Ana Teresa Juárez Porras
Expediente 225/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ana Teresa Juárez Porras
Actuaciones
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presente autos y toda vez que del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, se advierte que se ordenó el archivo definitivo, por lo que acorde a lo dispuesto en el "punto vigésimo", fracción iii del "Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito", se ordena su archivo por seis meses, transcurridos los cuales deberá destruirse. Así, conforme a lo ordenado en el "punto décimo primero", segundo párrafo, del acuerdo aludido, se ordena anotar en la carátula del expediente la fecha de archivo, asimismo que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, de conformidad, con lo que establece el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incapacidad medica del titular, ante la Secretaria de Juzgado, licenciada Iria Cárdenas Lozano, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. De conformidad a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el citado numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales, previa depuración, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, de conformidad, con lo que establece el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incapacidad medica del titular, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Ahora bien, y toda vez que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Por otra parte, téngase a la parte tercero interesado, autorizando con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas indicadas en el ocurso de cuenta. Finalmente, se tienen por hechas las manifestaciones realizadas por el tercero interesado, en el escrito de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, de conformidad, con lo que establece el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incapacidad medica del titular, ante la Secretaria de Juzgado, licenciada Iria Cárdenas Lozano, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos del seis de octubre de dos mil veinte, encontrándose en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa en unión del Secretario, licenciado Hilario Quintero Torres, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional del juicio de amparo 225/2020-V-B, promovido por Ana Teresa Juárez Porras, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, abierta la audiencia, el Secretario procede a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Acto seguido, se abre el periodo probatorio, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza, y toda vez que no existen otros elementos de prueba pendientes de desahogo, se cierra dicho periodo y se pasa a la fase de alegatos, sin que obre escrito alguno que los contenga, por lo que se declara cerrada la misma; habiéndose dado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, dicha representación social no presentó pedimento. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la siguiente sentencia: Visto para resolver el juicio de amparo 225/2020-V-B, promovido por Ana Teresa Juárez Porras, contra actos del Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de junio del dos mil veinte, ante la Oficina de Partes Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, por razón de turno remitido a este Juzgado el día siguiente, Ana Teresa Juárez Porras, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad, Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades, con sede en la localidad, a quienes reclamó lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: El ordenamiento dictado por la C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL POR AUDIENCIAS, de este Distrito Bravos de fecha TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, y que fuera publicado el día el día 14 de Julio de 2020, dentro del expediente Número 715/2019 promovido por el C. Jaime Ramón Andujo Chávez, en contra de la suscrita del inmueble ubicado en Calle El Dorado Número 844 del Fraccionamiento El Dorado, de esta ciudad, ordenando la desocupación y/o desalojo con el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, el bien raíz en cita, lo vengo ocupando en mi calidad de arrendataria desde hace más de cinco años, a través de contrato de arrendamiento celebrado con el señor JAIME RAMÓN ANDUJO CHÁVEZ, de las AUTORIDADES EJECUTORAS, les reclamo todos y cada uno de los actos, acuerdos, determinaciones tendientes en forma directa e inminente a privar de la posesión del bien raíz en comento, además de que nunca he sido notificada de dicha acción, dejando a la suscrita en total estado de indefensión, por la acción ordenada por la C. JUEZ SEGUNDO CIVIL POR AUDIENCIAS, de este Distrito Judicial Bravos, además de no haber concluido el término de contrato de arrendamiento celebrado y de encontrarme al corriente en el pago de las rentas pactadas en dicho contrato de arrendamiento en cita." SEGUNDO. Por auto de veinte de julio de dos mil veinte, se admitió la demanda, quedando registrada como expediente 225/2020-V-B, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente corresponde, se ordenó emplazar al tercero interesado, se requirió el informe con justificación a las autoridades responsables y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El suscrito Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; por tratarse, según se desprende de autos, de un juicio de amparo promovido en contra de actos realizados por autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la fijación del acto que se reclama. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención del impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: La orden de lanzamiento de la quejosa del inmueble ubicado en Calle El Dorado Número 844 del Fraccionamiento El Dorado, de esta ciudad, ordenado en auto de trece de julio de dos mil veinte, por la autoridad responsable Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, de esta ciudad, dentro del expediente 715/2019, promovido por el aquí tercero interesado Jaime Ramón Andujo Chávez, en contra de la quejosa; así como todas las actuaciones judiciales llevadas a cabo en el citado juicio, en cumplimiento a la ejecución de dicho acto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Las autoridades responsables, Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; Los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores Adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos; y Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, negaron la existencia de los actos que se le atribuyen. Incluso cabe patentizar que la autoridad responsable, Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en su informe respectivo agregó que en fecha veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó emplazar a la aquí quejosa al juicio de origen, seguidamente el dieciocho de septiembre del citado año se tuvo a la demandada dando contestación a la demanda entablada en su contra, intentando promover un incidente de nulidad de actuaciones, sin embargo, el mismo no prosperó, ya que al dar contestación en tiempo y forma la demanda, reconoció la competencia y consintió el emplazamiento que intentaba seguir; que luego la aquí quejosa Ana Teresa Juárez Porras, interpuso recurso de apelación contra el citado auto de dieciocho de septiembre del referido año, mismo que fue confirmado por la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Asimismo, que el veintiuno de octubre del dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia preliminar, en la que únicamente compareció la parte actora y en la cual se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, en la misma fecha se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia de juicio, la cual se llevó el cuatro de noviembre del citado año, data en la que se citó a las partes a oír la sentencia definitiva en la que en sus puntos resolutivos dicen: "PRIMERO.- Ha procedido la vía oral ordinaria civil. SEGUNDO.- La parte actora [Jaime Adujo Chávez] acreditó la procedencia de su acción, y [Ana Teresa Juárez] no acreditó sus excepciones; TERCERO.- Se condena a [Ana Teresa Juárez] al pago de la cantidad de $7,600.00 (siete mil seiscientos dólares moneda americana), por las mensualidades correspondientes a los meses de febrero al mes de agosto del dos mil dieciocho y enero a agosto de dos mil diecinueve, así como las rentas que se sigan generando hasta la desocupación y entrega del inmueble materia del presente juicio, a razón de [$400.00 dólares], mensuales. CUARTO.- Se condena a [Ana Teresa Juárez] a la desocupación y entrega del inmueble identificado como casa habitación ubicada en la calle [El Dorado], número [844], del Fraccionamiento [El Dorado] de esta ciudad a favor de [Jaime Andujo Chávez]. QUINTO.- Se absuelve a la demandada [Ana Teresa Juárez] del pago de servicios del inmueble. SEXTO.- Se condena a [Ana Teresa Juárez] al pago de gastos y costas que originen por la tramitación del presente juicio." Que en auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el recurso de apelación promovido por la demanda aquí quejosa Ana Teresa Juárez Porras, en contra de la referida sentencia. Finalmente, aduce la autoridad responsable, que en auto de trece de julio de dos mil veinte (auto reclamado por la aquí quejosa), se dictó un acuerdo que en lo conducente dice: "Se Recibe Resolución de Segunda Instancia que Confirma Sentencia. CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTE. Agréguese a los el oficio 385/2020 y anexos, recibidos en este Tribunal el Licenciado HÉCTOR ARTURO URREA MARTÍNEZ, Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual acompaña testimonio de la resolución dictada en el toca número 43/2020, de tres de julio de dos mil veinte, en la cual confirma la sentencia definitiva dictada por este Tribunal el quince de noviembre de dos mil diecinueve, así mismo se condena a la parte demanda a pagar gastos y costas en ambas instancias. Finalmente acúsese de recibo al estilo. N O T I F I Q U E S E. Así lo acordó y firma la Licenciada PERLA PATRICIA ROYVAL GUERRERO, Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, ante el Secretario Judicial, Licenciado JORGE ALFONSO HOLGUIN RODRÍGUEZ, con quien actúa y da fe. Doy Fe." Para acreditar lo anterior, la autoridad responsable anexo a su informe, copia certificada de las constancias que integran los autos del juicio oral ordinario civil 715/2019; pruebas documentales a las cuales, se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación a la Ley de Amparo, de conformidad con el ordinal 2º; y de las cuales en efecto se advierte la inexistencia de la orden de lanzamiento de que se duele la impetrante del amparo; de ahí que en efecto resulten inexistente dicho acto. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba que desvirtúe la negativa de las responsables, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Finalmente, cabe señalar que no constituye obstáculo para resolver el presente juicio en los términos antes expuestos, el hecho de que no se hayan emplazado con el carácter de tercero interesado a Jaime Ramón Andujo Chávez, en términos del artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pues si bien el emplazamiento a las partes es una regla que norma el procedimiento en el juicio de amparo, cuya inobservancia da lugar a la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad, esa violación procesal en comento se funda en que podría dictarse un fallo sin haberse dado oportunidad --a esa probable afectada-- de defenderse debidamente. Empero, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia no modifica en forma alguna la situación jurídica del tercero interesado no emplazado, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. Esta interpretación se sustenta en que el propósito de la reposición es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la especie. Así, en vista de que la presente sentencia no afecta la situación jurídica de la parte tercero interesada en comento, es razón suficiente para dictar el fallo que en derecho corresponde. Las anteriores consideraciones encuentran sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en caso de que se sobresea en el juicio o se niegue el amparo, la falta de emplazamiento a la parte tercera interesada le beneficiaría, y en aras de una pronta expedición de justicia, se debe pronunciar la sentencia que corresponda, como se advierte de la tesis de rubro y contenido : "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 63, fracción V, 73, 74, 75, 76 y 124 y demás relativos de la Ley de la Materia, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ana Teresa Juárez Porras, en términos de lo expuesto en el considerando tercero este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza, da fe. Doy Fe. seis de octubre de dos mil veinte
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