Ana María López Ramos

Expediente 585/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
585/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Ana María López Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    JUICICO DE AMPARO 585/2022-V.. Puebla, Puebla, seis de julio de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no presentada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer en la declaración de causa estado. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede solicitarlo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 585/2022-V. Puebla, Puebla, tres de junio de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales signada por la quejosa * por propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente con sede en Teziutlán, Prevención. De la lectura integral3 de la demanda de amparo, se advierten irregularidades en los actos reclamados por la quejosa. La primera irregularidad es la siguiente: La quejosa reclama una orden de arresto. Existe duda en el señalamiento de este acto, porque el arresto, propiamente dicho, corresponde a una corrección disciplinaria o medida de apremio impuesta por una autoridad ante el incumplimiento de un mandato legítimo. Pero de los antecedentes de la demanda no se desprende que la quejosa se encuentre sometida a un procedimiento, ya sea judicial o administrativo, donde pueda imponérsele dicha reprimenda. Aspecto de trascendencia porque, de ser el caso, en términos del artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad carecería de competencia para analizar su constitucionalidad. La segunda irregularidad es la siguiente: La quejosa señaló como acto reclamado una orden de arraigo y la reclama a diversos jueces locales, pero dichas autoridades no tienen facultades para librar esa orden, porque la orden de arraigo solo puede ser emitida por jueces del fuero federal en casos de delitos en materia de delincuencia organizada; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia ."DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ARRAIGO LOCAL. LA MEDIDA EMITIDA POR EL JUEZ ES INCONSTITUCIONAL. ". Y en el caso, de los antecedentes de los actos reclamados no se desprende que exista una causa penal iniciada en su contra, por los delitos en materia de delincuencia organizada, que pudieran derivar en una orden de arraigo. Por otra parte, se detectó una tercera irregularidad, en uno de los actos reclamados a los jueces de control señalados como responsables, siendo el siguiente: Es así, pues una orden de presentación como la que reclama la quejosa, no puede ser emitida por los jueces de control, porque estos, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no tienen facultades jurídicas para librar una orden de presentación en el mencionado nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Sobre todo porque la regulación de la orden de presentación, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece únicamente las órdenes: de citación, comparecencia y aprehensión, y que serán emitidas por un Juez de Control, a solicitud de la representación social. Por lo tanto, existiría una causal de improcedencia contra esos actos, pues el citado numeral no contempla la orden de presentación. De tal manera que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de aprehensión (también reclamada) de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados en mención. También, existe una cuarta irregularidad respecto a la orden de aprehensión, presentación o detención que les atribuye a los Ministerios Públicos y Fiscal señalados como responsables. En el caso particular, resulta patente que las citadas autoridades, no tiene las atribuciones legales para emitir la orden de aprehensión o presentación que reclama la quejosa; pues, en su caso, serían facultades de una autoridad judicial. Tan es así, que el artículo 1414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que las órdenes de citación, comparecencia y aprehensión serán emitidas por un Juez de Control, a solicitud de la representación social. Ahora, respecto a la orden de detención que le atribuye a los Ministerios Públicos y al Fiscal, se le hace saber a la promovente, que el representante social no puede ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la aquí quejosa lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, la aquí quejosa pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la quejosa sólo menciona que, agentes estatales se presentaron en su domicilio particular, mencionando que tenían una orden de aprehensión, en su contra. Lo anterior, diluye cualquier posibilidad de que el representante social hubiera ordenado su detención de forma urgente. Al hilo de lo anterior, se detectó una quinta irregularidad, respecto de los actos consistentes en una orden de investigación ministerial o el inicio de una carpeta de investigación y como consecuencia de ello su derecho a saber si existe una denuncia o acusación en su contra. Pero dichos actos encontrarían una causal de improcedencia, porque la investigación dentro de una carpeta de investigación, obedece al mandato que tiene el Ministerio Público de esclarecer los hechos delictivos, como lo ordena el artículo 21 de la constitución federal, por lo tanto, debe agotarse todas las diligencias necesarias, para poder decretar el archivo o inejecución de la acción penal. En otras palabras, el juicio de amparo resultaría improcedente contra los citados actos, porque la investigación; se realiza en cumplimiento a un mandato constitucional, motivo por el cual nunca podría ser objeto de control en el escenario de legalidad. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, la Tesis de rubro siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE5". Pero la aclaración debe realizarla la quejosa, porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar el señalamiento de actos reclamados y autoridades responsables, dado que esto corresponde a los solicitantes de la protección constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI EL ACTO RECLAMADO. NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO"6. Por tanto, con fundamento en los artículos 108 fracciones III, IV, y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Precise si desea excluir de este juicio los actos consistentes en la orden de arresto y arraigo atribuidos a las autoridades ordenadoras señaladas como responsables. 2. Señale si desea dejar de tener como responsables a los agentes del Ministerio Público y Fiscal General del Estado de Puebla, dado que carecen de facultades para emitir las órdenes reclamadas; y la orden de investigación reclamada encontraría una causa de improcedencia por los motivos precisados en los parágrafos que anteceden. 3. Indique si desea limitar los actos reclamados a la orden de aprehensión o detención y su ejecución, emitida por los jueces señalados como responsables, así como la orden de presentación emitida por los jueces del sistema tradicional señalados como responsables, pues en el sistema penal acusatorio, los jueces de control no tienen facultades para emitir una orden de presentación, según el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Escrito aclaratorio. Se requiere la quejosa que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes. Apercibimiento. Se formula a la quejosa el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizado del quejoso. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla). Sin que se tengan para esos efectos el correo electrónico y número telefónico señalados en la demanda, pues la Ley de Amparo, no contempla la notificación por los citados medios. Asimismo, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo, las personas señaladas en su demanda, pues omitió otórgales facultades amplias. Notifíquese; de forma personal a la quejosa en su domicilio procesal.

