Ana Martha Noriega Bravo
Expediente 148/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 148/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ana Martha Noriega Bravo
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 148/2021-VIII. Puebla, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Exhorto diligenciado. Se agrega al expediente el oficio de cuenta que contiene la firma electrónica (evidencia criptográfica), de la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. Con ese oficio, devuelve diligenciado el exhorto 15/2020, con número de orden 50/2020, de este juzgado, a través del cual se solicitó notificar al quejoso ***, el proveído de veintidós de febrero del año en curso. En tales condiciones, se ordena dar de baja el exhorto de mérito con la hipótesis de "diligenciado", y realizar las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno respectivo como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa, no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, por medio del cual se desecha su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a los quejosos. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar a la quejosa por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 148/2021-VIII. Puebla, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada aparentemente por la quejosa Ana , por derecho propio, sin firma electrónica, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21 -que causa la enfermedad COVID-19-. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta a la quejosa a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar, que de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se tiene una demanda de amparo presentada vía electrónica, aparentemente por la quejosa Ana Martha Noriega Bravo, por derecho propio. Dicha modalidad (la electrónica), obliga a considerar el artículo 3 de la Ley de Amparo,4 el cual dispone que podrán presentarse escritos en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, es decir, utilizando la "firma electrónica" y cumpliendo los lineamientos que para su regulación emita el Consejo de la Judicatura Federal. Además, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica, únicamente cuando se reclamen actos que: Importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pero en el caso, se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado: ".Reclamo la posible Orden de aprehensión y/o presentación dictada en mi contra.". Tales actos, si bien pudieran afectar la libertad personal de la quejosa, lo cierto es que de ninguna forma constituyen actos fuera de procedimiento. Sobre todo porque los antecedentes narrados en la demanda, reflejan que esos actos fueron reclamados con motivo de una orden judicial, aparentemente ejecutada pro miembros con uniforme de la Agencia de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Dicho de otro modo, la orden de aprehensión de la que hace referencia, deriva de un proceso penal o carpeta de investigación tramitada con las reglas del sistema tradicional o del diverso sistema penal acusatorio, motivo por el cual debe estimarse que son actos dentro de procedimiento y por ende, no encuadran en las hipótesis de gravedad mencionadas. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción sobre la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuando el quejoso reclama actos urgentes -de los prohibidos en el artículo 22 de la constitución federal, y previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo-. Por consiguiente, se estima que la demanda de amparo presentada vía electrónica por la quejosa en mención, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual obliga a desechar la solicitud recibida. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, cuando no tenga la firma electrónica del quejoso. Lo anterior, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio de tutela constitucional, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, dado que se trata del incumplimiento a uno de los principios rectores del juicio de amparo, que no amerita prevención. Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3, 6, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada aparentemente por la quejosa Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a la quejosa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberá registrarse en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a la promovente que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Domicilio procesal. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, las listas que se publican en este juzgado y a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), porque la quejosa señaló como domicilio uno ubicado fuera de la jurisdicción de este juzgado federal para recibir notificaciones personales. Por otro lado, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesional Marco Antonio Pavón Martínez, y en términos estrictos del aludido numeral a las demás personas a las que hace mención, por no contar con registro de su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Comunicación con la quejosa. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente, se dispone lo siguiente: A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente y en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se requiere a la quejosa para que en el plazo de tres días, proporcione un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual pueda ser contactado. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación, sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. De modo que las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Notificación Personal. Dado a que la quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia residencia de este juzgado o su zona conurbada, sino que señaló uno que está fuera de la sede de este órgano jurisdiccional; por única ocasión ya que se trata de la primera notificación, con fundamento en los artículos 297, fracción II, 298 y 299, aplicado en supletoriamente en términos del artículo 2 y con relación al diverso 26, fracción I, inciso J), de la Ley de Ampro, líbrese atento y respetuoso exhorto -en línea- al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, para que en el auxilio de las labores de este juzgado federal, ordene a quien corresponda, incluso en días y horas inhábiles, se constituya en el domicilio ubicado en Calle Querétaro, número 12 (doce), colonia Cantarranas, Cuernavaca, Morelos, a fin de notificar en forma personal a la quejosa , el presente proveído y para tal efecto se anexa copia autorizada del mismo. De igual forma, deberá requerirle, que en el plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos el emplazamiento, señale domicilio en esta ciudad o en su zona conurbada (San Andrés Cholula, San Pedro Cholula o Cuautlancingo) para oír y recibir notificaciones de su parte; además, deberá apercibirla que de omitir hacerlo así en el plazo otorgado para tal fin, las subsecuentes determinaciones incluso las de carácter personal, se le notificarán por medio de lista, lo anterior, con apoyo en los artículos 26, fracción III, 27, fracciones I y II, párrafo primero (aplicado por analogía jurídica) y 29 de la Ley de Amparo, ello sin ulterior acuerdo. Se solicita atentamente al juez exhortado, que ordene al actuario de su adscripción que en el acta derivada de la diligencia correspondiente, asiente en forma expresa y exacta que realizó todos los puntos solicitados por este juzgado. Además, se faculta de manera respetuosa al juez exhortado, para autorizar días y horas inhábiles a fin de lograr lo encomendado, así como para que acuerde promociones y provea las diligencias necesarias para cumplir todo lo solicitado. Por último, se pide en forma atenta al juez exhortado, que devuelva diligenciado el exhorto a la brevedad y por la misma vía -en línea-. Notifíquese; por exhorto a la quejosa y cúmplase.
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