Anahí Torres Hernández
Expediente 1311/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1311/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Anahí Torres Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecinueve; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en el único punto resolutivo conceder el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA DEL SEGUNDO CIRCUITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "Deje sin efectos la resolución emitida en forma escrita de cinco de septiembre de dos mil diecinueve dentro del toca penal 77/2019-13-O; En su lugar, emita otra en la que observando loslineamientos de esta sentencia, es decir, en audiencia y de forma oral; Con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda respecto al recurso de apelación." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1311/2019-V, promovido por ANAHÍ TORRES HERNÁNDEZ, por su propio derecho. RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ANAHÍ TORRES HERNÁNDEZ solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la 1) Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, y 2) Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, que hizo consistir en la resolución de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 77/2019-13-O, que resuelve la apelación contra la negativa de libertad anticipada contenida en resolución de diez de julio de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal JVE/45/2019. SEGUNDO. Por auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de amparo, registrada con el número 1311/2019-V, y se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención legal que le compete; asimismo se ordenó emplazar a la Agente del Ministerio Público que hubiera intervenido en el toca penal 77/2019-13-O, y se señaló fecha para la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, fracción XVIII, menciona que el Juzgado Segundo de Distrito, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción territorial en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado se emitió por autoridad residente en el lugar del juicio y los efectos que produce se materializan en esta entidad en el que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la resolución dictada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve en el toca penal 77/2019-13-O, toda vez que al rendir su informe justificado así lo aceptó y para acreditarlo anexó copias certificadas del mencionado toca penal. De igual manera debe tenerse por cierto el acto reclamado a la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, en virtud de que el acto que se combate se hizo consistir en la resolución de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 77/2019-13-O, que resuelve la apelación contra la negativa de libertad anticipada contenida en resolución de diez de julio de dos mil diecinueve, emitida en la causa de ejecución 45/2019, por la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, como se advierte de las constancias certificadas del referido toca, a las que se otorga eficacia probatoria plena, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que se trata de documentos públicos al haberse expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Por lo tanto, aun cuando dicha autoridad no fue enfática en negar el acto que se le atribuye, al observarse que si bien no tuvo participación en la emisión de la resolución combatida, no por ello deben considerarse inexistentes los actos que se le atribuyen, en virtud de que los efectos que produce la negativa de los beneficios de preliberación solicitados por la quejosa se materializan en la continuación de la privación de la libertad de la peticionaria de amparo; de ahí que por tratarse de la ejecución de la pena le asista competencia a la Juez responsable precisamente en la materialización de los actos de cumplimiento de la pena. Al no existir alguna causal de improcedencia hecha valer por las partes o que este Juzgado Federal advierta de oficio, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. TERCERO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Por las razones que se sustentan en párrafos posteriores, se estima que uno de los conceptos de violación es fundado, aunque para concluir en esos términos deba suplirse la deficiencia de la queja con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Debe señalarse que la materia de estudio del juicio de amparo, es la resolución que confirma la negativa de otorgamiento de beneficios de libertad anticipada a favor de ANAHÍ TORRES HERNÁNDEZ. Al respecto, de las constancias relativas a la causa de ejecución 45/2019, se advierte lo siguiente: 1. El trece de septiembre de dos mil trece, el Juez Sexagésimo Octavo Penal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, emitió sentencia contra ANAHÍ TORRES HERNÁNDEZ, a quien consideró responsable por el delito de robo agravado en contra de GABRIELA FRANCO VALLE; imponiéndole pena de prisión de cuatro años seis meses y 60 días multa equivalente a $3,385.60 (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL). De igual forma fue condenada por concepto de reparación del daño al pago de $524.00 (QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), así como a restituir una bolsa de piel color café con asas sin marca, un teléfono marca Apple Iphone, color blanco, una pila externa color roja, un monedero color rosa con franja blanca sin marca; sin embargo, atendiendo a que los objetos fueron recuperados se absolvió ? la enjuiciada del pago de la reparación del daño. 2. La sentencia de referencia fue apelada, dándose trámite a la misma bajo el toca 1652/2013, resuelto el nueve de diciembre de dos mil trece, confirmando la resolución de mérito. 