Ana María Sánchez Hernández

Expediente 159/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
159/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Ana María Sánchez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de septiembre de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el presente Cuaderno de Antecedentes derivado del Juicio de Amparo en que se actúa, se resolvió por el Tribunal Colegiado correspondiente, el Impedimento planteado por el entonces Titular de este órgano jurisdiccional, calificándose fundado. Así también, se tiene que con motivo del Impedimento hecho valer por las partes, mediante acuerdo inmediato anterior, se proveyó que el destino archivístico del presente juicio era conservable. II. Regulariza procedimiento. Con fundamento en artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente juicio, para el único efecto de dejar insubsistente la temporalidad y destino archivístico otorgado en el presente asunto, y se provee: De conformidad con el MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES RESGUARDADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL TÍTULO "SERIES DOCUMENTALES NO CONTEMPLADAS EN LOS SUPUESTOS DE LOS PUNTOS VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO PRIMERO DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, es susceptible de DESTRUCCIÓN, lo cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de seis meses a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Cambio de denominación. Por otra parte, con fundamento en el Acuerdo General 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las Oficinas de Correspondencia Común que les prestarán servicio; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que establece que a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, y conserva la residencia y jurisdicción territorial actual; se informa a las partes que el trámite del presente asunto continúa en este órgano jurisdiccional hasta su total conclusión. Notifíquese.

  2. Principal

    ...Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito y anexo, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en el expediente 6/2019 de su índice, del que se advierte que resolvió fundado el impedimento planteado para conocer de la demanda de amparo que originó el presente cuaderno de antecedentes; y, ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, para su returno, con excepción de este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, toda vez que el presente cuaderno, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el título "series documentales no contempladas en los supuestos de los puntos Vigésimo y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009", establece que deberán conservarse aquellos expedientes que no se encuentren considerados dentro de los supuestos ahí enlistados, entre los cuales se ubican los impedimentos; en consecuencia, el presente asunto es susceptible de CONSERVACIÓN. Hágase la anotación en la carátula...

  3. Principal

    ...Vista la cuenta, glósese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, por medio del cual informa que se admitió a trámite el impedimento planteado por esta Juzgadora para conocer de la demanda que nos ocupa; mismo que quedó registrado con el número de impedimento administrativo 6/2019...

