Anabel Tumalán Solís
Expediente 433/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Anabel Tumalán Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Arturo Ozuna Valdez, autorizado de la parte tercera interesada; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de las documentales que refiere, previa razón de recibido que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a tres de mayo de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada por este juzgado; en tal virtud, agréguense al expediente principal, el cuaderno de antecedentes que se formó, el oficio de cuenta y testimonio de referencia. Acúsese recibo. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa Anabel Tumalán Solís, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda de amparo y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior, en su carátula.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa Anabel Tumalán Solís, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que en su concepto la misma le causa; con fundamento en los artículos 81, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Una vez que esté debidamente integrado dentro del plazo a que se refiere el artículo 89, de la ley de la materia, remítase el expediente original al Tribunal Colegiado de este circuito que por turno y materia corresponda, así como el del ocurso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso. Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada.
- Principal
SÍNTESIS: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 433/2016; Y RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito prestando el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y remitido en ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Anabel Tumalan Solís, por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE. Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "Se reclama de la autoridad señalada como responsable, la resolución de fecha 8 de marzo de 2016, mediante el cual emitió AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY en favor de PERLA RUBÍ OLEA HERNÁNDEZ Y MARIO ALBERTO ARCE PELÁEZ en el expediente penal 189/2015-I, radicado en el Juzgado PRIMERO DE PAZ DEL RAMO PENAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por el delito de DAÑOS cometidos en mi agravio, ANABEL TUMALAN SOLIS, el cual Bajo protesta de decir verdad que me fue notificado el siete de abril de 2016". SEGUNDO. Mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró en el libro de gobierno respectivo con el número de juicio 433/2016; se comisionó a la actuaria de la adscripción la notificación del inicio de este asunto a los terceros interesados; se dio la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado de Distrito al del juzgado responsable, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto dictado dentro de un juicio del orden penal, por una autoridad residente dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el objeto de estudio en este asunto lo constituye. La resolución de ocho de marzo de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal número 189/2015-I, instaurada en contra de Perla Rubí Olea Hernández y Mario Alberto Arce Peláez, por la comisión del delito de daños en agravio de Anabel Tumalan Solís, mediante la cual decretó a favor de los citados en primer término auto libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco, Guerrero, en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado, así lo manifestó. Certeza que se corrobora de las actuaciones que en copia certificada remitió de la causa penal 189/2015-I; documental que dada su naturaleza tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Al no existir causal de improcedencia alegada por las partes, ni se advierte la actualización de alguna, procede analizar la constitucionalidad de la resolución reclamada. I. Antecedentes. a. Por escrito de treinta y uno de julio de dos mil quince, la quejosa presentó ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común (Sector Costa Azul), del Distrito Judicial de Tabares denuncia en contra de quien resultara responsable en la comisión del delito de daños, cometido en su agravio, con lo cual se dio inicio a la Averiguación Previa TAB/CAZ/02/0743/2015 (fojas 35 a 53). b. El veintiséis de agosto siguiente, compareció ante aquel representante social a presentar denuncia en contra de Perla Rubí Olea Hernández y Mario Alberto Arce Peláez por la comisión del citado ilícito (fojas 55 y 56). c. Previo desahogo de diversas