Ana Paula Rodrigues

Expediente 344/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
344/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Ana Paula Rodrigues

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, once de noviembre de dos mil veintiuno. Integración de oficio. Agréguese a los autos el oficio que remite la actuaria judicial adscrita al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, y atento a su petición, remítase copia certificada de las constancias que solicita. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de junio de dos mil veintiuno. Declaración de estado. Del estado de autos se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que éste ha causado estado.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Integración de oficio. Agréguese únicamente para que obre como legalmente corresponda, el oficio que firma el jefe de la unidad jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en atención a que el treinta de abril anterior, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta de abril de dos mil veintiuno. Oficio y anexo. Agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, el oficio y anexo de cuenta remitidos por el subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que el treinta y uno de marzo anterior, le fueron entregados a la parte quejosa los medicamentos detallados en la receta médica que en su momento le prescribió el médico tratante. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos queda en relieve que la impetrante reclama de las autoridades señaladas como responsables lo siguiente: ? Negativa a proporcionarle atención médica y suministro de medicamentos que requiere para controlar y atender las enfermedades de hipotiroidismo, dislipidemia, trastorno depresivo de la conducta y control de premenopausia. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del análisis de las documentales exhibidas por la responsable en cita, este órgano de control constitucional advierte de forma oficiosa la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual refiere: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto trascrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando la actuación ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo. En el presente asunto, la quejosa en su demanda reclamó la negativa de proporcionarle el medicamento adecuado; asimismo especificó cuál era el padecimiento que le aquejaba. Ahora bien, consta en el sumario que el subdirector de Servicios Administrativos Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, hizo del conocimiento que entregó a la quejosa los medicamentos alusivos en los vales de referencia, para su suministro oportuno. Además, lo expuesto en el párrafo previo se encuentra soportado con la documental exhibida por la autoridad responsable que contiene la constancia de entrega material del medicamento prescrito a la quejosa. En ese contexto, se arriba a la conclusión de que se ha restituido a la agraviada de trato, en el goce de sus prerrogativas fundamentales, esto es, conforme a las notas médicas exhibidas en la demanda de amparo, recibió atención médica; asimismo, se le entregó el medicamento requerido; lo que se traduce en que volvieron las cosas al estado que guardaban hasta antes de la existencia de la violación reclamada, lográndose con ello el mismo efecto jurídico que tendría la sentencia concesoria de la protección constitucional que eventualmente se hubiese dictado en el presente juicio de derechos humanos; por lo que es claro que se está en el supuesto jurídico de improcedencia apuntado. Apoya lo anterior, la tesis número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del instrumento de consulta que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, si la afectación reclamada radicaba en la falta de atención médica y suministro de medicamentos, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad en comento, toda vez que con el actuar de las responsables, las cosas quedaron a favor de la parte quejosa tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo en vigor. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, foja 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. En el entendido de que la atención médica y suministro de medicamentos que se brinde a la quejosa, debe preservarse por las autoridades responsables, pues de lo contrario, resultaría patente que el haberle brindado únicamente la que se encuentra acreditada en el presente asunto, tuvo como singular finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada ?negativa a brindar atención médica y medicamentos?, lo que sin duda podría actualizar los elementos del delito a que se refiere la fracción II del artículo 262 de la Ley de Amparo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y personalmente a la demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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