Ana María Piña Canales

Expediente 652/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
652/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/08/2022

Partes del expediente

  • Ana María Piña Canales

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de agosto de dos mil veintidós. I. Pieza postal devuelta. Agréguese a los autos la pieza postal que devuelve Correos de México, que contiene el oficio ......., dirigido al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la cual fue devuelta por las razones que en ella se expresan. II. Se ordena reenviar. En consecuencia, se ordena reenviar el oficio antes referido, al domicilio correcto, mismo que deberá ser corroborado por la persona encargada de enviar la correspondencia, lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y por oficio al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de julio de dos mil veintidós. I. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de tres de junio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. No existen documentos originales. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de julio de dos mil veintidós. I. Devuelven exhorto diligenciado. Agréguese a los autos el oficio ........ recibido vía electrónica con su respectiva evidencia criptográfica proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto ........ con número de orden ........, del índice de este Juzgado, en el que se ordenó notificar a ............ el proveído de tres de junio del año en curso; en consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de que se trata en el libro de gobierno respectivo. Acúsese de recibo por así haberlo solicitado. Notifíquese.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, tres de junio de dos mil veintidós. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por .......... quien refiere comparecer por derecho propio y como miembro del colectivo "FRENA", contra actos del 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 2. Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 3. Secretario de Gobernación, 4. Instituto Nacional de Migración, 5. Secretaría de Educación Pública, 6. Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública y 7. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo ............, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desecharla, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Determinó que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaran a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Estableció, que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debía ser desechada la demanda, pues se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". 1 1 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Registro Núm. 186605. En el caso que nos ocupa de manera esencial, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente. "(.)" Reclama de las autoridades señaladas como responsables, la emisión de normas y actos inconstitucionales, para realizar donaciones cuantiosas del dinero del pueblo mexicano a gobiernos extranjeros, al contratar y celebrar convenios por parte del Ejecutivo Federal con el gobierno de Cuba, para que personal médico de ese país -médicos, enfermeras, etcétera- lleguen a México a laborar profesionalmente, a cambio de un "pago o donación" En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo en correlación al numeral 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Preceptos transcritos en los que se establece uno de los principios del juicio de amparo, consistente en que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y se entiende que tiene tal carácter aquél que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en nuestra carta magna y con ello afecte su esfera jurídica, sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, partiendo de la premisa de un marco protector más amplio de los derechos fundamentales, aquellas personas que aduzcan tener un interés legítimo pueden accionar, esgrimiendo un daño en su esfera jurídica tutelada por la ley y no así una afectación directa a un derecho subjetivo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Tomo I, página 60, Materia Común, Décima Época, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Criterio del cual se desprende que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico; interés legítimo que en el caso a estudio no se justifica, teniendo la parte quejosa un mero interés simple o jurídicamente irrelevante. Así de acuerdo con la nueva normativa constitucional, que se adecúa a las exigencias internacionales en materia de derechos humanos, como ya se dijo se abre la oportunidad para que los gobernados acudan al juicio de amparo no sólo cuando tengan un interés jurídico, sino en aquellos casos en que les asista un interés legítimo individual o colectivo. En este punto destaca el hecho que en el texto constitucional reformado, incluso tratándose del interés legítimo, subsiste la condición que el acto reclamado viole derechos reconocidos por la Constitución y el que se afecte la esfera jurídica del gobernado ya de manera directa - lo cual constituye propiamente el interés jurídico - o bien, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico- referente al interés legítimo. Así, se entiende que la tutela judicial efectiva en este país, ha comenzado a encontrar una apertura