Anahí Urbina Pérez

Expediente 709/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
709/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
16/10/2018

Partes del expediente

  • Anahí Urbina Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa y tercero interesada, el acuerdo de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Agréguese el oficio número 2954, signado por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, al que adjunta copia certificada de la audiencia de juicio de diez de los actuales, de la que se advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Ahora bien, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, ante la oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, ANAHÍ URBINA PÉREZ, en cuanto representante legítima de la menor EMILY SCARLETT CONTRERAS URBINA, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, consistente en el auto de trece de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio especial familiar 348/2018, a través del cual la Juez responsable negó a la aquí parte quejosa proveer lo conducente a la modificación de la pensión alimenticia decretada a favor de dicha menor. Así, de las constancias enviadas por el Juez oficiante, se advierte que en el juicio del que derivan los actos reclamados, las partes, en audiencia de juicio, llegaron a un convenio judicial en donde se fijó como pensión alimenticia a favor de la menor quejosa la cantidad de $2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N), mensuales; mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por tanto, de dicha actuación, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio del que emanan el acto reclamado en este asunto, ha cambiado la situación jurídica de la aquí quejosa. Es así, en razón a que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de trece de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio especial familiar 348/2018, a través del cual la Juez responsable negó proveer lo conducente a la modificación de la pensión alimenticia decretada en favor de la menor aquí quejosa, también lo es que en audiencia de juicio de diez de octubre de dos mil dieciocho, se modificó la pensión alimenticia decretada provisionalmente a la menor quejosa de referencia. Por lo que al haber surgido una situación jurídica diferente, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en términos de los artículos 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, Tomo XVII Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Así mismo, la tesis número I.9o.C.89 C, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1190, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y contenido siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. OPERA CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA EN LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL, Y DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO SE DICTA LA SENTENCIA DEFINITIVA. Cuando se señala como acto reclamado la resolución que confirma el auto admisorio de la demanda en la vía ejecutiva mercantil, y durante la tramitación del juicio de amparo se dicta la sentencia definitiva en el juicio natural, opera el cambio de situación jurídica, toda vez que en aquél el Juez natural abre la instancia y realiza un examen preliminar de la vía y, en esta última, cierra la instancia, califica nuevamente la procedencia de la vía, previo examen de las excepciones y, con vista de las probanzas aportadas por las partes, en la generalidad de los casos resuelve en definitiva acerca de la cuestión sometida al litigio; de tal manera que existe autonomía entre el auto admisorio y la sentencia definitiva que confirma la procedencia de la vía, ya que estos actos subsisten con independencia entre sí, y no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica creada por la sentencia definitiva; por tanto, se actualizan los elementos para que opere la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción X, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis 2a. CXI/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, página doscientos diecinueve, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las once horas con cincuenta minutos del siete de noviembre de dos mil dieciocho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que el diez de octubre de dos mil dieciocho, se emplazó al tercero interesado OMAR CONTRERAS CÁZARES, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que señala el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que haga valer los derechos que a su parte corresponde dentro del presente juicio de garantías. Por tanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 84/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, Tomo XXII, correspondiente al mes de Diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del siguiente texto: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA QUE COMPAREZCA A HACER VALER SUS DERECHOS DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL QUE SURTE EFECTOS EL EMPLAZAMIENTO EFECTUADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De la interpretación armónica de los artículos 24, 34 y 167 de la Ley de Amparo, se concluye que los plazos comenzarán a contarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva y tratándose del tercero perjudicado, dicha notificación surtirá efectos a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación. Entonces, si el mencionado artículo 167 establece que la autoridad responsable entregará una copia a las partes emplazándolas para que dentro de un término máximo de diez días comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, dicho plazo debe comenzar a computarse para el tercero perjudicado el día siguiente hábil al en que surta efectos el emplazamiento, pues éste corresponde precisamente a la notificación a que se refiere el citado artículo 24, ya que, además, ese es el momento en que dicha parte tiene conocimiento del contenido de la demanda de amparo y es cuando está en posibilidad de establecer su defensa, sin que sea necesario esperar hasta que el Tribunal Colegiado le notifique el acuerdo de admisión de la demanda de garantías, pues de hacerse así se prorrogaría indefinidamente el plazo establecido por el referido artículo 167 y éste se haría nugatorio. Por otro lado, la circunstancia de que se desconozca cuál es el órgano colegiado al que correspondería conocer de la aludida demanda, tratándose de las plazas en donde existen dos o más tribunales que pudieran hacerlo, no exime al tercero perjudicado de respetar el mencionado plazo, pues en estos casos podrá presentarse ante la oficina de correspondencia común." En relación con la diversa tesis V.4o.1 K, visible en la página 1119, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado." NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Agréguese el escrito signado por la quejosa Anahí Urbina Pérez, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue realizado en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, proporciona dos domicilios donde puede ser emplazado a juicio el tercero interesado Omar Contreras Cázares. En tal virtud, se comisiona al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que emplace a juicio al citado tercero interesado, indistintamente en los domicilios ubicados en: Avenida Sagitario, número 141, colonia Galaxia Tarímbaro, del municipio de Tarímbaro, Michoacán. Calzada La Huerta 1900, colonia o fraccionamiento Cosmos, en esta ciudad. Haciéndole saber que se señalaron las DIEZ HORAS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, deberá correrle traslado con una copia de la demanda de garantías. NOTIFÍQUESE Y EMPLÁCESE AL TERCERO INTERESADO.

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el escrito signado por la quejosa Anahí Urbina Pérez, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue realizado en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, proporciona dos domicilios donde puede ser emplazado a juicio el tercero interesado Omar Contreras Cázares. En tal virtud, se comisiona al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que emplace a juicio al citado tercero interesado, indistintamente en los domicilios ubicados en: Avenida Sagitario, número 141, colonia Galaxia Tarímbaro, del municipio de Tarímbaro, Michoacán. Calzada La Huerta 1900, colonia o fraccionamiento Cosmos, en esta ciudad. Haciéndole saber que se señalaron las DIEZ HORAS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, deberá correrle traslado con una copia de la demanda de garantías. NOTIFÍQUESE Y EMPLÁCESE AL TERCERO INTERESADO.

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