Ana Patricia Chávez Cardoso

Expediente 403/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
403/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Ana Patricia Chávez Cardoso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Los efectos de la concesión del amparo a la parte quejosa*** son los siguientes*** Ahora, visto el oficio del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en Nogales, Veracruz, y el anexo que remite consistente en copia certificada de la resolución de diez de noviembre de dos mil veintitrés, mediante la cual aprobó el convenio celebrado entre la quejosa*** el tercero interesado*** sobre guarda y custodia, patria potestad, alimentos y convivencia con sus menores hijos de iniciales*** del auto de diecisiete de noviembre del año en curso, en que se decretó la firmeza del mismo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, por el término de tres días computado legalmente para que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto del oficio signado por la citada la autoridad responsable, apercibidas que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese, personalmente a la quejosa y por lista de acuerdos al tercero interesado.

  2. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 403/2023, promovido por*** contra un acto del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, con residencia en Nogales, que consideró violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, porque el acto reclamado se notificó por lista a la parte quejosa el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, 5 por lo que de conformidad con el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dicha notificación surtió sus efectos al día hábil siguiente, esto es, el veintiséis; y el lapso de quince días para promover la demanda de amparo previsto en el artículo 17, de la Ley de la Materia, transcurrió del veintisiete de abril al diecinueve de mayo del citado año. Lo anterior, sin contar en dicho lapso los días veintinueve y treinta de abril, uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de mayo, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés; 6 entonces, resulta oportuna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión del asunto, resulta pertinente reseñar algunos antecedentes relevantes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias remitidas por el juez responsable en vía de informe, cuyo valor probatorio se precisó en el considerando tercero, a saber*** SEXTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. SÉPTIMO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia*** OCTAVO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Es fundado lo afirmado por la parte quejosa, en el sentido de que la resolución reclamada viola en su perjuicio el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque para arribar a esa conclusión deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado deriva de un procedimiento en el que están involucrados menores de edad, cuyo interés superior debe prevalecer con independencia de quién promueva el juicio de amparo. En efecto, el acto reclamado carece de la motivación con la que debe cumplir todo acto de autoridad, lo que infringe en perjuicio de la parte quejosa la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El párrafo primero de dicho precepto constitucional establece*** El precepto transcrito contiene el principio de legalidad que se encuentran obligadas a observar todas las autoridades al emitir sus actos, según el cual, éstos deben ser emitidos por escrito por órgano competente, salvo el caso de los juicios y procedimientos orales; y ser fundados y motivados. En cuanto a los requisitos de fundamentación y motivación es pertinente precisar que por fundamentación se ha entendido el deber que tiene la autoridad de expresar los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario, mientras que la motivación es la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. En el caso, como se narró en la relación de antecedentes del acto reclamado, de las constancias que obran en el sumario natural se advierte que el siete de marzo del año en curso, la autoridad responsable ordenó requerir personalmente al demandado*** para que entregaran a los niños de iniciales*** a su progenitora*** con el apercibimiento que de no hacerlo, se solicitaría el auxilio de la fuerza pública; sin embargo, el veintinueve de ese mes y año, aquéllos se negaron. En consecuencia, el trece de abril del referido año, la actora*** solicitó que ante la negativa en cuestión, se hiciera efectivo el apercibimiento decretado, es decir, se ordenara el auxilio de la fuerza pública para lograr la reintegración de los niños con ésta. Al respecto, el veinticinco de abril del presente año, el juez natural acordó lo siguiente*** Por lo anterior, este órgano de control constitucional estima, como se anticipó, que el acto reclamado viola en perjuicio de la parte quejosa la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida que carece de motivación. Es así, dado que de la lectura de la determinación reclamada se desprende en lo que trasciende que la responsable se limitó a indicar, de forma dogmática, que antes de acordar lo respectivo en relación con la petición de la accionante de que se hiciera efectivo el apercibimiento formulado en autos, consistente en emplear el uso de la fuerza pública para lograr la reintegración de los menores*** era necesario llevar a cabo la inspección en el domicilio de los menores de iniciales*** así como la práctica de estudios psicológicos a la progenitora de éstos*** Sin embargo, omitió exponer los razonamientos lógicos y jurídicos, motivos o circunstancias especiales que le sirvieron de base para arribar a dicha determinación, pues no se advierte que haya indicado cuál fue el motivo por el que resultaba necesario antes de acordar la citada petición de la impetrante llevar a cabo las referidas diligencias; y no basta con señalar que ello es en interés superior del menor, pues esto debe quedar justificado. Mayor aun si se toma en cuenta, entre otras cosas, que: en proveído de siete de marzo del presente año, no condicionó hacer efectivo el apercibimiento de auxilio de la fuerza pública al desahogo de tales pruebas, sino únicamente al desacato de los terceros interesados en reintegrar a los menores involucrados con su progenitora; ya obra en autos un dictamen psicológico de la quejosa; y que el desahogo de uno nuevo, dada su especial naturaleza, podría violar derechos fundamentales de la impetrante, desde la perspectiva de la invasión a su derecho a la intimidad e individualidad. Así, al haber incurrido en la omisión señalada, la autoridad dejó a la impetrante en estado de indefensión, al no poder conocer ésta las causas, razones o motivos en los que se sustenta el acto que se reclama. De ahí que se concluya que la determinación que se combate carece de motivación; y que, por tanto, debe concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Cabe señalar que en esta instancia no procede subsanar las irregularidades precisadas, pues hacerlo implicaría tratar de perfeccionar dicho acto, sustituyéndose en las facultades que son exclusivas de la autoridad responsable (que es la competente para hacer el pronunciamiento respectivo), en tanto que a los órganos de control constitucional sólo les compete determinar si el acto reclamado es inconstitucional o no, pero no subsanarlo, corregirlo o mejorarlo, ya que ello corresponde a la autoridad de instancia en ejercicio pleno de su jurisdicción. Por tanto, resulta innecesario emprender el análisis de los restantes conceptos de violación formulados, ya que por el momento no se advierte que el estudio de alguno de ellos reporte un mayor beneficio que el alcanzado con la ponderación del motivo de disenso que resulta fundado; además de que las transgresiones alegadas en ellos podrían quedar superadas con el dictado de la nueva determinación que deberá emitir la responsable en acatamiento a este sentencia, una vez que quede firme. En consecuencia, al encontrarse demostrada la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz*** Deje insubsistente el proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio ordinario civil*** únicamente en la parte conducente en la que acordó la petición formulada por la aquí quejosa*** mediante escrito recibido el trece de abril del referido año, en el sentido de que se hiciera efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se ordenara emplear el auxilio de la fuerza pública para lograr la reintegración de los menores involucrados con ésta*** Emita uno nuevo en el que, con plenitud de jurisdicción, en caso de que reitere el sentido del acto reclamado, exponga los razonamientos lógicos y jurídicos, motivos o circunstancias especiales que le sirvan de base para arribar a esa conclusión, esto es, justifique su decisión de ordenar el desahogo de las diligencias a las que se hizo referencia en líneas precedentes, antes de acordar de conformidad o no la citada petición de la impetrante. NOVENO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA a AMPARA*** contra el acto reclamado del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a los terceros interesados.

  3. Principal

    NO ATENDIO AL AVISO SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOSA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA QUE DICE Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 403/2023, promovido por*** contra un acto del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, con residencia en Nogales, que consideró violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, porque el acto reclamado se notificó por lista a la parte quejosa el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, 5 por lo que de conformidad con el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dicha notificación surtió sus efectos al día hábil siguiente, esto es, el veintiséis; y el lapso de quince días para promover la demanda de amparo previsto en el artículo 17, de la Ley de la Materia, transcurrió del veintisiete de abril al diecinueve de mayo del citado año. Lo anterior, sin contar en dicho lapso los días veintinueve y treinta de abril, uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de mayo, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés; 6 entonces, resulta oportuna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión del asunto, resulta pertinente reseñar algunos antecedentes relevantes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias remitidas por el juez responsable en vía de informe, cuyo valor probatorio se precisó en el considerando tercero, a saber*** SEXTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. SÉPTIMO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia*** OCTAVO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Es fundado lo afirmado por la parte quejosa, en el sentido de que la resolución reclamada viola en su perjuicio el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque para arribar a esa conclusión deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado deriva de un procedimiento en el que están involucrados menores de edad, cuyo interés superior debe prevalecer con independencia de quién promueva el juicio de amparo. En efecto, el acto reclamado carece de la motivación con la que debe cumplir todo acto de autoridad, lo que infringe en perjuicio de la parte quejosa la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El párrafo primero de dicho precepto constitucional establece*** El precepto transcrito contiene el principio de legalidad que se encuentran obligadas a observar todas las autoridades al emitir sus