Ana Mirel Mancinas Solís

Expediente 587/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
587/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Ana Mirel Mancinas Solís
  • Juez Segundo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos
  • Ana Mirel Mancinas Solís y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atendiendo a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14, 21, inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que, como lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Finalmente, en atención a que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de febrero de dos mil veintitrés. Como esta ordenado en el Juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, y acorde a lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el termino de tres años; y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se declara que el mismo es depurable. Por lo que, concluido el pazo de conservación, dentro de lo siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda y las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el provisto en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la caratula del presente expediente, la fecha de archivo y que es depurable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de febrero de dos mil veintitrés. Como esta ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en los artículos 12, 14, y 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el presente expediente es destruible; por lo que, archívese como asunto totalmente concluido por el término de seis meses, concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el segundo párrafo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 587/2022-VII, promovido por ********************, por propio derecho, contra acto que reclama a la Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el cual por razón de distribución de correspondencia fue asignado a este Juzgado y, se recibió el día siguiente en oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional; ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos que reclamó de la Juez Segundo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Coordinador de la Oficina Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, y Actuario adscrito a Oficina Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, todos con sede en la localidad, consistentes en el emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 119/2022. La parte quejosa considera trastocados en su perjuicio los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de ocho de julio de la anualidad en curso, este órgano jurisdiccional registró la demanda con el expediente 587/2022-VII; admitió a trámite la demanda, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento alguno; ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, quien compareció a juicio y por último señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que el acto reclamado en este juicio atañe a la vía indirecta, y emana de una autoridad jurisdiccional en materia familiar con residencia en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la promovente consisten en el emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 119/2022. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó categóricamente los actos que se le reclaman, en atención a que no le reviste el carácter de ejecutora, pues sus funciones son administrativas de la oficina de la cual está a cargo, en términos de lo previsto en el artículo segundo del Reglamento de la Oficina Central de Notificadores y Ministros Ejecutores de los Juzgados de Primera Instancia. Además, agregó que en términos de lo previsto en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, los autorizados para ejecutar las resoluciones emitidas por los jueces, son precisamente los Actuarios y Ministros Ejecutores. Informe, que dado su carácter de público al haber sido emitido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, merece pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Ahora bien, la obligación que impone el artículo 117 de la ley de la materia, en el sentido de que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia en el juicio y acompañar en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, solo cobra vigencia cuando tales documentales sean necesarias para apoyar dichos informes, en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron categóricamente los actos que se les imputan, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos últimos, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza de los actos de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que son ilegales. Apoya la anterior consideración, por no oponerse a lo dispuesto en la Ley de Amparo, la Tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903, del Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." Luego, la quejosa al no haber ofrecido prueba alguna para demostrar la participación de la referida autoridad responsable en los actos reclamados, lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto a la precitada autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, en lo que interesa, la Jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 236, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Segundo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y Actuarios adscritos a Oficina Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, todos con sede en la localidad, pues reconocieron la existencia de los actos reclamados; y, por tanto, se tienen por ciertos los mismos. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que la juez responsable anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias conducentes del juicio de origen, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del presente asunto es necesario analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por tratarse de cuestiones de orden público, en términos de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis de las constancias que obran en el sumario, este Órgano de Control Constitucional advierte de oficio que procede sobreseer en este juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Como es de verse, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro o fuera de juicio; acotando el legislador este concepto a aquellos casos que afecten materialmente a personas extrañas a juicio. Respecto de este último precepto, se entiende que para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, por equiparación, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 56, Tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se reproduce a continuación: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido criterio en el sentido de que no tiene la calidad de persona extraña a juicio, el quejoso que antes de que se dicte sentencia, conoce de manera completa y exacta la existencia del juicio al que pretende ser llamado, aunque no haya comparecido a aquél. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el registro digital 2004274, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Así, en relación sobre los hechos y el contexto legal anotado, este órgano jurisdiccional considera que la quejosa no tiene el carácter de tercero extraña por equiparación, en razón de que ha conocido de manera completa y exacta la existencia del juicio ordinario civil de origen promovido en su contra, antes de que se dicte sentencia, por lo siguiente: La quejosa se ostenta tercero extraña por equiparación, pues expone en su demanda de amparo que no fue emplazada al juicio de origen. Sin embargo, contrario a ello, de las constancias certificadas del juicio de origen, a las que se le ha dado valor probatorio en párrafos precedentes, se advierte que en dicho juicio existe un emplazamiento practicado personalmente a la propia quejosa Ana Morel Mancinas Solís en el domicilio señalado por la parte actora en su demanda, el cual se realizó a las ocho horas del diez de marzo de dos mil veintidós, corriéndole traslado de la demanda y anexos, consistentes en cincuenta y uno fojas útiles debidamente selladas y cotejadas, y del auto admisorio, además se le hizo saber el término de nueve días hábiles que tenía para contestar la demanda entablada en su contra, y el apercibimiento que de no hacerlo se declararía su rebeldía. Lo anterior se desprende del emplazamiento reclamado, el cual se inserta la imagen para mayor ilustración del presente asunto. Lo antes expuesto, revela que durante la tramitación del juicio ordinario civil de origen, el diez de maro de dos mil veintidós a las ocho horas se practicó directamente con la quejosa, una notificación personal que le permitió arrojar con certeza la existencia del juicio, en virtud de que ese propio día, el actuario judicial responsable entendió directamente con la impetrante del amparo la respectiva diligencia, en la que le notificó la admisión de la demanda y la emplazó a juicio haciéndole entrega de las copias de traslado, juntamente con copia autorizada del auto notificado; por lo que, en su carácter de demandada al juicio de origen, es evidente que tuvo noticia del proceso de cuyo llamamiento se duele, desde la fecha en que fue emplazada y notificada personalmente de la existencia del procedimiento natural. Por tanto, a partir de la fecha de emplazamiento la quejosa estuvo en aptitud de integrarse a la relación procesal contestar la demanda, ofrecer pruebas y formular alegatos, así como hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia, toda vez que aún no se dictaba la sentencia en el juicio de origen. Sustenta este criterio, la contradicción de tesis 68/97 de la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada con el registro digital 195122, Tomo VIII, Noviembre de 1998, Página 33, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada." Con lo que evidentemente, dicho fedatario cumplió con el requisito de certeza; de lo que se sigue que tal diligencia actuarial tiene pleno valor probatorio, al haber sido practicada por un funcionario dotado de fe pública en el ejercicio de sus funciones y no haber probado la quejosa que fueron falsos los datos asentados por aquél. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia número IV.2o. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicado en la página 265, del Tomo I, Mayo de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Asimismo, es oportuno citar la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 979, del Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "EMPLAZAMIENTO. FE PÚBLICA DEL ACTUARIO AL REALIZARLO." En esa virtud, resulta evidente que si la quejosa con oportunidad tuvo noticia de la instauración del juicio ordinario civil de origen pues se practicó directamente una notificación personal, no le reviste el carácter de extraña en ese procedimiento y, por ende, de considerar que en dicho procedimiento se están violando sus derechos, estuvo en posibilidad de hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. En ese sentido, el emplazamiento a juicio queda satisfecho al ser enterada la demandada de la pretensión deducida en su contra, de la juez en el que se encuentra radicado el juicio y el número de expediente que le haya correspondido, pues con esto se cumple el objetivo del emplazamiento, es decir, enterar a la demandada ahora quejosa de la existencia del juicio iniciado en su contra. En estas condiciones, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, aplicada ésta a "contrario sensu", en virtud de que la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraña por equiparación en el juicio civil de origen, toda vez que ha tenido conocimiento completo y exacto de su existencia, en cuyo caso estuvo en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos por la ley aplicable. Consecuentemente, al haberse actualizado la causa de improcedencia en comento, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Así las cosas, lo anterior impide analizar en esta parte el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó. Sobre el particular resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, VI.1°. J/23, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece publicada en la página 252 del Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos subsecuentes al emplazamiento del juicio de origen, al no haber sido combatido por vicios propios, sino su ilegalidad los hizo depender de la falta de llamamiento al controvertido de origen. Tiene aplicación al caso, la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 13 K (10a.), con registro digital 2003568, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1785, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con el título siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, ASÍ COMO EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA, SI SE DECRETA QUE AQUÉL FUE LEGAL O SE SOBRESEE EN EL JUICIO EN CUANTO A ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA DECIDIR SI SE ESTÁ O NO ANTE UN CASO DE "JURISDICCIÓN ESCALONADA" EN RELACIÓN CON ESTAS RESOLUCIONES, DEBERÁ ATENDER A LA EXISTENCIA DE LA CAUSA DE PEDIR PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra actos que reclamó a la Juez Segundo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Coordinador de la Oficina Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, y Actuario adscrito a Oficina Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, todos con sede en la localidad, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.

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