Ana Paulina Ysita Muñiz

Expediente 1023/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1023/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/06/2021

Partes del expediente

  • Ana Paulina Ysita Muñiz

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, junto un anexo; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, toda vez que del informe justificado se advierte que la quejosa reclama la sentencia interlocutoria de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en autos del expediente número 566/2017, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales, promovido por la aquí quejosa Ana Paula Ysita Muñiz, contra MIGUEL SANTAULARIA TOMAS, en la cual se resolvió los recursos de revocación interpuesto por ambas partes, en contra del auto de seis de marzo del año dos mil dieciocho, que de igual forma fue señalado como acto reclamado en el diverso juicio de amparo 919/2021, del índice de este órgano de control constitucional, promovido por MIGUEL SANTAULARIA TOMAS, por sí y en representación de sus hijas menores de iniciales I.S.Y. y V.S.Y.; con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, resulta procedente la acumulación de este expediente al diverso juico de amparo 919/2021-I, ambos del índice de este órgano jurisdiccional, a fin de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia con el rubro siguiente: ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. Igualmente, ilustra lo anterior la tesis que a la letra dice: ACUMULACIÓN DE AUTOS. El objetivo primordial de la acumulación de autos, según se desprende del análisis lógico y congruente de los artículos 57 y 63 de la Ley de Amparo, es acatar el principio de economía procesal traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de garantías en donde se reclama el mismo acto y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias contradictorias; resultando de lo anterior, que a pesar de la tramitación y de la resolución conjunta y simultánea, los juicios de amparo acumulados conservan su individualidad, es decir, sus características propias. De lo anterior se infiere que la circunstancia de que no se haya declarado la acumulación de ninguna manera implica que se hubiere dejado sin defensa a las partes o que pudiera influir de manera decisiva en la sentencia que deba dictarse en definitiva, ni menos aún que no haya sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; motivo por el cual es claro que no está en presencia del supuesto normativo que contemple el artículo 91, fracción IV, segunda parte, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Por lo anterior, en términos del artículo 67 de la ley de la materia, se ordena la acumulación del presente juicio de amparo IIl-1023/2021 (que es el más reciente) al diverso juicio de amparo 919/2021-l (por ser el más antiguo), ya que este último se recibió el veinticuatro de mayo de dos mil veintiunno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito y el citado en primer término, se recibió en dicha oficina el siete de junio del año que transcurre. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y a fin de continuar con el trámite de dichos expedientes y para estar evitar, en su caso, el pronunciamiento de sentencias contradictorias. Asimismo, fórmese para dicho asunto, una sola carátula, en la que se debe asentar en el casillero designado para el juicio de amparo: "919/2021-I y ACUMULADO 1023/2021-IlI" y remítanse los presentes autos.

