Ana María Yarce Guillen

Expediente 1848/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1848/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
09/12/2019

Partes del expediente

  • Ana María Yarce Guillen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual remite a este órgano jurisdiccional en alcance el diverso oficio 4152/2019/AI, copia certificada de las constancias de notificación realizada a las partes respecto de la resolución en forma de laudo dictado dentro del expediente laboral 1663/2015, las que se toman en consideración para los efectos legales procedentes. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre del año en curso (fojas 2 a 4), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, Ana María Yarce Guillen promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de quien reclamó la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 1663/2015. Al respecto, la autoridad responsable, Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a través de su Presidenta, en su informe justificado manifestó ser cierto el acto reclamado Ahora bien, del estudio integral a la demanda de amparo, se tiene que el acto concreto que la quejosa reclama consiste en la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 1663/2015. Por su parte, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintiséis de noviembre del año en curso, dictó la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 1663/2015. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, De lo anterior se desprende que procede el sobreseimiento dentro de un juicio de garantías, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Lo anterior, en la medida que tal como se precisó en párrafos precedentes, la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta al rendir su informe de ley, manifestó ser cierto el acto que se les reclama, consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 1603/2017; sin embargo, el acto reclamado es inexistente; afirmación que se encuentra corroborada con las constancias que la responsable acompañó a su informe justificado, cuya eficacia probatoria es plena en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, con fecha veintiséis de noviembre del año en curso, dictó la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 1663/2015; por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que ha quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con trece minutos del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes.

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual remite a este órgano jurisdiccional en alcance el diverso oficio 4152/2019/AI, copia certificada de las constancias de notificación realizada a las partes respecto de la resolución en forma de laudo dictado dentro del expediente laboral 1663/2015, las que se toman en consideración para los efectos legales procedentes. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre del año en curso (fojas 2 a 4), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, Ana María Yarce Guillen promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de quien reclamó la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 1663/2015. Al respecto, la autoridad responsable, Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a través de su Presidenta, en su informe justificado manifestó ser cierto el acto reclamado Ahora bien, del estudio integral a la demanda de amparo, se tiene que el acto concreto que la quejosa reclama consiste en la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 1663/2015. Por su parte, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintiséis de noviembre del año en curso, dictó la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 1663/2015. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, De lo anterior se desprende que procede el sobreseimiento dentro de un juicio de garantías, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Lo anterior, en la medida que tal como se precisó en párrafos precedentes, la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta al rendir su informe de ley, manifestó ser cierto el acto que se les reclama, consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 1603/2017; sin embargo, el acto reclamado es inexistente; afirmación que se encuentra corroborada con las constancias que la responsable acompañó a su informe justificado, cuya eficacia probatoria es plena en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, con fecha veintiséis de noviembre del año en curso, dictó la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 1663/2015; por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que ha quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con trece minutos del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes.

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al cual acompaña testimonio de la ejecutoria pronunciada el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en el toca de revisión R-7/2019, relativo a la revisión interpuesta en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1630/2018, mismo que también devuelve al igual que los anexos I y II. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el Tribunal Revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por JUAN MÉNDEZ MEDEL, contra los actos que reclamó del titular y diligenciario del Juzgado de lo Civil del distrito judicial de Tecamahalco, Puebla, consistentes en las ilegales citación a la audiencia de conciliación, emplazamiento, en consecuencia la nulidad de todo lo actuado con posterioridad, incluida la orden de desalojo del bien, y su ejecución, en el juicio reivindicatorio de origen." Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno, acúsese el recibo correspondiente al tribunal revisor, glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que, dentro del incidente de suspensión relativo al presente sumario, la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 814387 expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), para garantizar la suspensión definitiva que le fue concedida. Por tanto, sin que haya lugar a ordenar por el momento el archivo del presente asunto, así como tampoco el glose de los cuadernos del incidente de suspensión, hasta que se decida el destino del billete que obran agregados en el citado incidente; asimismo, una vez que transcurra el término de seis meses establecido por el artículo 156 de la Ley de Amparo, se acordará lo procedente respecto a dicha garantía. Finalmente, devuélvase al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, las constancias que adjuntó al rendir el informe justificado.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez de lo Civil de Teziutlán, Puebla, por el que informa el cumplimiento que dio a fallo protector. Ahora bien, el Juez de lo Civil de Teziutlán, Puebla, mediante los oficios recibidos el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (foja 161) y dos de diciembre del presente año (fojas 489 a 491), en el primero, remitió copia certificada del acuerdo que emitió el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, en el que dejó insubsistente la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento privilegiado de guarda y custodia 821/2017, así como su respectiva notificación, y en su lugar emitió otro, en el que reiteró la determinación de otorgar la guarda y custodia del menor A.B.M. a favor de Brillith Méndez Becerril como una medida cautelar provisionalísima; asimismo, ordenó el desahogo de diversas pruebas. Y en el segundo, remitió copia certificada de constancias que obran en el expediente 821/2017, dentro de las cuales obra la diligencia desahogada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en la que se reiteró que Brillith Méndez Becerril tiene materialmente la custodia de su menor hijo A.B.M.; asimismo, en los acuerdos de catorce de diciembre de dos mil dieciocho y cinco de marzo de dos mil diecinueve, giró los oficios respectivos a la Secretaría de Relaciones Exteriores e Instituto Nacional de Migración a efecto de que el menor A.B.M., no sea sustraído del país; de igual forma, en el auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, procedió a precisar las modalidades en que se llevarán a cabo las visitas y convivencias del menor A.B.M. con su progenitor Pedro Báez Vargas, ordenando girar los oficios respectivos, así como la publicación en el periódico El Sol de Puebla, a efecto de notificar a Brillith Méndez Becerril, de las medidas de convivencia, a costa del demandado. Por otra parte, atendiendo a la voluminosidad de las constancias remitidas por la referida autoridad, se ordena formar el ANEXO II relativo al presente juicio, el cual conservará su folio original; del mismo modo, se hace constar que en términos del artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, dichas constancias se encuentran a su disposición en el expediente impreso los cuales no se agregan en su versión electrónica dada su voluminosidad. Al respecto, la autoridad responsable de mérito aduce que con el documento antes indicado, acredita fehacientemente que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con la citadas constancias, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no efectuar manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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