Anahi Martinez Roa

Expediente 790/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 28 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
790/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • MARIA GUADALUPE ROA RIVAS y Otros.
  • Maria Guadalupe Roa Rivas
  • Anahi Martinez Roa
  • Juez del Juzgado Civil del Tercer Distrito Judicial Con Sede En la Ciudad de Rioverde, S.L.P.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. No es obstáculo para llegar a la anterior determinación, que respecto de las autoridades responsables con residencia fuera de esta ciudad, no se hayan recibido los acuses de recibo respectivos, pues dado el sentido de la sentencia emitida en el presente expediente, es claro que en nada agravia a dichas autoridades la misma y que las diversas partes que pudieron inconformarse, no lo hicieron dentro del término que contaban para ello. Encuentra puntual aplicación a lo anterior por identidad de razones, la tesis asilada XI.3º.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 706, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO.". En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Consecuentemente, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, archívense los cuadernos incidentales por separado; con la indicación de que el duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; ello, al contar con su original y no existir documentos originales en tal cuaderno, lo que deberá hacerse constar en la carátula respectiva. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 18 del Acuerdo en cita, toda vez que en el incidente de suspensión se concedió y negó la medida cautelar solicitada, el cuaderno original es susceptible de depuración; hágase constar dicha circunstancia en la carátula del expediente, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Por tanto, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, transcurrido el cual, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia, sin que en éste obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable con residencia fuera de esta ciudad, las constancias que exhibió en este asunto. Glósese copia de este proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por MARÍA GUADALUPE ROA RIVAS y ANAHÍ MARTÍNEZ ROA, contra actos del Juez Civil del Tercer Distrito Judicial con sede en Rioverde, San Luis Potosí y otras autoridades, por los motivos señalados en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio y anexos de cuenta remitidos por la autoridad responsable; en atención a su contenido, se tiene por emplazada a juicio al tercero interesado Juan José Castillo Pérez, a través de su apoderado Alfonso Rodríguez Montoya. Derivado de lo anterior, toda vez que mediante auto de doce de septiembre pasado se reservó proveer el escrito presentado por la citada parte procesal, hasta en tanto obrara su constancia de emplazamiento, lo que ya ocurrió; en consecuencia, se provee: Téngasele por apersonado a este juicio, por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que las cédulas que proporciona no se encuentran registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese.

  4. Incidental

    V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 790/2022-VII-P, promovido por María Guadalupe Roa Rivas y Anahí Martínez Roa. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. La parte quejosa reclama del Juez del Juzgado Civil del Tercer Distrito Judicial, como autoridad ordenadora y del actuario adscrito al Juzgado Civil del Tercer Distrito Judicial; Policía Ministerial del Estado o Policía Investigadora en la Zona Media; Policía Municipal y Policía Estatal o del Estado, todos con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, como ejecutoras, los actos que a continuación se precisan: ACTOS RECLAMADOS El auto de ocho de junio de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio 250/2017 del índice del juzgado responsable, en el cual se inadmitió el recurso de apelación interpuesto contra la diversa determinación de veintitrés de mayo del año en curso, que levantó la suspensión del procedimiento y ordenó su continuación, así como la detención, arresto o multa ordenadas contra dichas quejosas. SEGUNDO. No son ciertos los actos reclamados que se hacen consistir en la detención, arresto o multa, atribuidos a las autoridades responsables, pues así lo precisó la autoridad ordenadora en su respectivo informe previo, en el que puntualizó que respecto de tales actos, en ningún momento se emitió mandamiento alguno que implicara la ejecución de aquéllos; sin que esa negativa se encuentre desvirtuada en autos con prueba alguna en contrario. Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia de que la diversa responsable ejecutora señalara que sí son ciertos los actos que se le atribuyen, toda vez que del contenido de su respectivo informe, se observa que derivado de la solicitud de apoyo formulada por el Juez responsable en el juicio de origen, se brindó el auxilio para el desahogo de una diligencia de carácter civil, distinta a la detención, arresto o multa atribuidos a dicha autoridad. Tampoco son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como "Policía Ministerial de Municipio de Rioverde, San Luis Potosí" y "Policía Estatal o del Estado, con sede en Rioverde, San Luis Potosí", pues al no acreditarse en autos su existencia, menos aún pueden ser ciertos los actos que se les reclaman. En consecuencia, lo procedente es negar la suspensión definitiva que se solicita. TERCERO. Es cierto el acto atribuido al Juez Civil del Tercer Distrito Judicial y actuaria de su adscripción, que se hace consistir en el proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 250/2017 del índice de la responsable, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes previos. CUARTO. Con fundamento en los artículos 128, 139 y 140 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada, respecto del proveído reclamado, pues de concederse la medida cautelar peticionada, implicaría obligar a la autoridad responsable a realizar lo que la impetrante del amparo pretende, lo que evidentemente conllevaría a que se dejaría sin materia el juicio de amparo, de ahí que resulte improcedente la medida de que se trata. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo en los artículos 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por María Guadalupe Roa Rivas y Anahí Martínez Roa. Notifíquese.

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