Ana Paula Ysita Muñiz
Expediente 784/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 784/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ana Paula Ysita Muñiz
- Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
TMESA VI. da vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veinte de agosto del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.
- Principal
MESA VI. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que el diez de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable, al cual adjuntó copia certificada de las constancias relativas al juicio de divorcio incausado 566/2017 de su índice, particularmente el acuerdo de tres de agosto del año en curso, en el cual se tuvieron por recibidos ocho oficios signados por el Coordinador de Asuntos Contenciosos y Laborales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán y se acordaron, entre otros, dos escritos signados por la parte quejosa en fechas doce y veintitrés de marzo del año en curso. Ahora bien, se trae a colación que los actos que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistieron precisamente en la falta de providencia respecto al aseguramiento y entrega de los alimentos decretados provisionalmente a favor de los acreedores alimentistas, así como la falta de acuerdo a los escritos presentados en fechas doce y veintitrés de marzo del año en curso. En consecuencia, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de actos que ya no afectan al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, como ya se ha dicho, se reclamó la falta de providencia respecto al aseguramiento y entrega de los alimentos decretados provisionalmente a favor de los acreedores alimentistas, así como la falta de acuerdo a los escritos presentados en fechas doce y veintitrés de marzo del año en curso. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la juez responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el tres de agosto del año en curso, ordenó la entrega del numerario allegado en concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los acreedores respectivos; así mismo, se acordó lo conducente respecto al recurso interpuesto en el memorial de doce de marzo de dos mil dieciocho y a las pruebas ofrecidas en el ocurso de veintitrés de marzo del mismo año. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de las omisiones atribuidas a la autoridad responsable, al haberse demostrado que en el acuerdo de tres de agosto del año en curso, se atendieron puntualmente dichas cuestiones, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
Mesa VI. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que el diez de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable, al cual adjuntó copia certificada de las constancias relativas al juicio de divorcio incausado 566/2017 de su índice, particularmente el acuerdo de tres de agosto del año en curso, en el cual se tuvieron por recibidos ocho oficios signados por el Coordinador de Asuntos Contenciosos y Laborales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán y se acordaron, entre otros, dos escritos signados por la parte quejosa en fechas doce y veintitrés de marzo del año en curso. Ahora bien, se trae a colación que los actos que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistieron precisamente en la falta de providencia respecto al aseguramiento y entrega de los alimentos decretados provisionalmente a favor de los acreedores alimentistas, así como la falta de acuerdo a los escritos presentados en fechas doce y veintitrés de marzo del año en curso. En consecuencia, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de actos que ya no afectan al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, como ya se ha dicho, se reclamó la falta de providencia respecto al aseguramiento y entrega de los alimentos decretados provisionalmente a favor de los acreedores alimentistas, así como la falta de acuerdo a los escritos presentados en fechas doce y veintitrés de marzo del año en curso. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la juez responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el tres de agosto del año en curso, ordenó la entrega del numerario allegado en concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los acreedores respectivos; así mismo, se acordó lo conducente respecto al recurso interpuesto en el memorial de doce de marzo de dos mil dieciocho y a las pruebas ofrecidas en el ocurso de veintitrés de marzo del mismo año. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de las omisiones atribuidas a la autoridad responsable, al haberse demostrado que en el acuerdo de tres de agosto del año en curso, se atendieron puntualmente dichas cuestiones, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
MESA VI. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Jueza Sexto en materia de Oralidad Familiar del Poder Judicial del Estado, así como el anexo que acompaña; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa.
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