  4. Principal

    ...RECEPCIÓN Y DEMANDA: Téngase por recibida la demanda promovida por ****, contra actos de la Legislatura del Estado de Querétaro y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 159/2019-II, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. IMPEDIMENTO Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Legislatura del Estado de Querétaro y otra autoridad; y tomando en consideración que la citada impetrante del amparo labora en este Órgano Jurisdiccional a mi cargo como Secretaria de Juzgado, en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, se advierte una posible causa de impedimento para conocer de la demanda de que se trata, pues dado el carácter de la referida servidora pública, ello implica continua interrelación y convivencia laboral, aunado a la personal pues tanto ella como esta juzgadora hemos asistido a convivios organizados por ambas, incluso en mi domicilio personal; por lo que podría existir suspicacia de que esta resolutora tiene un interés común con aquella al resolver, o habrá de favorecerla. Cabe destacar que la imparcialidad y ecuanimidad de las personas que encarnan los órganos jurisdiccionales son requisitos esenciales para una correcta impartición de justicia, y lo que se pretende evitar con la reglamentación de los impedimentos en la Ley de Amparo, es que las resoluciones judiciales se dicten con parcialidad. Los impedimentos para que cierta persona pueda fungir como Ministro, Magistrado o Juez, son un aspecto que está íntimamente vinculado con la competencia subjetiva, y consiste en la idoneidad e imparcialidad del sujeto para ser titular de un órgano jurisdiccional, pues los sujetos que asumen la calidad de órganos jurisdiccionales del Estado o que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten este cargo en forma permanente y no ocasional, están ligados, respecto del Estado, por una relación de empleo o de servicio, que surge en el acto mismo del nombramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos entran a formar parte de los funcionarios del orden judicial. A través de los concursos y con todas las garantías que están establecidas para que tales sujetos se presenten como los más idóneos para el cumplimiento de las delicadas funciones jurisdiccionales, el Estado asegura, de modo general, la finalidad y la tarea de la recta administración de la justicia; de suerte que sean llamados a formar parte del órgano judicial solamente aquellas personas que por sus conocimientos, cultura y su capacidad intelectual, así como por particulares requisitos de moralidad y de escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, aparezcan como las más apropiadas para el buen funcionamiento de las tareas judiciales. Sin embargo, en algunos casos, por razones particulares y subjetivas, un funcionario no sólo no puede ejercer las funciones que normalmente está llamado a cumplir, bajo conminatoria de sanciones de diversa naturaleza, sino que se le impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplir sus funciones normales y de no atender a sus cometidos, o de no ejercer los poderes para los que ha sido puesto al frente de una función determinada, ya que los sujetos que asumen la calidad de órganos o que son titulares de la función, son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado, y son por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios o situaciones de vida personal, abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado. En consecuencia, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitada por lo que a la persona del juzgador se refiere, pues algunas condiciones subjetivas establecidas por el legislador, presumen su parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto o de animadversión, e incluso un interés directo en el negocio. Cualquiera de tales circunstancias dan lugar a lo que se conceptúa como conflicto de intereses, por pugnar el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional con el interés personal de quien debe ejercerla, en determinado caso concreto. La existencia de uno o varios de estos impedimentos hacen presumir, razonablemente, que el juzgador no está en aptitud de resolver con imparcialidad e independencia. El deber de un servidor público de excusarse en razón de un impedimento, radica en el derecho humano del que gozamos todos los gobernados de acceder a la impartición de justicia por los Tribunales de nuestro país, y que está contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, el cual dispone: "Artículo 17. (...) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. (...)" De ahí que su finalidad está directamente vinculada con la necesidad de garantizar la independencia y neutralidad de los juzgadores, a efecto de que emitan sentencias justas de manera pronta, completa e imparcial. Así, aun cuando esta juzgadora observa a cabalidad los principios para la carrera judicial establecidos en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a saber excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad e independencia, sin que ello tenga relación alguna con quién sea el promovente del amparo; lo cierto es que probablemente al actualizarse un motivo de impedimento legal previsto en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por existir una relación laboral y de convivencia personal con la promovente, esta Juzgadora podría encontrarse impedida para su conocimiento y al margen de cuestiones subjetivas, se halla también la credibilidad que debe existir en la sociedad en los juzgados, de manera que sus actuaciones no afecten el interés público que ante todo debe subsistir. Asimismo, independientemente de la relación laboral existente entre la Titular y la quejosa, las sentencias dictadas dentro de este órgano jurisdiccional, son emitidas y a criterio único de esta Juzgadora, lo que, impide que personal a mi digno cargo puedan interferir en alguna determinación, a efecto de violar el principio de equidad e imparcialidad; sin embargo, se somete a calificación del órgano superior lo antes expuesto a efecto de no incurrir en alguna causa de responsabilidad y dejar a salvo la honorabilidad de las partes involucradas. Sirve de apoyo la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número I.60.C. J/44, en la página 1344, del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable." REMISIÓN DEL EXPEDIENTE Y APERTURA DE CUADERNO DE ANTECEDENTES Por lo tanto, a fin de no incurrir en algún motivo de responsabilidad, con fundamento en la fracción VIII del precepto 51 de la Ley antes referida, esta Juzgadora, solicita a la superioridad calificar si en el caso procede o no dicho impedimento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 54, fracción III y 55, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, remítase de inmediato el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Vigésimo Segundo Circuito; formándose el cuaderno de antecedentes correspondiente. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se provee sobre la suspensión por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, ni ubicarse lo reclamado para proveerla de oficio, con base en el precepto 127 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Ahora, toda vez que la parte quejosa precisó como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los cuales no pueden tenerse como tal, hágase de su conocimiento que hasta en tanto señale uno en esta ciudad, las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista, de acuerdo con lo previsto por el artículo 26, fracción III y 27 de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1º.22K, visible en la página 1067, del Tomo VIII, Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ESTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce...II

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano