Anabel Cavazos Macías

Expediente 512/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
512/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Anabel Cavazos Macías
  • Instituto Mexicano del Seguro Social

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Sin que sea óbice que para el Instituto Mexicano del Seguro Social no haya transcurrido el plazo para su impugnación, dado que dicha resolución no le depara perjuicio alguno y de llegar a hacerlo se le daría el trámite correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 512/2022-II, promovido por Anabel Cavazos Macías, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El trece de junio de dos mil veintidós, se recibió en la oficialía común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, la demanda de amparo presentada por Anabel Cavazos Macías, contra actos que reclama al Instituto Mexicano del Seguro Social, demanda que por razón de turno fue recibida por este Juzgado al día siguiente, en la cual reclamó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el siguiente acto: "4. Actos reclamados:  Convocatoria E/37/2021, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, de fecha 14 de diciembre de 2021, en su punto 1.2.  Como consecuencia de la ilegal e inconstitucional convocatoria, el oficio expedido por la Subcomisión Mixta de Escalafón, del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su representante M.D.O. Salvador Limas Gutiérrez, de fecha 09 de mayo de 2022, el cual me fue notificado en fecha 23 de mayo de 2022, lo cual afirmó bajo protesta de decir verdad, en dicho documento me niegan la inscripción a la convocatoria E/37/2021, solicitada mediante Cédula de inscripción y previa a la nominación, para la 2ª Enfermera Especialista en Pediatría." SEGUNDO. Por auto de catorce de junio de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo bajo el juicio 512/2022-II; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede, sin la asistencia de las partes; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º segundo párrafo, 37 tercer párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud que el acto reclamado, se atribuye a autoridad residente en ésta ciudad y con ejecución en la misma, donde este órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte impetrante consisten, en lo siguiente:  Convocatoria E/37/2021, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, de fecha 14 de diciembre de 2021, en su punto 1.2.  El oficio expedido por la Subcomisión Mixta de Escalafón, del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su representante M.D.O. Salvador Limas Gutiérrez, de fecha 09 de mayo de 2022, en el cual se niegan la inscripción a la convocatoria E/37/2021, solicitada mediante Cédula de inscripción y previa a la nominación para la 2ª Enfermera Especialista en Pediatría. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Se procede al análisis de la certeza del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, ya que así lo manifestó expresamente en su informe justificado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y siete-dos mil, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, este Tribunal Federal debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de garantías, toda vez que constituyen una cuestión de orden público y estudio preferente, y además, porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, quien esto resuelve, estima que se actualiza la causal de improcedencia que de manera oficiosa advierte, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el dispositivo 1 y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los numerales transcritos destaca como uno de los objetos del juicio de amparo la resolución de controversias generadas por normas generales, actos u omisiones de autoridades que vulneren los derechos humanos reconocidos por el Estado Mexicano, en razón de lo cual tal medio de control constitucional únicamente resulta procedente cuando el ente a quien se atribuye la calidad de autoridad goza de los rasgos distintivos contemplados en el normativo 5, fracción Il, trascrito, con independencia de su naturaleza formal. La esencia de esas notas características consiste en: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho respecto al cual un particular adquiere una posición de supra a subordinación. b) Que dicha relación emerja de la ley, dotando al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de ello emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni el consenso del afectado. Bajo ese contexto, de no reunirse la totalidad de dichos requerimientos no podrá considerarse que el acto reclamado haya sido emitido por una autoridad, al menos para efectos del amparo, resultando improcedente el juicio biinstancial. Apoya lo anterior la jurisprudencia 164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, localizada en la página 089. Tomo XXXIV, septiembre de 2011 Materia Común. Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, al analizar el aspecto destacado en el inciso a) deberá verificarse que no se esté en presencia de una relación de coordinación, que son las entabladas entre particulares colocados en un mismo plano, esto es en condiciones de igualdad; puesto que para la resolución de las controversias suscitadas en ese nivel debe acudirse a los procedimientos ordinarios legalmente establecidos en disposiciones de naturaleza civil, mercantil, agraria y de trabajo, por virtud de las cuales ante el sometimiento de las partes a una instancia judicial, coactivamente se imponen consecuencias jurídicas, lo que se traduce en la existencia de bilateralidad. En el caso, resulta necesario establecer que la parte promovente esencialmente se duele de la convocatoria E/37/2021, y su negativa para inscribirla a la dicha convocatoria para integrar el listado escalafonario, para la 2ª enfermera Especialista en Pediatría, ya que no reúne los requisitos de la convocatoria; lo que se corrobora con las documénteles que anexa a dicha demanda la impetrante del amparo, en las cuales se aprecia que le indican que no reúne el requisito siguiente: 1.2) La Institución Educativa sea púbica o particular debe contar con el registro de los planes de estudio, para los cursos Postécnicos y Posgrado con la Opinión Académica Técnico Favorable de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) o su representación en el Estado (La OTAF debe coincidir con el plan de estudios y la sede en la que se impartió el programa educativo y la vigencia del dictamen durante el periodo de desarrollo del curso). Aduce que lo anterior vulnera sus derechos fundamentales. Ahora, los artículos 1, 2, 3 y 8 del Reglamento de Escalafón del Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, establecen lo siguiente: "Artículo 1. El presente Reglamento determina las normas, trámites y requisitos generales para todo movimiento escalafonario en aplicación de las Cláusulas relativas al Contrato Colectivo de Trabajo Artículo 2. En el Instituto Mexicano del Seguro Social rige un escalafón nacional que comprende: a) Escalafones Regionales de Puestos de Base, y: b) Escalafones Regionales de Trabajadores de base, que a su vez comprende: 1. Registro de cambios, 2. Registro de regularización de interinos a plaza definitiva 3. Registro de promoción escalafonaria. Artículo 3. Los listados escalafonarios para promoción serán dinámicos, y se elaborarán en un plazo no mayor a 15 días hábiles por la Comisión Nacional o Subcomisión Mixta de Escalafón a partir de la fecha de recepción de las calificaciones enviadas por la Comisión Nacional Mixta o Subcomisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento y relación de trabajadores con Requisito 51 vigente. Los listados escalafonarios cuya eficiencia se calcule con documentos académicos se elaborarán anualmente. Artículo 8. La Comisión Nacional Mixta de Escalafón estará integrada por un Representante del Instituto y otro del Sindicato, designados libremente por las partes, quienes de común acuerdo nombrarán un árbitro que actuará en los casos de discrepancia." Los preceptos descritos se establece que los actos materia de reclamo por la parte quejosa, derivan de una relación contractual, en virtud de que la convocatoria y sus consecuencias, son actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social en coordinación con el Sindicato de Trabajadores de dicha institución, la cual se dirige a los trabajadores, específicamente, a los enfermeros que laboren en dicha institución; de lo que se evidencia que no actuaron como autoridades responsables al emitir los actos que la quejosa aquí recurre, pues para ser considerados de esta naturaleza deben ubicarse dentro de los denominados de supra a subordinación; donde la promovente debe tener el carácter de gobernada. En primer término, es necesario distinguir si se trata de una relación de coordinación, la que excluye la idea de la autoridad ya que por su propia naturaleza existirá un procedimiento establecido en el derecho privado para ventilar cualquier controversia que se suscite en vía civil o mercantil, incluso laboral, o bien, también puede suceder que las normas constitucionales coloquen al estado en situación jurídica parecida a la de un particular. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 307, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Materia Administrativa, Registro: 194367, cuyo tenor literal es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Así, la interpretación lógica y sistemática del precepto contenido en la legislación de amparo y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia "equivalencia" debe estar del juicio de amparo, su proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad, esto es, que esté autorizado precisamente con la finalidad de que en nombre del Estado emita actos unilaterales y obligatorios a través de los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que pudieran afectar la esfera legal de otro particular, y que para emitir esos actos, no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Cabe mencionar a lo anterior el criterio sustentado en la tesis XI.10.A.T.25 K (10a.), por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página 3823, del Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SOLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN Si, SINO ADEMAS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA." Cabe precisar que el Instituto Mexicano del Seguro social a través de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón y Subcomisión Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen atribuciones que están previstas en la ley y, pueden emitir actos en forma unilateral, en un plano de "supra a subordinación" frente a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para hacer cumplir sus determinaciones; sin embargo, ello no implica que todos los actos que emitan necesariamente sean impugnables a través del juicio de amparo, sino que debe analizarse la naturaleza del acto para determinar si actúa como autoridad y si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante situaciones jurídicas que afectan los derechos fundamentales. Asimismo, los particulares pueden ser autoridades responsables siempre y cuando afecten derechos en los términos destacados y actúen en funciones determinadas en una norma general. En el caso, como se asentó en párrafos que preceden, la quejosa reclamó la convocatoria E/37/2021, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, así como su negativa a inscribirse a dicha convocatoria, solicitada mediante cédula de inscripción y previa a la nominación de 2ª Enfermera Especialista en Pediatría, acto éste último emitido por el Instituto en mención, a través de la Subcomisión Mixta de Escalafón. De lo que se advierte que los actos combatidos, no reúnen las características para ser considerados como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y. por tanto, no resulta impugnable a través de éste. Pues, la promoción a cargos dentro de dicha institución serán regidos por los requisitos y convocatorias que consideren pertinentes y apegadas al contrato colectivo de trabajo, que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias; de ahí que resulte válido concluir que las actuaciones reclamadas, se llevaron a cabo en el ámbito laboral que rige las relaciones entre la institución que representa y los trabajadores, específicamente, enfermeros de dicha institución, como lo es la aquí quejosa; lo cual se relaciona con el contrato colectivo de trabajo. En efecto, la actuación de tales autoridades no deriva de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confieran atribuciones para actuar como autoridad de Estado modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que encuadran en una relación directa con los procedimientos de ascenso dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, ello con base en la propia normatividad interna o condiciones de trabajo que de acuerdo con su naturaleza, pueden clasificarse como actos que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales. Esto es, las citadas autoridades responsables, no actuaron en un plano de supra a subordinación entre autoridad y gobernado, sino que los actos que emitieron, se traducen en una actuación unilateral de índole patronal proveniente de la relación laboral entre la dependencia y la enfermera, sin involucrar una potestad pública administrativa que motive la procedencia del juicio de amparo pretendida, por lo que, están sujetas a la jurisdicción de los tribunales del trabajo; de ahí que en la emisión dichos actos materia de reproche por la impetrante del amparo, no se actúa con potestad imperio. Aunado a lo anterior, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) Sea equivalente a los de una autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y en forma obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) Afecte derechos creando,-modificando extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confieran las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado. Bajo esa perspectiva, aun cuando se atribuya como actos reclamados la convocatoria en mención y su negativa a inscribir a la quejosa a dicha convocatoria, respecto a la improcedencia de sus documentos que adjuntó en su registro para integrar el listado escalafonario a la nominación de 2ª Enfermera Especialista en Pediatría, derivado de la convocatoria emitida por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social; ello por sí solo, no colma las exigencias de los puntos destacados, pues dichas funciones no están determinadas en una norma general; y, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, únicamente repercute en la relación laboral en el Instituto Mexicano del Seguro Social de que se trata con su personal (enfermeros). Siendo una cuestión independiente y, de fondo, si se observaron los requisitos previstos en la aludida convocatoria, que prevé los requisitos que deben satisfacer los aspirantes, pues éstos no transforman la naturaleza de la relación laboral a una de supra a subordinación ni generan un acto de autoridad, si se toma en cuenta que la aquí quejosa labora en dicha institución de salud estatal "Instituto Mexicano del Seguro Social", pues la convocatoria se dirigió al personal y específicamente que se desempeñe como enfermero, que en la emisión de ésta no se actúa con imperio, sino en ejercicio de una decisión patronal y que ante el conflicto que pudiera suscitarse, está en posibilidad de deducir sus derechos ante la autoridad competente. En esas condiciones, es inconcuso que las autoridades señaladas como responsables, no actuaron en su calidad de autoridad, al emitir los actos materia de reclamo por la impetrante del amparo, sino como patrón y, siendo así, el juicio de amparo resulta improcedente. La anterior conclusión se robustece con la tesis P. XXVII1/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página ciento diecinueve, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter." En esa tesitura, al actualizarse la invocada causa de improcedencia en análisis, es procedente decretar el sobreseimiento, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Luego, con motivo al arribo de la anterior conclusión, se imposibilita el estudio de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo. Cobra aplicación el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis consultable en la página 93, Volumen 86, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Séptima Época, con registro 254008, de título: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." De igual forma, orienta el criterio del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Volumen 86, Sexta Parte, Semanario Judicial de la Federación, de la Séptima Época, registro 254008, página 93, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Es de explorado derecho que las causas de improcedencia y el consiguiente sobreseimiento, impiden jurídicamente que se entre al estudio del fondo del negocio, por no reunirse los requisitos establecidos por la ley para el ejercicio de la acción constitucional por lo tanto, el hecho de no haberse analizado los conceptos de violación, no causa agravio al recurrente, pues tales conceptos tienen por objeto demostrar las razones por las cuales el supuesto agraviado considera violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los preceptos de la Carta Magna mencionados en la demanda de amparo, sin que esa falta de estudio implique conculcamiento al derecho de pedir amparo, pues éste ya se ejercitó al formularse la demanda, la que no prospera si se declara improcedente el ejercicio de la acción Constitucional." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 79, 115, 117 y 124 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Anabel Cavazos Macías, contra los actos reclamados de la autoridad precisada en el resultando primero, conforme los motivos y fundamentos expuestos en el considerando último del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria que autoriza las actuaciones y da fe de sus actos, hasta hoy treinta de agosto de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado permitieron concluir el dictado de la presente sentencia. Doy Fe.

