Ana Xochitl Ramírez Bibiano
Expediente 295/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 295/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ana Xochitl Ramírez Bibiano
- Ana Laura Arriaga Godínez, Supervisora de la Unidad de Atención Inmediata Y Adscrita A la Subdelegación "B", Con Sede En Esta Ciudad
- ANA XOCHITL RAMÍREZ BIBIANO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinte de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito signado por Federico García Morales, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele la copia certificada que refiere, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida por Adilene Bollás Mendoza, Secretaria adscrita al propio Juzgado de Distrito que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 295/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día, por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Ana Xóchitl Ramírez Bibiano, en representación de su menor hija K.H.R., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades (en su denominación correcta) y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Agente del Ministerio Público de la Federación Supervisora de la Unidad de Atención Inmediata, con sede en esta ciudad. 2. Fiscalía General del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. ACTO RECLAMADO "ACTO DE OMISIÓN DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y OMISIÓN EN LA INVESTIGACIÓN." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 8, 20 y 21 Constitucionales. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previo desahogo de la prevención contenida en acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, por auto de cinco de abril siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 295/2018; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados, se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama una omisión suscitada dentro de una carpeta de investigación reprochada a una autoridad ministerial que radica en la jurisdicción de este órgano federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda, en relación con las constancias de autos, se obtiene que la parte quejosa comparece a este órgano jurisdiccional a reclamar la omisión en la integración de la carpeta de investigación iniciada en contra de Jesús Hernández Galeana, por el delito de pederastia, así como la falta de ejercicio de la acción penal. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La agente del Ministerio Público de la Federación Supervisora de la Unidad de Atención Inmediata de la Procuraduría General de la República, con domicilio en esta ciudad, negó la existencia de la omisión que se le reclama, lo que debe aceptarse en sus términos, en razón de que a dicha autoridad no le corresponde la integración de la carpeta de investigación aludida, tal y como lo hizo saber en el oficio 75/2018 de quince de febrero del año en curso, que remitió a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en el que anexó la constancia de canalización 69/2019 relativa a la denuncia presentada por Ana Xóchitl Ramírez Bibiano, en representación de su menor hija, y como se verá en el siguiente considerando; de ahí que no es factible reprocharle la omisión reclamada. En tal virtud, al no acreditarse la omisión reclamada, lo que procede es decretar el sobreseimiento del presente juicio a su respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Fiscalía General del Estado, a través del Director Jurídico, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, al rendir su informe justificado negó la omisión reclamada, empero al tratarse de una omisión le corresponde a ella acreditar que había tramitado y judicializado la carpeta de investigación de referencia; sin embargo, la negativa señalada queda desvirtuada en razón de que con la copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación número 12030270100421210318 que remitió con su informe, no se advierte la existencia de actos de investigación, como tampoco que la carpeta hubiere sido judicializada; por lo tanto, resulta existente la omisión que se le reprocha; dicha documental pública tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, de oficio se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Además, es de precisar que tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado, y sea el idóneo para producir los efectos ya mencionados. Ahora, como se expuso con antelación y quedó acreditado con el informe justificado la omisión que la parte quejosa reclama tiene su origen en la integración de una carpeta de investigación que no ha sido judicializada; así, se obtiene que se reprocha la actitud de no ejercicio de la acción penal que ha asumido la Fiscalía General del Estado, y si bien dicho actuar no es una determinación per se, la conducta de la autoridad tiene los mismos efectos que una resolución de no ejercicio. Para dar mayor claridad a lo anterior, es menester tener presente lo establecido en los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dicen: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;". De dichos preceptos se obtiene que la víctima u ofendido tiene la oportunidad de impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, o no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Ello es así, ya que la implementación del nuevo sistema de justicia penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tienen una situación de igualdad. De ahí que al tratarse el acto en estudio una omisión por parte del fiscal responsable de la integración de una indagatoria, el mismo es impugnable a través del medio de defensa innominado, previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." El precepto legal transcrito establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Control. Ahora, de una interpretación sistemática de los preceptos fundamentales y legales citados, se desprende que conforme al proceso penal acusatorio vigente en el Estado de Guerrero bajo el cual se rige el acto reclamado, las omisiones del Ministerio Público pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre y cuando previamente sean controvertidas dentro del proceso de origen ante la autoridad judicial correspondiente, esto es, combatir esas determinaciones ante el Juez de Control, impugnación que podrá tener efecto de modificar, revocar o nulificar esa situación, y si bien en el presente asunto se reclama una omisión de judicializar la carpeta de investigación; debe precisarse que el actuar del ministerio público se traduce en un no ejercicio de la acción penal, de ahí que el acto que se reclama es susceptible de ser impugnado en términos del numeral 258 aludido. Apoya lo expuesto TESIS JURISPRUDENCIAL 27/2018 (10a.) emanada de la contradicción número 233/2017, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, y que es de rubro tesis siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Así, se establece que la víctima u ofendido debe impugnar ante la autoridad judicial, cuando el Ministerio Público sea omiso o negligente en cumplir con sus funciones, al ser equiparables estas afectaciones a las determinaciones que afecten o impidan lograr la pretensión de la víctima u ofendido, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, ya que de una interpretación sistemática de las normas transcritas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. En ese sentido, considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de Control resolverá lo conducente, por lo que dicho medio garantiza a la víctima su derecho a que se le administre justicia. En tales circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia en comento, con base en la cual y con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo cuerpo de normas, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la tesis invocada a pie de página en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 217 y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; catorce de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de la Agente del Ministerio Público de la Federación Supervisora de la Unidad de Atención Inmediata, en Acapulco, Guerrero, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional.
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