Ana María Sánchez Rojas
Expediente 689/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/07/2019
Partes del expediente
- Ana María Sánchez Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], y archívese el presente asunto como totalmente concluido; en el entendido de que el presente juicio constitucional se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial [momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo]. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, tomando en consideración que se formaron los Anexos I y II con las copias certificadas enviadas por la Secretaria de Acuerdos "B" del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Tres; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, por lo que se ordena glosar a los autos las carátulas de los citados anexos como constancia de envío. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario Técnico Normativo del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual informa que, en cumplimiento al requerimiento de cinco de junio de dos mil diecinueve [fojas 50 y 51], no localizó domicilio a nombre de Marcelino Montes Martínez; sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve [fojas 143 a 145], se decretó el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete, con residencia en la Ciudad de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que la quejosa Ana María Sánchez Rojas, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de las autoridades señaladas como responsables: Autoridad responsable: Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete, con residencia en la Ciudad de Puebla. Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es: La omisión de dictar sentencia interlocutoria respecto al incidente de incompetencia promovido dentro del expediente 445/2007. Ahora, de las constancias de cuenta, enviadas por la autoridad de responsable, se desprende que el treinta de mayo de dos mil diecinueve, el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete, con residencia en la Ciudad de Puebla resolvió el incidente de incompetencia planteado dentro del expediente 445/2007, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete, con residencia en la Ciudad de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Ana María Sánchez Rojas acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete, con residencia en la Ciudad de Puebla de dictar sentencia interlocutoria respecto al incidente de incompetencia promovido dentro del expediente 445/2007. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el treinta de mayo de dos mil diecinueve, el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete, con residencia en la Ciudad de Puebla resolvió el incidente de incompetencia promovido dentro del expediente 445/2007, cuya omisión se reclama; por tanto, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo del que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Ana María Sánchez Rojas reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con treinta y un minutos del dieciséis de julio de dos mil diecinueve, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, suscrito por el Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 100/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, en virtud de que la persona con la que el Actuario adscrito al juzgado de mérito, informó que no conoce a la parte quejosa y tampoco los antecedentes del acto reclamado, como se desprende de la razón de veintiuno de junio de dos mil diecinueve; en consecuencia, se ordena acusar el recibo correspondiente a la autoridad oficiante; y, dentro del libro de comunicaciones oficiales de este juzgado, dese de baja el citado exhorto con número de orden 284/2019. Por otro lado, intégrese a los autos ,el oficio de cuenta, suscrito por el Responsable de la Oficina de Grandes Clientes y Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial Centro Oriente, por medio del cual informa que, en cumplimiento al requerimiento de cinco de junio de dos mil diecinueve [fojas 50 y 51], no localizó domicilio registrado a nombre de Marcelino Montes Martínez; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
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