Ana Patricia Morales Pineda
Expediente 546/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 546/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ana Patricia Morales Pineda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Así, en atención al contenido del ocurso presentado por el carácter de autorizado de la parte quejosa, y como lo solicita, hágase la devolución de las documentales originales a que hace alusión en su escrito. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se notifica por lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b, de la ley de amparo, a la parte quejosa, el proveído de veintinueve de julio del presente año, de la síntesis siguiente: Vista la comparecencia con que da cuenta la Secretaría, se tiene a la promovente ratificando el escrito presentado ante este juzgado el veintidós de julio de este año, en el cual evacua la vista ordenada por auto de quince del propio mes y año en curso, y aclara su demanda de amparo, en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo. En tal sentido, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ANA PATRICIA MORALES PINEDA, contra actos de la autoridad señalada como responsable JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL POR AUDIENCIAS, DE LA JURISDICCIÓN DE DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, CHIHUAHUA, con sede en esta ciudad y otra autoridad, los que hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A la primera autoridad señalada como responsable, le reclamamos el ilegal auto emitido en el expediente civil No.903/2018 de fecha diecinueve de octubre del presente año, así como la sentencia emitida, mediante el cual ordena la condena del cual objeto el quejoso de la desocupación y entrega del bien inmueble de la controversia que se ubica en Calle Ballena número 10614 de la colonia Puerto Anapra, en esta ciudad" (sic). Ahora bien, del escrito inicial de demanda, en el capítulo de antecedentes y bajo protesta de decir verdad, la promovente de amparo, manifestó, que en el mes de octubre (sic), un Actuario se constituyó en el domicilio del cual ostenta la posesión, ubicado en calle Ballena número 10614 de la colonia Puerto Anapra, en esta ciudad, a fin de notificar a una persona llamada José Alvarado, la sentencia de diecinueve de octubre de ese año, dictada en el juicio de acción plenaria de posesión, en el expediente 903/18, del índice de la autoridad señalada como ordenadora en su escrito inicial de demanda. Que José Alvarado no habita ese domicilio y que tampoco lo conoce, circunstancia que hizo del conocimiento del Actuario; sin embargo, el Actuario le dijo que no ocultara a esa persona y que él sabía que habitaba ese domicilio y que no era necesario que firmara algún documento, aventando los documentos al interior de su domicilio, por lo que con su actuar dejó sorprendida a la promovente, dejándola en estado de indefensión, pues no le fue posible dar contestación a las pretensiones que hizo el tercero interesado, por no haber sido debidamente notificada. Del mismo modo, en el escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que la ocursante, bajo protesta de decir verdad, expuso que el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el Actuario acudió a su domicilio a dejar la notificación del auto de diecinueve de octubre de ese año, dictado en el expediente 903/18 del índice de la autoridad señalada como ordenadora en su escrito inicial de demanda. De lo anterior, se advierte que la parte promovente, tuvo conocimiento de los actos materia del reclamo, el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. En tal virtud, las manifestaciones de la quejosa en el citado capítulo de antecedentes, tiene valor probatorio pleno, puesto que la propia querellante asevera que fue el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, cuando un Actuario acudió al domicilio del cual ostenta su posesión, ubicado en calle Ballena número 10614 de la colonia Puerto Anapra, en esta ciudad, en busca del señor José Alvarado, con el fin notificarle la sentencia dictada en el expediente 903/18, relativa al juicio de acción plenaria de posesión, del índice del JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL POR AUDIENCIAS, DE LA JURISDICCIÓN DE DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, CHIHUAHUA, con sede en esta ciudad, persona a quien no conocía y que tampoco habitaba ese domicilio, y que tal circunstancia se la hizo saber al fedatario judicial, sin embargo, éste le aventó los documentos al interior de su domicilio, y que por no haber sido debidamente notificada la dejaron en estado de indefensión y que por tal motivo, no dio contestación a las pretensiones que hizo el tercero interesado. Con lo anterior, se prueba en contra de los intereses de la promovente, respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del juicio de acción plenaria de posesión, con expediente 903/18, del índice del JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL POR AUDIENCIAS, DE LA JURISDICCIÓN DE DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, CHIHUAHUA, con sede en esta ciudad, del que derivan los actos materia del reclamo, esto es, desde el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, de ahí que, la demanda de amparo en estudio resulta extemporánea. En este sentido, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". En efecto, el presente juicio de garantías resulta extemporáneo en su presentación, toda vez que la quejosa tuvo conocimiento de la existencia del juicio de acción plenaria de posesión, con expediente 903/18, del índice del JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL POR AUDIENCIAS, DE LA JURISDICCIÓN DE DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, CHIHUAHUA, con sede en esta ciudad, desde el veintiuno de noviembre del dos mil dieciocho, fecha en que el Actuario acudió a su domicilio a notificar al señor José Alvarado, la sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, por la citada autoridad y que, tuvo la oportunidad de acudir a dicha instancia a reclamar sus derechos por lo que ve los actos de posesión que dice ostentar en dicho inmueble. Consecuentemente, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que da origen a este juicio, que fue el once de julio de dos mil diecinueve, según sello receptor de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, ya había transcurrido de manera evidente el término de los quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, para