actuaciones, el veintiocho de octubre de dos mil quince se ejerció acción penal en contra de los mencionados y se solicitó al Juez de Paz del Ramo Penal en Turno les girara orden de captura (fojas 76 a 82). d. Por cuestión de turno su conocimiento correspondió al Juez Primero de Paz del Ramo Penal el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, quien el once de noviembre de dos mil quince la radicó bajo el número de causa penal 189/2015-I (foja 83) y el veintitrés de ese mes, giró la orden de captura solicitada (fojas 85 a 97). e. El dos de marzo del dos mil dieciséis, Perla Rubí Olea Hernández y Mario Alberto Arce Peláez, rindieron su declaración preparatoria ante el juez responsable (fojas 109 a 113) y dentro del término constitucional el cual fue duplicado, el ocho de ese mes resolvió la situación jurídica de los citados, decretándoles a su favor auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley (fojas 137 a 152). II. Consideraciones que sustentan el acto reclamado. 1) El estudio del cuerpo del delito se realizó bajo el tipo penal de daños dolosos previsto y sancionado por el artículo 247, del Código Penal del Estado de Guerrero, vigente, se señaló como elementos del cuerpo del delito los siguientes: (1) La destrucción o deterioro de una cosa ajena o propia; y, (2) Que la destrucción sea por cualquier motivo y en perjuicio de otro. Del examen del primero de ellos consideró tenerlo por acreditado con las siguientes pruebas: 1. La querella presentada por Anabel Tumalan Solís y con la denuncia formulada en contra de los terceros interesados al comparecer nuevamente ante el representante social; de las cuales se advierte que el veinticuatro de julio de dos mil quince, fue informada vía telefónica por sus vecinos de los daños causados a su casa, la cual está ubicada en el lote número seis, de la Colonia Dragos, Calle Ave de Paraíso. 2. Lo declarado por los testigos presenciales de los hechos María Gilda Tumalan Solís y José Alberto Vázquez Apolonio, quienes corroboraron el dicho de la agraviada al referir que el día de los hechos la acompañaron hasta el lugar en que aquellos acontecieron y dieron cuenta de los daños ocasionados a su vivienda. 3. El acta de posesión de veintiocho de julio de dos mil quince, expedida a favor de la agraviada por la Comisaria Municipal de Puerto Márquez, Acapulco de Juárez, Guerrero, con la cual se demostró la posesión 4 La inspección ocular practicada por el representante social en el lugar de los hechos, en la cual se hizo constar, entre otras cosas, las características del predio en el que se encontraba edificada una casa de madera tipo rústico que quedó reducida a escombros, así como el material de construcción de esa vivienda. 5. El dictamen en materia de topografía y avalúo, emitido por el perito oficial, en el cual se concluyó que el monto de los daños a la casa de la agraviada ascienden a la suma de $17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional). De todo lo cual, se demuestra la destrucción de la casa construida en el lote de terreno cuya posesión la tiene la sujeto pasivo, reducida a escombros. El segundo de los elementos lo acreditó con los mismos medios de prueba, hecha excepción de la inspección ocular y concluyó que con estos, se logró establecer la realización de actos idóneos tendentes a destruir la casa de madera propiedad de la sujeto pasivo. 2) En relación con la probable responsabilidad penal de Perla Rubí Olea Hernández y Mario Alberto Arce Peláez, en la comisión del delito de daños, la responsable no la tuvo por demostrada al no haber pruebas suficientes para ello, porque: 2.1 De lo narrado por la agraviada al denunciar los hechos, no se advierte que Perla Rubí Olea Hernández se encontrara el día del acontecimiento; pues la primera de las citadas declaró que vía telefónica fue informada que aproximadamente seis personas del sexo masculino se introdujeron en su terreno, pero al llegar a ese lugar sólo había tres individuos; sin que hiciera mención alguna que entre ellos se encontrara Perla Rubí Olea Hernández. 2.1.2 La sujeto activo al rendir su declaración preparatoria negó los hechos imputados, ya que el día de los hechos estaba en su centro de trabajo, en el cual tiene un horario de once de la mañana a siete de la tarde, lo cual corroboró con la Constancia expedida por la Supervisora Regional del Centro Comercial Soriana Costera, en la cual se asentó que Perla Rubí Olea Hernández, se encontraba laborando en la empresa Especialista Ópticos con sucursal en Acapulco Diamante, con un horario de "11:00 a 21:00". 