  3. Principal

    En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las once horas con veinticinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, autorizado por oficio CCJ/ST/2328/2022, de trece de junio del dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, se procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente a este juicio de amparo 512/2022-II, sin la asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia se procede a la lectura de la demanda de garantías y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del texto siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Abierto el periodo probatorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza, y tomando en consideración que no existen pruebas pendientes que desahogar se cierra dicho periodo. Por otro lado, se abre la etapa de alegatos, en la que se hace constar que únicamente los presentó el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no así las demás partes. El Secretario Encargado del Despacho acuerda: Se tienen por hechos los alegatos del Fiscal Federal adscrito y por concluido el periodo para presentarlos a las demás partes. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda, para lo cual firman esta acta el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, autorizado por oficio CCJ/ST/2328/2022, de trece de junio del dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión del Secretario con quien actúa y da fe. Doy Fe. El Secretario del Juzgado Sexto de Secretario Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos Lic. Hilario Quintero Torres

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que el informe con justificación rendido por el Representante Institucional de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social (Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chihuahua, del Instituto Mexicano del Seguro Social), con residencia en Chihuahua, Capital, no fue rendido con la anticipación que establece el artículo 117 de la ley de la materia, a fin de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar pruebas, con fundamento en el precepto en mención, el suscrito juzgador ordena de oficio el diferimiento de la audiencia constitucional que habría de celebrarse en esta fecha y para su verificativo se señalan las once horas con veinticinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano