Ana Miriam Cerón Mejía
Expediente 699/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ana Miriam Cerón Mejía
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia en la que se negó la protección constitucional; en consecuencia, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se negó el amparo. Por otro lado, debido a que la autoridad responsable remitió diversas constancias en apoyo a su informe justificado, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario encargado de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el escrito del tercero interesado; atento a su contenido, se le tiene apersonándose a juicio y como autorizadas a las personas que refiere, quienes tendrán las facultades amplias a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, si tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; pues de lo contrario sólo podrán oír y recibir notificaciones. Sin que se haga mayor pronunciamiento de la revocación de nombramientos que refiere, pues este es el primer escrito del promovente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 699/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, mismas que se admiten y desahogan dada su especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se precisa que ninguna de las partes los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 699/2023, promovido por *****, contra actos de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos, tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. Previo desahogo de prevención, el tres de julio de este año, este órgano jurisdiccional admitió la acción de amparo, dio intervención a la Fiscal Federal adscrita, requirió el informe justificado a la Sala responsable y ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Tercero. Trámite. La Sala responsable rindió el informe de ley; se emplazó a la parte tercera interesada; la representación social no intervino; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, párrafo único, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución del orden civil, dictada por una autoridad residente dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La resolución de veintidós de mayo de dos mil veintitrés emitida por la *** Sala Civil de esta ciudad que revocó la interlocutoria de veintiocho de marzo de este año, dictada por el Juez Quincuagésimo Noveno de Proceso Escrito de la misma materia y residencia en el incidente de gastos y costas derivado de la controversia de arrendamiento inmobiliario ... . En el fallo del juez primigenio, se declaró procedente el incidente de gastos y costas promovido por la aquí quejosa (demandada principal) y se condenó a la parte actora principal al pago de $19,243.96 (diecinueve mil doscientos cuarenta y tres pesos 96/100 moneda nacional). En su lugar, la Sala declaró improcedente el incidente en razón de que la cuantificación y la planilla presentada tuvo como base que la cuantía del negocio era indeterminada. Tercero. Existencia. En su informe justificado, la autoridad responsable aceptó el acto reclamado, y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se da noticia de las actuaciones que precedieron el acto reclamado. I. El cinco de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva en la controversia de arrendamiento ... en los siguientes términos: "R E S U E L V E - - - PRIMERO.- En virtud del desistimiento de la acción de la parte actora, declara legalmente se extingue la acción principal intentada por ..., contra ******. - - - SEGUNDO.- Por ende, se condena a ..., al pago de las costas generadas en esta instancia en favor de **** de conformidad con el considerando II de esta resolución. - - - TERCERO.- Respecto de la acción de reconvencional intentada por ***** se declara legalmente improcedente en virtud de los motivos expuestos en el considerando III de esta sentencia." (.) II. El quince de diciembre de dos mil veintidós, la aquí quejosa promovió incidente de gastos y costas, por lo que se le dio vista a su contraria con dicha incidencia. III. El veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, el juez Quincuagésimo Noveno Civil de Proceso Escrito de esta Ciudad dictó la interlocutoria correspondiente en los siguientes términos: "PRIMERO. La tramitación del "INCIDENTE DE GASTOS Y COSTAS", ha sido procedente, pero se aprueba la planilla propuesta únicamente en los términos y por los motivos expuestos en esta resolución. SEGUNDO. Se condena a J..., al pago en favor de ****, o quien sus derechos legales represente la cantidad de $19,243.96 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.) por concepto de costas en los términos establecidos en este fallo." (.) IV. El trece de abril de esta anualidad, ... interpuso recurso de apelación en contra de la interlocutoria descrita. El dieciocho de ese mismo mes y año dicho medio de defensa fue admitido en efecto devolutivo de tramitación. V. El veintidós de mayo de dos mil veintitrés, la **** Sala Civil de esta Ciudad, resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Se declaran parcialmente fundados los motivos de inconformidad que hizo valer el apelante, en consecuencia: SEGUNDO.