Ana María Pérez Domínguez

Expediente 71/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
71/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • Ana María Pérez Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Agréguese la razón de imposibilidad para enterar personalmente a la parte quejosa el proveído de doce de abril de la presente anualidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista la determinación citada, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. EL PROVEÍDO DE DOCE DE ABRIL DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SEÑALA: " Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. *De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el precepto 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de cuadernos auxiliares entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. *No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. En otro sentido, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo Plenario citado, mediante notificación personal requiérase a la parte quejosa para que acuda al local de este juzgado, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibió, apercibida de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Por último, en cumplimiento al diverso 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. "

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. *De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el precepto 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de cuadernos auxiliares entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. *No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. En otro sentido, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo Plenario citado, mediante notificación personal requiérase a la parte quejosa para que acuda al local de este juzgado, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibió, apercibida de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Por último, en cumplimiento al diverso 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con treinta minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 71/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; y C) Emplazamiento y apersonamiento de la parte tercera interesada. En este acto se da cuenta con la promoción con folio 3593. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. Visto el escrito de la parte quejosa, en atención a su contenido se le tiene ofreciendo una prueba testimonial, de la cual se proveerá en la etapa oportuna. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se precia que la parte quejosa ofreció diversas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Ahora, por lo que hace a la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa: No se admite, pues tal elemento de convicción no cumple con los requisitos de idoneidad y pertinencia que deben satisfacer las pruebas conforme a los artículos 79 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia. La idoneidad consiste en que el medio de convicción sea adecuado o apropiado para demostrar el hecho controvertido; y la pertinencia se traduce en la relación inmediata con los hechos controvertidos. Lo anterior es así, puesto que en el presente asunto la quejosa aduce tener el carácter de tercera extraña auténtica al juicio de origen y desde esa óptica defiende la propiedad y posesión legal de un inmueble, por lo que la cuestión central a examinar lo constituye el interés jurídico, que para el caso es una cuestión de iure y no de facto. Ello, pues al resolver la contradicción de tesis 40/2019, de la que derivó el criterio jurisprudencial 1a./J. 62/2019 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció lo siguiente: "En ese orden, no es menester para demostrar el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de contratos traslativos de uso, como el de arrendamiento; probar además de la fecha anterior a la orden de desposesión reclamada; la posesión material del bien inmueble de que se trate; pues el Pleno de este Alto Tribunal, ha emitido criterio en el sentido de que la posesión que protege el artículo 14 constitucional, no es la simple tenencia de las cosas o bienes, sino aquella que se funda en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas, como lo es el contrato de arrendamiento, a través del cual se transmite legalmente el uso del bien de su objeto, otorgando el arrendador al arrendatario el derecho a la posesión material; de ahí que probada la causa generadora de la posesión, esto es, la existencia de un título a través del cual ésta fue otorgada; ello, sea suficiente para acreditar el interés jurídico necesario para instar el juicio de amparo." De ahí que la testimonial no es, para este caso, medio idóneo para justificar el interés jurídico en el presente juicio, siendo este aspecto el toral a acreditar en la acción, de lo que se sigue que los elementos de prueba que se aparten de dicho objetivo carecen de pertinencia al negocio; ello, aun cuando los interrogatorios pretenden que los atestes declaren esencialmente cuestiones relativas a la propiedad y tenencia del inmueble que defiende la impetrante, su pago, así como las condiciones de celebración del pacto; sin embargo, como ya se dijo para los asuntos de terceros extraños basta para demostrar dicho interés, un contrato de fecha cierta anterior a los reclamos (fuente de la posesión y propiedad) y no la tenencia material, de modo que la testimonial es medio de convicción prescindible en el caso, pues los aspectos concomitantes a la celebración del contrato escapan de lo que es materia de análisis constitucional, ya que la acción de amparo no incide sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión y propiedad del bien relativo, ya que ello deberá dilucidarse ante la potestad común. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 62/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2020978, Décima Época, Materias(s): Civil, Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, noviembre de 2019, Tomo I, página 329, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN.". De lo expuesto, se evidencia que las testimoniales ofrecidas no resultan pertinentes en el caso, porque la litis en el presente asunto se centra lo relativo al interés jurídico, para lo cual basta un contrato de fecha cierta, prescindiendo de analizar la posesión material ni las condiciones sustantivas sobre la celebración del pacto. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." Es así, pues el juzgador de amparo al calificar la admisión o no de las pruebas ofrecidas por las partes, debe procurar evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, velando por el principio de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal; es decir, debe estudiar que las pruebas sean el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, pues de recibir alguna que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 41/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro es: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se indica que el tercero interesado los formuló e invocó el sobreseimiento del juicio y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 71/2023, promovido por..., contra actos de la Juez Décimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, alegando violaciones a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. La demanda se admitió en este órgano, dándose intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirió a la autoridad su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción VI de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso del orden civil (ordinario civil) seguido ante un tribunal con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados, conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo. De la lectura integral de demanda se advierte que la quejosa se ostenta tercera extraña auténtica al juicio especial hipotecario..., del índice del Juzgado Décimo Primero Civil de la Ciudad de México y reclama los actos desposesorios respecto del inmueble ubicado en..., en la Ciudad de México. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia de los actos que se le reclaman; lo cual se corrobora con la copia certificada de las actuaciones emitidas en el juicio de origen, remitidas por dicha autoridad, las cuales por tratarse de actuaciones judiciales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe analizarse por el juzgador, previo al estudio del fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. El presente juicio es improcedente, por encontrarse pendiente la resolución de un medio de defensa interpuesto por la propia quejosa, consistente en una Tercería Excluyente de Dominio, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo. El artículo aludido establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;." La fracción invocada es complementaria al principio de definitividad del acto reclamado, pues estatuye la improcedencia del juicio constitucional cuando esté pendiente de resolverse el recurso ordinario o medio de defensa legal que el gobernado haya interpuesto, en virtud de que ese medio de impugnación puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Tal supuesto se justifica en que la existencia de un medio ordinario de defensa coetáneamente con la tramitación de la instancia constitucional, en contra de un mismo acto, traería como consecuencia la posibilidad de que se emitan dos resoluciones respecto del mismo planteamiento legal, que inclusive podrían ser contradictorias. Ahora bien, en el caso de terceros extraños que defienden la propiedad de un bien contra actos privativos de su derecho, la Suprema Corte de justicia de la Nación ha establecido que cuando plantean una tercería excluyente de dominio y ésta se admite, tal situación actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, porque dicho procedimiento tiene el alcance de excluir al bien de los efectos privativos de la desposesión; lo que genera la improcedencia de la acción de amparo que se haya intentado paralelamente. Lo anterior se sustenta en el criterio jurisprudencial por contradicción 2a./J. 188/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Común, Civil, que establece: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN TRÁMITE. EL HECHO DE QUE QUIEN LA PROMUEVA INTERPONGA, COMO TERCERO EXTRAÑO, JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO, ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando se encuentre en trámite ante una autoridad jurisdiccional una tercería excluyente de dominio donde el quejoso controvierte la propiedad y los derechos provenientes de un embargo, y a la vez intente un juicio de amparo en el que como tercero extraño no sólo reclama la posesión, sino que aduce que los bienes afectados por el embargo son de su propiedad, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque la finalidad perseguida con la promoción de la tercería tiene como consecuencia que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado. Por