Ana Maribel Aguilar Moreno

Expediente 1083/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1083/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Ana Maribel Aguilar Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que tuvo por no presentada la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, conforme al artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Subdirector de Recursos Humanos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 19 y 123 apartado B, constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 1083/2022-VIII. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Del análisis de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama los descuentos vía nómina de los créditos personales de las empresas ****, autorizados por la quejosa, que le realiza la responsable. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5° fracción II de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: (.) I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.) Así, de la interpretación gramatical del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. Ahora, el segundo de los numerales citados establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el segundo precepto transcrito establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por autoridad para los efectos del juicio de amparo, se entiende al ente público, que dotado o no de fuerza pública, con fundamento en una norma legal, emite actos unilaterales mediante los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados; esto es, ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley, por ende, constituyen una potestad jurisdiccional cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por tanto, su actuación se traduce en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y establecer en relación con el gobernado un vínculo de supra a subordinación. En ese orden de ideas, resulta necesario distinguir los tipos fundamentales de relaciones que existen en la vida de cualquier estado o sociedad y que en el caso interesan. Para ello, es preciso atender a la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación, son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que de manera coactiva se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público, el cual también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo, y el juicio de amparo como mecanismo de defensa de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Mientras que las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose, también, por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, para definir el concepto de autoridad responsable, se debe atender a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si lo que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Del criterio antes expuesto, se advierte que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Por lo que, si el ente que se señala como responsable no actúa en una relación de supra a subordinación con un particular, derivada de una ley en la cual emita actos unilaterales con los que cree, modifique, extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera del particular, sin requerir acudir a los órganos jurisdiccionales, no debe ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo. En congruencia con las notas distintivas relatadas, en la Ley de Amparo se integra el concepto de particular como autoridad, lo que es consignado en el artículo 5, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Amparo, y que de la ejecutoria que produjo el origen de la tesis 2a./J. 127/2015 (10a.) antes citada, se desprende la interpretación jurisprudencial para ser considerada la actuación del particular como autoridad responsable, recayendo en los siguientes parámetros: Realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. Afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, Sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad, y según lo interpretó la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País en el criterio de observancia obligatoria precitado, siempre que actúe con imperio, y no como auxiliar del Estado, es decir, que tenga una relación con el quejoso de supra a subordinación. Es así porque, como se dijo antes, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, en que los primeros actúan en un plano superior al de los segundos en beneficio del orden público y del interés social; ese tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad. Esto es, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha sido delimitado en razón de la naturaleza de la relación entre gobernante y gobernado. Por ello, para determinar si se está en presencia de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se requiere el análisis del caso concreto que se presente, para lo cual, se debe estudiar el origen material de ese acto y el tipo de la relación jurídica que existe entre los sujetos. Ahora bien, en el presente juicio de amparo la parte quejosa reclama al Subdirector de Recursos Humanos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, los descuentos vía nómina de los préstamos obtenidos, los cuales ella misma autorizó. De lo expuesto se permite concluir que el acto reclamado deriva de una relación de coordinación entre la quejosa y los Servicios de Salud del Estado de Colima, pues esta dependencia le hace descuentos a la nómina de la quejosa, debido a que dicha dependencia tiene convenio de colaboración de la cartera derivada de los créditos, de los descuentos vía nómina, en donde del oficio número DA/SRH-267/2022, se advierte que la parte quejosa tiene tres créditos con ***, de ahí que la conducta reprochada a la institución pública deriva de actos en donde todas las partes involucradas (préstamo, otorgamiento