Ana María Uribe Díaz
Expediente 462/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 462/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 20/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ana María Uribe Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 462/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado que guardan los autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y terceros interesados mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la aquí quejosa Ana María Uribe Díaz. Inconforme con la citada resolución, la citada quejosa por conducto de su autorizada, interpuso recurso de revisión en su contra, del cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien en sesión de diez de junio de dos mil veintidós revocó la sentencia recurrida y concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Ana María Uribe Díaz, para el efecto de que: ". 1. Que el juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada; y 2. Siguiendo los lineamientos que se trazan en esta ejecutoria, dicte otra en la que analice de nueva cuenta la reclamación interpuesta por la demandada aquí quejosa dentro de los autos del juicio ordinario civil 765/2019 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, y examine los elementos de prueba que existen hasta esa etapa procesal, en el entendido de que al hacerlo deberá verificar si las circunstancias anotadas con antelación- que la menor se encuentra bajo la custodia de la recurrente-, actualmente prevalecen y de ser así, cancele la pensión alimenticia provisional que fijó a su cargo. Reiterando en todo caso, lo relativo a que el hijo mayor de edad de los contendientes Jorge Beristaín Uribe se desistió del juicio de alimentos entablado por su parte.". Posteriormente, mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintidós se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz y en auto de seis de septiembre del año en curso, se ordenó dar vista a las partes con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Por otra parte, obra en autos el oficio 6154 de cuatro de agosto del año que transcurre, signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada del convenio de alimentos de seis de julio del año actual, signado por la quejosa Ana María Uribe Díaz y el tercero interesado Jorge Isauro Beristaín Vite, el cual mediante resolución de tres de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del expediente número 765/2019 de su índice administrativo, fue aprobado en todas y cada una de sus partes, el cual causó estado y quedó firme en auto de treinta de agosto de la presente anualidad. Expuesto lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de veinticinco de mayo de dos mil veintidós (fojas 21 a 23 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Atento a la certificación que antecede y al estado que guardan los autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y terceros interesados mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la aquí quejosa Ana María Uribe Díaz. Inconforme con la citada resolución, la citada quejosa por conducto de su autorizada, interpuso recurso de revisión en su contra, del cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien en sesión de diez de junio de dos mil veintidós revocó la sentencia recurrida y concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Ana María Uribe Díaz, para el efecto de que: ". 1. Que el juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada; y 2. Siguiendo los lineamientos que se trazan en esta ejecutoria, dicte otra en la que analice de nueva cuenta la reclamación interpuesta por la demandada aquí quejosa dentro de los autos del juicio ordinario civil 765/2019 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, y examine los elementos de prueba que existen hasta esa etapa procesal, en el entendido de que al hacerlo deberá verificar si las circunstancias anotadas con antelación- que la menor se encuentra bajo la custodia de la recurrente-, actualmente prevalecen y de ser así, cancele la pensión alimenticia provisional que fijó a su cargo. Reiterando en todo caso, lo relativo a que el hijo mayor de edad de los contendientes Jorge Beristaín Uribe se desistió del juicio de alimentos entablado por su parte.". Posteriormente, mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintidós se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz y en auto de seis de septiembre del año en curso, se ordenó dar vista a las partes con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Por otra parte, obra en autos el oficio 6154 de cuatro de agosto del año que transcurre, signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada del convenio de alimentos de seis de julio del año actual, signado por la quejosa Ana María Uribe Díaz y el tercero interesado Jorge Isauro Beristaín Vite, el cual mediante resolución de tres de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del expediente número 765/2019 de su índice administrativo, fue aprobado en todas y cada una de sus partes, el cual causó estado y quedó firme en auto de treinta de agosto de la presente anualidad. Expuesto lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de veinticinco de mayo de dos mil veintidós (fojas 21 a 23 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Con esta fecha se notifica a la parte quejosa, por este conducto, el contenido del proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado que guardan los autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y terceros interesados mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la aquí quejosa Ana María Uribe Díaz. Inconforme con la citada resolución, la citada quejosa por conducto de su autorizada, interpuso recurso de revisión en su contra, del cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien en sesión de diez de junio de dos mil veintidós revocó la sentencia recurrida y concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Ana María Uribe Díaz, para el efecto de que: ". 1. Que el juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada; y 2. Siguiendo los lineamientos que se trazan en esta ejecutoria, dicte otra en la que analice de nueva cuenta la reclamación interpuesta por la demandada aquí quejosa dentro de los autos del juicio ordinario civil 765/2019 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, y examine los elementos de prueba que existen hasta esa etapa procesal, en el entendido de que al hacerlo deberá verificar si las circunstancias anotadas con antelación- que la menor se encuentra bajo la custodia de la recurrente-, actualmente prevalecen y de ser así, cancele la pensión alimenticia provisional que fijó a su cargo. Reiterando en todo caso, lo relativo a que el hijo mayor de edad de los contendientes Jorge Beristaín Uribe se desistió del juicio de alimentos entablado por su parte.". Posteriormente, mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintidós se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz y en auto de seis de septiembre del año en curso, se ordenó dar vista a las partes con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Por otra parte, obra en autos el oficio 6154 de cuatro de agosto del año que transcurre, signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada del convenio de alimentos de seis de julio del año actual, signado por la quejosa Ana María Uribe Díaz y el tercero interesado Jorge Isauro Beristaín Vite, el cual mediante resolución de tres de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del expediente número 765/2019 de su índice administrativo, fue aprobado en todas y cada una de sus partes, el cual causó estado y quedó firme en auto de treinta de agosto de la presente anualidad. Expuesto lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de veinticinco de mayo de dos mil veintidós (fojas 21 a 23 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por Laura Angélica Cabrera Antonio, autorizada de la parte quejosa, recibido en línea, en virtud de que dicho escrito cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se otorgó en auto de seis de septiembre de dos mil veintidós y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintidós. Del estado de autos se aprecia que obra el oficio 6154 signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada del convenio celebrado entre las partes del juicio 765/2019-VIII de su índice. Asimismo, se aprecia el auto de tres de agosto de dos mil veintidós, con el cual el citado Juez de lo Familiar aprobó en todas sus partes el referido convenio, sin embargo a la fecha no obra en autos constancia alguna que acredite que dicho acuerdo haya quedado firme en todas sus partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez responsable, para que dentro del improrrogable plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído remita en copias certificadas, integras y legibles, las constancias que acrediten que el auto de tres de agosto de dos mil veintidós, dictado en autos del expediente 765/2019-VIII de su índice, ha quedado firme en todas sus partes. En el entendido de que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, esto es que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.
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