Ana Ochoa Gallo

Expediente 687/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
687/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Ana Ochoa Gallo

Actuaciones

  1. Principal

    ---- se desprende que por auto de veintisiete de julio de la presente anualidad, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, avocándose al conocimiento del juicio de amparo 687/2023 del cual deriva este cuaderno de antecedentes, mismo que radicó con el número de expediente 339/2023; asimismo, se ordenó el archivo del presente asunto como concluido; sin embargo, el destino que se le dio al presente cuaderno no es el correcto, dado que dijo que era conservable, cuando lo correcto es destruible. Por tanto, toda vez que este juzgado, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo origen de este asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, este expediente es destruible.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Acepta competencia. Agréguese el oficio del Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, del cual se advierte que ese órgano jurisdiccional se avocó conocimiento del juicio de amparo 687/2023 del cual deriva este cuaderno de antecedentes; mismo que radicó con el diverso 339/2023. Archivo. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y archívese este juicio como concluido. Con fundamento en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, archívese este expediente como concluido. Destino Al haberse negado el amparo solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, este expediente es conservable. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y con base en las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto, a la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda como corresponda. Notifíquese. ...

  3. Principal

    ... Incompetencia. El acto reclamado en esencia consistente en la sentencia de trece de junio de dos mil veintitrés, recaída en el juicio fiscal No. 523/23-13-01-9, en el cual la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, resolvió la demanda presentada por la aquí quejosa en la que concluyó que no aprobó su pretensión y reconoció la validez de la resolución impugnada. Ahora bien, uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia e imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones a actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se entiende como una sub garantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizados a pronunciar. En ese contexto, se advierte que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, carece de competencia legal para resolver este juicio de amparo. Es así, ya que el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo, el cual establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Asimismo, el artículo 47 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." En ese tenor, se estima que el acto reclamado consistente en la sentencia de trece de junio de dos mil veintitrés, puso fin a ese procedimiento, es decir, lo dio por terminado, por ende, sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Es ilustrativa al respecto la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, registro 2008791, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". Con base en esas premisas, se considera que la resolución impugnada es una determinación respecto de la cual procede el juicio de amparo directo, el cual es competencia del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo de cuenta; por tanto, remítase la demanda de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz. Remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 687/2023, así como las copias de traslado a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto sea turnado al Tribunal Colegiado correspondiente. Cuaderno de antecedentes. En mérito de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la demanda y de este acuerdo. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizada en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a, quien cuenta con la cédula profesional 4096838, que la acredita como Licenciada en Derecho, y con las restricciones que prevé dicho numeral a Susana Rosaura Díaz Ortiz, Herman Arturo Godoy Olguín y José Enrique Moctezuma Xochihua, por así hacer expresado la parte promovente. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...

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