Ana María Rodríguez Labrada y Otros.
Expediente 498/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/07/2019
Partes del expediente
- Ana María Rodríguez Labrada y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de julio de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto en el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo.
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo, promovida por Ana Maria Rodriguez Labrada y Jose Enrique Jorge Lachicott, contra actos de la Secretaria de Gobernación y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 498/2019. Ahora, de la demanda se advierte que los actos reclamados consisten en la orden de ".detención, deportación, repatriación, retención, retorno asistido, libre tránsito, aseguramiento o alojamiento", así como su ejecución, respecto de los cuales los quejosos manifestaron en el capítulo de antecedentes lo siguiente: ".el 13 de junio del año en curso, entramos a territorio mexicano... por lo que acudimos a regularizar nuestra situación migratoria en las oficinas en la estación migratoria sur en Tapachula, Chiapas, lo que nos fue imposible, toda vez que están saturadas para todo tipo de tramites... con fecha 14 de junio decidimos trasladarnos a la ciudad de México, para poder realizar nuestros tramites migratorios... en el camino fuimos discriminados, y amenazados de querer detenernos, toda vez que nos manifestaban que existe ordenes de detener a todo cubano...", y derivado de ello, refieren "tememos por nuestra libertad personal... no estamos tranquilos por las calles" que los puedan ".detener, para asegurarnos y luego deportarnos...". Precisado lo anterior, este juzgado considera que en el caso se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Asimismo, el artículo 5, fracción I, de la legislación de la materia establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley (.)". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto que nos ocupa, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, del rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". Por tanto, en el caso, es indudable que los actos reclamados no afectan el interés jurídico de los peticionarios de amparo, al no existir agravio alguno, en tanto que manifestaron que les fue imposible realizar los trámites para regularizar su situación migratoria, toda vez que las oficinas respectivas están saturadas, y derivado de ello refieren "tememos por nuestra libertad personal" de que sean objeto de una orden de ".detención, deportación, repatriación, retención, retorno asistido, libre tránsito, aseguramiento o alojamiento", así como su ejecución, sin embargo, no precisaron algún hecho o razón que permita inferir que esa afectación sea real y actual. De lo anterior, se advierte que los actos que reclaman, no pueden considerarse actos futuros e inminentes para la procedencia del juicio. Ello, porque el Máximo Tribunal de justicia del país determinó que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo el agravio que el acto reclamado cause a los quejosos debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de este sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5° de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique a la parte quejosa. Por consiguiente, si de la lectura de la demanda no se infiere la inminencia de la orden de ".detención, deportación, repatriación, retención, retorno asistido, libre tránsito, aseguramiento o alojamiento", así como su ejecución, es evidente que no existe el agravio que refieren los amparistas, por ende, no les causa perjuicio alguno. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica en este órgano de control constitucional, por haber señalado para ello los estrados y por autorizadas para los efectos que indican a las personas que mencionan.
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