hacia otras formas de concebir el interés necesario para acceder a los órganos jurisdiccionales, con la incorporación al sistema normativo de control constitucional a través del juicio de amparo, del denominado interés legítimo, que representa una extensión a las posibilidades de impugnación a efecto de lograr que el medio de control constitucional cumpla con una verdadera protección de los derechos fundamentales. Del contenido de la exposición de motivos de la reforma en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se advierte un énfasis especial en resaltar como requisito indispensable del interés legítimo la existencia de una afectación indirecta a la esfera jurídica del individuo, atendiendo a la "especial situación" en que éste se encuentre frente al orden jurídico, tal como se asentó en la redacción final del artículo 107 constitucional que rige actualmente. Asimismo, es de hacer notar que en la reforma en comento a fin de dar legitimación para promover el juicio de amparo, no se habla de la situación general en que se encuentre el gobernado frente al orden jurídico, sino que se hace alusión a la situación particular o "sui generis" que guarde aquél, lo cual significa que el legislador emplea la frase "especial situación frente al orden jurídico" con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas que guarden características diferentes a la situación general en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, de situaciones excepcionales y, por ende, diferenciadas a las que guarda la generalidad, por lo cual es esa situación la que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo. Además, tal reforma introduce la posibilidad que promueva demanda de amparo quien no haya sido afectado en un derecho subjetivo, pero tenga un interés legítimo, el cual deriva de la afectación indirecta que pueda resentir el gobernado en sus derechos fundamentales con el acto de autoridad que reclame, aspecto que se evaluará y determinará tomando en consideración su especial situación frente al orden jurídico. Esto es, tal como sucede en materia administrativa, puede haber personas para las que la observancia o inobservancia de las normas por parte de la autoridad resulte en una ventaja o desventaja de modo particular respecto de las demás. Esto puede ocurrir por dos razones: a) puede ser el resultado de la particular posición de hecho en que uno o algunos ciudadanos se encuentren que los haga más sensibles que otros frente a un determinado acto administrativo; y, b) puede ser el resultado de que ciertos particulares sean los destinatarios del acto que se discute. Para entender adecuadamente los alcances de la citada reforma debe tenerse en cuenta la diferencia existente entre el interés simple, el interés jurídico y el interés legítimo en el campo del derecho, tal como lo conciben la doctrina nacional y la interpretación del Máximo Tribunal del País, contenida en las diversas ejecutorias en las que se ha pronunciado sobre el tema. En principio, debe recordarse que todas las personas tienen la posibilidad de ser partes en un juicio, por virtud de la personalidad jurídica, pero para impugnar un acto concreto no basta esa personalidad, sino que se requiere de un interés personal en el asunto. Ese interés personal se ha clasificado doctrinariamente en tres especies: ? Interés simple ? Interés legítimo ? Derecho subjetivo o interés jurídico Ahora bien, como el interés legítimo tiene sus límites entre el simple y el jurídico, en principio se abordará el significado de éstos últimos, para finalmente deducir lo que debe entenderse propiamente por aquél. El interés simple, no es otra cosa que el interés general, es decir, se trata del interés que tiene todo miembro de la comunidad en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, sin que ese cumplimiento implique un beneficio personal. En concreto, es el mero interés ciudadano por la legalidad, el cual no faculta para accionar el juicio de amparo, sino que únicamente permite la denuncia o la acción popular cuando las leyes así lo establecen. Con base en dicho interés se reconoce legitimación a cualquier ciudadano, por el mero hecho de ser miembro de una sociedad, para interesarse en el quehacer de las autoridades, con la finalidad que cumplan con el orden jurídico objetivo, sin necesidad que el sujeto invoque un interés legítimo y mucho menos un derecho subjetivo. Entonces, en el interés simple la situación jurídica legítimamente sería el mero interés en la legalidad, que tiene cierto grado de juridicidad, pero requiere estar reconocido expresamente en el ordenamiento legal para ser ejercido, tal es el caso de las acciones populares, en las que no se requiere de una condición precisa o una cualificación subjetiva especial, sino que basta con que la ley permita o legitime accionar con base en un interés simple. En cuanto al interés jurídico generalmente se le ha identificado con el derecho subjetivo, que consiste en la situación de prevalencia o ventaja que el Derecho objetivo concede a un individuo frente a otros, cuyos elementos constitutivos son la posibilidad de hacer o querer y la posibilidad de exigir de otros el respeto hacia esa situación preferencial, el cual exige los elementos siguientes: a) La existencia de un derecho establecido en una norma jurídica (derecho objetivo); b) La titularidad