- Se revoca la SENTENCIA INTERLOCUTORIA de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Interino Quincuagésimo Noveno de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, en los autos del Juicio CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, promovido por PULIDO BELMONTE JOSÉ en contra de ANA MIRIAM CERÓN MEJÍA, expediente .., cuyos puntos resolutivos deberán de quedar en los términos siguientes: "PRIMERO.- Es improcedente el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS promovido por la parte demandada incidentista ANA MIRIAM CERÓN MEJÍA, en razón de que la cuantificación y la planilla que presente, se sustentan con base a que el juicio principal es de cuantía indeterminada, cuando de las actuaciones judiciales de valor probatorio pleno, en términos del artículo 327 fracción VIII, en relación con el 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se desprende que el juicio es de cuantía determinada, en consecuencia: SEGUNDO.- No se aprueba la planilla de liquidación de costas exhibida por la incidentista, se dejan a salvo a sus derechos para que los haga valer en base a que el juicio principal es de cuantía determinada. TERCERO.- Notifíquese." TERCERO.- No se hace especial condena en costas en esta instancia." (.) Resolución que integra la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación. El acto reclamado viola los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo siguiente: La sentencia dictada por la Sala responsable es improcedente porque el juicio de origen es de carácter meramente civil y no mercantil, por lo que resulta inaplicable la fundamentación en el Código de Comercio; por ello, los artículos mencionados en la misma deben ser desestimados. La apelación debió desecharse porque la interlocutoria no admite recurso por ser de cuantía determinada. La sentencia reclamada viola el artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ya que la Sala responsable no debió suplir la queja. 1. El demandado incidentista, cuando apeló la interlocutoria del juez, perdió su derecho a estar de acuerdo o no con el cálculo de gastos y costas propuesto en la planilla de la aquí quejosa. 2. La sentencia emitida por el juez de origen debió quedar firme ya que se trata de cantidades determinadas. 3. El cálculo de gastos y costas debió hacerse desde la sentencia definitiva pero al no hacerlo así se realizó de forma incidental como lo marca el artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los conceptos de violación son infundados e inoperantes, los cuales serán analizados como fueron agrupados para integrar temas a fines, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo: El señalado con la letra A se califica como infundado por las siguientes consideraciones: La quejosa alega que la Sala responsable fundó su decisión en diversos artículos del Código de Comercio, lo cual considera ilegal ya que el juicio de origen es una controversia de arrendamiento inmobiliario y no un proceso mercantil. Lo anterior es incorrecto porque, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, de la resolución reclamada no se advierte la aplicación de la legislación que menciona. Incluso, la Sala responsable, al estudiar y calificar los agravios hechos valer por el apelante, refirió textualmente: "Los motivos de inconformidad que hace valer el apelante en el apartado único de su escrito presentado el día trece de abril de dos mil veintitrés, resultan parcialmente fundados. Se afirma lo anterior, porque los preceptos legales que cita el apelante del Código de Comercio no resultan aplicables al presente caso en razón de que el juicio natural es una controversia de arrendamiento inmobiliario; por lo tanto, se rige por las disposiciones que para dicho juicio se establecen en el Código Civil, así como el Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y para la regulación de costas por los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México" De lo anterior, se desprende que la Sala responsable precisó, en la resolución reclamada, que el juicio de origen es una controversia de arrendamiento inmobiliario y por ello aplicaría las disposiciones contenidas en el Código Civil así como en el Código de Procedimientos Civiles, ambos de la Ciudad de México y no así el Código de Comercio. De ahí lo infundado del primer concepto de violación sostenido por la parte quejosa. Ahora, por lo que hace al concepto de violación señalado con la letra B, se califica de inoperante por las siguientes consideraciones: En el