Anahí Torres Hernández

Expediente 206/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
206/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
18/02/2021

Partes del expediente

  • Anahí Torres Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo se advierte que mediante circular SECNO/10/2021, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Así, atendiendo al contenido del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en el que -con el objeto de dar continuidad y reanudar las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación- se establecen diversas acciones que deben llevar a cabo los órganos jurisdiccionales para la reanudación en el trámite y resolución de todos los asuntos radicados en este juzgado, adoptando las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, VI y VIII del citado acuerdo general, en lo que resulten aplicables, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el quince de marzo de dos mil veintiuno, de acuerdo a la Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura federal. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, con relación al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, en el entendido que conforme a la fracción I del artículo 2 del referido acuerdo, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Asimismo, se les hace saber que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir los pasos que ahí se precisan. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. ESTADO DE LOS AUTOS. Por otra parte, visto el estado de los autos en el juicio de amparo 206/2020-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el nueve de noviembre de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año que transcurre; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Toda vez que la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que en el caso que en el presente asunto se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, lo que significa que esté totalmente integrado y no exista determinación alguna diversa que dictar, la reanudación de plazos ordenada opera hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional, caso contrario, esto se verifica en términos de lo ordenado en la Circular antes invocada; por lo que notifíquese el presente acuerdo a las partes, atendiendo a lo determinado en el auto admisorio de este asunto. Asimismo, se hace de su conocimiento que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 206/2020-I, promovido por ANAHÍ TORRES HERNÁNDEZ, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este órgano jurisdiccional, ANAHÍ TORRES HERNÁNDEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos Justicia Federal y otra autoridad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo desahogo de prevención, por auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación. Seguida la secuela procesal, y una vez que se levantó la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, con fundamento en el acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ante la contingencia por el virus COVID-19, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, fracción XVIII, menciona que el Juzgado Segundo de Distrito, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción territorial en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado se emitió por autoridad residente en el lugar del juicio y los efectos que produce se materializan en esta entidad en el que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que el acto reclamado es el siguiente: La resolución de veintinueve de enero de dos mil veinte, dictada en el toca penal 77/2019-13-O, que resuelve la apelación contra la negativa de libertad anticipada contenida en resolución de diez de julio de dos mil diecinueve, emitida en la causa de ejecución 45/2019, por la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la resolución dictada el veintinueve de enero de dos mil veinte, en el toca penal 77/2019-13-O, toda vez que al rendir su informe justificado así lo aceptó y para acreditarlo anexó copias certificadas del mencionado toca penal. De igual manera debe tenerse por cierto el acto reclamado a la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, en virtud de que el acto que se combate se hizo consistir en la resolución dictada en el toca penal 77/2019-13-O, que resuelve la apelación contra la negativa de libertad anticipada contenida en resolución de diez de julio de dos mil diecinueve, emitida en la causa de ejecución 45/2019 de su índice, como se advierte de las constancias certificadas de la referida causa penal y toca penal en la que obran engrosados dos discos formato DVD certificados, a las que se otorga eficacia probatoria plena, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que se trata de documentos públicos al haberse expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. Estudio del concepto de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por este juzgador, se procede al estudio de fondo del asunto. Son infundados los conceptos de violación formulados, sin que en el particular se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo. Previo