Ana Maria Torreblanca Murga
Expediente 498/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 35 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 26/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ana Maria Torreblanca Murga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que sea óbice a la anterior determinación, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables Congreso; Gobernadora; y Directora del Periódico Oficial, todos del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, que se giraron para notificarles la sentencia definitiva dictada en el sumario en que se actúa, pues dada la conclusión alcanzada, es a la parte quejosa a quien puede afectar el sentido de la determinación tomada y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así las aludidas autoridades responsables, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía jurídica la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO POR CONDUCTO DE SU DELEGADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA LEY CUYA CONSTITUCIONALIDAD DEFIENDE. Los recursos establecidos en la Ley de Amparo tienen como finalidad reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio de garantías con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación y resolución. Ahora bien, cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de garantías, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional, por lo que dicha resolución a quien en todo caso podría deparar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. En estas condiciones, el presidente de la República carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto por conducto de su delegado, contra la sentencia que sobresee en el juicio respecto de la ley cuya constitucionalidad defiende, pues en tal caso no existe declaración al respecto." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 2214) Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; déjese por separado el BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE ??????????????? cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, tanto el expediente principal, como el duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, son susceptibles de destrucción; por tanto, el duplicado una vez que transcurra el término de seis meses y el expediente principal, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo se destruirán. En relación con el original del cuaderno incidental que deriva del presente, en términos del artículo 21, inciso C) del invocado cuerpo normativo, es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en la especie se NEGÓ la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años descrito en líneas precedentes, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente. Por otra parte, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como esta ordenado en dicho auto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el cuaderno original del incidente, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el término de tres años; y el duplicado una vez que transcurra el término de seis meses, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo se destruirán. Atento a lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
CITATORIO: NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CUYO PUNTO RESOLUTIVO DICE: Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 63, 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ana María Torreblanca Murga, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando quinto y último de esta resolución, y por los motivos ahí expuestos.
- Principal
En la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 498/2021, promovido por Ana María Torreblanca Murga, por su propio derecho, contra los actos que reclama del Congreso del Estado de Guerrero y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y remitido el día siguiente a este juzgado por razón de turno, Ana María Torreblanca Murga, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1.- Congreso del Estado de Guerrero. 2.- Gobernador del Estado de Guerrero. 3.- Director del Periódico Oficial del Estado de Guerrero. 4.- Secretario de Administración y Finanzas de Acapulco. 5.- Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco. IV. ACTOS RECLAMADOS: 1.- Del Congreso del Estado de Guerrero, se reclama: A).- La discusión, aprobación y expedición de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2021, específicamente el artículo 114 que establece el pago por inscripción al padrón municipal.. 2.- Del Gobernador del Estado de Guerrero, se reclama: MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 2 A).- La Expedición, Aprobación y Publicación de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2021, específicamente el artículo 114 que establece el pago por inscripción al padrón municipal. 3.- Del Director del Periódico Oficial del Estado de Guerrero, se reclama: A).- La Expedición y publicación de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2021, específicamente el artículo 114 que establece el pago por inscripción al padrón municipal. 4.- Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, se reclama: A).- La aplicación de los preceptos legales cuya inconstitucionalidad se reclama. B).- El inminente cobro excesivo que pretende aplicarme la responsable por la cantidad de $113,065.88, sin que me hayan expuesto los motivos y los fundamentos que tomaron en consideración para cobrar esa gran cantidad. 5.- Del Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, se reclama: A).- La aplicación de los preceptos legales cuya inconstitucionalidad se reclama. B).