Ana María Velarde Buendía

Expediente 561/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
561/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
03/12/2020

Partes del expediente

  • Ana María Velarde Buendía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 258, de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se transcribe el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibido que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos) con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Tal y como lo establece el citado numeral 192 de la ley de la materia, en razón de que el juez responsable, no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, pues ninguna autoridad puede inferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle como ha de resolver. Es aplicable por analogía e identidad de razón, la tesis PC.I.C. J/3 K, del rubro: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO".

  2. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 561/2020-III, promovido por * * , por propio derecho, contra los actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, con sede en esta ciudad capital, por estimarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Colima, con sede en Colima, dirigido, por razón de turno, a este juzgado Segundo de Distrito, Ana María Velarde Buendía, (en adelante, quejosa o agraviada o parte quejosa o parte agraviada) pro propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que enseguida se precisan: ".AUTORIDAD RESPONSABLE.- El Juez Cuarto de lo Familiar, del Primer Partido Judicial, con sede y domicilio en la ciudad de Colima, Colima. ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsables, lo constituye la Omisión de acordar el escrito de folio 649420, presentado ante la oficialía de partes el día 01 de septiembre del 2020, con número de expediente 16-0211-113F, de manera urgente, por tratarse de un asunto de custodia de mi menor hijo CARLOS VELIAN LÓPEZ VELARDE, que está siendo afectado en sus derechos ya que de manera arbitraria el padre de mi hijo no me permite la convivencia con la suscrita, y se cambia de casa y no da aviso." SEGUNDO. Admisión y trámite de demanda. Por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 561/2020-III; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito [quien no formuló pedimento]; se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Exhibido en autos el informe justificado y seguido los trámites legales, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse la aplicación de preceptos normativos cuya ejecución se materializó en el lugar donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia(s): Común, Tesis: P. VI/2004, página: 255, registro IUS: 181810, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral del escrito de demanda, y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La omisión de acordar el escrito con número de folio 649420, dentro de los autos del expediente 16-0211-113-F, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial, con sede en Colima, Colima. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Abril de 2000, Materia: Común, registro 192097, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisados el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto a la existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Cuarto de lo Familiar del Primero Partido Judicial del Estado de Colima, con sede en Colima, ya que así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 2000, Quinta Época, tomo VI, Común, Materia: Común, tesis: 278, registro 917812, página 231, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, esa confesión de que existe el acto reclamado, está corroborada con las constancias que anexó a su informe con justificación la referida autoridad responsable, consistente en las copias certificadas del expediente 16-0211-113F, mismas que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia: Común, Tesis: 226, página: 153, registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado; en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, ordena que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia(s): Común, Tesis: 158, página: 262, registro 395571 que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Materia: Común, Tesis: IV.3o.108 K, página: 353, registro 208448 que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." Asimismo, la jurisprudencia 228 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice Jurisprudencia SCJN, página 186 que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales" En el caso, el Juez Cuarto de lo Familiar del Primero Partido Judicial del Estado de Colima, con sede en Colima, refiere que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en virtud de que el quince de octubre del dos mil veinte, se emitió el auto correspondiente a la promoción que presentó la parte quejosa, en el juicio de origen. Lo anterior es infundado, puesto que si bien es verdad que en la fecha mencionada -quince de octubre de dos mil veinte- emitió el acuerdo correspondiente, dentro de los autos del juico 16-0211-113F; sin embargo, no está acreditado que se haya notificado personalmente esa determinación a la parte quejosa, a pesar de así haberlo ordenado en el citado proveído. Por tanto, al no existir diversas causas de improcedencia invocadas por las autoridades y este juzgador no advertir la actualización de alguna que imposibilite el análisis de la controversia constitucional planteada, sin que sea obligatorio abordar el estudio de cada una de las contempladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la ley no lo establece así; entonces, a continuación se procede al estudio de la controversia constitucional. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 268, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Apéndice 1917 -Septiembre 2011, Octava Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte, Segunda Sección, Improcedencia y sobreseimiento, Materia: Común, página: 288, registro 1002334 que dice: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa, en su escrito de demanda expresó diversos conceptos de violación, los que por cierto se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su trascripción para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia que rigen toda determinación jurisdiccional, atento a lo dispuesto en el ordinal 74 de la ley de la materia, pues ni de éste ni de ningún otro se advierte disposición expresa de que deban transcribirse. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, página: 830, registro 164618.que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Calificación de los conceptos de violación y estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos de violación propuestos resultan fundados por las razones que a continuación se exponen. La quejosa en sus conceptos de violación alega esencialmente, que se vulnera en su agravio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues señala que la autoridad responsable no ha emitido el proveído correspondiente dentro del juicio número 16-0211-113F. Al respecto, los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil". El precepto citado en primer término, establece la obligación de los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; de ahí que a toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Por su parte, el transcrito artículo 17 tutela el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las sentencias correspondientes sin dilaciones. De esa forma, se concede a las personas el derecho público subjetivo de acción (especie del derecho de petición), conforme al cual, el gobernado tiene el derecho y el gobernante, la obligación de activar la función jurisdiccional para resolver lo sometido a su potestad, en relación con la controversia que se plantea. En relación con el precepto analizado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado el derecho de acceso a la justicia, como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; asimismo, se destacaron respecto de las autoridades jurisdiccionales, los siguientes principios: 1. Justicia pronta: Obligación de las autoridades encargadas de la impartición de justicia, de resolver las controversias que se planteen ante ellas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa: Consiste en que la autoridad que conozca de la controversia planteada emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, así como que garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, aplicando la ley, resuelva si le asiste razón o no, sobre los derechos que ha considerado afectados en su perjuicio. 3. Justicia imparcial: La autoridad jurisdiccional debe emitir una resolución, que además de que se encuentre apegada a derecho, no dé lugar a favoritismos respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita: Los órganos jurisdiccionales, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda la impartición de justicia, no deben cobrar a las partes en controversia emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Cabe resaltar, que también se ha referido que la tutela judicial efectiva genera dos deberes, uno negativo para que los órganos del Estado se abstengan de obstaculizar a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, y, uno positivo, consistente en facilitarles el acceso a la justicia. Estas consideraciones han sido sustentadas en las Jurisprudencias de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con los números 1a./J. 42/2007 y 2a./J. 192/200710, cuyo rubro y contenido son del tenor literal siguiente: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos". "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". De igual forma, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, puntualizó que si bien el gobernado dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su consideración, su proceder debe regirse por los derechos al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues atendiendo a dichos derechos es que el particular puede obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas de forma íntegra, generando a su vez los deberes positivos y negativos desarrollados en párrafos anteriores, es decir, el que la conducta se rija por dichos artículos, permite al particular obtener una mejor respuesta a sus pretensiones y, por ende, una mayor protección, puesto que el derecho de petición sólo obliga a la obtención de una respuesta básica. No obstante, también destacó que tal circunstancia no justifica que la autoridad no esté vinculada a lo dispuesto en el artículo 8° constitucional, en cuanto a su obligación de hacer saber al solicitante o peticionario, en un lapso corto, todos los trámites y acciones llevadas a cabo con relación con a peticiones, pues de conformidad con los principios de universalidad e interdependencia las autoridades deben resolver las situaciones de los particulares entendiendo los derechos como un todo. De igual forma, puntualizó que los derechos consagrados en los artículos 8°, 14 y 17 constitucionales regulan cuestiones distintas (derecho de petición, el debido proceso y el derecho de acción), sin embargo, deben entenderse de manera armónica de acuerdo a su finalidad, sin que ello implique dejar de proteger al particular frente al acto de autoridad. Así, de conformidad con los principios de indivisibilidad e interdependencia, la autoridad debe verificar el cumplimiento de los derechos y las correlativas obligaciones, en el contexto de lo que establecen los artículos 8°, 14 y 17 constitucionales; por tanto, de una interpretación armónica se desprende la obligación de la autoridad jurisdiccional o administrativa de emitir la resolución correspondiente a la petición presentada de manera pronta y congruente, la cual debe atender a los plazos y términos fijados en las leyes que rigen dicho procedimiento. La mencionada ejecutoria dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento". En ese sentido, las autoridades jurisdiccionales en acatamiento a los citados preceptos constitucionales, deben emitir sus autos y sentencias en los plazos y