al estudio correspondiente, para mejor comprensión es conveniente establecer los antecedentes del acto reclamado, en la especie, los siguientes: 1. El trece de septiembre de dos mil trece, el Juez Sexagésimo Octavo Penal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, emitió sentencia contra ANAHÍ TORRES HERNÁNDEZ, a quien consideró responsable por el delito de robo agravado en contra de GABRIELA FRANCO VALLE; imponiéndole pena de prisión de cuatro años seis meses y 60 días multa equivalente a $3,385.60 (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL). De igual forma fue condenada por concepto de reparación del daño. 2. La sentencia de referencia fue apelada, dándose trámite a la misma bajo el toca 1652/2013, resuelto el nueve de diciembre de dos mil trece, confirmando la resolución de mérito. 3. El siete de mayo del dos mil diecinueve, la sentenciada solicitó el beneficio de remisión parcial de la pena, que fue turnada ante la Juez de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, quien en la carpeta de ejecución 45/2019, determinó que quien debía conocer de tal solicitud era el Juez de Primera Instancia de Control, Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos, por ser el del lugar en que se encuentra recluida la sentenciada ANAHÍ TORRES HERNÁNDEZ y por lo tanto ordenó remitir la carpeta de ejecución (foja 107 del anexo I). 4. Por resolución de catorce de junio de dos mil diecinueve, la Juez de Primera Instancia de Control, Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos admitió la competencia para conocer de la solicitud de libertad anticipada (foja 119 del anexo I). 5. Con fecha diez de julio de dos mil diecinueve se llevó acabo la audiencia respecto a la libertad anticipada solicitada por la defensa de la sentenciada, dictándose resolución en el sentido de negar tal beneficio, contra la cual la sentenciada interpuso recurso de apelación el cinco de agosto del mismo año (foja 181 del anexo I). 6. Mediante sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, confirmó la resolución impugnada en el toca penal 77/2019-13-O. 7. Inconforme con la resolución, la aquí parte quejosa interpuso demanda de amparo indirecto, mismo que conoció este órgano jurisdiccional el cual se radicó bajo el número 1311/2019-V, en el que por sentencia de quince de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ANAHÍ TORRES HERNÁNDEZ, para el efecto de que la autoridad responsable: Deje sin efectos la resolución emitida en forma escrita de cinco de septiembre de dos mil diecinueve dentro del toca penal 77/2019-13-O; En su lugar, emita otra en la que observando los lineamientos de esta sentencia, es decir, en audiencia y de forma oral; Con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda respecto al recurso de apelación. 8. En atención a la mencionada ejecutoria de amparo, la Sala responsable dejó sin efectos la sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve y dictó la resolución de diez de enero de dos mil veinte, siendo esta última el acto reclamado del que se duele la parte quejosa. Al respecto, como se dijo son infundados los conceptos de violación invocados por la quejosa, sin que se advierta motivo para suplir en su deficiencia en términos del artículo 79 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Ahora bien, resulta pertinente destacar que en el caso, contrario a lo alegado no hubo transgresión a los artículos 1, 14 y 16 de la Carta Magna; razón por la cual se procede a su análisis. En efecto, la quejosa sostiene que la Sala responsable con el dictado del acto reclamado, en la que le negó el beneficio solicitado, bajo el argumento de que para que una persona privada de su libertad pueda gozar del beneficio de la libertad anticipada, es necesario que no se le haya dictado una diversa sentencia condenatoria firme, a su parecer viola en su perjuicio la garantía de reinserción social establecida en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, sostiene la quejosa bajo el argumento de que le niega el aludido beneficio al contar con una sentencia de condena previa, cuya sanción ya se encontraba compurgada; además, que dicho antecedente lo tuvo por acreditado únicamente con la partida jurídica recibida por el Juez de primer grado lo cual resulta insuficiente; insistiendo que al haberse compurgado la pena anterior, debía ser cancelado dicho antecedente por lo que no debió aplicarse el artículo 141 fracción I de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, este órgano de control constitucional estima que la emisión de la resolución impugnada no transgredió derechos fundamentales de la quejosa, toda vez que se acredita la constitucionalidad y legalidad del mismo. En efecto, de las constancias de autos se aprecia que la Sala responsable correctamente al resolver el recurso de apelación de origen fundamentó su actuar en la Ley Nacional de Ejecución Penal en el entendido que su aplicación está relacionada con todos los procedimientos suscitados en la etapa de ejecución, entre ellos, la solicitud del beneficio de la libertad anticipada. Es aplicable a la resolución