Ana Nieves Cremades Simón

Expediente 17/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
17/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • Ana Nieves Cremades Simón

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a tres de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo que señalan los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de veintiocho de enero del presente año, sin que a la fecha se hubiese hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Ana Nieves Cremades Simón. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de garantías recibida en este Juzgado de Distrito vía electrónica, aparentemente promovida por Ana Nieves Cremades Simón, por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 17/2021-V. Con fundamento en el artículo 3, del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, es un hecho notorio el contenido del artículo 2°, fracciones VI, VII y IX del Acuerdo General 13/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, en relación con el punto 2 de la CIRCULAR SECNO/29/2020, y la diversa circular SECNO/6/2021, se observa que por el periodo del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno, las personas justiciables podrán promover juicios de amparo únicamente por vía electrónica, los cuales serán turnados por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a los órganos jurisdiccionales en dicha materia, a efecto de que se radiquen y se prosiga con su trámite. Ahora, conforme con el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y que de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia e rubro: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro No. 196196, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Página: 890) En ese sentido, en el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 3°, de la ley de la materia, artículos que consagran la improcedencia del juicio de amparo, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5, de la Ley de Amparo y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. El numeral 5, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la forma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación, mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, que en términos del artículo 2, fracciones XV y XVI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la FIREL es la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, que se constituye en una manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. En suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 14 del invocado Acuerdo General 12/2020, establece, en lo que interesa, que la partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general. Es así que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. De manera que la falta de firma del quejoso se traduce en la ausencia de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En ese contexto, es oportuno reiterar que a través del Acuerdo General 13/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, en relación con la CIRCULAR SECNO/29/2020, y la diversa circular SECNO/6/2021, respecto del período de veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo de la Judicatura Federal, determinó recibir asuntos nuevos, siempre y cuando la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos; por eso, dispuso que las personas justiciables tendrían que promover únicamente por vía electrónica los escritos iniciales, mediante el uso de la firma electrónica. En el caso, del análisis realizado a la demanda de amparo de cuenta, se advierte que existe ausencia de la evidencia criptográfica respecto de la firma electrónica de Ana Nieves Cremades Simón, quejosa en el presente asunto, de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto, de la Ley de Amparo; artículos 3°, fracciones I, II y V, y 45, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 6 del Acuerdo General Conjunto del propio Consejo 1/2013, en lo relativo a la firma electrónica, para lo cual resulta conveniente imponerse de su contenido: Ley de Amparo "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito . Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Acuerdo General 12/2020 Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: I. Todo documento que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una Firma Electrónica que cuente con los permisos necesarios. II. El expediente electrónico se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente respectivo. . V. Los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. . Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Acuerdo General Conjunto 1/2013. CAPITULO SEGUNDO De la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) . Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al Sistema Electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales deberán ingresarse al Sistema Electrónico mediante el uso de la FIREL y deberán estar firmados electrónicamente por el servidor público que corresponda en términos de la normativa aplicable. Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este Punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo. De todo lo anterior, se obtiene que si bien es cierto, se pueden recibir asuntos nuevos, también lo es que, en lo que interesa, ello está condicionado a que las demandas se promuevan únicamente de manera electrónica y contengan la firma electrónica del promovente. De ahí que ante la falta de la firma electrónica del quejoso que establecen los preceptos en cita, no es procedente dar trámite a la demanda de amparo que nos ocupa. Lo anterior es así, pues la evidencia criptográfica de la firma electrónica que está contenida en la demanda de amparo en comento, corresponde al autorizado Omar Trejo Téllez, señalado en dicho escrito inicial, que evidentemente no es la quejosa Ana Nieves Cremades Simón, y por ende, no demuestra la manifestación de su voluntad, sino de una persona distinta que no está legalmente facultada para presentar dicha demanda de amparo a su nombre, misma que carece de legitimación para promover la demanda de mérito. Además, debe decirse que Omar Trejo Téllez, quien promovió electrónicamente la demanda recibida en este órgano jurisdiccional el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, únicamente es autorizado en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, como se advierte de la certificación de cuenta, donde se desprende que de una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, previsto en los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, no se encontró registro de su respectiva cédula que lo acredite como profesional del derecho; y, en todo caso, es a la peticionaria de garantías a quien le afecta el acto reclamado, y quien, en términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Amparo, podrá promover, en este caso, la citada demanda, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse; de manera que es inconcuso que sólo la solicitante del amparo podrá promover la demanda que se pretende. De ahí que, si de conformidad con la fracción I, del artículo 107 constitucional, en el juicio de amparo rige el principio de instancia de parte agraviada, es decir si el agraviado del acto de autoridad es quien por derecho presenta una solicitud de amparo tiene la ineludible obligación en dicho escrito donde expresa su voluntad de promover el juicio constitucional de asentar la firma como vínculo que lo compromete a la prosecución del juicio que insta, siendo que en caso específico es la firma electrónica (FIREL), pero del quejoso. De lo que se sigue, que ante la ausencia material de dicho requisito de forma en el documento que expresa la voluntad de quien insta el juicio de amparo en su calidad de parte agraviada, implica por sí sólo la falta de interés o libertad de que así sea. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), que dispone: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." (No. de registro: 2018943, Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Página: 5, Materia: Común). No obstante, se impone destacar que el artículo 3° de la Ley de Amparo, prevé como excepción que en los casos en que la demanda se promueva en los términos del artículo 15 del mismo ordenamiento, no se requiere Firma electrónica; precepto que en lo conducente, establece: Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque se menor de edad.. De dicho precepto se obtiene que cuando la parte quejosa se encuentra imposibilitada para promover el juicio de amparo, puede hacerlo en su nombre cualquier persona, incluso un menor de edad, y por ende no se requiera de firma electrónica, siempre que se trate de los siguientes supuestos: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida; 2. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; 3. Deportación o expulsión; 4. Proscripción o destierro; 5. Extradición; 6. Desaparición forzada de personas; 7. Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8. La incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Ahora bien, el escrito de demanda que se atiende, se presentó de manera electrónica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo; sin embargo, carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica de la quejosa Ana Nieves Cremades Simón, aunado a que evidentemente los actos reclamados en la demanda de amparo no se encuentran en alguno de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y por ende, necesariamente tal demanda tenía que contener la firma electrónica de la enjuiciante, en términos del artículo 6, de la ley de la materia; en consecuencia, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62, 113, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 3°, de la Ley de Amparo. Se autorizan en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Antonio Roldán Suárez, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente y ténganse por autorizados con fundamento en la segunda parte del citado numeral, es decir, para el solo efecto de oír y recibir notificaciones a Omar Trejo Téllez, Aramces Marco Alexis García Corona y Diana Paola Crisanto Fierro, limitación que se les establece hasta en tanto los profesionistas registren su cédula profesional que los acredite como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y hecho lo anterior lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Ahora bien, atento a lo solicitado por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 3 de la ley de la materia, se autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, por conducto del usuario que refiere, toda vez que "LicTrejo28", se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento citado, por disposición expresa de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. No obstante lo anterior y atendiendo al hecho notorio de la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19)", con la finalidad de salvaguardar la salud y vida, tanto de las partes del juicio, como de los servidores públicos adscritos a este juzgado, con base en la facultad discrecional del suscrito, se ordena que, hasta en tanto finalice dicha emergencia sanitaria, las notificaciones en el presente asunto, que deben ser de carácter personal conforme a la Ley de Amparo, deberán realizar a través del correo electrónico trejo.lic@outlook.com proporcionado por la parte quejosa; esto se insiste, con la finalidad de evitar el contacto físico y propagar el contagio del mencionado virus, por lo que se pide la comprensión de las partes; en el entendido de que, cuando ya no exista el peligro de contagio, las notificaciones se realizarán de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo. En el supuesto de que se presente alguna imposibilidad para practicar las notificaciones personales de este asunto (por ejemplo, si la persona con quien se entiende la diligencia manifiesta no conocer a la persona buscada, si el inmueble designado está desocupado, entre otros posibles supuestos), o no proporcione correo electrónico particular, se faculta al actuario de la adscripción para que dicha notificación se practique, por medio de la lista electrónica a que se refiere el artículo 29 de la Ley de Amparo. Ello en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese vía correo electrónico trejo.lic@outlook.com a la parte quejosa Ana Nieves Cremades Simón. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

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