Ana María Quevedo Pascual
Expediente 376/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ana María Quevedo Pascual
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede, se advierte que el nueve del actual feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, en contra del acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, que desechó la demanda de amparo. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse desechado la demanda de amparo. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, respecto de la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoséptimo Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; a través del cual remite los autos originales del juicio de amparo 431/2021 de aquél índice, formado con motivo de la demanda promovida por ANA MARÍA QUEVEDO PASCUAL, y nueve copias del mismo; lo anterior, se agrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Visto el oficio 11226/2021 signado por el Secretario del Juzgado Decimoséptimo Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, a través del cual remite digitalmente los autos del expediente de amparo 431/2021 de aquél índice, formado con motivo de la demanda promovida por ANA MARÍA QUEVEDO PASCUAL, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México y otras autoridades; recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con el mismo y sus anexos, fórmese y regístrese el expediente correspondiente en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 376/2021. Ahora bien, en los autos enviados consta la determinación de veintiuno de mayo del año en curso, en la que el Titular de dicho juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la citada demanda. Asimismo, consta la ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Cuarto Circuito en el conflicto competencial 23/2020, donde declara competente para conocer el asunto al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, en razón de que el domicilio de la parte quejosa se ubica en la ciudad de Veracruz, Veracruz, En ese orden de ideas, dado que este juzgado ejerce jurisdicción sobre el lugar de residencia de la parte quejosa, en acatamiento a la ejecutoria de la superioridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I de la Constitución Política Federal, 37, 48, 107 y 108 de la Ley de Amparo, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. En atención al estudio integral que se realiza de la demanda de amparo signada por ANA MARÍA QUEVEDO PASCUAL, quien destaca como actos reclamados: 1).- Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y del Congreso de la Unión se reclama: a) La discusión, aprobación y expedición del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 10 de enero del año 2014, específicamente, de la reforma al artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; b) La discusión, aprobación y expedición del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 18 de julio del año 1990, específicamente, de artículo 241 de la Ley de Instituciones de Crédito; c) Las consecuencias mediatas e inmediatas, directas e indirectas derivadas de la aplicación en perjuicio de la suscrita del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como del artículo 241 de la Ley de Instituciones de Crédito. 2. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del C. Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se reclama: a) La primera aplicación en perjuicio de la suscrita de los efectos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y del artículo 241 de la Ley de Instituciones de Crédito, los cuales se configuraron al momento de emitir el "oficio mediante el cual se revoca la autorización que para operar como institución de Banca Múltiple, le fue otorgada a Banco Ahorro FAMSA, S.A., Institución de Banca Múltiple", publicado el pasado 01 de julio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. 3. Del Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y C. Director General de Comunicación Social del Instituto de Protección al Ahorro Bancario se reclama: a). La primera aplicación en perjuicio de la suscrita de los efectos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y del artículo 241 de la Ley de Instituciones de Crédito, los cuales se configuraron al momento de notificar el oficio emitido por el IPAE, y en el cual se señaló al quejoso del inicio del proceso de liquidación de Banco Ahorro FAMSA, S.A., Institución de Banca Múltiple, el pasado 21 de julio de 2020. DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte que en el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" Los preceptos invocados prevén la causal de improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos ni legítimos de la parte solicitante del amparo. En ese aspecto, es menester señalar que el interés jurídico o bien el legítimo constituyen un presupuesto procesal del juicio de amparo que se encuentra prescrito en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 5°, fracción I, 6° y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los que, en esencia, disponen que la promovente del amparo debe acreditar una afectación a su interés jurídico o bien, al legítimo, para que proceda su demanda constitucional. Esta afectación constituye un perjuicio al agraviado, el que se entiende como una transgresión de un derecho tutelado o interés legítimo individual o colectivo, que produce determinado acto o ley, la cual faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión; asimismo se precisa que para ello se tiene que afectar la esfera de quien lo reclame, sea de manera directa o por su especial situación. El "perjuicio" mencionado debe ser actual, pronto a suceder o que inminentemente se causará, ello por referirse a una situación que está provocando detrimento en la esfera jurídica del gobernado en el momento de promoverse el amparo, pues cuando la afectación solo es futura e incierta no es susceptible de considerarse para efectos del juicio constitucional. Luego resulta indispensable demostrar la existencia del interés jurídico tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios, o del trabajo. En cambio, en supuestos diversos, quien acude al juicio de amparo debe ubicarse en alguno de las hipótesis siguientes: a) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o b) acudir al juicio aduciendo un interés legítimo. En ese sentido, es indispensable precisar que el interés jurídico en el juicio de amparo se concibe cuando el acto o ley que se reclama causa un perjuicio a la esfera del gobernado que permiten