anterior, la Jurisprudencia I,2o.P. J/3(10ª), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página tres mil ciento cincuenta y siete, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, instancia de Tribunales Colegiados de Circuito, libro cincuenta y dos, marzo de dos mil dieciocho, Tomo IV, Materia Penal, con registro 2016366, del rubro siguiente: "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CON EXCEPCIÓN DE LOS NUMERALES CITADOS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO (CUYA VIGENCIA DEPENDE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE), ENTRÓ EN VIGOR A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016, Y SU APLICABILIDAD NO DEPENDE DEL SISTEMA MIXTO O ACUSATORIO BAJO EL QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA." Asimismo, este órgano constitucional observa acertado lo considerado por la responsable al confirmar lo resuelto por el Juez de primer grado, ya que el establecimiento de beneficios preliberacionales como el de la libertad anticipada tiene una finalidad eminentemente instrumental, es decir, son medios o mecanismos para generar los resultados y fines que el artículo 18 párrafo segundo, de la Constitución Federal, prevé para el régimen penitenciario, como son lograr la reinserción de los sentenciados a la sociedad y procurar que no vuelvan a delinquir de ahí que, al negar el beneficio peticionado por la quejosa no se contravino el principio constitucional consagrado en dicho numeral. Se arriba a lo anterior pues, no deben confundirse los fines del sistema penitenciario en la justificación para la obtención del beneficio de algún tratamiento preliberacional, como la libertad anticipada, toda vez que el hecho de que los beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, su otorgamiento no es incondicional ni deben ser considerados como un derecho fundamental que asiste a todo sentenciado, por ese simple carácter, en virtud de que, el artículo 18 segundo párrafo Constitucional admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a quien pueda ser reinsertado, pero de su texto no se aprecia que exista prohibición dirigida al legislador en el sentido de impedirle condicionar tal otorgamiento; por el contrario, la norma constitucional establece que será la ley secundaria donde se preverán los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario que diseña la Constitución Federal. Por tal motivo, del análisis respecto al acto combatido en el cual la Sala responsable resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la interlocutoria respecto a la negativa de libertad anticipada contenida en resolución de diez de julio de dos mil diecinueve, emitida en la causa de ejecución 45/2019, no contraviene el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en virtud de que el establecimiento de condiciones de necesaria concurrencia para el otorgamiento de los beneficios de tratamiento preliberacional, como lo es para la libertad anticipada, no resulta contrario al artículo 18 de la Constitución Federal, contrariamente a lo alegado por la quejosa, puesto que sólo denotan la intención del legislador de proteger los derechos de la sociedad. Es aplicable a la determinación anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 16/2016 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página novecientos cincuenta y uno, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, instancia de Primera Sala, libro veintiocho, marzo de dos mil dieciséis, Tomo I, Materias Constitucional-Penal, con registro 2011278, del rubro siguiente: "BENEFICIOS PENALES PARA LOS SENTENCIADOS. EL HECHO DE QUE SE CONDICIONE SU OTORGAMIENTO, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." A mayor abundamiento, la responsable al dictar el acto reclamado originado de la resolución que negó la solicitud de la quejosa relativa a que se le conceda el beneficio de la libertad anticipada, estableció que en la petición es aplicable el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no así el diverso precepto 137 invocado por la quejosa; artículo 141 que dispone: "Artículo 141. Solicitud de la libertad anticipada El otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga libertad al sentenciado. Solamente persistirán, en su caso, las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la libertad que se hayan determinado en la sentencia correspondiente. El beneficio de libertad anticipada se tramitará ante el Juez de Ejecución, a petición del sentenciado, su defensor, el Ministerio Público o a propuesta de la Autoridad Penitenciaria, notificando a la víctima u ofendido. Para conceder la medida de libertad anticipada la persona sentenciada deberá además contar con los siguientes requisitos: I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV. Haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud; V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en su caso; VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa, y VII. Que hayan cumplido el setenta por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos. No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas.". Del