tanto, es incuestionable que no pueden coexistir el juicio de amparo indirecto y la tercería excluyente de dominio que se encuentra en trámite, en virtud de que ésta constituye un mecanismo de defensa que, de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal del acto reclamado, lo que provoca la improcedencia del juicio." En la especie, indudablemente sobreviene la referida causal, porque una vez que se recibieron las constancias del proceso natural, mismas que gozan de valor probatorio pleno por ser constancias autenticadas por autoridad judicial, se aprecia que paralelamente al presente juicio, la quejosa optó por promover una tercería excluyente de dominio ante el juez de la causa, con la finalidad de extraer de la ejecución de sentencia, el bien ubicado en Calle..., en la Ciudad de México; invocando medularmente lo mismo que trajo a este juicio, que es la celebración de un contrato privado de compraventa con la demandada..., y su adquisición de fecha cierta por el fallecimiento de uno de los testigos. De modo que está plenamente probado que de facto y de iure, el procedimiento de tercería que intentó la quejosa ya se encuentra admitido a trámite por auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; por lo que no es dable que coexistan ambos procedimientos cuando persiguen un mismo objetivo. Cabe precisar que en similares condiciones se pronunció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su resolución de doce de julio de dos mil dieciocho, emitida en la queja civil 161/2018, donde en su parte conducente señaló: "[.] Por esta razón, resulta clara la determinación del juez de distrito, que en ninguna forma se controvierte en forma eficaz, pero además es perfectamente aplicable al caso la jurisprudencia invocada por el juez federal en el sentido de que no pueden coexistir la tercería excluyente de dominio y el juicio de amparo indirecto, porque la primera constituye un mecanismo de defensa que de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal del acto reclamado, lo que provoca la improcedencia del amparo, como atinadamente lo expresó el juzgador al desechar la demanda, argumentaciones éstas que como se ha expresado de ninguna manera son rebatidas y por lo tanto, debe permanecer rigiendo la resolución que se impugna. [.]" Sin que sea óbice que tal admisión de la tercería ocurriera después de interpuesta la demanda constitucional, pues lo cierto es que la quejosa voluntariamente instó ese procedimiento después de planteado su amparo; ya que la causal de improcedencia solo exige que se esté tramitando el medio de defensa legal o recurso, tendiente a modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, sin que haya condición a un orden de los eventos. Y es así, porque la fracción que regula esta causal de improcedencia no establece que el medio de defensa deba ser anterior al juicio de amparo, pues tal distinción sencillamente no existe, sino que solamente requiere que el medio exista y esté en trámite, como ocurre en la especie, trayendo como consecuencia que sobrevenga la causal de mérito, por haberse configurado después de que inició el proceso de amparo, lo cual sí está contemplado en el artículo 63, fracción V de la Ley de la Materia. Al respecto se invoca la tesis con registro digital: 221700. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, en Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Octubre de 1991, página 193, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSA SOBREVENIENTE DE. INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 74 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 74 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales en su fracción III dispone: "Artículo 74.- Procede el sobreseimiento: III.- Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. "De conformidad con este precepto el juez de amparo queda facultado para invocar, al pronunciarse, cualquier causa de improcedencia que exista con anterioridad a la promoción del juicio, o que surja, se produzca, durante la tramitación del mismo. Sobrevenir significa, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, decimonovena edición: "Acaecer o suceder una cosa además o después de otra, venir improvisadamente". De acuerdo con la definición el que una causa de improcedencia "sobrevenga", quiere decir que llega de improviso, en forma repentina, que tuvo existencia con posterioridad a la iniciación del procedimiento de amparo. Por tanto, no es necesario que la causa de sobreseimiento sea anterior a la promoción de la demanda, sino que también puede sobrevenir después, para que el sobreseimiento se decrete." En estas condiciones, la impetrante queda obligada a recorrer, la substanciación de dicho medio de defensa hasta obtener una sentencia que confirme, modifique o revoque el acto que estima lesivo a sus intereses, previo a obtener un pronunciamiento de constitucionalidad. Así, las constancias enviadas revelan que está en trámite un medio de defensa idóneo -interpuesto por la propia quejosa- por lo que se actualizan los extremos previstos en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, por mayoría de razón, la tesis 2a. CXXXVII/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, noviembre de 1997, Materia Constitucional, Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "AMPARO CONTRA LEYES. SI EL QUEJOSO OPTA POR IMPUGNAR EN LA VÍA ORDINARIA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY, OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, SIENDO IMPROCEDENTE EL JUICIO A PESAR DE QUE PARA EL MOMENTO EN QUE LO PROMUEVA TODAVÍA NO SE HAYA ADMITIDO O DESECHADO EL RECURSO INTERPUESTO. El artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, establece que en el amparo contra leyes, el quejoso tiene la opción de elegir la vía de impugnación con motivo del primer acto de aplicación; en tal virtud, puede ejercitar de inmediato la acción de garantías, sin que tenga la carga de agotar el recurso o medio de defensa ordinario establecido en la ley del acto, o bien, agotar los recursos ordinarios, pero en este caso quedará supeditado al resultado de éstos, así como al de todas las demás instancias procedentes, en acatamiento al principio de definitividad previsto en la fracción XIV del citado artículo 73, que no admite la posibilidad de que coexistan el juicio constitucional y los medios de defensa ordinarios, teniendo el afectado que esperar a que el recurso se resuelva en definitiva, para después combatir en la vía constitucional la resolución correspondiente; pero si en vez de esperar promueve el amparo en contra de la ley y del acto de aplicación, aquél será improcedente en términos de las disposiciones legales invocadas, no obstante que para la fecha de presentación de la demanda de garantías todavía no se haya admitido el medio de defensa ordinario, en virtud de que la procedencia del juicio de amparo debe encontrarse actualizada en el momento en que se presenta la demanda." En los mismos términos se invoca la tesis 2a. LIV/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 205, Tomo IV, julio de 1996, Materia Constitucional, Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. CUANDO EL QUEJOSO OPTÓ POR AGOTAR CONTRA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN EL RECURSO ORDINARIO QUE FUE DESECHADO, Y CONTRA ESA DETERMINACIÓN PROCEDE OTRO RECURSO, DEBE AGOTAR ESTE Y NO SOLICITAR DIRECTAMENTE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación del artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que este dispositivo contempla dos supuestos diversos para que a través del primer acto de aplicación el particular pueda impugnar la constitucionalidad de una ley: acudir al juicio de amparo directamente contra ese acto, o interponer previamente ante la potestad común el recurso o medio de defensa por virtud del cual el acto autoritario pueda ser modificado, revocado o nulificado, siendo pertinente enfatizar que en este último caso se parte de la premisa de que el medio de impugnación ordinario haya sido intentado antes de promover el amparo. Por tanto, cuando el gobernado se colocó en ese segundo supuesto y el recurso interpuesto le fue desechado, si en contra de esta determinación procede diverso recurso ordinario, en acatamiento al principio de definitividad, está obligado a agotarlo, porque de solicitar directamente el amparo, éste resulta improcedente, dado que el juzgador constitucional no puede pronunciarse sobre la procedencia o no de tal medio ordinario de defensa, porque la vía procesal ya ha sido elegida, y la competencia para determinar dicha cuestión recae sobre la potestad común; luego sólo sería, ante la eventualidad de que agotado el diverso recurso el tribunal de alzada confirmara el aludido desechamiento, cuando la autoridad de amparo estaría en aptitud de analizar, no sólo la juridicidad de la no admisión del recurso inicialmente interpuesto, sino también la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado." Por lo anterior, en virtud de existe un medio de defensa idóneo planteado por la misma quejosa para defender la propiedad que detenta, frente a los actos desposesorios que reclama del proceso natural, cobra vigencia la causal de improcedencia prevista en de conformidad con el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, y lo procedente es SOBRESEER EL JUICIO de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la misma legislación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por..., contra actos del Juez Décimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el último considerando. NOTIFÍQUESE. Lo sentencia y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hoy el día en que tuvo verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.

  4. Principal

    Agréguese el ocurso del tercero interesado ****, en atención a su contenido, se le tiene apersonándose al juicio; por señalado el domicilio procesal y autorizadas a las personas que refiere para los efectos que precisa. Respecto de quienes autoriza conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, gozarán de las facultades amplias que prevé si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; ya que de no ser así únicamente lo estarán para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos e invocada la causal de sobreseimiento. Ahora bien, en el ocurso el promovente realiza diversos señalamientos sobre la conducta de la quejosa y sus abogados, refiriendo que podría ser constitutiva de delito; además, alude a la falsedad de diversos actos, para lo cual se le informa que tiene expedito su derecho para hacerlo valer en la vía y forma que corresponda. En otro orden, se le informa que en caso de tener intención de objetar las pruebas de la quejosa, deberá formularlo de forma directa pues en el ocurso refiere la objeción que formuló en la tercería excluyente interpuesta dentro del proceso natural. NOTIFÍQUESE.

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