a su titular acceder a esta instancia constitucional; entendiendo por esfera jurídica el cúmulo de derechos y obligaciones que por razones de una, varias normas, o circunstancias de hecho en situaciones específicas, lo vinculen debido a una relación jurídica, o conexión de bienes afectados en razón de una necesidad o existencia de elementos de identificación. Sobre el interés legítimo nuestro Más Alto Tribunal ha definido que se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico. Lo ha definido como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Así, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. El interés legítimo -continúa sosteniendo el Pleno de la Corte- consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero no se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no es la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En estos términos se pronunció el Pleno de nuestro Más Alto Tribunal de la Nación al emitir el criterio jurisprudencial P./J. 50/2014 (10a.), localizable en la página 60, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)". Así, se arriba a la conclusión de que, para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo, lo que ocupa probarse fehacientemente y no con base en presunciones, y que el mismo se vea agraviado; en la inteligencia de que la naturaleza intrínseca de la ley, acto mismo se vea agraviado; en la inteligencia de que la naturaleza intrínseca de la ley, acto u omisión reclamadas es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del quejoso, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no lo afecten real y efectivamente. Las figuras del interés jurídico y legítimo están vinculadas estrechamente con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, según el cual el acto o ley que se reclamen debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. De esta manera, dicho interés sólo lo tiene el titular del derecho afectado (jurídico), o a quien le recaiga un perjuicio actual, real y jurídicamente relevante (legítimo) y no quien únicamente tenga un interés simple o legalmente irrelevante; lo cual se determinará según la naturaleza intrínseca del acto, ley u omisión reclamados. Como corolario de lo expuesto, tenemos que, atendiendo a la naturaleza del acto o ley reclamados y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo que le asiste cuando promueve la acción constitucional, en los términos siguientes: Interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y que el acto o ley de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Interés legítimo: debe acreditarse la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Demostrando tales puntos, la parte quejosa deberá estar legitimada para ejercer la acción; de lo contrario el amparo resultará improcedente. En la especie, resulta indispensable considerar que la quejosa Ana María Quevedo Pascual, como titular de la cuenta de cheques e inversión a plazo 0013856520 en el Banco Ahorro FAMSA, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, solicita el amparo contra los acuerdos tomados en sesión extraordinaria el treinta de junio de dos mil veinte, por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la resolución de treinta de junio de dos mil veinte, contenida en el oficio P329/2020, por la que se decreta la revocación de la autorización al Banco Ahorro FAMSA, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, para operar como institución de banca múltiple y el aviso de revocación respecto procedimiento de liquidación judicial de Banco del Ahorro FAMSA Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. Así, quien esto resuelve arriba a la convicción de que la solicitante del amparo Ana María Quevedo Pascual carece de interés jurídico como legítimo para reclamar los acuerdos tomados por en sesión extraordinaria el treinta de junio de dos mil veinte, por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la revocación de la autorización al Banco del Ahorro FAMSA, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, para operar como institución de banca múltiple, contenida en el oficio P329/2020 y el aviso de revocación respecto procedimiento de liquidación judicial de Banco del Ahorro FAMSA Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. En efecto, los acuerdos tomados en sesión extraordinaria el treinta de junio de dos mil veinte, por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la revocación de la autorización al Banco del Ahorro FAMSA, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, para operar como institución de banca múltiple, contenida en el oficio P329/2020 y el aviso de revocación respecto procedimiento de liquidación judicial de Banco del Ahorro FAMSA Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, no versan sobre la impetrante del amparo, y por ende, no le afectan o causan algún agravio a su persona o como titular de una cuenta en la institución bancaria en liquidación; por tanto, no acreditó su interés jurídico. Tampoco tiene interés legítimo para combatir dichos actos, pues no se advierte la existencia de una afectación en su esfera jurídica apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, esto es, no existe un vínculo entre la quejosa y los acuerdos tomados en sesión extraordinaria el treinta de junio de dos mil veinte, por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la revocación de la autorización al Banco del Ahorro FAMSA, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, para operar como institución de banca múltiple, contenida en el oficio P329/2020 y el aviso de revocación respecto procedimiento de liquidación judicial de Banco del Ahorro FAMSA Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, como se explica: Ana María Quevedo Pascual demanda el amparo como titular de la cuenta 0013856520 que tienen ante la institución bancaria en liquidación, pretendiendo recuperar la cantidad monetaria de tal cuenta y, por ello, reclama los diversos actos, entre los que se encuentran los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la sesión extraordinaria celebrada el día treinta de junio de dos mil veinte, de la que deriva el oficio P329/2020 que contiene la resolución por la que se decreta la revocación de la autorización al Banco Ahorro FAMSA para operar como institución de banca múltiple y el aviso de revocación respecto al procedimiento de liquidación judicial de Banco del Ahorro FAMSA Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. El procedimiento de liquidación de las instituciones de Banca Múltiple se lleva a cabo de acuerdo a lo dispuesto en la propia Ley de Instituciones de Crédito, Título Séptimo "De la Protección de los Intereses del Público", Capítulo II "Del Sistema de Protección al Ahorro Bancario", Sección Segunda "De la Liquidación y Liquidación Judicial de las Instituciones de Banca Múltiple". Resulta conveniente citar el último párrafo, del artículo 28 de la Ley de Instituciones de Crédito: "Las instituciones de banca múltiple cuya autorización hubiere sido revocada, se sujetarán a las disposiciones relativas a la liquidación. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá hacer del conocimiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario la declaración de revocación". De acuerdo con dicho numeral, la revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple genera que dicha institución se sujete a las disposiciones relativas a la liquidación que prevé el propio ordenamiento legal, en su Título Séptimo "De la Protección de los Intereses del Público", Capítulo II "Del Sistema de Protección al Ahorro Bancario", Sección Segunda "De la Liquidación y Liquidación Judicial de las Instituciones de Banca Múltiple"; lo cierto es que tal revocación está dirigida exclusivamente a la institución de banca múltiple. Por ello, se arriba a la convicción de que la revocación reclamada solo afecta a la institución de banca múltiple, ya que el numeral 9 de la ley citada dispone que éstas deben ser sociedades anónimas organizadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y, por ende, su naturaleza difiere a la de una persona (física o moral) en su calidad de accionista o de ahorrador de la institución. De ahí que se estime que los acuerdos tomados en sesión extraordinaria de treinta de junio de dos mil veinte, la resolución de revocación y el aviso reclamados, no afectan en la esfera de derechos de la parte quejosa bajo un parámetro de razonabilidad, pues no existe un vínculo entre la titular o cuentahabiente y la afectación que se aduce genera la revocación aludida. Es pertinente dejar asentado que, en su caso, la afectación a la ahorradora -cuentahabiente- se actualizaría en el procedimiento de liquidación, el cual, si bien es cierto deriva de la revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple, también lo es que en dicha revocación nada se resuelve en torno al tema de la liquidación de la institución bancaria. Esto resulta claro, al analizar que una eventual sentencia de protección constitucional en relación a los aludidos actos reclamados no traería un beneficio determinado a la parte promovente, pues el derecho a obtener el numerario de la cuenta de la cual es dice ser titular, no sería analizado en el procedimiento de revocación de la autorización que, para operar como institución de banca múltiple, se le otorgó a Banco Ahorro FAMSA, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple en liquidación. En otras palabras, los acuerdos aludidos, la resolución reclamada de revocación y el aviso está dirigida a una institución bancaria cuya naturaleza difiere de accionistas y ahorradores, por lo que demostrar tales calidades resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico o legítimo que les asiste para combatirla a través del amparo, ya que la determinación no le impone prohibición u obligación alguna, ni constituye una privación de su patrimonio, sino que ello, en determinado caso, se verá en el procedimiento de liquidación de la Institución de Banca Múltiple y, por ende, esas resoluciones no afectan su esfera de derechos; lo cual constituye un requisito indispensable para analizarlos. Luego, se reitera, que la peticionaria de amparo carece de interés jurídico como legítimo para reclamar los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la sesión extraordinaria celebrada el día treinta de junio de dos mil veinte, de la que deriva el oficio P329/2020 que contiene la resolución por la que se decreta la revocación de la autorización al Banco Ahorro FAMSA para operar como institución de banca múltiple y el aviso de revocación respecto procedimiento de liquidación judicial de Banco del Ahorro FAMSA Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; en tanto que su pretensión se basaría en un mero interés simple que no constituye ni puede asimilarse a los intereses que el artículo 107, fracción I, constitucional, establece como requisito de procedencia del juicio de amparo; de ahí que se actualice la causal de inejercitabilidad invocada. Sin que pase inadvertido, que el aviso reclamado, aun cuando pudiera considerarse dirigido a la quejosa, en términos de cuentahabiente o ahorradora, la afectación que pudiera causarle, se concretaría hasta el procedimiento de liquidación. Por lo anteriormente expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. AUTORIZADOS Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a César Ugarte Piña y Ricardo Alberto Berumen Solís, puesto que sí acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Respecto a las restantes personas que cita en su demanda de amparo, téngaseles como autorizadas en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, por así haberlos designado el promovente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO CONSULTA Y NOTIFICACIONES Ahora, en atención a su solicitud, en el sentido de que se le dé intervención vía internet en el presente asunto, de conformidad con Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta vía internet, con el usuario "Ugarte", registrado ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en atención a su diversa solicitud, se le tiene como forma para oír y recibir notificaciones en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, la vía electrónica. Asimismo, se le tiene autorizando como medio alternativo para practicarle las notificaciones correspondientes del presente asunto, el correo electrónico cesarugarte10@gmail.com. Lo cual se autoriza en forma extraordinaria en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, debiendo el servidor público encargado de realizar la notificación, efectuar la certificación respectiva en la que conste el cercioramiento de la recepción por esa vía, ante el representante de la quejosa o por las personas autorizadas por la misma. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de la parte quejosa, que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese vía electrónica a la parte quejosa el contenido del presente proveído. Notifíquese en términos de ley.
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