Ana María Varela Pineda
Expediente 934/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 934/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ana María Varela Pineda
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la razón suscrita por Ramiro Betancourt Olmos, Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, mediante la cual, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa Ana María Varela Pineda, el proveído de ocho de octubre de dos mil veinte, por los argumentos expuestos en ésta. En consecuencia, como lo dispone el artículo 27, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar la citada notificación, por lista y las subsecuentes, hasta en tanto la parte quejosa señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción que ocupa este órgano de control constitucional. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Xóchitl Almendra Hernández Torres, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a ocho de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de cuenta promovida por Ana María Varela Pineda, por propio derecho, contra actos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 934/2020-VI. Ahora, en primer término cabe precisar que es obligación del juez de amparo analizar la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, en términos del criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que prevé: Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señala como actos reclamados: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO... VERIFICENTRO MILENIUM AT-919, del Estado de México . IV. ACTOS RECLAMADOS De la Autoridad responsable ordenadora, se reclama la ilícita orden de no realizar la verificación de mi vehículo MARCA RENAULT DUSTER, MODELO DOS MIL CATORCE (2014), CON CLAVE VEHÍCULO 0072506 Y NUMERO DE SERIE 9FBHS2A65EM099719, con número de placa MPW9838, por, supuestos adeudos de tenencia y de la ejecutora se reclama la ilícita orden de ejecución, ejecutada el día treinta de septiembre de dos mil veinte, mediante el rechazo de mi vehículo antes mencionado, para realizar la verificación de emisión de contaminantes. En ese sentido, a efecto de proveer sobre la admisión o no de la demanda de garantías, es pertinente señalar, en primer lugar, que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el sólo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, el concepto de competencia en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, que dispone que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Tomando en cuenta lo anterior y la doctrina, se puede distinguir los siguientes criterios de competencia: I) Por materia. II) Por territorio. III) Por grado. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la segunda, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A manera de ejemplo, se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General número 3/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; o bien, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; LEY DE AMPARO. REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a su párrafo primero, para conocer de un juicio de garantías, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías. Es por lo anterior, que este juzgador estima que en el presente caso, se actualiza la hipótesis de competencia contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual establece que es competente para conocer de un juicio de amparo, el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, situación que en este asunto acontece, precisamente porque es evidente que los actos reclamados destacados, esto es la ejecución de la orden de no permitirle a la quejosa realizar la verificación vehicular, se llevó a cabo en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, respecto del vehículo marca Renault Duster, modelo dos mil catorce, con número de placa MPW9838, por adeudos en el pago de tenencia vehicular, lo que implica que se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal; lo anterior, pues como se mencionó, es en ese lugar donde se llevó a cabo la ejecución de la orden de no permitirle cumplir con la verificación vehicular. En ese sentido, se advierte que el Juez competente para conocer del presente juicio de amparo, es aquél en cuya jurisdicción ejecutó el acto reclamado, que en este caso se surte en favor de un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Toluca. Por tanto, es evidente que este Juzgado de Distrito CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para conocer del presente juicio de amparo, por razón de territorio. Por los motivos señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a este órgano de control de la constitucionalidad; por ello, con apoyo en los artículos citados de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, este juzgado se declara legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitirla de manera electrónica, vía interconexión, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juez que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de garantías, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. Lo anterior, sin que de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, haya lugar a pronunciarse en relación a la suspensión de la resolución reclamada en la demanda de amparo, en tanto que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento citado, por disposición expresa de su artículo 2, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Cerrada de Mosqueta, Número ocho, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Se autoriza en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo es decir únicamente para oír y recibir notificaciones a Ricardo Martínez Noriega. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regulan entre otros, los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación denominado FIREL, previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Por otra parte, conforme con lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante, lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Se hace del conocimiento de la totalidad de las partes, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellas o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario; en el entendido que la reproducción digital y uso de las constancias que se copien es bajo su más estricta responsabilidad. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (Registro: 167640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página 2847). En atención a lo dispuesto por el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a todas las partes, esto es, la parte quejosa, a las autoridades responsables, Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, y en su caso, tercero interesado; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Xóchitl Almendra Hernández Torres, quien autoriza. Doy fe.
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