precepto transcrito se aprecia que la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga libertad al sentenciado, misma que se tramitará ante el Juez de Ejecución y se deberá contar con los requisitos citados, por lo que la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos determinó confirmar la resolución de negativa de libertad anticipada dictada por la Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, ya que la quejosa en efecto no cumple con el requisito previsto en el artículo 141 fracción I de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que cuenta con un antecedente penal, lo que va en contra de la fracción I del artículo citado, en el entendido de que a ANAHI TORRES HERNÁNDEZ, se le dictó diversa sentencia condenatoria firme bajo la causa penal 117/2011, por delito diverso, situación que no fue desvirtuada. En consecuencia, acertadamente la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, calificó que resultaban fundados pero inoperantes los agravios expuestos por la recurrente, toda vez que esta última no cumplía satisfactoriamente con la totalidad de los requisitos previstos en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para acceder al beneficio de la libertad anticipada. En esas condiciones, este Juzgador sostiene la constitucionalidad de la resolución reclamada toda vez que la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla con todos los requisitos establecidos, por lo tanto, las consideraciones que sustentan el acto reclamado demuestran que la autoridad responsable, de manera fundada y motivada, fue puntual en establecer que la quejosa no cumplía con los requisitos previstos en el citado numeral, en particular el relativo a que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme, por tanto, se concluye que esa determinación resulta constitucional. Por otra parte, se advierte que la quejosa sostiene que la responsable violenta en su perjuicio el derecho pro persona, a la no discriminación, trato desigual e interpretación conforme de la norma, soslayando en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 1° y 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el artículo 1 y 18 de la Constitución Federal, al establecer que para obtener el beneficio de libertad, es necesario que no se haya dictado diversa sentencia condenatoria, lo que la quejosa no cumple ante la existencia de un antecedente penal, que goza del carácter de cosa juzgada, por hechos cometidos con anterioridad a la formulación de la solicitud. Es infundado el concepto de violación. Cierto, Aún y cuando la quejosa citó como derecho violado el artículo 1° Constitucional y se hace la precisión que el principio pro persona contemplado en ese artículo, no necesariamente implica que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, toda vez que, en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas. Ya que al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes, lo que en el particular aconteció al confirmar la Sala responsable la negativa al acceso al beneficio solicitado, en la medida que como se dijo constituye un derecho condicionado, en virtud de que, se reitera, su concesión no procede automáticamente por el sólo hecho de que quien lo solicita se encuentre privado de su libertad, sino que están sujetos a presupuestos establecidos en la norma, y su otorgamiento está condicionado, en todos los casos, a la evaluación judicial de si el condenado se encuentra apto para su reinserción a la sociedad, por ende, el establecimiento de requisitos para la concesión de la libertad condicionada y su exigencia de cumplimiento, no contravienen el principio de igualdad establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A su vez, este Juzgador sostiene la constitucionalidad de la resolución reclamada, toda vez que el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla con todos los requisitos establecidos, por lo tanto, las consideraciones que sustentan el acto reclamado demuestran que la autoridad responsable, de manera fundada y motivada, fue puntual en establecer que la quejosa no cumplía con el requisito previsto en la fracción I del citado artículo; por tanto, se concluye que esa determinación resulta constitucional, además, el aludido numeral señala que no gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas, aunque si bien es verdad no existe constancia de la sentencia de la diversa causa penal. Consecuentemente, la negativa del beneficio preliberacional a la quejosa por no cumplir con el requisito previsto por el artículo 141 fracción I de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no implica la existencia de tratos discriminatorios en su perjuicio, pues el requisito previsto por el precepto antes citado se trata de una regla condicionante de la procedencia de la libertad anticipada aplicable a todo sentenciado que lo solicite y no solo a la aquí quejosa. Por otra parte, la quejosa sostiene que la responsable le niega la libertad anticipada bajo el argumento de al momento de dar respuesta al segundo y tercer agravio expuesto en el recurso de apelación, violenta en su perjuicio el derecho