- El inminente cobro excesivo que pretende aplicarme la responsable por la cantidad de $113,065.88, sin que me hayan expuesto los motivos y los fundamentos que tomaron en consideración para cobrar esa gran cantidad." SEGUNDO. Trámite de la demanda. En acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite dicha demanda, y se registró bajo el número 498/2021; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado la intervención que legalmente le compete; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, una vez integrado el sumario, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 3 Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107 fracción I, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma al similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, porque la aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales es atribuida a las autoridades que se encuentran dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 4 "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." (Consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en concordancia con la información allegada al juicio, se advierte que los actos que la quejosa reclama, se advierte que los actos consisten en los siguientes: Del Congreso, Gobernador y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Guerrero. A) La discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en concreto su artículo 114 que establece el pago por inscripción al padrón municipal; Del Secretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero: B) El primer acto de aplicación de dicho ordenamiento legal, a través de la liquidación que consigna el estado de cuenta 601298; y, CUARTO. Certeza del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 5 oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO2." Por otro lado, las autoridades responsables Congreso (por conducto de la Presidenta de la Mesa Directiva); Gobernador (por conducto del Subconsejero de Atención a Procesos Jurídicos del Poder Ejecutivo), y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Gobierno de Guerrero, con sede en Chilpancingo, al rendir su respectivo informe con justificación, aceptaron los actos que les fueron reclamados, consistentes en la expedición, aprobación, promulgación y publicación de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno; por tanto, se tienen plenamente probados. 2 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, de abril de 1994, página 68. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 6 Además de que la existencia de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no necesitan ser probados, pues basta que estén publicados en el medio difusivo correspondiente, como lo es en este caso el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad y, además, porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Ello, atento al criterio que informa la jurisprudencia 56, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". (Jurisprudencia visible en la página setenta y tres, del tomo VI, materia común, novena época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2001). Por su parte, las diversas autoridades Secretario de Administración y Finanzas y Encargado de la Dirección de Ingresos, ambos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir su informe con justificación negaron el acto que se les reclama; sin embargo, su negativa MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 7 se desvirtúa con la orden de pago y de la factura con número de folio 601298, que contiene los cargos por refrendo de licencia comercial expedida por la responsable, y que exhibió la quejosa en su escrito de demanda. QUINTO. Causal de improcedencia. Atento a la técnica que rige el juicio de amparo, se procede al examen de las causales de improcedencia alegadas por las partes o que pudiesen apreciarse en forma oficiosa, por tratarse de una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente, según dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 814, localizable en la página 553, Tomo VI, Materia Común del Apéndice de 1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, respecto de las autoridades responsables Gobernador y Director del Periódico Oficial ambos del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, a quienes se les atribuyeron los actos consistentes en la promulgación y la publicación de las normas reclamadas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 108, fracción III, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, como a continuación se verá. Los preceptos legales mencionados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 8 Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios (.)". Como se ve, cuando la parte quejosa reclame el refrendo, la orden de publicación o la publicación de alguna ley deberá señalar a las autoridades que realicen dichos actos cuando sean impugnados por vicios propios, pues de lo contrario el juicio de amparo resulta improcedente. En el caso, del análisis minucioso de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa no formula concepto de violación en contra de la promulgación, la orden de publicación o la publicación de la norma reclamada, de manera que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de esos actos atribuidos al Gobernador y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo; consecuentemente, se sobresee el juicio de amparo con relación a las citadas autoridades, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse plenamente la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, del mismo cuerpo normativo. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia que estatuye: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 9 IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." (Décima Época, PC.I.A. J/49 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, Materia Común, Página 2248, Registro 2010097). En el caso, la quejosa reclama la aplicación del artículo 114 de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, del cual a consideración de este juzgador, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que impide entrar al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Dicha porción normativa establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.)". Conforme a la segunda parte de la disposición legal transcrita, la reclamación de una ley, tratado, o reglamento, en la vía de amparo indirecto, presupone de la existencia de un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, para que así, el examen de la constitucionalidad de la disposición legal atacada tenga