Ana Paola García Funtanet
Expediente 288/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ana Paola García Funtanet
- Congreso del Estado del Estado Libre y Soberano de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee y no ampara ni protege a la quejosa Ana Paola García Funtanet, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que sea óbice a la anterior determinación, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios 24532/2021 y 24533/2021, dirigidos a las autoridades responsables Congreso y Gobernadora, ambos del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, por el cual se les notificó la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, pues dada la conclusión alcanzada, es a la parte quejosa a quien puede afectar el sentido de la determinación tomada y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así las aludidas autoridades responsables, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía jurídica la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO POR CONDUCTO DE SU DELEGADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA LEY CUYA CONSTITUCIONALIDAD DEFIENDE. Los recursos establecidos en la Ley de Amparo tienen como finalidad reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio de garantías con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación y resolución. Ahora bien, cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de garantías, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional, por lo que dicha resolución a quien en todo caso podría deparar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. En estas condiciones, el presidente de la República carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto por conducto de su delegado, contra la sentencia que sobresee en el juicio respecto de la ley cuya constitucionalidad defiende, pues en tal caso no existe declaración al respecto." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 2214). Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, resoluciones recurridas, así como la sentencia definitiva y la ejecutoria correspondiente. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de noventa días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. Por otra parte, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, a las trece horas con veinte minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 288/2021, promovido por Ana Paola García Funtanet, por propio derecho, se procede a celebrarla, en audiencia pública César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2615/2021, de doce de julio de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido por María Chávez Valencia, secretaria que da fe. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente: Escrito de demanda y anexo; auto admisorio de siete de abril de dos mil veintiuno; constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a las autoridades responsables; informes justificados y acuerdos que los tuvieron por recibidos; proveído de seis de los actuales, en el que se difirió la audiencia constitucional, la cual ahora se celebra. Cabe señalar que no resulta necesario que la presente audiencia se desarrolle vía videoconferencia; lo anterior, al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. El secretario en funciones de Juez acuerda: Se tiene por hecha la anterior relación de constancias mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva el presente juicio. Abierto el periodo de pruebas: La secretaria da cuenta al secretario en funciones de Juez con las documentales que MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 2 adjuntó la parte quejosa a su demanda y las que adjuntó el Director de Catastro y el Secretario de Administración y Finanzas ambos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, respectivamente. El secretario en funciones de Juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dichas probanzas, por su propia y especial naturaleza, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver este sumario. Abierto el periodo de alegatos: La secretaria hace constar las partes no los formularon, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita realizó pedimento. El secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos con posterioridad. Al no haber diligencias o pruebas pendientes por desahogar, ni pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de justicia federal, se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 288/2021, promovido por Ana Paola García Funtanet, por su propio derecho, contra actos reclamados al Congreso del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el ocho de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito domiciliados en Acapulco, Guerrero, remitido por razón de turno, de conformidad con la circular DGGJ/OCCC/04/2021, hasta el seis de abril siguiente, a este Juzgado Cuarto de Distrito, Ana Paola García Funtanet, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y por los actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 3 ??????????????? 1) Congreso del Estado de Guerrero. 2) Gobernador del Estado de Guerrero. 3) Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. IV. ACTO RECLAMADO. "a).- Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama la expedición de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, específicamente su artículo 9, incisos a) y c), que establece la tasa del impuesto predial. b).- Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama la aprobación, sanción, promulgación, orden de publicación y ejecución de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, específicamente su artículo 9, incisos a) y c), que establece la tasa del impuesto predial. c).- Del Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, se reclama la aplicación de los preceptos legales cuya inconstitucionalidad se reclama, a través de la recepción del pago y emisión del recibo correspondiente." SEGUNDO. Tramitación del juicio. Mediante auto de siete de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se registró con el número 288/2021, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; así como conforme al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 4 virtud de que se impugna la inconstitucionalidad de una ley municipal, cuyo acto de aplicación es atribuido a autoridades que residen dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En ese tenor, de un análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: La expedición, aprobación, sanción, promulgación y la orden de publicación de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, específicamente el artículo 9, incisos a) y c); lo anterior, con 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 5 ??????????????? motivo del que se considera su primer acto de aplicación a través del entero contenido en el recibo de pago exhibido de veintidós de enero de dos mil veintiuno. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La técnica expositiva de las sentencias en el juicio de amparo, impone como presupuesto de orden lógico, la verificación previa de la existencia del acto reclamado; lo anterior, pues dependiendo de ello se adoptará la postura del fallo; es decir, si el acto reclamado es inexistente, la sentencia debe finalizar con ese pronunciamiento. Por el contrario, si éste existe, entonces podrá procederse al análisis de las causales de improcedencia en su contra, o bien el estudio de fondo del asunto. En su parte conducente, resulta ilustrativa la jurisprudencia 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Las autoridades responsables Congreso y Gobernador ambos del Estado de Guerrero, el primero por conducto de la Presidente de la Mesa Directiva, y el segundo, por conducto del Subconsejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo; al rendir su informe justificados, aceptaron los actos que se le atribuyen, en el ámbito de su respectiva competencia; por lo que se tienen por ciertos. En ese sentido, tiene aplicación la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, Materia Común, página 206.) De igual forma, es aplicable la tesis pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 6 "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba oficial de la Ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65, primera parte, página 15) Por su parte, la autoridad municipal Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir su respectivo informe justificado, negó el acto reclamado; sin embargo, la aplicación que se le reclama se le tiene por cierta, ya que de las documentales que aportó la parte quejosa, consistente en el recibo de veintidós de enero de dos mil veintiuno que adjuntó a su demanda de amparo, se advierte el cobro y pago de impuesto predial. Prueba documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones QUINTO. Causales de improcedencia fundadas. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada y establecidas las anteriores consideraciones, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que enseguida se transcribe: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." (Semanario Judicial de la Federación, editado en el Apéndice de 1995, Octava Época, Materia Común, Tomo VI, Parte TCC, página 553). MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 7 ??????????????? Respecto del acto reclamado al Gobernador del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, consistente en la orden de publicación y promulgación de la norma combatida, quien aquí resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 108, fracción III, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se verá. Los preceptos legales mencionados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.). III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios (.)". Como se ve, cuando la parte quejosa reclame el refrendo o la publicación de alguna ley deberá señalar a las autoridades que realicen dichos actos cuando sean impugnados por vicios propios, pues de lo contrario el juicio de amparo resulta improcedente. En el caso, del análisis minucioso de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa no formula concepto de violación en contra de la orden de publicación y promulgación de las normas reclamadas, de manera que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de esos actos atribuidos al Gobernador; consecuentemente, se sobresee el juicio de amparo con MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 8 relación a la citada autoridad, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse plenamente la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, del mismo cuerpo normativo. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. Esta potestad federal advierte que no se aprecia que se actualice diversa causal de improcedencia de manera oficiosa, ni las partes las hacen valer; por tanto, se procede a examinar el asunto a la luz del concepto de violación vertido por la parte quejosa, sin que haya obligación de realizar una cita literal del mismo, toda vez que, además de no existir en la Ley de Amparo precepto alguno que así lo exija, así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia número 58/2010, visible en la página 830, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En su único concepto de violación, la quejosa aduce que el artículo 9, incisos a) y c) de la Ley número 638 de Ingresos MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 9 ??????????????? para el Municipio de Acapulco para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que dicho precepto legal establece un pago igual del impuesto predial a los propietarios o poseedores de predio urbanos y sub-urbanos edificados, y baldíos, por lo que no se atiende a la auténtica capacidad contributiva en cada caso, esto es, en relación al valor real del predio; y cita parcialmente la ley de ingresos del año dos mil seis, así como la ejecutoria que dio origen a la tesis del rubro y texto siguientes: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2005 Y 2006, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA [TESIS HISTÓRICA]. El citado precepto al establecer que el impuesto predial se pagará, respecto de predios urbanos y suburbanos baldíos, a una tasa del veinte al millar anual sobre el valor catastral determinado (inciso a), y en relación con predios urbanos y suburbanos edificados, a una tasa del doce al millar anual sobre el valor catastral determinado (inciso c), transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que los contribuyentes tienen las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios urbanos o suburbanos) y realizan un mismo hecho generador del gravamen (propiedad o tenencia de un predio urbano o suburbano), lo que hace que constituyan una misma categoría, el legislador local les otorga un tratamiento desigual por el solo hecho de que el predio esté baldío o edificado, además de que desatiende a la real capacidad contributiva del causante en relación con el valor real del predio, ya que obliga a contribuir en mayor proporción al propietario o poseedor de uno baldío que al de un predio edificado". En ese tenor, aduce la quejosa, que dicha tesis es aplicable al caso concreto, en virtud de que establece que el principio de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene una mayor capacidad y menos el que la tiene en mayor proporción; en consecuencia, dice el quejoso, la normativa reclamada una tasa igual para el pago del impuesto MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 10 predial a los propietarios o poseedores de predio urbanos y suburbanos edificados, y baldíos, por lo que no se atiende a la auténtica capacidad contributiva en cada caso, lo que dice, vulnera los principios de equidad y proporcionalidad tributaria. Los argumentos, sintetizados en esencia, resultan infundados, en virtud de las siguientes consideraciones. En principio, la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." El precepto y fracción transcritos reconocen el principio de equidad tributaria. Al respecto el Alto Tribunal lo ha definido como la igualdad jurídica que consiste en el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho, porque la igualdad lo es ante la ley y ante la aplicación de ella. Este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a su vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación; sin embargo, también se ha señalado que no toda desigualdad en el trato es inconstitucional, inclusive se ha considerado que el legislador no sólo está facultado sino obligado a crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que no sean caprichosas o arbitrarias. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia P./J. 41/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 43, del Tomo V, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, Materia Administrativa, Constitucional, con número de registro MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 11 ??????????????? 198403, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional." En contrapartida al principio de equidad, está el principio de la desigualdad en el trato tributario de las personas que se hallen en condiciones tributarias desiguales. Esto es lógico, ya que todo impuesto debe definir su hecho imponible tomando como fundamento un determinado tipo de realidades económicas - renta, patrimonio o consumo de éstos- que se gravan en cuanto son índices claros de que existe capacidad o aptitud de contribuir por parte de quien se encuentra en esa realidad o situación específica. En este contexto, la igualdad no sólo reclama que el ordenamiento jurídico, en su emisión y aplicación, respete las preexistentes situaciones de igualdad entre los ciudadanos, sino que exige, asimismo, que el ordenamiento jurídico actúe de tal forma que puedan reconducirse las situaciones de discriminación a situaciones de igualdad. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 12 En otras palabras, la equidad tributaria existe tanto al otorgar un trato igual o semejante a situaciones análogas como el diferenciar el trato ante situaciones diferentes, de suerte tal que no toda desigualdad de trato por la ley resulta inconstitucional, sino únicamente cuando produce distinción entre situaciones tributarias iguales si no existe para ello una justificación objetiva y razonable. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 24/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 35, del Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, de la Novena Época, Materia Constitucional, Administrativa, con número de registro 192290, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales." Dicho lo anterior, tenemos que el artículo 9, incisos a) y c) de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, a la letra señalan: "Artículo 9. Este impuesto se causará y se pagará de conformidad con el objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, época de pago, de la siguiente manera. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 13 ??????????????? a) En predios urbanos y suburbanos baldíos, se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. (.) c) En predios urbanos y sub-urbanos edificados; se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. (.)" De la porción combatida en este juicio, es decir, la Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, a juicio de este juzgador no es contraria a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria y por ende, es constitucional; ya que otorga un trato igual a contribuyentes ubicados en un mismo hecho generador de gravamen (impuesto predial), y tienen una misma base y tasa 3.9 al millar sobre el valor catastral. En efecto, es evidente que a quien corresponda contribuir respecto de un predio no edificado, se le sitúa en un plano de igualdad, respecto del contribuyente de un predio edificado, resulta legal ya que en ambos supuestos tienen las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios) y realizan un mismo hecho generador del gravamen (la propiedad o tenencia de predios urbanos), lo cual hace que constituyan una misma categoría. En efecto, se tiene que de las consideraciones de la tesis de jurisprudencia y ejecutoria citada por la quejosa del rubro: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2005 Y 2006, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA [TESIS HISTÓRICA]." se advierte que estableció que resultaba violatoria dicha normativa del principio de equidad tributaria, en la medida en que obligaba a los contribuyentes del impuesto predial a pagar tasas disímiles, ya que que los contribuyentes tienen las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios urbanos o suburbanos) y realizan un mismo hecho generador del gravamen MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 14 (propiedad o tenencia de un predio urbano o suburbano), lo que hace que constituyan una misma categoría. En conclusión, la porción normativa citada al establecer que tratándose de predios urbanos y sub-urbanos baldíos, y urbanos y sub-urbanos edificados, se pagará el impuesto predial con base en una tasa de 3.9 al millar, no viola el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que los sitúa en una misma categoría, y en toda caso la capacidad de pago se vería reflejada sobre el valor catastral del inmueble, pues la tasa es igual, 3.9 al millar sobre dicho valor catastral. Bajo ese contexto al resultar el concepto de violación propuesto infundado lo que procede es negar el amparo solicitado en contra de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, particularmente su ordinal 9, fracciones a) y c), con motivo de su primer acto de aplicación. Por lo expuesto, fundado, y además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 61, 63, 73, 74, 75 y 76, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. En términos de lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia, se sobresee en el presente juicio de amparo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ana Paola García Funtanet, contra el acto reclamado atribuido a las autoridades responsables precisadas en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma César Barajas García Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2615/2021, de doce de julio de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme al artículo 2, fracción VIII, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de María Chávez Valencia, Secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional, y al efecto informa que la factura 2100251367, que obra en los archivos de esa dependencia, sí corresponde a la exhibida por la parte quejosa, tanto en concepto, monto, fecha y folio ahí contenidos, y exhibe copia certificada de la misma; de lo que queda enterado este juzgado federal, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2615/2021, de doce de julio de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido vía correo electrónico el oficio firmado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, por medio del cual rinde informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, téngase por señalando domicilio oficial para recibir notificaciones el que se indica y de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, como delegados a las personas que indica la autoridad de referencia. Por tanto, para dar margen a lo anterior, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan LAS TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese por lista a todas las partes, incluidas las responsables, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."1.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,905 expedientes
- Ana María Samano Velasco1396/2014
- Ana Maria Torreblanca Murga498/2021
- Ana María Zaragoza González288/2023
- Ana Morales García1147/2015
- Ana Nancy García Molina752/2021
- ANA PAOLA BERNAL ZÚÑIGA y Otros.41/2015
- Ana Patricia Gargari Cárdenas735/2022
- Ana Patricia Xacur Jorge y Otros.452/2018
- Ana Paulina Molina Limón1136/2016
- Ana Torreblanca Ignacio y Otros.800/2017
- Anabel Valadez López776/2015
- Anahí Jovita Villa Hern´Nandez (Tercera Interesada)395/2020