Ana María Rodríguez Gutiérrez

Expediente 382/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
382/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Ana María Rodríguez Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 4, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Registro Vista la demanda promovida por *****, por propio derecho; por tanto, fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 382/2023-III-A. Precisión del acto reclamado Del escrito inicial de demanda se advierte que la quejosa reclama del Presidente y del Actuario, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, lo siguiente: "La omisión de notificar a la parte demandada los acuerdos de once de agosto y quince de noviembre, ambos de dos mil veintidós, así como el diverso de tres de marzo de la presente anualidad, dentro del juicio laboral 3021/2019, acuerdos en los que se señalaron fechas para el desahogo de las pruebas confesional, testimonial y de inspección, ofrecidas por la parte actora". DESECHAMIENTO En ese contexto, resulta improcedente el juicio de amparo en atención a que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." De las porciones normativas transcritas se observa el supuesto en que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, atento a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se le restituiría en el pleno goce de las garantías individuales vulneradas, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando los derechos fundamentales quebrantados en perjuicio de la quejosa. En efecto, conforme al artículo 77 de la ley de la materia, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Ahora bien, en el caso es menester retomar que el acto reclamado se consistir en la omisión de las autoridades responsables de notificar a la parte demandada en el juicio laboral 3021/2019, los acuerdos once de agosto y quince de noviembre, ambos de dos mil veintidós, así como el diverso de tres de marzo de la presente anualidad, en los que se señalaron fechas para el desahogo de las pruebas confesional, testimonial y de inspección, ofrecidas por la parte actora y que tendrían verificativo el tres, seis y trece de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente; sin embrago, en caso de que la demanda de amparo se llegara a admitir y con posterioridad se dictara sentencia favorable a la parte quejosa, no podrán concretizarse los efectos de ésta, en virtud de que las fechas señaladas para el desahogó de las pruebas de mérito fueron en días pasados al día de la fecha; de ahí que no se pueda ordenar una notificación para días previos a la presentación de la demanda demanda que se acuerda. Sin que sea óbice el hecho de que pueda existir una posible violación al artículo 17 constitucional, con la omisión que reclama la quejosa; sin embargo, debe insistirse en el hecho de que a ningún fin práctico llevaría admitir la demanda, si los efectos de una probable sentencia en la que se otorgue el amparo no podrán concretizarse, toda vez que el efecto conllevaría a ordenar que se notifique un auto por el cual se señalaron diversas fechas para el desahogo de distintos medios de convicción, cuando precisamente esas fecha transcurrieron en días pasados a la presentación de la demanda que se acuerda. Máxime que, este juzgado de Distrito, con los datos que se aportaron en la demanda de amparo, no tiene conocimiento ni mucho menos la certeza de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, haya señalado una nueva fecha para el desahogo de las pruebas confesional, testimonial y de inspección que refiere la quejosa en su demanda; de ahí que, es inconcuso que los efectos de una posible sentencia amparadora no podrán concretizarse, en la medida que no se tiene la seguridad de que -efectivamente- se hayan señalado diversas fechas para el desahogo de las pruebas de mérito; por lo que no es posible vincular a las responsables para que lleve a cabo la notificación a efecto de que comparezca el actor al desarrollo de diversas diligencias, de las cuales no se sabe si señaló nueva fecha para su verificativo o no. De ahí que, debe concluirse que resulta improcedente la demanda de amparo, pues de darse trámite a la misma, y aunque pudieran resultar fundados los conceptos de violación, se estaría en imposibilidad de concretar a favor del peticionario de amparo los efectos de la concesión del amparo; pues no sería factible restituirla en el goce del derecho fundamental violado (impartición de justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 constitucional), dado que jamás podrán retrotraerse los efectos del transcurso del tiempo; además, la probable infracción no podrá ser subsanada con el pronunciamiento del fallo respectivo, y ningún fin práctico tendría dar trámite a la demanda y conceder la protección constitucional solicitada, pues sólo se retardaría aún más el litigio, cuestión de la cual precisamente se resiente el inconforme. En apoyo de lo anterior se cita la tesis visible en la página 2868, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO, EFECTOS DE LA. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: `SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven, y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." De igual forma, brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal, visible en la página nueve, Tomo VI, diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE." Domicilio Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones vía electrónica el usuario "********************"; mismo que también se autoriza para la consulta del expediente electrónico, por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. Ahora, respecto a la solicitud en el sentido de autorizar el empleo de medios electrónicos, cámaras, lectores ópticos, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de dichos medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 17 constitucional y en atención al derecho de tutela judicial efectiva, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta de expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal.

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