como marco de referencia el perjuicio que causa ésta al amparista; de lo contrario, si dicha norma legal, por su sola vigencia no le causa perjuicio, sino que requiere de un acto posterior de aplicación, el juicio de amparo MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 10 enderezado en su contra antes de que se cumpla esa condición, es improcedente. Empero, para distinguir si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario determinar si con su sola entrada en vigor vincula al gobernado a su cumplimiento por virtud de que cree, transforme o extinga en su perjuicio situaciones concretas de derecho; o si por el contrario, se requiere de un acto diverso que condicione su aplicación. Bajo ese marco de referencia, los efectos de la disposición legal reclamada bien pueden ocurrir en forma condicionada, o bien, de manera incondicionada, pero siempre bajo el entendido de que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso depender de un acto jurídico, concebido éste como la manifestación exterior de la voluntad del particular para crear, transferir, modificar, extinguir o conservar derechos y obligaciones y que produce los efectos deseados por su autor, o del hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, pero todos los anteriores con el común denominador de situar al gobernado dentro de la hipótesis legal. Así, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, impera en dicha norma el carácter de ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Por el contrario, si las obligaciones impuestas por el texto jurídico no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, tal norma reviste el carácter de disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, dado que la aplicación jurídica MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 11 o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sujeta a la realización de ese evento. Al particular, tiene aplicación el criterio de la jurisprudencia P./J. 55/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional, Común, Tomo VI, Julio de 1997, página 5). En el caso, es preciso señalar que la parte quejosa reclama el artículo 114 de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 12 el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, que establece el mecanismo para calcular el derecho por la inscripción y refrendo al padrón fiscal municipal de las unidades económicas de tipo comercial, industrial y de servicios, y considera como acto de aplicación el estado de cuenta con número de folio 601298 expedido el seis de abril del año en curso, por la autoridad municipal responsable, a nombre de Administradora de Divisas Centro Cambiario, sociedad anónima de capital variable, del que se deprende el cálculo de la cantidad a pagar por el refrendo de licencia comercial, tomando en consideración el mecanismo establecido en dicho precepto legal para expedir las licencias de funcionamiento. En ese contexto, conviene precisar que conforme a lo establecido en los artículos 1, 4, 61, fracción XII y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, la impugnación de una ley en su carácter de heteroaplicativa debe ser a partir del primer acto de aplicación que cause un perjuicio a la quejosa, si en el caso no se advierte el mismo, se torna improcedente el juicio de amparo. Dicho acto de manera general, debe estimarse como aquél que trasciende a la esfera jurídica de la quejosa, y de forma particular tratándose de amparo contra leyes tributarias, como aquél en que se actualizan las hipótesis normativas reclamadas en detrimento del contribuyente, es decir, la aplicación de la norma y que ésta efectivamente perjudica en el mundo fáctico. Es aplicable la Jurisprudencia 12/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 323, del tomo VII, marzo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a letra dice: MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 13 "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia. Así también resulta aplicable la tesis IV.2o.A.31 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA LEY AUTOAPLICATIVA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE ÉSTE EN SU PERJUICIO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA. De los artículos 21, 22 y 73, fracciones VI y XII de la Ley de Amparo, el juicio de garantías promovido contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera, dentro de los treinta días contados desde que entró en vigor; la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tuvo lugar el primer acto de aplicación. Con base en ello, puede establecerse que si el juicio se interpone contra una ley autoaplicativa dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que entró en vigor, según el citado artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico quedará acreditado si demuestra haberse ubicado en el supuesto de la norma, ya que sólo así puede concluirse que la ley desde el momento de su iniciación de vigencia afecta los intereses jurídicos del particular. En cambio, cuando se impugna la norma autoaplicativa dentro de los quince días siguientes al primer acto concreto de aplicación, según lo establece el invocado artículo 73, fracción XII, segundo párrafo, esto es, cuando se reclama con motivo de un acto concreto de aplicación después de transcurrido el término de treinta días para impugnarla por su sola entrada en vigor, MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 14 el interés jurídico del quejoso quedará acreditado no solamente con probar que se encuentra en el supuesto de la norma, sino además deberá acreditar que efectivamente le fue aplicado dicho dispositivo mediante un acto que le genera perjuicio, pues si conforme a los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se seguirá sólo a instancia de parte agraviada, aunque aquél acredite estar en los supuestos normativos, si el acto no contiene la aplicación del precepto en su agravio, no lo habilita entonces para combatir la ley con ese motivo. Lo anterior no implica que en esta hipótesis de impugnación en el amparo contra leyes, el acto de aplicación se