Ana María Romero Hernández
Expediente 1242/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1242/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 01/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ana María Romero Hernández y Otros.
- Ana María Romero Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
... se declara que ha causado estado el acuerdo de referencia.... se decreta que este expediente carece de relevancia documental... este expediente es susceptible de ser destruido.... Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA ANA MARÍA ROMERO HERNÁNDEZ, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE UNO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Agréguese a los autos la copia del oficio SEADS/108/2017, por medio del cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que el Pleno del citado órgano, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, determinó la adscripción de la suscrita, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; por tanto, atento a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase saber lo anterior a las partes, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, y de la certificación que precede, hecha por el Secretario de juzgado, se advierte que al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra el proveído de tres de febrero del año en curso, por medio del cual se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, sin que la parte interesada lo hubiere hecho; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356 fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el acuerdo de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2°, de la Ley de Amparo, devuélvasele a la parte quejosa, previa certificación de desglose, las documentales que allegó al presente asunto, y hágasele entrega de las mismas previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia....
- Principal
... agréguense a los autos únicamente para que obren como en derecho corresponda, los oficios signados por el Enlace Jurídico adscrito a la Delegación de Policía Estatal Quinta Región Zona Norte, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, ello en virtud de que mediante proveído de tres de febrero pasado, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. ... Cúmplase...
- Principal
...agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en auto de diecisiete de enero de la presente anualidad (fojas 121 y 122), remite copia certificada de la diligencia de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, ordenada en autos del juicio ordinario civil 803/2012-II, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de su parte, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Por otra parte, téngase por recibido el escrito signado por las quejosas Ana María Romero Hernández y Odila Romero y Hernández, mediante el cual informan que ha esta fecha ya se efectuó la diligencia de lanzamiento ordenada para el día ocho de diciembre de dos mil dieciséis, por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, de ahí que refieren que si en el presente asunto señalaron como acto reclamado la negativa por parte de las autoridades responsables para prestar el auxilio de la fuerza pública para cumplir con la sentencia dictada en el juicio 803/2012 y sus acumulados 472/2013 y 675/2014 y, ésta ya se llevó a cabo con el auxilio de la fuera pública, poniéndolas en posesión de sus propiedades, el presente asunto quedó sin materia, al ya no existir el acto reclamado, lo que justifican con copia certificada de dicha actuación judicial. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional estima que resulta innecesaria la prosecución del juicio en que se actúa atendiendo a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho. En principio conviene asentar en lo que interesa que las quejosas Ana María Romero Hernández y Odila Romero y Hernández, instaron la acción constitucional al señalando como acto reclamado la negativa por parte de las autoridades responsables de proporcionar el auxilio de la fuerza pública para cumplir con la sentencia dictada en el juicio 803/2012 y sus acumulados 472/2013 y 675/2014 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz. Por su parte, la autoridad responsable Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, con el oficio del que se dio noticia al inicio del presente acuerdo, allegó copia certificada de la diligencia de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, de la que se advierte se dio cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio citado en el párrafo que antecede, pues fue ejecutada con el auxilio de la fuerza pública, lo que confirmaron las aquí quejosas en su escrito de cuenta, al indicar que sí se efectuó dicha diligencia y que con motivo de ello les fueron entregadas sus propiedades. En virtud de lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causal de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Conviene precisar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Lo anterior es así, pues si el acto que se reclamaba por esta vía era: la negativa por parte de las autoridades responsables de proporcionar el auxilio de la fuerza pública para cumplir con la sentencia dictada en el juicio 803/2012 y sus acumulados 472/2013 y 675/2014 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz; y la autoridad oficiante remitió copia certificada de la diligencia de ocho de diciembre de dos mil dieciséis de la que se advierte que con el auxilio de la fuerza pública fue puesto en posesión de las quejosas sus bienes, dándose cumplimiento con ello a la sentencia emitida por dicho juez del orden común, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, destruyéndose en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido la esfera jurídica de las impetrantes de amparo, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de garantías. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". La jurisprudencia a que se hace referencia, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. En atención a lo antes expuesto, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, a saber las once horas con diez minutos del diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente a las quejosas...
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