3. El siete de mayo del año en curso la sentenciada solicitó el beneficio de remisión parcial de la pena, que fue turnada ante la Juez de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, quien en la carpeta de ejecución 45/2019, determinó que quien debía conocer de tal solicitud era el Juez de Primera Instancia de Control, Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos, por ser el del lugar en que se encuentra recluida la sentenciada ANAHÍ TORRES HERNÁNDEZ y por lo tanto ordenó remitir la carpeta de ejecución (foja 107 del anexo I). 4. Por resolución de catorce de junio de dos mil diecinueve, la Juez de Primera Instancia de Control, Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos admitió la competencia para conocer de la solicitud de remisión parcial de la pena (foja 119 del anexo I). 5. Con fecha diez de julio de dos mil diecinueve se llevó acabo la audiencia respecto a la libertad anticipada solicitada por la defensa de la sentenciada, dictándose resolución en el sentido de negar tal beneficio, contra la cual la sentenciada interpuso recurso de apelación el cinco de agosto del mismo año (foja 181 del anexo I). 6. Mediante sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, confirmó la resolución impugnada en el toca penal 77/2019-13-O, siendo el acto combatido. Como se anunció, suplidos en deficiencia de la queja, son fundados los conceptos de violación expuestos por la quejosa y suficientes para concederle el amparo y protección de la justicia federal. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos resolvió el recurso de apelación sin sujetarse a la formalidad oral y sin dirimir dicho medio de impugnación en audiencia, como lo prevé el numeral 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que indica que las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral, infringiendo así lo previsto en el artículo 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en particular regula la sustanciación del medio ordinario de defensa de que se trata y, de cuya interpretación se extrae que éste siempre debe ser resuelto en audiencia y de manera verbal. Dicha norma es del tenor literal siguiente: "Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones.". Conforme a esa disposición, para la tramitación del recurso de apelación se prevé que en el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Luego, si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones. Si bien dicha disposición no señala en qué caso será necesario que la resolución del recurso de apelación se realice en audiencia ni en cuál se podrá resolver el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones. No obstante, a consideración de este órgano jurisdiccional se estima que el tribunal de alzada debe emitir la resolución relativa al recurso de apelación siempre en forma oral en la que se expondrán los sustentos jurídicos y consideraciones con que fundamente su decisión judicial, puesto que lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no puede constituir o representar una facultad conferida a las partes ni al tribunal de alzada para que se celebre o no una audiencia en la que se resuelva la apelación. Interpretar lo contrario implicaría desconocer las formalidades esenciales inherentes al debido proceso que corresponden a la etapa de ejecución de las penas, ya que al menos en segunda instancia, quedarían a merced de las partes, cuando las disposiciones de la Ley en comento: ".son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley."., según lo establece el artículo 2 de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. En esa virtud, si en el particular, para resolver el recurso de apelación la responsable determinó no celebrar ninguna audiencia pública y resolvió por escrito, se concluye que se violaron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que resguardan el debido proceso. Al respecto es aplicable por identidad de razón jurídica la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2018037, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 05 de octubre de 2018 10:15 h, Materia(s): (Penal), Tesis: II.2o.P. J/12 (10a.), del rubro y texto siguientes: "APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO FACULTA A LAS PARTES NI AL TRIBUNAL DE ALZADA PARA QUE DECIDAN SI SE CELEBRA O NO UNA AUDIENCIA EN LA QUE SE RESUELVA DICHO RECURSO, PUES EL DICTADO DE LA SENTENCIA RESPECTIVA DEBE REALIZARSE EN FORMA ORAL Y EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE (INTERPRETACIÓN ARMÓNICA DE DICHO PRECEPTO, CON LOS DIVERSOS 4, 52, 58 A 63, 67, 477 Y 478 DEL PROPIO CÓDIGO). El artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión.-El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los cinco días después de admitido el recurso.". De su contenido se advierte que en el recurso de apelación en el sistema penal acusatorio existen dos momentos para celebrar la audiencia de alegatos aclaratorios de agravios, que puede ser dentro: a) de cinco y quince días de que fenezca el plazo para la adhesión; o b) de los cinco días después de admitido el recurso principal. Así, con independencia de que existe la posibilidad para las partes intervinientes de solicitar una audiencia de aclaración de agravios, conforme a una interpretación armónica de dicho precepto, con los diversos 4o., 52, 58 al 63, 67, 477 y 478 del propio código, en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el tribunal de alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en las que fundamente su decisión judicial; de ahí que el artículo 476 invocado no puede constituir o representar una facultad conferida a las partes ni al tribunal de alzada para que se celebre o no una audiencia en la que se resuelva la apelación, sino que esa prerrogativa únicamente se ciñe a la expresión en audiencia de alegatos aclaratorios, no para decidir si se dicta sentencia en forma oral o por escrito, porque de interpretarlo así, las formalidades esenciales inherentes al debido proceso, al menos en segunda instancia, quedarían a merced de las partes, cuando las disposiciones adjetivas del código referido "son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana", según lo establece su artículo 1o. En esa virtud, puede sostenerse que existen dos tipos de audiencias, la de aclaración de agravios o alegatos aclaratorios y la de fondo, sin perjuicio de que en la primera el tribunal de alzada pueda resolver de plano el fondo del asunto, como ya se explicó; luego, si en el particular, para resolver el recurso de apelación, no se celebró ninguna audiencia pública, se concluye que se violaron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que resguardan el debido proceso.". En este orden de ideas, al imponerse del contenido de la fotocopia certificada de las constancias del toca penal 77/2019-13-O, se observa que obra la determinación adoptada en el recurso de apelación interpuesto por la quejosa en la causa de ejecución de origen, únicamente en forma escrita (fojas 257 a 279 del anexo I), sin constar que se hubiera realizado audiencia en la que se resolviera oralmente dicho medio de impugnación, lo que constata la infracción a la norma procesal señalada. Sin que pase por alto que en la resolución combatida la Sala responsable hubiera establecido en el resultando segundo que en términos del artículo 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en relación con los diversos 471 y 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria, las partes no habían expresado la voluntad de exponer oralmente alegatos aclaratorios, por lo que procedía emitir la resolución por escrito. Sin embargo, como se explicó, el artículo 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal no faculta a las partes ni al tribunal de alzada para que decidan si se celebra o no una audiencia en la que se resuelva dicho recurso, pues el dictado de la sentencia respectiva debe realizarse en forma oral y en la audiencia correspondiente, en estricto respeto a las garantías de debido proceso consagradas en el precepto 20 Constitucional y como al respecto se aterriza en la norma especial invocada en su numeral 120; en tanto que por cuanto a los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la propia jurisprudencia II.2o.P. J/12 (10a.), al interpretar dichas normas se concluye que no facultan a las partes ni al tribunal de alzada para que decidan si se celebra o no una audiencia en la que se resuelva dicho recurso, pues el dictado de la sentencia respectiva debe realizarse en forma oral y en la audiencia correspondiente. En efecto, no es factible considerar que la resolución escrita de apelación combatida pueda sustituir a la que debe emitirse en audiencia y de forma oral, en la medida que, acorde al dictamen de reforma del decreto publicado en junio del dos mil ocho, que da pauta al sistema penal de corte acusatorio, un proceso no es público cuando sus actuaciones se desarrollan por escrito; por ende, no se cumplirían las características propias de tal sistema. Tampoco se soslaya que lo resuelto oralmente, pueda ponerse por escrito también; sin embargo, en atención a lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a su propio artículo 8, prevé expresamente que los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Por tanto, se afirma que la resolución oral es la que debe contener todos los argumentos que rijan el fallo, en tanto que, la resolución escrita constituye un extracto de las consideraciones que se expresaron de forma expresa en la audiencia respectiva, por lo que sólo se trata de un registro y una consecuencia de la primera; de tal suerte que, invariablemente, la que debe contener los motivos y fundamentos que sostengan la determinación reclamada, debe ser pronunciada en la actuación judicial de manera verbal, misma que en todo caso puede ser el sustento de la documentada. El precepto referido es del tenor literal siguiente: "Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: I. Las que resuelven sobre providencias precautorias; II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia; III. La de control de la detención; IV. La de vinculación a proceso; V. La de medidas cautelares; VI. La de apertura a juicio; VII. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio; VIII. Las de sobreseimiento, y IX. Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo. En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario. Es de destacarse que la inobservancia de la formalidad oral por parte de la Sala responsable trasgrede derechos de la parte quejosa en la causal penal de ejecución, que impide el análisis de fondo de la resolución combatida, al no poderse verificar su constitucionalidad razón por la que la responsable deberá ponderar en una nueva resolución emitida en audiencia y de forma oral, todos los motivos de agravio hechos valer en el citado recurso. En tal orden de ideas, en virtud de que la sentencia combatida trasgrede lo previsto en los artículos 14 y 20 de la Carta Magna, de acuerdo a las razones que se expresaron, se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal a ANAHÍ TORRES HERNÁNDEZ, para el efecto de que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Sala responsable realice lo siguiente: Deje sin efectos la resolución emitida en forma escrita de cinco de septiembre de dos mil diecinueve dentro del toca penal 77/2019-13-O; En su lugar, emita otra en la que observando loslineamientos de esta sentencia, es decir, en audiencia y de forma oral; Con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derechoproceda respecto al recurso de apelación. Por cuanto a las demás cuestiones invocadas por la parte quejosa en los conceptos de violación que no se estudian, ello obedece a que están íntimamente vinculados a aspectos sobre los que deberá pronunciarse la responsable al emitir su resolución ciñéndose a la formalidad oral del procedimiento acusatorio; de ahí que este juzgador no pueda sustituirse a la autoridad responsable, al ser el juicio de amparo un medio de defensa extraordinario y no una instancia más del proceso penal en su etapa de ejecución. No obsta a la determinación anterior, la falta de emplazamiento al presente juicio de amparo con el carácter de parte tercera interesada, de quien aparece en la causa de ejecución como ofendida del delito, ya que de acuerdo a los efectos de la concesión del amparo, esta sentencia no le finca obligación alguna, ni obliga a la autoridad responsable a hacerlo. Concesión del amparo que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, toda vez que no se combate por vicios propios, sino su inconstitucionalidad se hizo depender de la resolución reclamada, la cual como se ha precisado no se ajustó al marco constitucional. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a la quejosa ANAHÍ TORRES HERNÁNDEZ, contra la resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 77/2019-13-O, por la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, y respecto a su ejecución reclamada al Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, por las razones expuestas en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy quince de noviembre de dos mil diecinueveque lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio proveniente de la SALA DEL SEGUNDO CIRCUITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual remite copia certificada de la partida jurídica que tomó en consideración el juez natural al emitir la resolución materia de la apelación de diez de julio pasado. En virtud de lo anterior, toda vez que la documental remitida se trata de una constancia enviada en relación con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en cuestión, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, por el mismo término que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora, atendiendo a que de las constancias allegadas no se desprende el domicilio en el cual puede ser emplazada la tercera interesada; por lo tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, líbrese oficio al JUEZ SEXAGÉSIMO NOVENO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (antes JUEZ SEXAGÉSIMO OCTAVO PENAL), para que dentro del término de tres días que serán computados legalmente, proporcione en sobre cerrado el domicilio actual y correcto (particular o procesal) de la víctima Gabriela Franco Valle, que obre dentro del causa penal 148/2013 de su índice. Con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término concedido, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, por el cual remite el diverso de la JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, DE CONTROL, JUICIOS ORALES Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual remite el disco versátil digital (DVD) donde consta el acto reclamado. En virtud de lo anterior, toda vez que la documental remitida se trata de una constancia enviada en relación con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en cuestión, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, por el mismo término que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
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