convierta en la fuente del perjuicio al interés jurídico, no obstante que la norma desde su entrada en vigor genera agravio en la esfera jurídica del quejoso; sino la sujeción a lo dispuesto por el legislador en los mencionados artículos 21, 22 y 73, fracción XII, referentes a las oportunidades que el gobernado tiene para impugnar la ley autoaplicativa, concretamente cuando lo hace dentro de los quince días siguientes al acto concreto de aplicación; pues dichos dispositivos sujetan la procedencia de la acción constitucional a la demostración de que el acto de aplicación se ha producido en agravio del quejoso. No basta pues argüir que como la ley es autoaplicativa debe deducirse o suponerse su aplicación, dado que esa presunción sólo opera cuando la impugnación se efectúa dentro de los primeros treinta días de vigencia. Así pues, para que resulte de observancia la hipótesis legal y jurisprudencial relativas a que las leyes autoaplicativas en todo caso pueden ser combatidas dentro de los quince días siguientes del primer acto de aplicación, es requisito indispensable que el quejoso demuestre la existencia del acto de aplicación en su perjuicio, pues es éste el que materializa la oportunidad de combatir ese tipo de normas, por tanto, dicha carga probatoria le compete al propio agraviado. Entender lo contrario, sería tanto como hacer nugatorio y dejar sin efecto lo expresamente señalado por los preceptos constitucionales y legales citados, y sobre todo la regulación que establecen respecto a las dos oportunidades de las que dispone el quejoso para ejercitar la acción constitucional, tratándose de una ley de la naturaleza referida, dado que implicaría concluir innecesario el requisito de la existencia de un acto concreto de aplicación y pasar por alto el principio básico en el juicio de amparo, de instancia de parte agraviada."3 En tal tenor, de un estudio integral al estado de cuenta que adjuntó la quejosa, y que invoca como primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, se 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 2684, registro 176538. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 15 desprende que en realidad no constituye un acto que cause perjuicio en contra de la contribuyente, aquí quejosa, toda vez que únicamente contiene información sobre el monto a cubrir por licencia de funcionamiento de ese establecimiento mercantil, sin que al momento de su expedición se concrete un afectación a la esfera jurídica de la quejosa de manera real, actual y cierta, pues de la prueba ofrecida, se desprende únicamente que el documento fue expedido para informarle la cantidad total que debería cubrir por el citado impuesto; no obstante, no se aprecia que tal orden de pago haya sido enterada por la contribuyente aquí quejosa, por lo que se estima que aún no se materializa el perjuicio actual y real en contra de la quejosa, ya que el decreto reclamado forma parte de un sistema normativo para realizar el cobro de contribuciones relacionados con el funcionamiento de giros comerciales; sin embargo, no se desprende la materialización del mismo. Requisito sin el cual el juicio constitucional deviene improcedente. Al respecto se cita el criterio plasmado en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 227, tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a letra dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO CONTRA UNA LEY DE INGRESOS. NO SE SURTE CON EL SIMPLE INFORME SOBRE EL MONTO A CUBRIR POR DERECHOS DE REFRENDO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. El hecho de que el tesorero municipal confiese el acto de aplicación reclamado, consistente en la simple información que le envió al gobernado sobre el monto a cubrir por el refrendo de la respectiva licencia de funcionamiento, no es suficiente para acreditar el interés jurídico para impugnar la respectiva Ley de Ingresos, pues la aplicación del precepto combatido no le para perjuicio alguno al no afectarle en su esfera jurídica de manera actual y real, lo que MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 16 constituye requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías en contra de una ley." En consecuencia, al no comprobarse el acto de aplicación del ordenamiento reclamado en perjuicio de la peticionaria de amparo, se colige que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 4/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 103, tomo IX, febrero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Lo anterior, con independencia que la parte quejosa podrá impugnar la normativa reclamada cuando se actualice un acto de aplicación que sí le depare perjuicio, daño o lesión a su entorno jurídico, es decir, cuando efectivamente realice el pago del derecho por el refrendo anual -dos mil veintiuno- en el padrón fiscal municipal para el funcionamiento de la actividad comercial de la quejosa, que se calcule acorde al precepto legal reclamado, es decir, que se actualice un acto que le irrogue un perjuicio; que si pudieren actualizar el acto de aplicación de la norma que cause un perjuicio efectivo, por lo que, la presente resolución no la deja en estado de indefensión. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 17 Resulta aplicable la jurisprudencia número 67/99, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio." (Visible en la página 104, del Tomo X, Julio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 63, 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ana María Torreblanca Murga, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando quinto y último de esta resolución, y por los motivos ahí expuestos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma César Barajas García Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2615/2021, de doce de julio de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente en su artículo 2, fracción III, terminado de engrosar el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, asistido de María Chávez Valencia, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.-
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