Ana María Meléndez García
Expediente 977/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 977/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/03/2017
Partes del expediente
- Ana María Meléndez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad de México, a dos de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de quince días que establece el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad, envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, ya que no es necesaria la retención de los anexos enviados por el Juzgado Quincuagésimo Penal de esta ciudad, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que será suficiente el sello de la autoridad de referencia, el cual hará las veces de acuse.
- Principal
Ciudad de México, a tres de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la quejosa y a los terceros interesados para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. En ese sentido, por sentencia terminada de engrosar el tres de enero del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Ana María Meléndez García, para que el juez responsable, una vez que quedara firme la sentencia, realizara lo siguiente: I. Dejara insubsistente la resolución reclamada; y II. Dictara otra, en que por una parte, por no haber sido materia de la concesión, reiterara lo relativo a la acreditación del tipo penal previsto en el artículo 10 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y, por otra, conforme a los lineamientos expuestos, determinara que no son aplicables a la quejosa en el caso de que se trata, los diversos numerales 29 y 41 de la misma ley. Con la precisión de que debería verificar la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal, acorde con la legislación penal federal. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Determinación que al no ser recurrida por alguna de las partes se declaró que causó ejecutoria mediante proveído de veinte del mes pasado, por lo que se requirió a las autoridades responsables correspondientes cumplieran la sentencia protectora. En ese sentido, la autoridad judicial responsable, mediante oficio que se recibió en este juzgado el veintiséis del mes retropróximo, adjuntó copia certificada de la resolución que pronunció un día antes, con que refirió dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con base en lo anterior, se dio vista al quejoso y a los terceros interesados para que manifestaran lo que a su derecho conviniera; sin embargo, no realizaron algún señalamiento al respecto. De lo expuesto, se concluye que la sentencia protectora está cumplida. Así se considera, porque en la determinación mencionada, se aprecia que el juez responsable dejó sin efectos la resolución reclamada y dictó otra en que, por una parte, reiteró lo relativo a la acreditación del tipo penal previsto en el artículo 10 de la ley general citada y, por otra, determinó que no son aplicables a la quejosa en el caso de que se trata, los diversos numerales 29 y 41 de la misma ley; asimismo, analizó la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal, acorde con la legislación penal federal. Consecuentemente, es inconcuso que se restituyó a la quejosa en el goce de sus derechos violados, acorde con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que se reitera que la sentencia protectora está cumplida. Finalmente, de ser el caso, una vez que fenezca el plazo previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, dese cuenta para acordar lo conducente, dado que no se actualiza alguno de los supuestos señalados en el último párrafo de este dispositivo.
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, a través de los cuales se informa el cumplimiento dado a la sentencia protectora. En ese sentido, con dicho informe, dese vista como corresponda a la quejosa y al tercero interesado, para que de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido que transcurrido dicho plazo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgado resolverá lo conducente con las constancias que existen en el expediente.
- Principal
Ciudad de México, a veinte de enero de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. Ahora, la protección constitucional es para el efecto de que la autoridad judicial responsable realice lo siguiente: I. Deje insubsistente la resolución reclamada; y II. Dicte otra, en que por una parte, por no haber sido materia de esta concesión, reitere lo relativo a la acreditación del tipo penal previsto en el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y, por otra, conforme a los lineamientos expuestos en la sentencia de tres de enero pasado, determine que no son aplicables a la quejosa en el caso de que se trata, los diversos numerales 29 y 41 de la misma ley. Con la precisión de que al subsanar la violación advertida, la autoridad judicial responsable deberá analizar el cuerpo del delito y, en su caso, la probable responsabilidad de la quejosa, acorde con la legislación penal federal (Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales), porque existe remisión expresa en ese sentido derivada del artículo 9 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que establece que en todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos materia de esta ley, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal (actualmente de la Ciudad de México), aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia del acto cuya inconstitucionalidad se ha demostrado. Por tanto, con apoyo en los preceptos 192 y 194 de la ley de la materia, se requiere a las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días informen a este juzgado acerca del cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria mencionada o el impedimento legal que tengan para ello; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos del dispositivo 258 de la citada ley, con independencia de que se seguirá el procedimiento señalado en el numeral 193 del ordenamiento legal invocado.
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