del crédito y descuento de nómina) todas participan en igualdad de condiciones, es decir, la institución pública señalada como responsable carece de imperio en el acto se le reprocha, por derivar de un acto entre particulares y a quien la quejosa le otorgó su consentimiento para los referidos descuentos. Así las cosas, el acto reclamado en esta instancia constitucional, no puede considerarse como un acto de autoridad para los efectos del amparo dado que la autoridad responsable actúa desprovista de imperio, que es la característica distintiva de los actos de autoridad, razón por la cual el mismo no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo, al resultar de naturaleza propiamente laboral. En esas condiciones, se colige que el acto reclamado no se emitió con base en una relación de supra a subordinación, esto es entre gobernante y gobernado, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, sino en una relación de coordinación, esto es en un plano de igualdad, en virtud de que los descuentos realizados vía nómina surten efectos en el plano de patrón- trabajadora; dicho de otra forma, no se advierte que el acto reclamado que se analiza en esta instancia constitucional tenga las características distintivas de los actos de autoridad. En esas condiciones, se colige que el acto reclamado no se emitió con base en una relación de supra a subordinación, esto es entre gobernante y gobernado, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, sino en una relación de coordinación, esto es en un plano de igualdad, en virtud de que la autorización de los periodos vacacionales surten efectos en el plano de patrón- trabajador; dicho de otra forma, no se advierte que el acto reclamado que se analiza en esta instancia constitucional tenga las características distintivas de los actos de autoridad. Es decir, el acto reclamado no queda comprendido como aquellos de supra a subordinación que otorgara procedencia al juicio de amparo, puesto que éste surte sus efectos en el ámbito de la relación laboral que sostiene la quejosa con la referida dependencia, por lo que la impetrante de amparo se encuentra en condiciones de reclamar lo que en derecho corresponda y le asista ante la vía laboral correspondiente. Luego, como la peticionaria de amparo **** lo acepta en su demanda y se obtiene de los anexos que allega, tiene el carácter de trabajadora al servicio de Los Servicios de Salud en el Estado de Colima, lo que representa un vínculo de coordinación, es decir, una relación en la que se reúne el consenso de voluntades para configurar el nexo jurídico de trabajo, en el que una de las partes figura como patronal, y la otra como trabajador. Desde una óptica diversa, tampoco podría aceptarse que en este caso se estuviere ante actos de particular equiparables a los de autoridad porque la afectación a la esfera jurídica del solicitante de amparo no fue emitida por la patronal de manera obligatoria en acatamiento al deber impuesto por una norma jurídica; sino que se trata de la voluntad de quien figura como patrón, al igual que en cualquier otra relación de trabajo, es decir a solicitud de la trabajadora se realizaron los descuentos, en razón de los préstamos personales que obtuvo. En esa tesitura, esa relación se encuentra regulada por las leyes laborales -ya sea la prevista en el apartado B, del artículo 123 constitucional, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Ley Federal del Trabajo de forma supletoria a la anterior, incluso de manera mixta, atendiendo a la norma que lo prevea-, así como las leyes y condiciones generales de trabajo que tenga la institución celebradas con su sindicato. De tal suerte que, cualquier controversia que surja en torno a ese vínculo de trabajo -a excepción de los procedimientos administrativos sancionadores-, ha de ser sometida a la jurisdicción de los tribunales laborales competentes, quienes tendrán las facultades de analizar no sólo de su aspecto de legalidad, sino además la constitucionalidad y convencionalidad que se pueda reclamar. Entonces, se desprende que los descuentos de los que se duele la aquí quejosa no puede ser considerado como acto de autoridad, pues los descuentos realizados a la quejosa, son atendiendo a los prestamos personales adquiridos con las empresas que tienen convenio, los cuales ella autorizó su realización. En consecuencia, en atención a que el acto reclamado deriva de una relación laboral entre las autoridades responsables y el quejoso, en un plano de coordinación y no de supra a subordinación, dichas autoridades carecen del carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5° fracción II de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado en el presente juicio constitucional, al no ser un acto de autoridad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Aunado a ello, en el caso a estudio, se tienen todos los elementos para en auto inicial advertir la improcedencia, pues el propio quejoso acompañó a su demanda el oficio materia de reclamo, entonces aun tramitando el juicio de amparo hasta la audiencia constitucional, en nada cambiaría el sentido, pues la naturaleza de la autoridad responsable seguirá siendo la misma. En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, y como autorizado en términos amplios de conformidad con el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Jorge Alejandro Velasco Rodríguez; en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma Francisco Javier García Contreras, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, quien actúa asistido de la Secretaria Lucía del Carmen Galván Aguilar, que autoriza y da fe, quien certifica que la promoción y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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