  3. Principal

    SEDEJO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA JUICIO DE AMPARO 585/2022-V. Puebla, Puebla, tres de junio de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales signada por la quejosa * por propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente con sede en Teziutlán, Prevención. De la lectura integral3 de la demanda de amparo, se advierten irregularidades en los actos reclamados por la quejosa. La primera irregularidad es la siguiente: La quejosa reclama una orden de arresto. Existe duda en el señalamiento de este acto, porque el arresto, propiamente dicho, corresponde a una corrección disciplinaria o medida de apremio impuesta por una autoridad ante el incumplimiento de un mandato legítimo. Pero de los antecedentes de la demanda no se desprende que la quejosa se encuentre sometida a un procedimiento, ya sea judicial o administrativo, donde pueda imponérsele dicha reprimenda. Aspecto de trascendencia porque, de ser el caso, en términos del artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad carecería de competencia para analizar su constitucionalidad. La segunda irregularidad es la siguiente: La quejosa señaló como acto reclamado una orden de arraigo y la reclama a diversos jueces locales, pero dichas autoridades no tienen facultades para librar esa orden, porque la orden de arraigo solo puede ser emitida por jueces del fuero federal en casos de delitos en materia de delincuencia organizada; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia ."DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ARRAIGO LOCAL. LA MEDIDA EMITIDA POR EL JUEZ ES INCONSTITUCIONAL. ". Y en el caso, de los antecedentes de los actos reclamados no se desprende que exista una causa penal iniciada en su contra, por los delitos en materia de delincuencia organizada, que pudieran derivar en una orden de arraigo. Por otra parte, se detectó una tercera irregularidad, en uno de los actos reclamados a los jueces de control señalados como responsables, siendo el siguiente: Es así, pues una orden de presentación como la que reclama la quejosa, no puede ser emitida por los jueces de control, porque estos, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no tienen facultades jurídicas para librar una orden de presentación en el mencionado nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Sobre todo porque la regulación de la orden de presentación, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece únicamente las órdenes: de citación, comparecencia y aprehensión, y que serán emitidas por un Juez de Control, a solicitud de la representación social. Por lo tanto, existiría una causal de improcedencia contra esos actos, pues el citado numeral no contempla la orden de presentación. De tal manera que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de aprehensión (también reclamada) de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados en mención. También, existe una cuarta irregularidad respecto a la orden de aprehensión, presentación o detención que les atribuye a los Ministerios Públicos y Fiscal señalados como responsables. En el caso particular, resulta patente que las citadas autoridades, no tiene las atribuciones legales para emitir la orden de aprehensión o presentación que reclama la quejosa; pues, en su caso, serían facultades de una autoridad judicial. Tan es así, que el artículo 1414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que las órdenes de citación, comparecencia y aprehensión serán emitidas por un Juez de Control, a solicitud de la representación social. Ahora, respecto a la orden de detención que le atribuye a los Ministerios Públicos y al Fiscal, se le hace saber a la promovente, que el representante social no puede ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la aquí quejosa lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, la aquí quejosa pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la quejosa sólo menciona que, agentes estatales se presentaron en su domicilio particular, mencionando que tenían una orden de aprehensión, en su contra. Lo anterior, diluye cualquier posibilidad de que el representante social hubiera ordenado su detención de forma urgente. Al hilo de lo anterior, se detectó una quinta irregularidad, respecto de los actos consistentes en una orden de investigación ministerial o el inicio de una carpeta de investigación y como consecuencia de ello su derecho a saber si existe una denuncia o acusación en su contra. Pero dichos actos encontrarían una causal de improcedencia, porque la investigación dentro de una carpeta de investigación, obedece al mandato que tiene el Ministerio Público de esclarecer los hechos delictivos, como lo ordena el artículo 21 de la constitución federal, por lo tanto, debe agotarse todas las diligencias necesarias, para poder decretar el archivo o inejecución de la acción penal. En otras palabras, el juicio de amparo resultaría improcedente contra los citados actos, porque la investigación; se realiza en cumplimiento a un mandato constitucional, motivo por el cual nunca podría ser objeto de control en el escenario de legalidad. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, la Tesis de rubro siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE5". Pero la aclaración debe realizarla la quejosa, porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar el señalamiento de actos reclamados y autoridades responsables, dado que esto corresponde a los solicitantes de la protección constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI EL ACTO RECLAMADO. NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO"6. Por tanto, con fundamento en los artículos 108 fracciones III, IV, y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Precise si desea excluir de este juicio los actos consistentes en la orden de arresto y arraigo atribuidos a las autoridades ordenadoras señaladas como responsables. 2. Señale si desea dejar de tener como responsables a los agentes del Ministerio Público y Fiscal General del Estado de Puebla, dado que carecen de facultades para emitir las órdenes reclamadas; y la orden de investigación reclamada encontraría una causa de improcedencia por los motivos precisados en los parágrafos que anteceden. 3. Indique si desea limitar los actos reclamados a la orden de aprehensión o detención y su ejecución, emitida por los jueces señalados como responsables, así como la orden de presentación emitida por los jueces del sistema tradicional señalados como responsables, pues en el sistema penal acusatorio, los jueces de control no tienen facultades para emitir una orden de presentación, según el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Escrito aclaratorio. Se requiere la quejosa que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes. Apercibimiento. Se formula a la quejosa el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizado del quejoso. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla). Sin que se tengan para esos efectos el correo electrónico y número telefónico señalados en la demanda, pues la Ley de Amparo, no contempla la notificación por los citados medios. Asimismo, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo, las personas señaladas en su demanda, pues omitió otórgales facultades amplias. Notifíquese; de forma personal a la quejosa en su domicilio procesal.

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