Ana María Zamora Jaracuaro

Expediente 798/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
798/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Ana María Zamora Jaracuaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Visto lo que antecede, así como la certificación de cuenta, de la que aparece que transcurrió el término de diez días referido en el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; con fundamento en los numerales 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º, de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Requerimiento de cumplimiento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días siguientes contado a partir de que reciba la notificación del presente proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular, esto es, a la PERSONA FÍSICA que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por CIEN, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; misma multa que deberán cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos. Por lo que si conforme a la página oficial de Internet https://www.inegi.org.mx/temas/uma/, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el presente año (2023) equivale a $103.74 M.N. (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), al multiplicarla por CIEN, la citada multa es equivalente a la cantidad de $10,374.00 M.N. (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuesta la multa respectiva, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD." Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por XXXXX, por derecho propio, contra las autoridades y por los actos precisados en el considerando tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a XXXXX, contra los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando séptimo y, para los efectos especificados en el considerando octavo de esta sentencia. TERCERO. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; en los términos apuntados en el último considerando de esta sentencia, en el sentido que la sentencia concesoria dictada en el presente asunto, fue por cuestiones de fondo.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguense a los presentes autos para que obren como legalmente correspondan, el oficio y anexo de cuenta remitidos por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Baja California, con sede en esta ciudad -en relación a el oficio 25079- mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de trece de septiembre de dos mil veintitrés, y remite las constancias relativas; atento a lo anterior, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho corresponda, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la tesis: XXI. 2º. 16K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.HTTH/RAR/lega

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, y lo señalado en la certificación que antecede, de la que se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado para la celebración de la audiencia constitucional, en razón de que no obra la totalidad de constancias relativas al acto reclamado. Requerimiento. Por tanto, toda vez que la última actuación remitida por la autoridad responsable es el informe de recibido en este juzgado de distrito, en el que se advierte que el cinco de julio del presente año, fue la primera aplicación de los medicamentos "IPILIMUMAB" y "NIVOLUMAB", a la parte quejosa para tratar su padecimiento de cáncer de riñón, y que la siguiente aplicación de dichos medicamentos lo sería el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, fecha que al día de hoy ya transcurrió; por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, informe lo sucedido en esa última data, esto es, si se le aplicaron a la quejosa Ana María Zamora Jaracuaro, los medicamentos "IPILIMUMAB" y "NIVOLUMAB", y si en su caso se le siguieron aplicando los mismos en fechas subsecuentes, para acatar lo solicitado deberá remitir la totalidad de constancias que así lo justifiquen; documentales que se estiman necesarias para la resolución del presente juicio. Lo anterior, atendiendo a que con lo que se requiere, puede actualizarse una causa de sobreseimiento. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Como precedente vertical se tiene lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, en el amparo en revisión laboral 500/2021 en el que revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento a fin de que se recabaran las constancias necesarias. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguientes datos de identificación y contenido: "Registro digital: 176291 Instancia: Primera Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 163/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXIII, Enero de 2006, página 319 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Pieza postal devuelta. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la pieza postal devuelta por Estafeta, relativa al siguiente oficio: 21530/2023 dirigido al Centro Nacional de Distribución (CENADI), en Ciudad de México. Sin que la pieza postal aludida señale el motivo de la devolución. Reenvío de oficio. Atento a lo anterior, reenvíense el oficio ante mencionado y comisiónese al Actuario de la adscripción, a fin de que a la brevedad remita el mismo a la autoridad correspondiente; cerciorándose de remitirlo al domicilio actual y correcto de la autoridad a la que va dirigido. Diferimiento. En consecuencia, es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las doce horas con veinte minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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