Ana Silvia Chaves Trujillo

Expediente 281/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
281/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • Ana Silvia Chaves Trujillo

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por la tercero interesada, ***********, mediante el cual desahoga la vista respecto del informe y las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo que una vez que fenezca el plazo de tres días otorgado a las partes mediante proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, se acordará lo conducente en relación con sus manifestaciones.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE NO ATENDER AVISO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Córdoba, Veracruz, a cuatro de abril de dos mil diecinueve. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que de las constancias que conforman los presentes autos se advierte que en la sentencia emitida el veinte de abril de dos mil dieciocho (fojas 122 a 155); el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, en auxilio de las labores de este Juzgado, determinó por una parte sobreseer en el presente juicio de amparo, y por otra conceder el amparo y protección de la justicia de la unión a la moral denominada *******, en los términos siguientes: "[.] Por lo anterior, es procedente el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el Director General de Transporte del Estado de Veracruz efectúe lo siguiente:  Deje insubsistente el acto que se le reclama consistente en la privación del derecho de circulación y tránsito de las unidades mencionadas, en las rutas previamente autorizadas para prestar el servicio público de transporte de pasajeros, sin que pueda volver a aplicar el lineamiento VII del decreto reclamado en perjuicio de la moral quejosa, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad destacado en esta sentencia.  Que en caso de pretender afectar los derechos antes señalados mediante la cancelación de las concesiones que corresponden a las unidades 1 a 12 propiedad de la moral quejosa, deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 171 de la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz, a efecto de garantizar el derecho de audiencia antes de la emisión del acto privativo.  Que de manera fundada y motivada, de contestación a la solicitud de empadronamiento al Programa de Reordenamiento y Regularización del Servicio de Transporte Público en Todas las Modalidades y Submodalidades Previstas en el Artículo 118 de la Ley 589 de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, formulada por la moral impetrante de amparo y la haga del conocimiento esta última. [.]" Inconforme con dicha sentencia, ***********, delegado de la autoridad responsable, Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz; órgano que mediante sentencia de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 258 a 289), dictada en el toca número 252/2018 de su índice, modificó el fallo recurrido y concedió el amparo impetrado únicamente en los términos siguientes: "[.] B. Se concede el amparo respecto de los diversos actos reclamados al Director General de Transporte del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, consistentes en: "c).- La privación del derecho de circulación y tránsito de las unidades mencionadas, en las rutas previamente autorizadas para prestar el servicio público de transporte de pasajeros, como acto de aplicación del decreto impugnado." para que dicha autoridad: "*Deje insubsistente el acto que se le reclama consistente en la privación del derecho de circulación y tránsito de las unidades mencionadas en las rutas previamente autorizadas para prestar el servicio público de transporte de pasajeros, sin que pueda volver a aplicar el lineamiento VII del Decreto reclamado en perjuicio de la moral quejosa, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad destacado en la sentencia recurrida. *Que en caso de pretender afectar los derechos antes señalados mediante la cancelación de las concesiones que corresponden a las unidades 1 a 12 propiedad de la moral quejosa, deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 171 de la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz, a efecto de garantizar el derecho de audiencia antes de la emisión del acto privativo [.]" De lo que se infiere que el Director General de Transporte del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo debía: a) Dejar insubsistente el acto reclamado consistente en la privación del derecho de circulación y tránsito de las unidades mencionadas en las rutas previamente autorizadas para prestar el servicio público de transporte de pasajeros; y b) No aplicar el lineamiento VII del Decreto reclamado en perjuicio de la moral quejosa, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad destacado en el fallo protector; y, en caso de pretender afectar los derechos antes señalados mediante la cancelación de las concesiones que corresponden a las unidades 1 a 12 propiedad de la moral quejosa, seguir el procedimiento establecido en el artículo 171 de la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz, a efecto de garantizar su derecho de audiencia antes de la emisión del acto privativo. El trece de febrero de dos mil diecinueve (fojas 386 y 387), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad responsable, Director General de Transporte del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, el cumplimiento del fallo protector. En acato a ello, dicha responsable mediante oficios SSP/DGTE/DJ/0686/2019 y SSP/DGTE/DJ/0993/2019 de veinte de febrero y trece de marzo de dos mil diecinueve (fojas 398 a 400 y 411 a 413), remitió diversas constancias con las cuales consideró dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; y en auto de veintidós de marzo del presente año (foja 414), se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que así lo hayan hecho. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en acuerdo de veintidós de marzo de este año (foja 414), en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis del informe en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitido por el Director General de Transporte del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, se desprende que mediante acuerdo administrativo de trece de marzo de dos mil diecinueve: I) Dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la privación del derecho de circulación y tránsito de las unidades mencionadas en las rutas previamente autorizadas para prestar el servicio público de transporte de pasajeros; II) Indicó que no volvería a aplicar el lineamiento VII del Decreto reclamado en perjuicio de la moral quejosa, y en caso de hacerlo, previamente debía agotar las formalidades esenciales y otorgar a dicha impetrante la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional. Determinación que además, hizo del conocimiento del Subdirector de Dispositivos de Transporte de la Dirección General de Transporte del Estado, y Delegado de Transporte Región III, ambos de Orizaba, Veracruz. Por tanto, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión; y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el incidente original deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez transcurridos tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese orden, el presente expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, en razón de que POR UNA PARTE SE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO, Y POR OTRA SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el segundo párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Tomando en consideración que de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa exhibió diversos documentos (14 a 34); por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquellos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, las referidas constancias correrán la misma suerte que este expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de billete de depósito al no obrar en autos alguno.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL.

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