ANAHI PAOLA AREVALO LLIGUIN y Otros.
Expediente 350/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- ANAHI PAOLA AREVALO LLIGUIN y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Causa estado Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó la suspensión de plano solicitada, este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Téngase por recibido el oficio de cuenta y agréguese únicamente para obre como corresponda, toda vez que mediante proveído de trece de abril del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de abril de dos mil veintitrés. Consulta del expediente. De la consulta del expediente, así como de la certificación que antecede se advierte que mediante acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda que dio origen al presente juicio en lo que respecta al quejoso René García López; por lo cual se remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, misma que turnó el juicio al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey. Sin embargo a la fecha, dicho órgano no ha acusado de recibo de las constancias remitidas ni ha informado sobre el avocamiento de la misma. Ahora bien, al realizarse consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que dicha incompetencia fue radicada bajo el número de expediente 368/2023-III del índice del citado Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey. En dicho expediente, recayó un acuerdo el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, del cual se advierte que el aludido Juzgado se avocó al conocimiento de la demanda remitida por este órgano; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Estado de autos. Asimismo, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que se requirió a la promovente Luz María Arévalo Lluiguin para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del auto de catorce de marzo del presente año, informara si tenía conocimiento del lugar donde se encuentra alojada la diversa agraviada Anahí Paola Arévalo Lliguin o, en su caso, su domicilio actual y correcto, a fin de estar en posibilidad de notificarle la determinación inicial de diez del citado mes y año; sin que a la fecha haya desahogado dicho requerimiento, no obstante, encontrarse debidamente notificada; término que conforme a la certificación de cuenta, ya feneció. Ahora bien, en relación a lo anterior y toda vez que en el referido auto se previno a la parte promovente que de no cumplir con lo anteriormente expuesto en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho auto, se tendría por no presentada la demanda respecto de la agraviada de mérito. En ese sentido, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el mencionado término legal de tres días concedido a la parte promovente, sin que informara lo requerido por este Órgano Jurisdiccional en tiempo y forma, no obstante estar debidamente notificada; en tal virtud, y con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda constitucional de que se trata, por lo que respecta a la diversa agraviada Anahí Paola Arévalo Lliguin. Se informa adscripción Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/903/2023, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó la comisión temporal de Norma Angélica Ávila Veyna, como Jueza Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese; vía electrónica a la parte promovente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Razón. Agréguese la razón de cuenta levantada por el Actuario de la adscripción, de la que se desprende que los directamente agraviados no se encuentran alojados en las instalaciones de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado. Informe suspensión de plano. De igual forma, agréguese a los autos el informe relativo a la suspensión de plano rendido por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí y Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, con sus contenidos y anexos, de conformidad con los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Recepción de exhorto. Téngase por recibido parcialmente diligenciado el exhorto 95/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, del que se advierte que René García López, se encuentra alojado en el Instituto Nacional de Migración en Guadalupe, Nuevo León, así mismo que no fue posible localizar a Anahí Paola Arévalo Lliguin. Estado de autos. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, en especial la certificación que antecede, se advierte: [ . . . ] De lo cual válidamente se colige que los actos reclamados por el directamente agraviado René García López, tienen ejecución en el Estado de Nuevo León. Incompetencia. Por lo expuesto, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, considera que en relación al quejoso René García López carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. [ . . . ] Ahora, de lo expuesto en los párrafos que anteceden se obtiene que efectivamente los actos reclamados al Titular de la Estación Migratoria en Guadalupe, Nuevo León, tuvieron ejecución en aquella localidad (Guadalupe, Nuevo León) en la que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Nuevo León, en residencia en Monterrey, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; de manera que resulta evidente que este Juzgado es legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer sobre la demanda de amparo promovida a favor de René García López. [ . . . ] Remisión del juicio de amparo. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, declara su incompetencia legal, por razón de territorio, para conocer del presente asunto y declina la competencia a favor del JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON SEDE EN MONTERREY, que por turno corresponda, el cual se estima legalmente competente en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que se refiere a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito; por lo que se ordena remitir los presentes autos de forma electrónica e inmediata a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en aras de una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional, debiendo recabarse las copias de las constancias que resulten necesarias para formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno respectivo y solicítese el acuse de recibo de estilo al Juez de Distrito que le corresponda conocer del presente asunto, en el que además se le solicita tenga a bien informar, si acepta o no la competencia declinada a su favor. Requerimiento. Ahora bien, toda vez que del contenido la razón actuarial contenida en el exhorto 95/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, se advierte que no fue posible localizar a la directamente agraviada Anahí Paola Arévalo Lliguin, a fin de requerirle para que manifestara si es su deseo ratificar la demanda promovida a su favor, requiérase a la promovente Luz María Arévalo Lluiguin, para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si tiene conocimiento del lugar donde se encuentra recluida la mencionada agraviada o, en su caso, su domicilio actual y correcto, a fin de estar en posibilidad de notificarles la determinación inicial de diez del presente mes y año; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento dentro de dicho término, con fundamento en el artículo 15, de la ley de la materia, se dictarán las medidas necesarias para lograr la comparecencia de los agraviados; o en su caso, se tendrá por no presentada la demanda. De igual manera, de conformidad con el numeral 15 de la Ley de Amparo, requiérase al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio relativo, mismo que será remitido vía mensajería rápida con acuse de recibo, informe a este juzgado si en la base de datos de su institución se cuenta con el registro o expediente administrativo a nombre de la aquí quejosa Anahí Paola Arévalo Lliguin; con la finalidad de estar en posibilidad de requerirle si ratifica la demanda promovida a su favor. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se requerirá a su superior jerárquico, para que ordene al mencionado Comisionado del Instituto Nacional de Migración cumpla con lo señalado en el párrafo que antecede; además, de que se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la legislación en cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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