términos que fijen las leyes, debiendo informar a las partes en el proceso, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera; pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. Máxime en el supuesto jurídico de que se reclame la omisión de la autoridad responsable a dar contestación a una petición formulada dentro de un juicio o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, la autoridad responsable tiene la obligación de dar una respuesta congruente a la petición formulada y que la misma se hizo del conocimiento del promovente, con el objeto de que sea desestimada la violación al derecho humano reclamado en esta instancia constitucional. En ese sentido, los artículos 89, 114, fracción V y VI, y el 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, establecen: "Artículo 89. Los decretos y los autos deben dictarse dentro de tres días después del último trámite, o de la promoción correspondiente. Artículo 114. Será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes: [.] V.- El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; y, VI.- En los demás casos que la ley lo disponga. Artículo 116. Las notificaciones personales se harán al interesado o a su representante o procurador, en el domicilio procesal designado para oír y recibir notificaciones dejando cédula en la que se hará constar la fecha y hora en que se entregue, el nombre y apellido del promovente, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, recogiéndole su firma o asentado la razón de su negativa a firmarla". De los numerales transcritos se advierte, entre otras cuestiones, que los autos deben dictarse dentro de tres días después de la promoción correspondiente y que se harán personalmente cuando recaiga en el proveído un requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; y, en los demás caos que la ley lo disponga, misma que se hará al interesado o su representante en el domicilio procesal designado para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, del contenido de las constancias exhibidas por la autoridad responsable consistente en las copias certificadas del proveído de quince de octubre de dos mil veinte, emitido en los autos del expediente número 16-0211-113F, se acredita que el Juez responsable acordó la promoción con número de folio 649420, presentada ante su potestad por la parte quejosa, el cual ordenó notificar personalmente a las partes, sin que se advierta que se haya notificado de tal manera a la aquí quejosa. En esas circunstancias, es que, si bien es cierto, la autoridad responsable emitió el acuerdo correspondiente, cuya omisión reclama la quejosa, el quince de octubre de dos mil veinte; sin embargo, de las mismas constancias que anexó a su informe justificado, no se desprende que haya hecho del conocimiento [notificación] de dicha determinación a la parte aquí quejosa, ello sin justificación legal o material alguna, personalmente, tal y como lo señala el artículo 114, fracción V y VI del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, al así haberlo ordenado en la propia determinación. Por tanto, este juzgador considera que se transgrede el derecho fundamental establecido en los artículos 8° y 17 constitucionales, de acceso a la impartición de justicia, pues incumplió su obligación de hacer saber al solicitante o peticionario, el acuerdo emitido; pues la parte quejosa, al tener conocimiento oportuno de tal acontecer, estaría en oportunidad para interponer los recursos o medios de defensa legales que estime correspondientes. Resulta aplicable a lo anterior por las razones que informa, la jurisprudencia número IV.3º.T J/57, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1283, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". En consecuencia, la omisión ocurrida dentro del 16-0211-113F del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primero Partido Judicial del Estado de Colima, con sede en esta ciudad, vulnera en perjuicio del quejoso el derecho fundamental que toda persona tiene a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. En esa tesitura, resulta procedente conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado por la parte quejosa. SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, primer párrafo y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es conceder a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal, para que: El Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Poder Judicial del Estado de Colima, con sede en esta ciudad, realice la notificación personal a Ana María Velarde Buendía del acuerdo emitido el quince de octubre de dos mil veinte, en los autos del expediente 16-0211-113F, tal y como lo señala los artículos 114, fracción V y 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. OCTAVO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E:ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa * * , contra el acto que reclamo del Juez Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Poder Judicial del Estado de Colima, con sede en Colima, en los términos precisados en el sexto considerando de esta sentencia y para los efectos indicados en el séptimo considerando de la misma.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y como se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que el informe rendido no fue conocido por las partes con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por ello y a efecto de que éstos se impongan del contenido del mismo, a fin de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo; lo procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con trece minutos del diez de noviembre de dos mil veinte. Lo anterior es acorde con la tesis jurisprudencial número 54/2000, aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el veintiocho de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 5, registro 191995, bajo la voz: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual rinde su informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional.

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