de ese derecho por parte de una persona; c) La facultad de exigencia para el respeto de ese derecho; y, d) La obligación correlativa a esa facultad de exigencia. Por su parte, el interés legítimo, corresponde a las personas que por la situación objetiva y particular en la que se encuentran, tienen interés en que el poder público ajuste su actuación a la ley, pero no sólo por el mero interés ciudadano en la legalidad, sino porque cumpliéndose con la ley conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto, aunque carezcan de un derecho subjetivo. Así, dicho interés adquiere relevancia en lo jurídico, porque no se trata de un mero interés en la legalidad (interés simple) ni llega a exigir la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico), sino que se trata de una situación intermedia entre ambas situaciones. Se trata de una situación jurídica activa que se ostenta por relación a la actuación de un tercero y que no supone, a diferencia del derecho subjetivo, una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible de otra persona, pero sí comporta la facultad del interesado de exigir el respeto del ordenamiento jurídico, y, en su caso, de exigir una reparación de los perjuicios antijurídicos que de esa actuación le deriven. Por tanto, hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el Derecho, cuando éste no tiene un derecho subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta, pero sí para reclamar a los tribunales la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación de su interés. Luego, el interés legítimo no debe confundirse en modo alguno con la acción popular, porque esta última descansa en el interés simple, es decir, en el mero interés en la legalidad y se dirige a satisfacer el interés de la comunidad, por lo que cualquier persona, por el hecho de invocar su condición ciudadana, está legitimada para impugnar un acto determinado. Por su parte, el interés legítimo normalmente requiere de una afectación indirecta a la esfera jurídica del particular considerado en sí mismo y sus efectos se refiere a círculos de interés más reducidos, que sólo en supuestos excepcionales llega a coincidir con la totalidad de la comunidad. Sostener lo contrario llevaría al absurdo de identificar al interés legítimo con el interés general, y que cualquier persona pudiera promover un juicio de amparo ostentándose como representante de toda la sociedad. Es de importancia mencionar que el interés legítimo tuvo su origen en el derecho administrativo a fin de permitir el acceso a la justicia a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos de dicha naturaleza, no obstante que carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo. Dicho interés proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya directa, ya derivada de su situación particular frente al orden jurídico; así, basta con que el acto de autoridad que se impugne afecte la esfera jurídica del particular, para que le asista un interés legítimo y pueda accionar, resultando intrascendente que sea o no el titular del derecho subjetivo. En consecuencia, la característica esencial del interés legítimo radica en que la conducta de la autoridad sea susceptible de causar un perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve debido a la situación de hecho o de derecho en la que se encuentra. Se trata del reflejo de una utilidad que al gobernado le proporciona la actuación legal del poder público, aunque es necesario exigir al quejoso la presencia de un factor especial que lo distinga de la generalidad de las personas: el interés legítimo debe ser personal y actual. Por tanto, el interés legítimo se traduce en un perjuicio cierto a una persona con motivo de un acto de autoridad, con independencia que cuente o no con derechos subjetivos. De tal suerte que, en supuestos en los que no hay derechos inmediatamente en juego, será necesario que quien acude al juicio de amparo justifique en qué medida el acto compromete sus derechos fundamentales y deberá acreditar el interés específico, concreto y cualificado que ostenta para solicitar la protección constitucional, pues se entiende que si la pretensión primordial consiste en la paralización de los actos y/o sus efectos, éstos le deben causar un perjuicio. De otro modo, se distorsionaría la naturaleza del juicio de amparo que consiste fundamentalmente que el acto de autoridad no continúe lesionando a los quejosos aún de manera indirecta. Robustece a lo expuesto la Jurisprudencia 51/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes ocho de marzo de dos mil diecinueve, Décima Época, con registro 2019456, de rubro y contenido que disponen: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Corolario de lo anterior, se puede concluir que los requisitos del interés legítimo son: a) Que la autoridad cause un perjuicio especial a una persona o a un grupo de personas, sin que se trate del que de manera general y uniforme se produce a grandes sectores de la población. No se trata de un agravio ocasionado al público. b) No es exclusivo, es concurrente y coincidente, pues protege a una pluralidad de sujetos respecto de situaciones de hecho que los favorecen. c) Es propio de las personas que por gozar de una posición calificada, diferenciable, se ven indirectamente beneficiadas o perjudicadas con el incumplimiento de ciertas reglas de derecho objetivo, bien porque con ello vean obstaculizado el camino para alcanzar ciertas posiciones provechosas, bien porque sean privadas de las ventajas ya logradas. Asimismo, el máximo Tribunal del País ha considerado que en general, la doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. También ha establecido que algunas de las características que permiten identificarlo son: a) Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. d) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. e) Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. f) La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Es el interés que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio. También, el interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente deba obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio. Sirve de apoyo la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo I, página 545, marzo de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA RELATIVA, ADEMÁS DE ADVERTIRSE LA PRESENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO, DEBE VERIFICARSE SI EXISTE UNO OBJETIVO CONFERIDO POR EL MARCO CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XIV/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 34, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO 'OBJETIVO' CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.", sostuvo que el concepto de "interés jurídico" tiene un amplio abanico de pronunciamientos, por los cuales, es posible entender que detrás de él, hay referencia a la existencia de derechos objetivos que conforme han sido reconocidos en el marco constitucional, otorgan a los individuos un interés jurídico de acuerdo a la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico; cuestión que atendiendo a la situación particular del quejoso puede otorgar facultad para acudir al amparo. Por tanto, para verificar la procedencia de la demanda relativa, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario verificar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio; de ahí que la figura del interés jurídico se traslapa con el concepto de interés legítimo, pues ambas figuras pueden actualizarse por la existencia de un derecho objetivo conferido por el marco constitucional en contraposición a la situación particular del individuo." Y, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo 2, página 1736, marzo de dos mil trece, Materia Común, Décima Época, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Por todo lo expuesto, se concluye que la reforma constitucional que introdujo el interés legítimo -cuyos antecedentes en el orden jurídico mexicano se encuentran en el derecho administrativo- aminora los efectos contraproducentes de aplicar de manera estricta como requisito de procedencia del juicio de amparo el relativo al interés jurídico, puesto que por virtud de éste se dejaban ajenos al control jurisdiccional un sin número de actos autoritarios que lesionaban los derechos fundamentales de los gobernados. Sin embargo, se reitera, no puede llegarse al extremo de considerarlo el medio para promover dicho juicio con base en un mero interés general por la legalidad, en tanto que se convertiría en una vía abstracta o preventiva y no en un medio reparador de violaciones. Así, en su dimensión certera, el interés legítimo no llega al grado de requerir la afectación de un derecho subjetivo pero tampoco se trata que toda persona que no puede verse lesionada en su esfera jurídica, pueda promover el medio de impugnación, porque esto lo tornaría en una especie de acción popular. En esas condiciones, es posible arribar a las premisas siguientes respecto del interés legítimo.  El derecho vulnerado exige para la procedencia de su tutela el acreditamiento o demostración de un interés de mayor dimensión que el interés simple, sin llegar a la exigencia de una afectación cierta e individualizada como lo requiere el interés jurídico.  La afectación que produce el acto combatido debe encontrar sustento en un valor o interés jurídicamente protegido.  El interés de que se trate debe corresponder a un grupo social o colectividad, generalmente indeterminado o indeterminable. Expuesto lo anterior, en el caso particular, se concluye que la parte quejosa carece de interés legítimo para instar la presente demanda de amparo al contar con un interés ciudadano por la legalidad, el cual no faculta para accionar el juicio de amparo, sino que únicamente permite la denuncia o la acción popular cuando las leyes así lo establecen, es decir, la situación objetiva y particular en la que se encuentra la parte quejosa es la del interés simple, como el mero interés ciudadano en la legalidad, puesto no justifica en qué medida el acto compromete sus derechos fundamentales, ni acredita el interés específico, concreto y cualificado que ostenta para solicitar la protección constitucional, pues se entiende que si la pretensión primordial consiste en la paralización de los actos y/o sus efectos, éstos le deben causar un perjuicio, en virtud de que se reclama la emisión de normas y actos inconstitucionales, para realizar donaciones cuantiosas del dinero del pueblo mexicano a gobiernos extranjeros, al contratar y celebrar convenios por parte del Ejecutivo Federal con el gobierno de Cuba, para que personal médico de ese país -médicos, enfermeras, etcétera- lleguen a México a laborar profesionalmente, a cambio de un "pago o donación"., máxime que no especifica qué norma y/o acto de autoridad le causa afectación. Ello, sobre la base de que, dice, cuenta con interés legítimo para reclamar dicho acto, en razón de ".ser ciudadano mexicano y tener derecho a reclamar los actos que realizan nuestros mandatarios electos para servir al pueblo de México.". Sin embargo, como se anticipó, no cuenta con interés legítimo necesario para acudir a esta vía constitucional, atendiendo a los parámetros expuestos, este juzgado considera que el interés que la parte quejosa dice tener no resulta cualificado, pues si bien aduce que el acto reclamado conlleva la realización de donaciones cuantiosas del dinero del pueblo mexicano a gobiernos extranjeros, al contratar y celebrar convenios por parte del Ejecutivo Federal con el gobierno de Cuba, para que personal médico de ese país - médicos, enfermeras, etcétera- lleguen a México a laborar profesionalmente, a cambio de un "pago o donación, lo cierto es que se aprecia que no se encuentra en una especial situación frente al derecho que cuestiona, esto es, cómo es que dicha afirmación, comunicado o declaratoria afecta su esfera jurídica de derechos particulares o colectivos, pues no basta con anunciar que un acto de autoridad le afecta por la circunstancia de ser ciudadano mexicano. Es así, pues -como se dijo- el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y la persona o grupo de personas que comparecen al proceso, sin que dicha persona o grupo requieran de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona o colectividad que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de forma tal que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. Es decir, se advierte que la parte quejosa no cuenta con un interés cualificado que la distinga del resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar al Estado al destino del gasto público; de ahí que en el presente caso se actualice únicamente un interés simple, el cual no es reclamable mediante el juicio de amparo. Se cita para robustecer lo explicado, la Jurisprudencia 38/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 690, del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2012364, de título y contenido que dicen: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así también, robustece a lo plasmado la tesis CLXXXIV/2015 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, localizable en la página 448, del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2009201, con rubro y contenido siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." En el asunto que nos ocupa, al verificar la situación de la promovente frente al acto de autoridad, expuesta en la demanda, se advierte con claridad que el peticionario de amparo no cuenta con interés legítimo para promover el juicio de amparo, sino que en todo caso, se trata de un interés simple; y aun cuando se admitiera y tramitara la demanda, la situación de la impetrante no cambiaría, pues de los hechos y las razones expuestas en la demanda, se advierte con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple. Es así, pues expresamente señaló: "(.) El presidente con facultades y atribuciones con las que no tiene ni están contempladas en términos del artículo 89 constitucional, el Presidente de México realiza donaciones cuantiosas de dinero del dinero del pueblo mexicano, regalando dinero de millones de dólares americanos a gobiernos extranjeros (.) Al darles preferencia el Presidente de México y prioridad a los extranjeros y a los supuestos médicos que contrató mediante convenio celebrado con el gobierno cubano, está violentando y transgrediendo gravemente los derechos de preferencia que tienen nuestros nacionales médicos, enfermeras-os y personal médico mexicano (.) De igual forma se reclama el despojo de oportunidad de empleo a mexicanas y mexicanos sin considerar primeramente la posibilidad de contratar ciudadanas y ciudadanos para el empleo de prestar servicio médico para el que se ordenó que se contraten extranjeros (.) Actos unilaterales y determinaciones contraídas a los intereses y en grave perjuicio a los intereses de la sociedad y de la colectividad de la ciudadanía de todo México, afectándose gravemente a todo el sector salud. desconociendo como consecuencia y restándoles capacidad e importancia y demeritando a todas las instituciones educativas, universitarias, politécnicos, tecnológicos y escuelas de medicina de todo el país de México y a todos los profesionistas médicos que egresan de dichas instituciones educativas como lo es el presente caso que contrató a 500 MÉDICOS QUE NO TIENEN TÍTULO NO NINGÚN TIPO DE DOCUMENTOS LEGALES AMPARADOS POR TODAS LAS RESPONSABLES ANTES SEÑALADAS, para que trabajen COMO MÉDICOS EN EL PAÍS DE MÉXICO, violándose directamente por parte del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. los artículos 1, 5, 32, 87, 89, 123 de nuestra Constitución como lo es el contratar y celebrar convenio en forma indebida para que 500 quinientos o más supuestos médicos, enfermeras y demás personal médico de nacionalidad extranjera. trabajen o laboren en toda la República Mexicana, en la Ciudad de México o en los 32 Estados de México, laboren y cobren como profesionistas médicos sin contar CON EL CERTIFICADO NI EL TÍTULO PROFESIONAL NI LAS CÉDULAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES (.) Así también estos actos vulneran la posibilidad de encontrar un empleo para ciudadanos en la búsqueda del mismo, pues estos actos niegan totalmente la posibilidad de que tengan la posibilidad de participar en alguna convocatoria pare este empleo, para que sea imparcial y en beneficio del pueblo mexicano. dejando en total desventaja de posibilidades laborales a los médicos de México (.)