a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Es infundado el concepto de violación. Al respecto, contrario a lo sostenido por la quejosa, se reitera, que los beneficios preliberacionales constituyen los medios adecuados para lograr la reinserción social, pero su otorgamiento, está sujeto a la condición de que la sentenciada se encuentra en condiciones de ser reinsertada a la sociedad y que no volverá a delinquir, por tanto, la Sala responsable al confirmar lo resuelto por la Juez de Ejecución observó los principios del juicio oral, así como los derechos constitucionales y procesales de las partes aplicando las disposiciones comunes al desarrollo, substanciación y resolución de las audiencias, por ende, contó con elementos para determinar que la quejosa no cumplió con la totalidad de los requisitos para disfrutar de la libertad anticipada. Sin soslayar, lo que aduce la parte quejosa en el entendido que califica de desacertado y equivocado los argumentos emitidos por la Sala Responsable, ya que esta última destaca que los beneficios son derechos sustantivos, al privilegiar la reinserción, empero como ya se explicó la previsión de los beneficios no implica obtenerlos con la simple petición por parte del reo, pues no es un derecho humano, porque el juzgador no está obligado a concedérselo, los cuales deberán concederse en la medida en que se cumplan los parámetros que condicionen su otorgamiento. Asimismo, se observa que la quejosa parte de una premisa equivocada pretendiendo atribuir consecuencias que no le corresponden, pues en el caso la reinserción social es el objetivo pero el cumplimiento de la pena no se debe desatender y como se dijo la libertad anticipada es un beneficio no un derecho. Por otra parte, la quejosa aduce que se vulnera el principio de reinserción social, previsto en la Carta Magna, al referir que la responsable sustentó su fallo en los resultados que arrojaron los estudios practicados en las áreas de psicología, criminología y seguridad. Es fundado, pero inoperante el citado concepto de violación ya que si bien no debió atenderse al estudio de personalidad para negar el beneficio, lo cierto es que se negó este último al no satisfacer el requisito a que alude el artículo 141 fracción I de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de ahí que lo alegado resulta inoperante, pues al margen de cualquier consideración lo aducido no demerita el motivo y sustento principal del acto combatido. Asimismo, no asiste la razón a la quejosa cuando alega que incorrectamente se determinó que contaba con un diverso antecedente penal el cual se obtuvo de la partida jurídica remitida por la Autoridad Penitenciaria, siendo que en ningún momento se demostró mediante copia certificada la resolución correspondiente, sin embargo, contrario a lo aducido se aprecia que el Ad Quem responsable, sí cumplió su deber legal al negar el beneficio de la libertad anticipada a la sentenciada al calificar de acertado lo resuelto por el juez de primer grado respecto a que los datos de prueba referidos por el fiscal fueron suficientes, para determinar que existía sentencia previa firme emitida contra la quejosa, lo que de suyo impide otorgar el beneficio peticionado de conformidad con el artículo 141 fracción I del ordenamiento de ejecución citado. Además, en términos del artículo 27 fracción III, inciso g), de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la autoridad penitenciaria estará obligada a mantener una base de datos de personas privadas de la libertad con la información de cada gobernado que ingrese al sistema penitenciario; expediente de ejecución que contendrá al menos las resoluciones privativas de la libertad y resoluciones administrativas y judiciales que afecten la situación jurídica de la persona privada de la libertad observando que en dicha legislación se dispone que la constancia relativa a los antecedentes penales sólo se podrá extender, entre otros supuestos, cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos. De modo que, contrario a lo alegado la quejosa el Ad Quem responsable no violentó lo dispuesto en el artículo 18 Constitucional, al sustentar su resolución entre otros en lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso g), de la Ley Nacional de Ejecución Penal, virtud a que si bien no constan en el cuaderno de ejecución las copias certificadas de las sentencias penales referidas, las mismas no resultan necesarias para convalidar la decisión de negar a la sentenciada el beneficio solicitado. Es así, porque, como ya se evidenció, el fiscal hizo referencia de datos contundentes sobre la existencia de una sentencia firme emitida en el territorio mexicano con base en el registro de antecedentes penales que existían en el expediente de ejecución de la quejosa; pues dicho documento fue emitido por una autoridad administrativa competente y en el ámbito de sus funciones; lo que incluso no desconoce la aquí quejosa ya que manifiesta que fue compurgada y obtuvo su libertad. De ahí que, opuesto a lo argumentado por la recurrente, no se violentó el contenido del artículo 27 fracción III, inciso