segundo concepto de violación, la quejosa refiere que el recurso de apelación debió desecharse porque la interlocutoria no admite recurso por ser de cuantía determinada, de conformidad con el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México. Lo anterior, es inoperante porque dicho argumento se dirige a combatir un acto distinto al reclamado en este juicio de amparo, esto es, la quejosa pretende atacar el auto de cinco de mayo de dos mil veintitrés en el que la Sala responsable confirmó la admisión y calificación de grado hecho por el juez de origen respecto del recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de veintiocho de marzo de esta anualidad. Mientras que, en este juicio constitucional, el acto reclamado es la resolución de veintidós de mayo pasado dictada en el incidente de liquidación de gastos y costas derivado de la controversia de arrendamiento inmobiliario de origen, donde la Sala responsable revocó la interlocutoria descrita en el párrafo que antecede. Por lo que, es evidente la ineficacia de dichas alegaciones para demostrar la ilegalidad del acto que por esta vía se combate; puesto que, la quejosa se enfoca en combatir un acto anterior a la resolución; argumentos que no son dables de revisar ya que no constituyen el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia IV. 2o. 66 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. CUANDO SUS ARGUMENTOS SE DIRIGEN A COMBATIR UN ACTO DISTINTO AL RECLAMADO. Si el acto reclamado se hizo consistir en la resolución que, además de desechar el recurso de reclamación, le reitera al promovente que no es legalmente factible la admisión de diversas pruebas en virtud de que, mediante distinto acuerdo, se tuvo por no presentada la demanda fiscal de nulidad, y esta última determinación no fue reclamada en el juicio de amparo, los conceptos de violación que se dirigen a cuestionar la legalidad de la decisión de tener por no presentada la demanda deben considerarse inoperantes, precisamente por no estar relacionados con el acto reclamado." Respecto de los conceptos de violación señalados en los incisos C al C.3., son infundados como se expondrá a continuación: La jurisprudencia 1a./J. 119/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia Civil, Novena Época, registro digital 162897, tomo XXXIII, visible en la página 149 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, dice: "COSTAS. PARA ESTABLECER SU MONTO CUANDO EN LA CONTIENDA SE RECLAMAN PRESTACIONES DE CUANTÍA INDETERMINADA E INDETERMINABLE, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DEL VALOR DEL NEGOCIO, A TODAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL SUMARIO, AUN CUANDO LAS PRESTACIONES RECLAMADAS NO SEAN DE CARÁCTER PREPONDERANTEMENTE ECONÓMICO. Cuando un juicio verse sobre prestaciones de cuantía indeterminada e indeterminable, el valor que debe tomarse para cuantificar el monto por concepto de costas será, además del de las prestaciones reclamadas, el de todas las constancias que integren el sumario, aun cuando aquéllas no sean de carácter preponderantemente económico, pues el hecho de que en las prestaciones de una demanda no se reclame cantidad líquida, no es suficiente para determinar que el asunto es de cuantía indeterminada para resolver el tema de las costas, sino por el contrario, debe atenderse a la relación jurídica narrada en los hechos de la demanda y todos los elementos consignados que permitan evaluar pecuniariamente las prestaciones. Esto es, para determinar las costas debe atenderse al monto del negocio, concepto en el cual se incluye el valor de las prestaciones reclamadas al constituir un dato relevante en la demanda, por lo cual, en cada caso debe atenderse a la naturaleza de la prestación reclamada y si ésta puede o no estimarse pecuniariamente; además, si es determinable o no, partiendo de si se ajusta o no a los parámetros establecidos en la ley procesal respectiva o a la naturaleza de lo resuelto." En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia mencionada se resolvió que existen dos criterios para establecer la forma de determinar las costas en un juicio, a saber: Cuantía determinada. Para establecer que se está ante un pleito de cuantía determinada, se debe considerar que se caracterizan por la existencia de un reclamo líquido y específico dentro del juicio, en cuya categoría o clasificación también se encuentran los de una cuantía determinable con apoyo en los criterios que la ley señala o se planteen en la ejecución de sentencia, es decir, que a pesar de no haberse planteado cantidad líquida como materia de la litis, la naturaleza o características propias de lo reclamado sí puede cuantificarse o valuar su cuantía en cantidad líquida; en estos casos, la mecánica para determinar el monto de las costas atiende directamente a porcentajes del valor o cuantificación de lo reclamado y que formó parte de la litis, tal como acontece precisamente en lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Cuantía indeterminada. En asuntos de cuantía indeterminada o también conocidos como no pecuniarios, para determinar las costas se pueden advertir un par de supuestos, los asuntos de cuantía inestimable o no pecuniarios, que se caracterizan porque el juicio no es susceptible de valoración económica y, por otro lado, los asuntos de cuantía indeterminada que parten del supuesto de que siendo el asunto de carácter económico la ley procesal no establece una regla específica para concretarla y en estos casos para establecer las costas y, se debe efectuar una mecánica distinta, es decir, se debe tomar en cuenta la actividad desplegada en el propio estudio del asunto, la naturaleza del litigio en razón de las diversas eventualidades ocurridas en el proceso, en la demanda, en la contestación de la misma, la lectura de promociones presentadas; escritos por los cuales se promueve un incidente; ocursos ofertorios de pruebas; interrogatorios para el desahogo de aquéllas; asistencia a juntas, audiencias o diligencias en el local del órgano jurisdiccional; diligencias fuera del juzgado; notificación y vista de proveídos y sentencias, alegatos y agravios, conforme a un parámetro objetivo previamente señalado en la ley, tal y como puede advertirse en el texto del artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Conforme a lo señalado, las costas deben determinarse tomando en cuenta que son una sanción impuesta por la ley, cuyo punto de partida es la conducta procesal desplegada por los litigantes como lo refiere el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Por ello, dentro de los asuntos de cuantía determinada, deben entenderse no sólo aquellos en que se reclame una cantidad líquida, sino también los que son susceptibles de evaluarse pecuniariamente en la medida en que inciden en el patrimonio de los litigantes o porque tienen una significación económica que no se encuentra limitada por la naturaleza de la prestación que se reclama en el juicio, pues éste es sólo el reflejo de una situación de hecho o de derecho que puede ser valorada y determinada patrimonialmente, lo cual deriva de que la intención de las costas consiste en establecer mecanismos que representan una efectiva sanción a los litigantes. Por lo tanto, es oportuno enunciar los mecanismos para establecer su monto tanto en los asuntos de "cuantía determinada" como en los de "cuantía indeterminada pero determinable", de los que destaca el dato económico que subyace en esos conceptos, es decir, que en todos esos casos lo que interesa es la posibilidad de que pueda determinarse un "importe" o valor del negocio o en su defecto lo invertido para acudir a dicho proceso. Incluso, si en el capítulo correspondiente a las prestaciones de una demanda no se reclama cantidad líquida alguna, ello no es suficiente para considerar que el asunto es de cuantía indeterminable para resolver el tema de las costas, sino que debe atenderse a la causa de pedir, lo cual implicará el análisis de la relación jurídica descrita por las partes en los hechos; de modo que en cada caso se debe apreciar la naturaleza de la prestación que se reclama y si ésta puede ser estimada pecuniariamente o no; además, si es determinable o no, partiendo del hecho de que si se ajusta o no a los parámetros establecidos en la ley procesal respectiva o de la naturaleza propia de lo resuelto pues, efectivamente, los datos para estimar si un juicio es de cuantía determinable o indeterminable provienen necesariamente del escrito de demanda, en el cual se hace el reclamo correspondiente y se fija la litis, al ser en donde las partes exponen sus pretensiones y los hechos en que las fundan. De acuerdo con lo anterior, cuando se trata de asuntos de cuantía determinada o indeterminada pero determinable, la cuantificación de las costas tiene como referencia principal el monto del negocio del cual derivó la condena por ese concepto, permitiendo definir adecuadamente el monto respectivo. Situación distinta sucede con los asuntos de cuantía indeterminada e indeterminable, ya que desde la forma en la cual se formuló la demanda, se puede observar la inexistencia de la posibilidad de determinar el valor líquido de lo que se planteó como objeto de reclamo en el juicio. Lo anterior, porque hay casos en los que de la naturaleza del litigio, no puede ser fijado el reclamo en una cantidad específica, por eso deben aplicarse las reglas previstas en la legislación para este tipo de asuntos, tal como lo prevé el ya citado artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Por otro lado, la jurisprudencia civil PC.I.C. J/31 K (10a.), emitida por los Plenos de Circuito, con registro digital 2012406, Décima