actos, según el cual, éstos deben ser emitidos por escrito por órgano competente, salvo el caso de los juicios y procedimientos orales; y ser fundados y motivados. En cuanto a los requisitos de fundamentación y motivación es pertinente precisar que por fundamentación se ha entendido el deber que tiene la autoridad de expresar los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario, mientras que la motivación es la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. En el caso, como se narró en la relación de antecedentes del acto reclamado, de las constancias que obran en el sumario natural se advierte que el siete de marzo del año en curso, la autoridad responsable ordenó requerir personalmente al demandado*** para que entregaran a los niños de iniciales*** a su progenitora*** con el apercibimiento que de no hacerlo, se solicitaría el auxilio de la fuerza pública; sin embargo, el veintinueve de ese mes y año, aquéllos se negaron. En consecuencia, el trece de abril del referido año, la actora*** solicitó que ante la negativa en cuestión, se hiciera efectivo el apercibimiento decretado, es decir, se ordenara el auxilio de la fuerza pública para lograr la reintegración de los niños con ésta. Al respecto, el veinticinco de abril del presente año, el juez natural acordó lo siguiente*** Por lo anterior, este órgano de control constitucional estima, como se anticipó, que el acto reclamado viola en perjuicio de la parte quejosa la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida que carece de motivación. Es así, dado que de la lectura de la determinación reclamada se desprende en lo que trasciende que la responsable se limitó a indicar, de forma dogmática, que antes de acordar lo respectivo en relación con la petición de la accionante de que se hiciera efectivo el apercibimiento formulado en autos, consistente en emplear el uso de la fuerza pública para lograr la reintegración de los menores*** era necesario llevar a cabo la inspección en el domicilio de los menores de iniciales*** así como la práctica de estudios psicológicos a la progenitora de éstos*** Sin embargo, omitió exponer los razonamientos lógicos y jurídicos, motivos o circunstancias especiales que le sirvieron de base para arribar a dicha determinación, pues no se advierte que haya indicado cuál fue el motivo por el que resultaba necesario antes de acordar la citada petición de la impetrante llevar a cabo las referidas diligencias; y no basta con señalar que ello es en interés superior del menor, pues esto debe quedar justificado. Mayor aun si se toma en cuenta, entre otras cosas, que: en proveído de siete de marzo del presente año, no condicionó hacer efectivo el apercibimiento de auxilio de la fuerza pública al desahogo de tales pruebas, sino únicamente al desacato de los terceros interesados en reintegrar a los menores involucrados con su progenitora; ya obra en autos un dictamen psicológico de la quejosa; y que el desahogo de uno nuevo, dada su especial naturaleza, podría violar derechos fundamentales de la impetrante, desde la perspectiva de la invasión a su derecho a la intimidad e individualidad. Así, al haber incurrido en la omisión señalada, la autoridad dejó a la impetrante en estado de indefensión, al no poder conocer ésta las causas, razones o motivos en los que se sustenta el acto que se reclama. De ahí que se concluya que la determinación que se combate carece de motivación; y que, por tanto, debe concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Cabe señalar que en esta instancia no procede subsanar las irregularidades precisadas, pues hacerlo implicaría tratar de perfeccionar dicho acto, sustituyéndose en las facultades que son exclusivas de la autoridad responsable (que es la competente para hacer el pronunciamiento respectivo), en tanto que a los órganos de control constitucional sólo les compete determinar si el acto reclamado es inconstitucional o no, pero no subsanarlo, corregirlo o mejorarlo, ya que ello corresponde a la autoridad de instancia en ejercicio pleno de su jurisdicción. Por tanto, resulta innecesario emprender el análisis de los restantes conceptos de violación formulados, ya que por el momento no se advierte que el estudio de alguno de ellos reporte un mayor beneficio que el alcanzado con la ponderación del motivo de disenso que resulta fundado; además de que las transgresiones alegadas en ellos podrían quedar superadas con el dictado de la nueva determinación que deberá emitir la responsable en acatamiento a este sentencia, una vez que quede firme. En consecuencia, al encontrarse demostrada la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz*** Deje insubsistente el proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio ordinario civil*** únicamente en la parte conducente en la que acordó la petición formulada por la aquí quejosa*** mediante escrito recibido el trece de abril del referido año, en el sentido de que se hiciera efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se ordenara emplear el auxilio de la fuerza pública para lograr la reintegración de los menores involucrados con ésta*** Emita uno nuevo en el que, con plenitud de jurisdicción, en caso de que reitere el sentido del acto reclamado, exponga los razonamientos lógicos y jurídicos, motivos o circunstancias especiales que le sirvan de base para arribar a esa conclusión, esto es, justifique su decisión de ordenar el desahogo de las diligencias a las que se hizo referencia en líneas precedentes, antes de acordar de conformidad o no la citada petición de la impetrante. NOVENO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA a AMPARA*** contra el acto reclamado del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a los terceros interesados.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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