los aquí quejosos Ana Karen Romo Peredo y José Luis Romo Inzunza, por el que solicitó copias por triplicado de la carpeta de investigación de mérito (foja 100). 8.- Acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, en el que el Agente responsable, negó dicha petición en virtud de que de las constancias que integran la carpeta de investigación de referencia el quince de abril de dos mil diecinueve, recibió un juego completo de copias cotejadas del multicitado controvertido de origen (foja 101). Lo anterior, pone de manifiesto que la parte quejosa, contrario a lo que expresó en su escrito inicial de demanda, tuvo conocimiento de la existencia del acuerdo que ahora reclama, desde el quince de abril de dos mil diecinueve, fecha en que previa solicitud por parte de la defensora particular, quien promovió el presente juicio de amparo, en representación de los aquí quejosos, recibió copia autenticada de la totalidad de la carpeta de investigación MOR/053/39079/2018 del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, de lo cual se infiere el conocimiento pleno de su parte del acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecinueve, por el cual se determinó procedente la devolución a la aquí parte tercero interesada del vehículo marca Audi, tipo Q7, modelo 2010, color negro orca, con número de serie WAUAM64L8AD032279 y placas de circulación PFJ001R del Estado de Michoacán. Lo anterior, sin que obre en autos medio de convicción alguno con el cual se hubiera desvirtuado dicha circunstancia; de donde, es dable concluir que el plazo de quince días para la presentación de la demanda empezó a contar a partir del día siguiente al en que le fueron entregadas las copias autenticadas de la carpeta de investigación a María Verónica Gutiérrez Villaseñor, en su carácter de defensora particular de la parte imputada -aquí quejosa-; es decir, si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que por esta vía se reclama desde el quince de abril de dos mil diecinueve, es inconcuso que el plazo para promover la demanda de amparo inició el veintidós de abril de dos mil diecinueve y concluyó el trece de mayo de la presente anualidad, sin contar los días veintisiete y veintiocho de abril, uno, cuatro y cinco de mayo del año en curso, por ser inhábiles al haber sido sábados, domingos y día festivo, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, es evidente que consintió el acto reclamado, toda vez que al día de su presentación en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ha transcurrido en exceso evidentemente el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que las partes puedan promover el juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia número 1a./J. 42/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XVI, Septiembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 186084, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa." En efecto, si la demanda de amparo fue presentada el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, según consta del sello de recibido que obra agregado a foja 6 de autos, es evidente que se presentó con posterioridad a que concluyó el plazo para su presentación. No pasa inadvertido que la quejosa, haya manifestado bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial de demanda, que el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, le fue notificado por correo electrónico itfemo@gmail.com, el acuerdo que por esta vía se reclama; empero, como se ha dicho, de las constancias allegadas por el Agente del Ministerio Público responsable, se colige que la parte quejosa tuvo conocimiento del acuerdo reclamado, por lo menos desde el quince de abril de dos mil diecinueve, fecha en la que recibió la copias de la totalidad de la carpeta de investigación MOR/053/39079/2018 del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, sin que exista medios de convicción que desvirtúen tal afirmación. Apoya lo anterior la jurisprudencia número P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 163172, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Consecuentemente, al ser fundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable y por la parte tercero interesada, prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el Sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, este juzgado federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo número 857/2019-II, promovido por Ana Karen Romo Peredo y José Luis Romo Inzunza, por conducto de su defensora particular María Verónica Gutiérrez Villaseñor, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada en el resultando primero, por las razones precisadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.-
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