." Lo que pone en evidencia que los actos que reclama no transgreden en su perjuicio, de forma individual o colectiva, cualificada, actual, real y jurídicamente relevante, derecho fundamental alguno, pues, se reitera, aun cuando señala que con la celebración del convenio o contrato realizado entre Ejecutivo Federal con el gobierno de Cuba, para que personal médico de ese país -médicos, enfermeras, etcétera- lleguen a México a laborar profesionalmente, se afectaría a la "sociedad", y en particular a los profesionistas en medicina del País, dado que se transgredida su derecho a ejercer su profesión, tutelado en el artículo 5° constitucional, al ser "despojados" por especialistas de otra nacionalidad; y que no está demostrado que dicho personal extranjero tenga algún documento de identificación oficial que los acredite para ejercer la referida profesión, verbigracia, titulo o cédula profesional; ello resulta insuficiente para considerar que cuenta con interés legítimo, puesto que no le irrogan un perjuicio directo en su esfera jurídica o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, tal y como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese entendido, al ser evidente que el promovente basa su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernado, porque sostiene un interés igual al de la generalidad, y no alguna característica especial que guarde su situación frente al orden jurídico, que lo coloque en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitime para promover el juicio de amparo; se concluye que únicamente cuenta con un interés simple como el de todos los ciudadanos que pertenecen a una comunidad, a quienes pudiera o no afectarles la celebración del convenio combatido. Además, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 111/2013, resuelta en sesión de cinco de junio de dos mil catorce, señaló que interés legítimo e interés difuso o colectivo no son lo mismo, pues el primero se refiere al grado de afectación, mientras que el segundo al número de personas que la resienten, y destacó que, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible, también es verdad que en el presente caso, la posición que la parte quejosa aduce, frente al resto de los gobernados, no se encuentra justificada, dado que no se actualiza una afectación real y actual o inminente, producto del destino del gasto público y política pública en cuanto a contratación de médicos extranjeros. Toda vez que no existe parámetro alguno por el cual pudiera estimarse, razonablemente, que éstos resentirán una afectación real y actual o inminente en su esfera jurídica, por lo que el perjuicio a ésta se reduce a una mera posibilidad, igual a la que podría sufrir cualquier otro habitante del país y, por ende, no goza de un interés legítimo, sino simple, ya que no se advierte la existencia de un vínculo concreto entre el derecho cuestionado y el perjuicio que sufriría la parte quejosa, razón por la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis XXVII.3o.132 K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, (Junio de 2018), Tomo IV, visible en la página 3073, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO COLECTIVO EN EL AMPARO INDIRECTO. ASPECTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA DETERMINAR SI SE ACTUALIZA, CUANDO EL JUICIO SE PROMUEVE EN DEFENSA DEL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. Conforme al artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien comparezca al juicio de amparo deberá, en los supuestos en que no reclame actos o resoluciones de tribunales, ser titular de una facultad otorgada por el orden jurídico, que se afecta inmediata y directamente o, en caso de que no cuente con ese interés jurídico, aducir una ventaja o utilidad jurídica determinada y determinable, sin ser exclusiva a una entidad de base asociativa, fundada en un interés legítimo derivado de la reparación pretendida. Así, tratándose de la materia medioambiental, la legitimación requerida para promover el amparo indirecto se sienta sobre una base propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos; esto es, se requiere de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una posibilidad, ante lo cual, la obtención de una eventual sentencia de protección constitucional, implicaría la obtención de un beneficio determinado. En estas condiciones, la vinculación jurídicamente relevante y protegida de la defensa del derecho humano a un medio ambiente sano en sede constitucional, no depende de la simple manifestación del interesado, en el sentido de que goza de un interés legítimo colectivo suficiente, sino que el Juez de Distrito debe arribar, por medio de inferencias lógicas, a la conclusión de que éste se actualiza, considerando que: (i) su ejercicio corresponde a un individuo y/o grupo de personas identificables, con proyección jurídica en