2.1.3 La agraviada basó su denuncia en contra de Perla Rubí Olea Hernández y Mario Alberto Arce Peláez al haber sido estos quienes la citaron ante la agencia del ministerio público especializada en despojo, según se desprende del citatorio entregado para tales efectos; pero, no le consta que aquellos sean quienes causaron los daños a su vivienda. 2.1.4 Si bien la ofendida señala a Mario Alberto Arce Peláez, como una de las personas que encontró en su terreno, no es clara en decir que le conste que éste causó los daños ni que realizó actos tendentes para ello. 2.2 Los testigos de cargo María Gilda Tumalan Solís y José Alberto Vázquez Apolonio, así como la agraviada Anabel Tumalan Solís al ubicar a Mario Alberto Arce Peláez en el lugar de los hechos deducen que él realizó actos tendentes a causar daños a la vivienda de la sujeto pasivo, pero no tienen certeza de ello. 2.3 De las impresiones fotográficas exhibidas por la ofendida, no se advierte que alguna de las personas que en ellas aparecen se encuentren realizando actos tendentes a causar daños a su vivienda; si bien entre aquéllas se identifica Mario Alberto Arce Peláez no significa que él los causara. III. Conceptos de violación. La parte quejosa, en esencia, alega que la resolución por la que se decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, viola en su perjuicio los artículos 14, 16, 17 y 19 constitucionales, porque: 1. La valoración de las pruebas fue inadecuada, ya que el juez responsable al resolver sobre el ejercicio de la acción penal señaló que aquéllas eran suficientes para acreditar los elementos del cuerpo del delito de daños, así como la probable responsabilidad penal de los terceros interesados en su comisión, lo que no ocurrió al emitir el acto reclamado. 2. Las manifestaciones hechas por los inculpados al rendir su declaración preparatoria son ineficaces para demostrar su inocencia, por ser ambiguas y evasivas, porque: No tienen el alcance de probar su inocencia, tanto que no quisieron ser interrogados por el representante social; esto, ya que Perla Rubí Olea Hernández, basó su defensa en el sólo hecho de ser del sexo femenino y no saber el lugar en dónde se ubica la casa cuyo daños se le atribuye, además de encontrarse trabajando el día de los hechos; si bien, al denunciar los hechos se señaló que había sido informada que seis personas del sexo masculino destruyeron su casa, no se consideró lo dispuesto por el artículo 26 del Código Penal Vigente en el Estado de Guerrero, el cual determina la autoría y participación del o los sujetos activos del delito. Mario Alberto Arce Peláez, es una de las personas que estaba en el interior de su inmueble y de quien tomó una fotografía momentos antes de derribar la casa en mención; que lo sabe, pues éste junto con Perla Rubí, la cual es su esposa, la citaron en el ministerio público, por lo que ésta última actuaba en comunión con el citado en primer término. No obstante refiera que en las fotografías no se le encuentra causando los daños de los cuales se le acusa. Mario Alberto Arce Peláez y Perla Rubí Olea Hernández, no explican el por qué se encontraban en el lote del cual tiene posesión ni cuál fue la razón por la que la citaron a la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos de Despojo. 3. La inspección judicial ocular ofrecida por Mario Alberto Arce Peláez y Perla Rubí Olea Hernández, no cumple con las reglas previstas en el artículo 105 del Código Procesal Penal, ya que se desahogó sin la asistencia de peritos ni la identificación plena del inmueble, por lo cual no debió admitirse, además de no habérsele notificado su desahogo, sin pasar por alto que debió centrarse en el punto controvertido, en el caso daños" y no en quién tiene la posesión del inmueble. Precisado los antecedentes del acto reclamado, así como los motivos de queja, procede el análisis de la resolución objeto de estudio en este asunto, para lo cual a continuación se citan las consideraciones que la sustentan. IV. Los motivos de queja son infundados, sin que exista queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, porque: A. De la lectura integral de la resolución reclamada, se advierte que contrario a lo expuesto por la parte quejosa, no se vulnera en su perjuicio el artículo 14 Constitucional, al haber sido emitida cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, ya que emana de una autoridad judicial facultada para ello y previamente