Ana Maria Redondo Gauna

Expediente 698/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 38 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
698/2020
Año
2020
Actuaciones
38
Última actuación
26/12/2022

Partes del expediente

  • Ana Maria Redondo Gauna
  • Congreso del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Incidental

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que se declaró consentido el cumplimiento al fallo protector dictado en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecido en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al término de seis meses, de haberse ordenado el presente archivo, conforme con el diverso artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de que se trata. Se ordena a la Secretaria certifique que la carátula del expediente original de suspensión contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depuración", mientras que el duplicado "no es de relevancia documental" y "destrucción", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Notifíquese. Así, lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", virtud que, el Juez Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, disfruta de su período vacacional, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintidós, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informado mediante oficio CCJ/ST/5553/2022 de veintidós de noviembre del año en curso, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura de la Federación, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, inciso I), fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Certificación de carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así, lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", virtud que, el Juez Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, disfruta de su período vacacional, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintidós, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informado mediante oficio CCJ/ST/5553/2022 de veintidós de noviembre del año en curso, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura de la Federación, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver de oficio si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En atención a lo fundado de los conceptos de violación, se concede el amparo en contra de la norma impugnada y de sus actos de aplicación, para los efectos siguientes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, la concesión del amparo implica que la concesión del amparo se extienda a todas las normas y actos cuya validez dependa de la norma invalidada, lo que se traduce en su inaplicación presente y futura en cuanto a la parte quejosa. En atención a que la parte gestora del amparo solicita la devolución de todos los descuentos efectuados con fundamento en las normas generales reclamadas, cabe precisar que el amparo contra leyes, sólo puede tener efectos presentes y futuros, sin que pueda invalidar los actos anteriores al último acto de aplicación en que se sustentó la procedencia del amparo. Por consiguiente, no serán materia de concesión del amparo los descuentos efectuados con anterioridad al veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "Registro digital: 192846, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Constitucional, Común, Tesis: P./J. 112/99, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999, página 19, Tipo: Jurisprudencia. AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Los efectos del amparo se traducen en que las autoridades responsables: Jefe del Departamento de Nóminas de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y Representante legal del propio Instituto, realicen lo siguiente: 1. Dejen de aplicar en perjuicio de la quejosa Ana María Redondo Gauna, el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 Publicado en el periódico oficial Número 9, el quince de junio de mil novecientos noventa y cuatro, (76 Reserva Técnica), y el diverso 25 fracción I, (53 servicio médico), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. 2. Devuelvan las cantidades que se hubieran descontado a la gestora del amparo Ana María Redondo Gauna, respecto a su pensión con motivo de la aplicación del último párrafo de los preceptos legales antes mencionados; en el entendido que sólo deberá devolver los descuentos de esos tópicos efectuados desde el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, fecha en que se efectuó el último acto de aplicación y en que se sustentó la instauración del presente juicio de amparo. Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 189/2022. Causa ejecutoria y requiere cumplimiento. Por auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, confirmando la sentencia recurrida. En consecuencia, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: Dejen de aplicar a la quejosa el descuento correspondiente a las pensiones a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Devolver las cantidades que se hubieran descontado a la parte quejosa; y si fuera el caso, devolverlas desde el veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Previo requerimientos e informes de gestiones, por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado el ocho de agosto de dos mil veintidós, la Delegada de la las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; informó que a la parte quejosa no se le aplicarían los descuentos que refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; asimismo, se le tuvo informando la devolución de los descuentos realizados a la parte quejosa; de todo lo anterior, remitiendo constancias que lo acreditan. Vista con el cumplimento. Consecuentemente, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que se desincorporó de la esfera jurídica a la quejosa, respecto a la aplicación del descuento correspondiente a las pensiones a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; y se le devolvieron las cantidades que fueron descontadas; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así, lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Oficios. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Informa no tener actos que cumplir. Téngase a dicha autoridad informando que no le resulta de manera directa el acatamiento de ningún acto materia derivado de la concesión del amparo, ya que únicamente tiene facultades legislativas. De lo que se toma nota para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

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