g), de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que las referencias del fiscal sobre las documentales antes enunciadas, ponen de relieve que la autoridad penitenciaria mantuvo actualizada la base de datos de la quejosa, de donde destaca la información sobre la resolución firme privativa de la libertad que afectan su situación jurídica, la cual, aunque no consta en forma física, genera convicción sobre su existencia, ya que la autoridad nacional en ejercicio de sus funciones, dio cuenta de aquella. Además, no aplica el criterio invocado a la reincidencia a que alude la quejosa, pues al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia Tesis: 1a./J. 33/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, Novena Época, Pag. 37, con número de registro 193700 y rubro siguiente: "REINCIDENCIA. SU ACREDITACIÓN PUEDE REALIZARSE CON LAS COPIAS AUTORIZADAS DE SENTENCIAS CONDENATORIAS ANTERIORES, ASÍ COMO DE LOS AUTOS QUE LAS DECLARAN EJECUTORIADAS, O POR OTROS ELEMENTOS DE PRUEBA, QUE VALORADOS EN SU CONJUNTO LA ACREDITEN DE MANERA INDUBITABLE.", estimó que no resulta un obstáculo para que mediante otros elementos de prueba, que valorados en su conjunto, puedan llevar a la convicción de que quedó acreditado de manera indubitable la reincidencia y en el caso no se está en el supuesto a que la misma se refiere pues no se está imponiendo pena alguna, sino por el contrario se resuelve en torno al otorgamiento o no de un beneficio. Además, como ya se indicó no constituye una prerrogativa a favor de la sentenciada, observando como se dijo, que en la ley especial aplicable en su artículo 27, se contempla la existencia de la constancia relativa a los antecedentes penales la cual constituye por disposición legal, el documento expresamente consagrado para contener la información relativa a todas aquellas resoluciones en el caso judiciales que afecten la libertad de la quejosa; de ahí que resulte desacertado el concepto de violación en estudio, la cual sólo se podrá extender entre otros el siguiente supuesto, cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos. Máxime que en el caso, la emisión del acto reclamado se verificó de forma oral al igual que en su primera instancia a la luz de los principios rectores del sistema de justicia penal aplicable a la etapa de ejecución en procesos penales radicados bajo el sistema anterior, lo que de suyo implica que no se verifique su desarrollo bajo las reglas procedimentales consagradas en las normas vigentes en dichos procesos, sino bajo el régimen de la exposición oral de las pruebas y alegaciones ante la autoridad jurisdiccional por lo que si la Sala al validar lo resuelto por el Juez ante quien el Ministerio Público expuso y justificó la existencia del antecedente aludido, no existiendo probanza que lo refutara en ese momento, correctamente concluyó que estaba demostrada la existencia de una sentencia condenatoria previa en contra de la aquí quejosa. Significándose que la temporalidad existente entre la aludida sentencia previa, la pena en ella compurgada y la solicitud del beneficio no condicionar su efectividad en torno al impedimento legal para su obtención, siempre y cuando se trate como lo dispone el artículo 141 fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en una diversa sentencia condenatoria firme. Es aplicable la Tesis: I.9o.P.224 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo III, Pág. 2894, Décima Época, con número de registro 2017761 y rubro siguiente: "LIBERTAD ANTICIPADA. LA TEMPORALIDAD DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON EL DICTADO DE UNA CONDENA PREVIA, NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL REQUISITO PARA SU OTORGAMIENTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." De igual forma la Tesis: 1a./J. 34/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Novena Época, Pág. 143, con número de registro 161731 y rubro siguiente: "SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. LOS ANTECEDENTES PENALES POR DELITO DOLOSO PERSEGUIBLE DE OFICIO NO DESAPARECEN PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AQUEL BENEFICIO (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL)." En consecuencia, al ser en una parte fundados pero inoperantes e infundados en otra los conceptos de violación analizados y al no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada en contra de la resolución de veintinueve de enero de dos mil veinte, dictada en el toca penal 77/2019-13-O, que resuelve la apelación contra la negativa de libertad anticipada contenida en resolución de diez de julio de dos mil diecinueve, emitida en la causa de ejecución 45/2019, por la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos. Negativa de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, al no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ANAHÍ TORRES HERNÁNDEZ, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando segundo y por los motivos señalados en el considerando cuarto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Fernando Cobos González, que autoriza y da fe.

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