Ana Paula Domínguez Aboyte
Expediente 1213/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1213/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 20/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Ana Paula Domínguez Aboyte
- Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Certificación. El veinte de diciembre de dos mil veintidós, Santiago Flores Cota, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del seis al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; lo anterior se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El veinte de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Destino de incidente. Provéase lo correspondiente en el incidente de suspensión derivado del presente juico de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Certificación. El veinte de diciembre de dos mil veintidós, el secretario hace constar que en esta fecha, en el cuaderno principal, se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente y se ordenó proveer sobre la valoración y destino de los cuadernos incidentales. Conste. Cuenta. El veinte de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con un la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que en esta fecha en el cuaderno principal se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depurase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y la suspensión definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que en esta fecha en el cuaderno principal se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depurase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y la suspensión definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Actualización de causal de improcedencia. Visto el contenido de la certificación de cuenta, de la que se advierte que se considera que se actualiza una causal de improcedencia; por tanto, se procede al análisis de autos en los siguientes términos: Sobreseimiento por cesación de efectos. Del estado procesal que guardan los autos del sumario, efectivamente se evidencia la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en: La negativa de la atención médica por parte de las responsables a pesar de estar afiliada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que agrega que se le impide el derecho a la Salud, que contempla el numeral 4 Constitucional. Dicho acto omisivo resultó cierto, pues a la fecha de presentación de la demanda (nueve de septiembre del año en curso), la quejosa no estaba dada de alta como derechohabiente vigente ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Lo anterior se acredita con las manifestaciones efectuadas por la quejosa en su demanda, bajo protesta de decir verdad, y que fue corroborado con el contenido del informe justificado rendido por el encargado del despacho de la Subdirección de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, quien manifestó a este juzgado que la aquí quejosa, carecía de los derechos para estar afiliada a dicho instituto en virtud de que para acceder a los servicios de salud, era necesario que actualizara y/o presentara constancia de estudios ante el Departamento de Afiliación y Derechos de dicho instituto, razón por la que aparecía como dada de baja. No obstante lo anterior, la autoridad responsable de referencia, remitió copia certificada de diversas constancias, entre las cuales se encuentra la relativa al actual "Estado del beneficiario" de derechohabiente, en la que la ahora quejosa aparece con estatus de "VIGENTE", con fecha de vigencia del trece de octubre de dos mil veintidós, al diez de marzo de dos mil veintitrés. A esas constancias remitidas por la responsable en copia certificada, este juzgador les otorga plena validez probatoria en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y, concretamente con la referida en el párrafo que antecede, la responsable subdirector de Despacho de la Subdirección de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, informó que se dio de alta al servicio médico a la aquí quejosa. En esa medida, se considera que cesaron los efectos del acto impugnado, pues si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo existía como cierto el reclamo de la quejosa, relativo a la negación del servicio médico por parte de las responsables; sin embargo, se advierte que durante el trámite de este sumario, concretamente el trece de octubre pasado, las autoridades responsables procedieron a dar de alta a la aquí quejosa, con una vigencia hasta el diez de marzo de dos mil veintitrés; de ahí, que se actualiza la causal de improcedencia que deriva del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. No se inadvierte que en el caso el estatus de alta en la atención como derechohabiente, a la aquí quejosa, se otorgó de forma provisional con vigencia hasta el diez de marzo de dos mil veintitrés; sin embargo, se determina lo anterior, dado que conforme a lo expuesto por la responsable, la parte quejosa se encuentra en el precepto 2, fracción VI, inciso C), de la Ley 38 de ISSSTESON, que establece: "Familiares derechohabientes. Los hijos solteros mayores de 18 años, hasta la edad de 25, previa comprobación de que están y continúan realizando estudios de nivel medio superior, en cualquier rama del conocimiento, en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un trabajo remunerado". Lo que significó que la baja que delató en esta instancia la quejosa resultó de la falta de acreditación de constancias de estudio, por lo que, tal aspecto debe ser cubierto de manera periódica en la forma estatuida en la ley correspondiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Ahora, como el propio instituto, a través de la autoridad responsable referida con antelación, durante el trámite de este sumario actualizó la vigencia de derechos de la aquí quejosa como derechohabiente beneficiario hasta el diez de marzo de dos mil veintitrés, se considera que cesaron los efectos del reclamo actualizándose la causal de improcedencia que deriva del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional -nueve horas con treinta y tres minutos del seis de diciembre del año en curso-. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Estado procesal. De la certificación que antecede y del estado de los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de quince días que se le concedió a la parte quejosa mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, para que manifestara si era su voluntad señalar como autoridad responsable a la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, a través del departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, sin que se manifestara al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo referido y se continúa el procedimiento únicamente por las autoridades expresamente precisadas en el escrito inicial de demanda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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