establecida, como es el Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad. B. Porque no vulnera en su perjuicio el numeral 16 Constitucional, pues el principio de legalidad fue debidamente observado, ya que la resolución combatida se encuentra debidamente fundada y motivada, dado que se expusieron los fundamentos legales y las razones particulares por las cuales consideró dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley en favor de Perla Rubí Olea Hernández y Mario Alberto Arce Peláez, en razón de que: (a) Citó los numerales del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, conforme a los cuales, efectuó la valoración de las pruebas que tomó en cuenta para la emisión de la resolución que se reclama. (b) Expresó suficientemente, las causas y circunstancias particulares que tuvo para concluir que se acreditaban los elementos del cuerpo del delito, con las siguientes pruebas: Con el escrito presentado por Anabel Tumalan Solís, el treinta y uno de julio, así como la comparecencia de veintiséis de agosto de dos mil quince ante el ministerio público; en el primero presentó denuncia en contra de quien resultara responsable en la comisión del delito de daños, cometido en su agravio, en razón de que el veinticuatro de ese mes, unos vecinos le informaron vía telefónica que aproximadamente seis personas del sexo masculino se introdujeron en su lote y destruyeron su casita de madera; por lo cual acudió de inmediato y se percató de ello, así como del hecho que en el interior de su predio aún estaban tres personas, a las cuales cuestionó sobre lo ocurrido, pero éstas sólo manifestaron ser trabajadores, así como el hecho de haber sido enviados por el dueño; personas que al notarse fotografiadas se retiraron del lugar (fojas 35 a 37) En el segundo, presentó formal querella en contra de Perla Rubí Olea Hernández y Mario Alberto Arce Peláez, por el delito de daños cometido en su agravio; esto, por ser el último de los mencionados una de las personas que encontró el día de los hechos en el interior de su predio, quien reconoció que se derribó la casa por estar dentro de su propiedad en una audiencia ante el ministerio público especializado en despojo, a la cual fue citada con posterioridad por dichas personas, sin que esa declaración conste por escrito al haberse negado a ello (fojas 54 a 57). Esas pruebas las concatenó con las deposiciones de los testigos María Gilda Tumalan Solís y José Alberto Vázquez Apolonio, quienes en su orden, señalaron: La primera ser hermana de la agraviada y que ésta tiene un predio en la Colonia Dragos de esta ciudad, identificado con el número seis, de la Calle Ave de Paraíso, en el cual aquélla construyó una casa de madera y circuló con malla ciclónica, que dejó de habitar y sólo iba los fines de semana; saber que a finales de julio de esa anualidad le avisaron vía telefónica a su hermana que unas personas se metieron en su lote y destruyeron su casa, motivo por lo cual pidió que la acompañara, petición que hizo también a José Alberto Vázquez Apolonio; al llegar a aquel lugar encontraron a dos personas del sexo masculino limpiando, quienes fueron cuestionadas sobre el particular, sin proporcionar su nombre dijeron que el dueño los había mandado. Individuos a los cuales se les fotografió. Además que el seis de agosto siguiente acompañó a su hermana ante el ministerio público especializado en delitos de despojo, pues fue citada por dos personas, momento en el cual se dio cuenta que una de éstas era quien estaba en el interior del inmueble de la agraviada, individuo que se hacía acompañar de su esposa Perla Rubí Olea Hernández, quienes reclamaban como suyo dicho predio; ellos fueron cuestionados por su hermana respecto de la casa que habían destruido, sólo refirieron que el terreno era de su propiedad (fojas 61 y 62). El segundo, que el veinticuatro de julio de dos mil quince acompañó a la agraviada y a la hermana de ésta de nombre María Gilda al inmueble ya descrito, pues a ésta le informaron que habían derribado la casa que había construido; lugar al cual llegaron aproximadamente a las once de la mañana y encontraron a tres personas acomodando la madera de la cual estaba hecha la casa y así como "chapionando" el interior; individuos a quienes la agraviada encaró sobre el particular, pero estos se limitaron a decir que los había mandado el dueño sin señalar el nombre de éste y al darse cuenta que les tomaban fotografías se retiraron de ese lugar. Declaraciones valoradas correctamente por la autoridad