acudir ante esta instancia constitucional en defensa de sus derechos, ya que median entre ambas fechas más de ocho meses. En esas condiciones, es evidente que su solicitud de protección de la Justicia Federal, deviene extemporánea. Por identidad de razón, es aplicable la tesis que aparece en la página 199, tomo IV, segunda parte-1, julio a diciembre de 1989, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cual dispone: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EN DETERMINADA FECHA. De la interpretación del artículo 21 de la Ley de Amparo, se llega al convencimiento de que como el legislador establece diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, el juzgador que previene de la demanda no debe invariablemente empezar a contar dicho término al día siguiente de cualquiera de los tres medios que se señalan para presumir que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, tales como: la notificación, el conocimiento, o la confesión, sino que es necesario que haga distinciones en cada caso concreto. De otra suerte hubiera sido suficiente con que el legislador dispusiera que el término de quince días empezaría a contarse al día siguiente de aquel en que por cualquier medio o circunstancia el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. En tal virtud, la misma diferencia específica entre los conceptos utilizados por el legislador en la enumeración de las tres formas por medio de las cuales el quejoso se puede enterar legalmente de un acto de autoridad, debe servir al juzgador para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. Desde luego, la notificación legal del acto reclamado, ha de prevalecer sobre el conocimiento del mismo cuando mediando aquélla el quejoso, que ha sido parte en el procedimiento del que emanó el acto reclamado, pretende hacerla a un lado por convenirle más a sus intereses expresar que ha tenido conocimiento del acto de autoridad en determinada fecha y no prueba que la notificación del mismo sea ilegal o no la controvierte en ninguna forma. Sólo a falta de notificación, el cómputo del término ha de iniciarse a partir de que el quejoso manifiesta haber tenido conocimiento del acto reclamado. Sin embargo, la tercera fórmula expresada por el legislador en el artículo 21 en comento dice: "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente ... al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos". Como entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de su demanda le perjudica, debe preponderar sobre la notificación y por ende, sobre el conocimiento del acto, puesto que el propio quejoso, al confesar expresamente cuándo se hizo sabedor de la existencia del acto reclamado, hace a un lado dicha notificación. En efecto, resulta lógico que la confesión expresa de la fecha en que el quejoso se enteró de la existencia del acto reclamado, prepondere sobre cualquiera de las otras dos fórmulas empleadas por el legislador en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo dispone el artículo 199 el propio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria que establece: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio". Así las cosas, basta con que el quejoso, tratándose de una persona con capacidad jurídica o su representante legal o convencional, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción o violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador al proveer sobre la admisión de su demanda, se encuentre obligado a computar el término para determinar la oportunidad de su presentación a partir de la fecha en que se hizo sabedor del acto reclamado, sin tomar en cuenta la notificación que en su caso medie de tal acto, toda vez que la confesión expresa del quejoso o de su representante legal, la dejaron sin efectos." Igualmente, por similitud jurídica, es aplicable la diversa tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra a foja 71, tomo 193-198 primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto que a continuación se transcriben: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Por tanto, de modo manifiesto e indudable, dado que incluso en el caso de admitir la demanda y otorgarle el trámite procesal correspondiente, no sería factible desvirtuar la extemporaneidad en la presentación de la demanda de amparo, se advierte la actualización de la causa que hace improcedente el juicio de amparo, contemplada en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diversos numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo y en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que se transcribe adelante, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por ANA PATRICIA MORALES PINEDA. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el Licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado JOSÉ UNIVERSO BAUTISTA FUERTE, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio de garantías de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, dictado en el presente controvertido, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, interpretado a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales conducentes. De tal manera siendo que el presente asunto se encuentra terminado se ordena su archivo como asunto totalmente concluido, por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a la DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Por recibido el escrito aclaratorio de la demanda firmado supuestamente por la promovente Ana Patricia Morales Pineda, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención hecha mediante proveído de quince de julio de este año. En este sentido, tomando en cuenta que del escrito inicial de demanda, presentado por la promovente de referencia, y del escrito meritado por la Secretaría, a simple vista se aprecia que la firma que calza, tiene signos grafoscópicos diferentes a la plasmada por la citada ocursante en su escrito de cuenta. Por tanto, al no tener la certeza y seguridad de que dichas rubricas corresponden a la misma persona, se previene a la parte promovente para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado de Distrito, debidamente identificada, a fin de que ratifique el referido escrito y este órgano jurisdiccional pueda pronunciarse sobre lo solicitado en el mismo. En la inteligencia de que aún no le ha precluído dicho término de cinco días, a fin de que cumpla con la prevención que le fue hecha mediante el citado proveído.
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