Época, Libro 33, agosto de 2016, Tomo III, visible en la página 1680 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, dice: "COSTAS. SU CUANTIFICACIÓN EN LOS JUICIOS EN QUE SE DEMANDARON PRESTACIONES DE CUANTÍA DETERMINADA EN CUYA SENTENCIA NO SE ESTUDIÓ EL FONDO, SE DEJARON A SALVO LOS DERECHOS DE LA ACTORA Y SE LE CONDENÓ A SU PAGO, DEBE SER CONFORME AL ARTÍCULO 128 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO. La base para cuantificar las costas derivadas de juicios caracterizados por demandas en que se reclamaron prestaciones de cuantía determinada, pero en cuya sentencia no se realizó el estudio de fondo, se dejaron a salvo los derechos de la actora para que los haga valer como corresponda, y se le condenó al pago de aquéllas, será la prevista en el artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que regula el procedimiento de cuantificación de los asuntos de cuantía determinada. Ello, porque debe tenerse en consideración la naturaleza de las prestaciones reclamadas por el actor en su demanda; de ahí que si se trata de pretensiones cuantificables económicamente, entonces cabe sostener que se trata de un asunto de cuantía determinada, sirviendo de cálculo precisamente el importe de las prestaciones de referencia. Por exclusión, el diverso numeral 129 del indicado ordenamiento legal, sólo resulta aplicable en los casos de cuantía indeterminada, porque la condena en costas tiene un carácter independiente y no está ligada con el derecho sustancial debatido o reconocido en el procedimiento de donde deriva, pero a partir de su reclamo en la demanda, constituye información útil para establecer el mecanismo procedente al momento de su cuantificación; además, el profesionista litiga, presta sus servicios y tiene responsabilidad sobre la totalidad de las prestaciones reclamadas." En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia citada se consideró que: Basta que la pretensión planteada tenga un valor apreciable económicamente, ya sea de carácter líquido o pueda ser determinable, para poder tomarlo como referencia para la cuantificación de las costas. Asimismo, el Pleno de Circuito, partiendo de la premisa anterior, considero que, para la cuantificación de las costas, derivadas de juicios caracterizados por demandas en que se reclamaron prestaciones de cuantía determinada, pero en cuya sentencia no se realizó el estudio de fondo, y condenó en costas; la base para la cuantificación de éstas será la que regula el procedimiento de los asuntos de cuantía determinada. En el caso, la Sala responsable revocó la resolución del juez de origen por las siguientes consideraciones: No fue acertada la determinación del juzgador natural al declarar procedente el incidente de liquidación de costas promovido por la parte demandada, así como al haber aprobado parcialmente la planilla que ésta presentó. Aunque se reclama la rescisión del contrato de arrendamiento que el actor exhibió como base de la acción, en varias de ellas, existen reclamaciones en cantidad líquida y en otras existen las bases para cuantificarlas, por ello, la cuantía del juicio natural es de cuantía determinada y no indeterminada. Si en el caso, la parte demandada incidentista sustentó su incidente de liquidación de costas argumentando que el juicio es de cuantía indeterminada y con base en ello presentó su planilla, el juez de la causa debió haber declarado improcedente el incidente mencionado, en razón de que partió de una premisa equivocada y dejar a salvo los derechos del promovente para que los hiciera valer de forma correcta y al no haberlo hecho así, se revoca la interlocutoria recurrida. Lo anterior, se considera apegado a la Constitución Federal, debido a que, contrario a lo que indica la parte quejosa, fue correcto que la autoridad responsable se basara en lo reclamado en el escrito inicial de demanda y con fundamento en el artículo 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México determinara que el juicio de origen se trataba de un asunto de cuantía determinada a fin de calcular las costas a las que se condenó en sentencia definitiva. Ello, porque el juicio de origen es una controversia de arrendamiento inmobiliario, en el cual, desde el escrito inicial, la parte actora si bien reclamó la rescisión del contrato basal y la desocupación del inmueble materia de la litis, lo cierto es que también integró valores económicos en sus pretensiones, como fueron el pago de diversas cantidades de dinero por concepto de rentas de diciembre de dos mil veintiuno, enero, febrero y marzo del año dos mil veintidós, incremento a la misma y pena convencional. Para mayor referencia, se transcriben. "Prestaciones La rescisión del contrato de arrendamiento de fecha ******, al que se hace referencia en los hechos del presente ocurso. Como consecuencia de lo anterior, la