  2. Principal

    Agréguense a estos autos los oficios signados por la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familiar del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante los cuales, en cumplimiento con lo ordenado en el acuerdo de nueve de junio del presente año, informa que se designó a los licenciados en derecho María Jesús Jiménez García, y/o Rodrigo Humberto González Uc, para fungir, independientemente uno de los otros, como representantes especiales de las menores de edad involucradas en este juicio de amparo; en tal virtud, déjese sin efecto legal el apercibimiento decretado en dicho auto. En consecuencia, remítaseles copia de la demanda de amparo respectiva en las instalaciones que ocupa la dependencia a la cual se encuentran adscritos; y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, prevéngaseles para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificados de este acuerdo, presenten su escrito en el que manifiesten si aceptan o no el cargo para el que han sido designados, y en su caso, rindan la protesta de ley, debiendo en su caso proporcionar algún medio de contacto electrónico y en general elaborar sus actuaciones por esa vía, a fin de privilegiar las medidas de distanciamiento social derivado de la pandemia tal como se indicó en auto de nueve de junio del año en curso, en el que se admitió el presente juicio, el cual se ordena remitir en copia a los representantes designados a fin de que conozcan los términos de dicho acuerdo relacionados con la forma de tramitación y notificaciones en este juicio en lo sucesivo. Apercibidos que de no presentar el escrito para informar si aceptan el cargo, o no manifiesten la imposibilidad que tengan para ello, se les impondrá la multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por desacato a un mandato de autoridad judicial.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ANA PAULA YSITA MUÑIZ, por su propio derecho y en representación de sus hijas menores de edad INÉS Y VICTORIA, ambas de apellidos SANTAULARIA YSITA, contra un acto que reclama del Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1023/2021. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe. Apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que limita el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrá rendirlos vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. Se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad responsable ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Ahora, respecto a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, es importante hacer mención del oficio DEY/4458/20, de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, signado por el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL, Encargado del Despacho de la Delegación Estatal en Yucatán de la Fiscalía General de la República, en el que se comunica que la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, fungirá, a partir del uno de enero del año en curso, como Fiscal Federal Adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán; y se proporciona la dirección de correo electrónico institucional: rossana.rosas@pgr.gob.mx, para todo tipo de comunicación oficial con este Juzgado de Distrito, por tanto, hágasele de su conocimiento la admisión de esta demanda por el conducto que indica. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a la autoridad responsable a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Ahora bien, de la demanda de amparo suscrita por la parte quejosa, se desprende que se encuentran en pugna derechos que involucran a los menores quejosas, los que pudieran resultar contrario al de sus padres, pues éstos han demostrado tener intereses controvertidos, tal como se demuestra del proceso seguido ante la propia autoridad señalada como responsable; situación que hace evidente que entre dichas menores y sus padres, podría existir un conflicto de intereses, que no garantiza que alguno de ellos ejerza una efectiva representación sobre ellos, debido a que precisamente lo que se reclama en este controvertido constitucional es la decisión de un Juez que afecta a las citadas infantes Atento a lo anterior, esta Juzgadora considera que es necesario que las menores sean representadas en el asunto que nos ocupa, no solo formal, sino también materialmente; es decir, en forma efectiva, por un tutor especial, como lo dispone el artículo 8° de la Ley de Amparo, que si bien no prevé exactamente el caso que aquí se trata, de una interpretación extensiva del citado precepto, en tanto de su texto subyace la intención del legislador de que se provea a las menores una representación efectiva, obliga a esta Juzgadora a obrar en consecuencia. Por tanto, es inconcuso que en este asunto, en el que están involucrados derechos de las aludidas niñas, existe un conflicto de intereses entre quienes pudieran ser sus legítimos representantes, por lo que resulta conveniente que se nombre un representante especial y, en el caso, se estima que debiera serlo la persona que nombre la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia dependiente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Por lo que, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, gírese oficio a su superior, esto es, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia dependiente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente a su recibo, nombre de un profesionista adscrito a dicha dependencia, que pueda fungir como representante especial para las menores, a quien en el propio acto de aceptación de cargo, se le debe correr traslado con el libelo constitucional y los anexos, a fin de que pueda ejercer adecuadamente su representación. Apercíbase a la autoridad que de no cumplir con lo solicitado dentro del plazo fijado, se hará acreedora a una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I, del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo antes concluido, es acorde a lo señalado en el protocolo de actuaciones para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en marzo de dos mil doce, que establece las principales características de la infancia y sus implicaciones en un proceso jurídico, que precisa que, el interés superior del niño, niña o adolescente es uno de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño. De hecho, ha sido interpretado como el principio "rector-guía" de dicha Convención, lo que significa que con base en él deben entenderse el resto de los derechos reconocidos en aquélla. De esta forma, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, en todas las medidas concernientes a los niños, niñas y adolescentes que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberán considerar primordialmente atender el interés superior de los menores de edad. Lo anterior, buscando en todo momento que el niño, niña o adolescente comprenda los acontecimientos que se desarrollen antes, durante y al término de un procedimiento administrativo o judicial, sin ser afectado en su integridad y derechos. Ello, aunado a que de acuerdo con los órganos de las Naciones Unidas este principio incluye, por una parte, el derecho a la protección, lo que supone que todo niño, niña o adolescente sea protegido contra toda forma de sufrimiento, injusticia o descuido, incluidos el abuso físico, psicológico, mental y emocional; y por otra, la posibilidad de desarrollarse en forma armoniosa, es decir, que tenga derecho a crecer en un ambiente grato y con un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se estima que le recae el carácter de tercero interesado en este juicio a Miguel Santaularia Tomas de conformidad con lo establecido en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se comisiona al Actuario adscrito a éste órgano jurisdiccional a fin de que proceda a emplazar al aludido Miguel Santaularia Tomas al presente juicio de amparo, en el domicilio que señaló la quejosa en su demanda de amparo, con entrega de una copia del escrito de demanda y haciendo de su conocimiento el contenido de este acuerdo, así como informándole que puede comparecer a este juicio con dicho carácter si así conviene a sus intereses; asimismo, prevéngasele para que en el término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole que no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le hará por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal. En el entendido, que la anterior notificación deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del citado Acuerdo General 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que establece que cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de amparo y como sus autorizados a las personas que señala con las facultades conferidas. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la quejosa y sus autorizados, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó.

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