responsable como indicios conforme con lo dispuesto por los artículos 121, en relación con el 127 del código adjetivo penal del Estado de Guerrero, con base en las reglas fijadas para la prueba testimonial, el primero, partiendo del hecho que se trata del propio agraviado, quien precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se causaron daños a su vivienda de manera clara, sin dudas ni reticencias, en tanto las segundas, porque fueron emitidas por personas que se enteraron de los hechos. Aunado a que por su edad y generales, se advierte tienen el criterio necesario para juzgar sobre los hechos que deponen. Esos medios de prueba los relacionó con la carta de posesión expedida a favor de la agraviada por la Comisaria Municipal de Puerto Márquez, en esta localidad; documental que la responsable valoró en términos de los artículos 120 y 124 del código procesal de la materia y que consideró suficiente para acreditar la agraviada se encuentra en posesión del bien descrito en la querella y que sufrió los daños. Así como con la inspección ocular practicada por el representante social en el lugar de los hechos, en la cual se hizo constar, entre otras cosas, las características del predio en el que se encontraba edificada una casa de madera tipo rústico que quedó reducida a escombros, así como el material de construcción de esa vivienda; y el dictamen pericial en materia de topografía y avalúo presentado por el perito oficial, en el que se asentó que el monto de los daños causados ascienden a la cantidad de $17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional). A esas pruebas de manera correcta se le concedió valor probatorio, respecto a la inspección en términos del numeral 58 del Código de Procedimientos Penales de Guerrero, virtud a que la llevó a cabo una autoridad expresamente facultada para ello, como lo es el órgano investigador en calidad de titular del ejercicio de la acción penal, conforme con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución General de la República; y en relación con la opinión experticial en términos del artículo 126 del código adjetivo, ya que lo emitió un especialista que cuenta con los conocimientos necesarios para opinar sobre la materia, el cual contiene los razonamientos por los que el perito basó su opinión, así como las operaciones, estudios propios de su arte que llevaron al experto a emitir su dictamen y en el que se describieron los daños ocasionados a la vivienda de la agraviada, así como su valor estimativo en dinero. (c) Respecto de la probable responsabilidad enunció de manera adecuada, las circunstancias particulares que tuvo para concluir que ésta no se encuentra demostrada hasta ese momento, pues del caudal probatorio existente no se advierte que Perla Rubí Olea Hernández y Mario Alberto Arce Peláez, hubiesen cometido los daños en la vivienda de la agraviada ni realizado actos tendentes para su materialización. Lo anterior, contrario a lo alegado por la quejosa en el concepto de violación identificado con la letra A, aun cuando en un inicio el juez responsable resolviera que las pruebas obrantes en la indagatoria eran suficientes para tener por comprobada la responsabilidad penal de los antes citados en la comisión del ilícito de daños y girar la orden de captura solicitada en contra de aquellos, la decisión que se analiza no se torna inconstitucional, en primer término, porque se trata de estadios procesales diversos dentro del proceso penal en el cual la verdad que pretende alcanzarse solo puede ser producto de un juicio donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas. Además, que el estudio realizado al momento de resolver la situación jurídica de los inculpados debe hacerse atendiendo al principio de igualdad, esto es así, al ser obligación del juzgador analizar cada uno de los medios de prueba aportados por los sujetos procesales a fin de lograr un equilibrio entre estos y obtener, como se adelantó, la verdad que pretende alcanzarse. En razón a esto, proceder como lo pretende la quejosa, sería tanto como coartar al inculpado el derecho que tiene de refutar las pruebas que lo incriminan, pues es a partir de que rinde su declaración preparatoria cuando tiene oportunidad de ofrecer pruebas para controvertir aquéllas aportadas por la parte que lo acusa y el juez de realizar un análisis de éstas. En relación con el motivo de disenso identificado con la letra B, contrario a lo sostenido por la peticionaria de amparo, el hecho de que los inculpados