desocupación y entrega del local comercial ubicado en la ******. El pago del incremento de mensualidades rentísticas en los términos señalados en la cláusula 9ª del contrato de referencia, a razón del 10% mensual; que adeuda la arrendataria correspondiente a las rentas de los meses de DICIEMBRE de 2021, ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2022, así como las rentas que se sigan venciendo hasta la entrega del inmueble objeto del presente juicio. Se adjunta la tabla de liquidación siguiente para un mejor proveer: CONCEPTO CANTIDAD ADEUDADA INCREMENTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 $700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) INCREMENTO DE RENTA DEL MES DE ENERO DE 2022 $700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) INCREMENTO DE RENTA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 $700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) INCREMENTO DE RENTA DEL MES DE MARZO DE 2022 $700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) TOTAL $2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100 M.N.) El 25% de cada mensualidad vencida en términos de la cláusula ***** del contrato de arrendamiento en comento. Se adjunta la tabla de liquidación siguiente para un mejor proveer: CONCEPTO CANTIDAD ADEUDADA 25% DE LA RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RAZON DE $7,700.00 (SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) $1,925.00 (MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) 25% DE LA RENTA DEL MES DE ENERO 2022 A RAZON DE $7,700.00 (SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) $1,925.00 (MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) 25% DE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2022 A RAZON DE $7,700.00 (SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) $1,925.00 (MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) 25% DE LA RENTA DEL MES DE MARZO 2022 A RAZON DE $7,700.00 (SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) $1,925.00 (MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) TOTAL $7,700.00 (SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) El pago de la pena convencional equivalente a tres mensualidades de renta, términos de la cláusula ******* del contrato materia del presente asunto CONCEPTO CANTIDAD ADEUDADA RENTA VIGENTE A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A RAZON DE $7,700.00 (SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) X 3 MESES $23,100.00 (VEINTITRES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) TOTAL $23,100.00 (VEINTITRES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) La cantidad de $1,000.00 (Mil pesos M.N. 00/100) por conceptos de agua y luz, mismos que se pactaron de manera verbal con la hoy demandada. (.) De manera que, conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que basta con que la pretensión planteada desde el escrito inicial de demanda tenga un valor apreciable económicamente, ya sea de carácter líquido o pueda ser determinable, para poder tomarlo como referencia para la cuantificación de las costas, como en el caso lo señaló la autoridad responsable. En ese contexto, como se indicó, se considera que la autoridad responsable actuó apegada a la Constitución, al establecer que la cuantía del asunto era determinada en razón de que hubieron factores económicos desde el escrito inicial de demanda que hacían viable la clasificación del juicio de origen y por tanto la cuantificación de costas. Y, si bien en el juicio de origen no se estudió el fondo del asunto, ya que la parte actora después del emplazamiento de la demandada se desistió de lo reclamado, lo cierto es que, como se asentó, para la cuantificación de las costas, derivadas de juicios caracterizados por demandas en que se reclamaron prestaciones de cuantía determinada, pero en cuya sentencia no se realizó el estudio de fondo, y condenó en costas; la base para la cuantificación de éstas es la que regula dicho procedimiento en los asuntos de cuantía determinada, conforme el artículo 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Consecuentemente, ante lo infundado e inoperantes de los conceptos de violación, y al no haber motivo legal para suplir la queja, procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, contra actos de la Quinta Sala Civil de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes
- Ana María Pérez Domínguez71/2023
- Ana María Ramírez Vega369/2019
- Ana María Rodríguez Andino1058/2019
- Ana María Ruth Rosales González539/2016
- ANA MARÍA SÁNCHEZ ARAOS y Otros.1314/2018
- Ana Maribel Zamorano Ramírez576/2020
- ANA PAOLA GARCIA FUNTANET y Otros.478/2021
- Ana Patricia Lazcano Campos1269/2023
- Ana Pichardo Iñigo552/2016
- Ana Sarmiento Pérez402/2023
- Ana Teresa Abreu Y Abreu1017/2015
- Ana Teresa Abreu Y Abreu4/2015