sentido amplio y diferenciado del resto de la sociedad; (ii) ello ocurre, dada su directa vinculación con el objeto de la pretensión medioambiental, bien por circunstancias personales, como el lugar de residencia o ciudadanía, o por una regulación sectorial o grupal específica que les concierna; y, (iii) la obtención del beneficio pretendido no puede ser derivada, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse en beneficio de la colectividad a la que se pertenezca." Por todo lo expuesto, cabe agregar que, de admitirse la demanda de amparo, la parte peticionaria de amparo no podría probar, durante la sustanciación del juicio, que tenga un interés legítimo; pues, como ya se dijo, el acto reclamado no afecta de manera directa o inmediata su esfera jurídica, lo que conlleva determinar que es poseedora de un interés simple, toda vez que no tiene una especial situación frente al orden jurídico, sino una situación general como todo gobernado; de ahí que se desprenda con claridad que la posición de la parte quejosa frente al acto de autoridad reclamado implica un interés simple, lo que no es susceptible de desvirtuarse con la admisión de la demanda de amparo, lo que faculta a este Juzgador para desecharla de plano y realizar el análisis que previamente se hizo respecto a los derechos involucrados y por qué se trata de una cuestión que no es susceptible de desvirtuarse durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a/J. 57/2017 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Estado de Querétaro, visible en la página 1078, Libro 43, Junio de dos mil diecisiete, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En consecuencia, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso artículo 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Sin que sea obstáculo a lo antes determinado que la parte quejosa haya omitido en el escrito de demanda manifestar los hechos sustento del acto reclamado bajo protesta de decir verdad, pues de prevenirla para subsanar esa formalidad, a nada diverso se llegaría, sino que por el contrario, sería ociosa la prevención al no obtener diversa determinación a la aquí adoptada. Tampoco pasa por desapercibido que la parte quejosa refiere comparecer por derecho propio y como miembro colectivo "FRENA", sin embargo, tampoco cambiaría lo antes determinado puesto es conocido que dicha asociación es un movimiento conocido regularmente como "Frente Nacional Anti Amlo (FRENA)" de ahí que no se estime necesario requerirlo para acreditar personalidad al ser un movimiento de libre asociación que no cambaría lo antes expuesto. Sin que con el anterior pronunciamiento se califique la legalidad del acto que refiere combatir, pues el motivo de la improcedencia de la demanda de amparo que dio lugar al desechamiento, acontece a la falta de interés legítimo para combatir los actos que refiere. Sin que con la anterior determinación se transgreda produzca alguna violación a la parte quejosa, pues el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación a los derechos de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental. Así como la diversa, con los siguientes datos de localización; Décima Época, Registro: 2005717, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.), Página: 487, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." V.- Autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a .........., por contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Nacional de Registro de Profesionales y para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que refiere por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Asimismo, toda vez que el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en los artículos 298 y 300 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en la Ciudad de México con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, por conducto del actuario de su adscripción, notifique el presente auto a la parte quejosa, en el domicilio ubicado en ".............". Asimismo, el actuario judicial le deberá hacerle saber que hasta en tanto señale uno en esta ciudad, las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista, de acuerdo con lo previsto por el artículo 26, fracción III y 27 de la Ley de Amparo. De conformidad con el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, en caso de que exista alguna imposibilidad para llevar acabo la diligencia encomendada. Asimismo, se otorgan facultades en el sentido de que si el actuario judicial adscrito, al momento de la diligencia se le proporciona diverso domicilio al señalado, ello dentro de su jurisdicción, realice la diligencia encomendada; asimismo, se solicita a la autoridad jurisdiccional, que una vez que diligencie en sus términos la comunicación de mérito, la devuelva a la brevedad. Asimismo, como autorizado en términos restringidos a las personas que indica en su escrito de demanda por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VI. Habilitación de Horas y Días Inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. VII. Uso de Medios Electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. VIII. Información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. X. Captura de proveído. Ahora, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa mediante exhorto.

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