al rendir su declaración preparatoria se negaran a ser interrogados por el representante social no evidencia su participación en los hechos sino el ejercicio de un derecho constitucional consagrado en el artículo 20 de nuestra Carta Magna. Además, se estima acertado lo señalado por la responsable, en el sentido de que hasta ese momento procesal no hay medio de convicción alguno el cual pruebe que Perla Rubí Olea Hernández participó en la comisión del delito de daños. Primero, porque la agraviada señaló haber sido informada vía telefónica que seis personas del sexo masculino habían causados daños en su vivienda, sin haberse aportado prueba de que quienes le informaron sobre los hechos hicieran algún señalamiento en contra de Perla Rubí Olea Hernández y Mario Alberto Arce Peláez. Segundo, porque cuando la ofendida arribó al lugar de los hechos sólo encontró a tres de éstas, sin manifestar que Olea Hernández estuviera en el mismo o alguno de los individuos la señalara como una de las personas que participó en los daños. Aunado a que la acusación de la agraviada en contra de Perla Rubí Olea Hernández así como de Mario Alberto Arce Peláez tiene como sustento, un citatorio en el cual se indicó que estos la citaban ante la agencia del Ministerio Público Especializada en delito de Despojo, así como el hecho de ser esposos y que el último citado es uno de los individuos encontrados el día de los hechos en el interior del inmueble, cuya posesión refiere tener la sujeto pasivo. Pero, ninguna de las pruebas aportadas hasta ese momento evidencia su participación en los hechos, pese a que la quejosa manifestó haber tomado las fotografías momentos después de haber destruido su vivienda, ya que de esas, como acertadamente lo señaló el juez responsable no se aprecia que quienes aparecen en ellas estén causando daños al patrimonio de la peticionaria de amparo. Además, la inculpada demostró haber estado en la fecha en la cual sucedieron los hechos en su centro de trabajo y a Mario Alberto Arce Peláez, si bien lo ubican el día de ese acontecimiento, no se demostró que éste haya causado los daños a la vivienda de la peticionaria de amparo o realizado actos tendentes a ello; sin que pase desapercibido lo señalado por los testigos de cargo, relacionado al desahogo de la diligencia a la cual fue citada la agraviada por los ahora terceros interesados ya que estos, según lo refieren los atestes, se limitaron a decir que inmueble en el cual se encontraba el citado en último término era de su propiedad, hecho por el cual exhibió ante la responsable la documentación que así lo indicaba, de ahí que el resultado de una conducta que causó perjuicio al patrimonio de la agraviada se basa en una mera sospecha. Ahora, la circunstancia de que los inculpados no explicaran cuál fue la razón por la que la citaron a la agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos de Despojo, no puede ser materia de examen en este juicio, ya que del contenido del citatorio exhibido por la agraviada en la indagatoria, se advierte que el motivo de su cita era para presentar documentación relacionada con un predio distinto al referido en la causa penal de la cual deriva el acto reclamado. Por otra parte, respecto al hecho de que Perla Rubí Olea Hernández y Mario Alberto Arce Peláez tampoco señalaran el por qué se encontraban en el predio de la peticionaria de amparo; esa circunstancia es irrelevante, ya que la sola presencia de una persona en un determinado lugar no la hace responsable de la comisión de un ilícito, más tratándose de uno como el que se les atribuye a los ahora terceros interesados, en el caso daños, lo cual es insuficiente para ubicarlos en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 26 del Código Penal vigente. Esto, ya que para la materialización de ese delito es necesario se lleven a cabo una serie de actos tendentes a causar menoscabo en un patrimonio ajeno; circunstancia que, como se adelantó, hasta ese momento no está acreditada sino que se basa en una mera sospecha, primero, por el vínculo legal que une a Perla Rubí Olea Hernández y Mario Alberto Arce Peláez; y segundo, si bien éste último aparece en una de las fotografías presentadas como pruebas, como lo declaró en preparatoria pero ello se debió a que se encontraba en su predio y no el de la quejosa, además de esas impresiones no se advierte que esté realizando la conducta atribuida. Máxime que lo que no está en duda en la posesión de un predio sino quién ocasionó los daños. Finalmente, en relación con el último de los motivos de queja, relativo a la admisión y desahogo de la prueba de inspección ofrecida por los inculpados dentro del plazo constitucional, contrario a lo que afirma la peticionaria de amparo, ésta cumplió con las formalidades de ley, pues se llevó a cabo en los términos previstos en el artículo 105 del código procesal de la materia, al estar presente el Juez responsable asistido del Secretario de Secretario de Adeudos, así como el Ministerio Publico quien representa a la víctima, el defensor particular de los inculpados y de éstos, sin que para su validez sea necesaria la notificación a la agraviada, quien a pesar de no ser parte, por así disponerlo el artículo 5º del código procesal penal, no se dejó inaudito su derecho a ello, puesto que acudió al desahogo de esa diligencia el representante social adscrito. Ahora, si bien esa prueba no se llevó a cabo con la asistencia de un perito, tal circunstancia no incide en el desahogo de la misma, ya que sólo se dio fe de todo aquello que perciben sus sentidos, además tal prueba no acredita que los terceros interesados llevaron a cabo actos tendentes a destruir la vivienda de la agraviada. Lo anterior, no implica dejar a la parte agraviada en estado de indefensión, en razón de que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, no constituye una resolución irrevocable que ponga fin al proceso penal que se instruya por el delito atribuido, porque permite al Ministerio Público allegarse de más pruebas suficientes para que con esa aportación solicite nuevamente la reaprehensión o la comparecencia del inculpado, reanudándose el proceso penal. En efecto, el artículo 90 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero establece: "Artículo 90.- Si no se reúnen los elementos necesarios para la formal prisión o la sujeción a proceso, el juez dictará auto de libertad por falta de elementos para procesar, a no ser que proceda el sobreseimiento en la causa, en cuyo caso se dictará éste, con indicación de que el inculpado queda en libertad absoluta. Si se resuelve sólo la libertad por falta de elementos, el Ministerio Público puede promover nuevas pruebas y solicitar, en su caso, la reaprehensión o la comparecencia del inculpado." Como se puede ver, este precepto dispone que si no se reúnen los elementos necesarios para la formal prisión o la sujeción a proceso, el Juez debe dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar, a no ser que proceda el sobreseimiento en la causa, en cuyo caso se dictará éste, con indicación de que el inculpado queda en libertad absoluta. En otras palabras, cuando se consigna una averiguación previa ante el órgano jurisdiccional, y se emite el auto de radicación del proceso, una vez cumplida la orden de aprehensión, significa que dicho órgano cuenta con un plazo de setenta y dos horas para dictar el auto de plazo constitucional y determinar la situación jurídica del indiciado (artículo 19 constitucional), en el cual se pueden actualizar los siguientes supuestos: a) Que se decrete auto de formal prisión; b) Que se emita auto de sujeción a proceso sin restricción a la libertad; c) Que se dicte un auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley; y, d) Que se emita un auto de libertad absoluta. El auto de formal prisión constituye el acto mediante el cual, cuando se comprueban los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, y siempre que se trate de delitos respecto de los cuales las leyes prevean penas privativas de la libertad y que no se actualice alguna excluyente de responsabilidad, se sujeta al proceso penal al indiciado y se ordena su reclusión en un centro de prisión preventiva hasta en tanto se dicte sentencia firme. En cuanto al auto de sujeción a proceso sin restricción a la libertad, importa destacar que, a diferencia del auto de formal prisión, en este caso aun cuando se acreditan el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, se ordena la liberación del indiciado y se de sujeción al proceso, pues el delito por el cual éste se sigue tiene contemplada como sanción una pena que no es privativa de libertad o tiene pena alternativa (prisión o multa); en este sentido, la norma penal aplicable prevé que el indiciado enfrente el proceso en libertad. Por otra parte, el auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reservas de ley, se debe emitir cuando el Juez estima, al determinar la situación jurídica del indiciado, que no se acreditó algún elemento del cuerpo del delito que se le imputa o de su probable responsabilidad, que hace imposible el que se le sujete a proceso penal. Es de señalarse que el auto referido, si bien tiene como consecuencia la libertad del inculpado, ello no implica que el proceso penal haya concluido; en razón de que, el término "bajo las reservas de ley", tiene como consecuencia que el proceso penal quede en suspenso y abre la posibilidad para que el Ministerio Público, al allegarse de acervo probatorio suficiente para acreditar el cuerpo del delito, o para establecer la probable responsabilidad del indiciado, reanude el proceso penal. De manera que las documentales privadas, que afirma la parte quejosa, desvirtúan lo que justificó el inculpado con los diversos depósitos bancarios dentro de la preinstrucción, si bien no pueden valorarse al resolver el término constitucional, si pueden ser aportados ante el Ministerio Público investigador, para que en ejercicio de la potestad constitucional que le ha sido otorgada, aporte esos elementos de convicción y pueda solicitar de nueva cuenta la orden de reaprehensión o de comparecencia del inculpado. Ilustra a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1ª./J.10/2007, integrada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 32, del Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTO DE LIBERTAD BAJO RESERVA DE LEY POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR. NO ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCESO PENAL, POR LO QUE NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN SU CONTRA. El auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reserva de ley, se dicta cuando no se acreditó algún elemento del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado. Por lo que el término "bajo reserva de ley", permite al Ministerio Público allegarse de nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado, reanudándose así el proceso penal. En consecuencia, dicha resolución no pone fin o concluye el proceso penal, por lo que, en su contra, no procede el juicio de amparo directo, al no tratarse de una resolución que pone fin al juicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 44, en relación con el diverso 46, último párrafo y 158 de la Ley de Amparo." En las narradas consideraciones, se estima correcta la determinación de la responsable al resolver en la forma en que lo hizo; esto es, dictar en favor del inculpado auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, ante la deficiencia probatoria que advirtió al valorar lo manifestado tanto por la querellante y los testigos de cargo, como lo exige el artículo 90 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, el cual establece que si en el sumario no se reúnen los elementos necesarios para la formal prisión, se dictará auto de libertad por falta de elementos para procesar, como ocurrió en el caso; determinación a la que arribó en función del examen y justipreciación directa de las pruebas de cargo y descargo existentes en la etapa de preinstrucción, lo cual realizó de manera fundada y motivada. Luego, tomando en consideración que de la lectura integral de la resolución reclamada se señalaron los preceptos legales aplicables del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y se expusieron con precisión las circunstancias especiales, causas inmediatas y motivos particulares que llevaron al Juez responsable para dictar el auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de Perla Rubí Olea Hernández y Mario Alberto Arce Peláez, éste cumple con las exigencias que para todo acto de autoridad establece el numeral 16 Constitucional. Bajo ese contexto, ante la desestimación de los motivos de inconformidad esgrimidos por la parte quejosa y, al no advertirse queja deficiente que suplir, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se impone negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75 y demás relativos a la Ley de Amparo; se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Anabel Tumalan Solís, contra el acto reclamado al Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, consistente en el auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, dictado el ocho de marzo de dos mil dieciséis, en la causa penal 189/2015-I, a favor de Perla Rubí Olea Hernández y Mario Alberto Arce Peláez. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el cinco de septiembre de dos mil dieciséis, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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