Ana María Patiño Tovar

Expediente 1578/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1578/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Ana María Patiño Tovar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Requerimiento de Cumplimiento En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se le notifique la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, esto es: "De no haberlo hecho, a partir del día siguiente al que cause ejecutoria la presente resolución, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda en los autos del juicio laboral y cumpla el proceso de aprobación del proyecto de laudo, previsto en la legislación de la materia, hasta su engrose. Sin que el contenido del laudo o sentido del mismo, ni actuaciones subsecuentes, sean objeto de análisis en el presente juicio" Apercibimiento Bajo apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá a la persona física que ostente el cargo de su titular, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Sin perjuicio de lo anterior, dado que la responsable no tiene superior jerárquico, para efectos del cumplimiento de esta ejecutoria, también se le apercibe para que, en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    S e n t e n c i a Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 1578/2023-IV; y, R e s u l t a n d o PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el cinco de octubre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; +++++, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y el acto reclamado siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (...) IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de dictar laudo dentro del término que establece de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en el expediente ********************." Por estimarlos, en esencia, violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 1578/2023-IV, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal, se requirió el informe de ley, seguido el juicio en sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer, tramitar y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclama una omisión atribuida a una autoridad en materia de trabajo, con residencia dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación del Acto Reclamado y Autoridad Responsable. De la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que obran en el expediente, se obtiene que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: La omisión de emitir el laudo en el juicio laboral ********************. TERCERO. Existencia del Acto Reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Es aplicable al caso, la tesis 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Sexta Sección- Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, página 830, que dice: "Informe Justificado Afirmativo. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con la constancia que adjuntó la autoridad responsable a su informe de ley; a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Consideración que, además, se apoya en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, localizable en el Apéndice de 1995, materia común, Tomo VI, página 153, registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "Documentos Públicos, Concepto de, y Valor Probatorio. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En esa tesitura, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que las partes no hicieron valer, ni se actualiza causa alguna de improcedencia que de oficio deba ser examinada por el suscrito; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. QUINTO. Conceptos de Violación. No se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la ley de amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, Mayo 2010, página 830, de rubro siguiente: "Conceptos de violación o agravios. Para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo es innecesaria su transcripción." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa, en esencia, aduce que no se le ha administrado justicia en los términos y plazos que fijan las leyes, incumpliéndose las formalidades esenciales del procedimiento. El aludido argumento, es fundado. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.) El precepto constitucional referido, consagra el llamado derecho a la jurisdicción y cuyo espíritu es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias de interés sometidas a su consideración. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial, descrito con exactitud en el propio párrafo segundo, que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos fijados en las leyes. Por su parte, los artículos 191, 226, 227, 228, 229, 237, 238, 241, 242, 242 Bis, 243 y 244 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en lo que interesa, establecen: "Artículo 191. El proceso será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. El Tribunal y las Salas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 226.- El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes del Tribunal o la Sala que lo turnará al auxiliar o secretario que corresponda el mismo día antes de que concluyan las labores. A la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga el actor y los documentos que acrediten la personalidad del representante, en caso de que aquel no pudiera concurrir personalmente. "Artículo 227. La demanda se formulará por escrito debidamente firmada y se acompañarán tantas copias de la misma como demandados haya. La demanda deberá contener: I. Nombre y domicilio del promovente; II. Nombre y domicilio del demandado o demandados; III. Objeto de la demanda; IV. Relación de los hechos; V. Documentos probatorios; o VI. Indicación del lugar en que puedan obtenerse los que el actor no pudiese aportar directamente." "Artículo 228. Cuando el servidor público ignore el nombre del titular de la institución pública o dependencia, o la denominación exacta del centro de trabajo donde labora o laboró deberá precisar en su escrito inicial de demanda, al menos el domicilio de la institución pública o dependencia en donde prestó o presta sus servicios. " "Artículo 229. El Tribunal o la Sala dentro de tres días siguientes a la presentación de la demanda, prevendrá al actor para que en el plazo de tres días corrija su demanda por ser obscura e imprecisa, en caso de que no lo haga se tendrá por ratificada. Asimismo, cuando el actor sea el servidor público o sus beneficiarios podrá aclarar, modificar o enderezar la demanda por una sola vez en un término de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la demanda, para el caso de no hacerlo se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad. Admitida la demanda y el escrito de pruebas se correrá traslado de ella a la parte demandada, así como de las pruebas, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, emplazándola para que la conteste dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente del emplazamiento, ésta deberá contener copia cotejada de la demanda y de los acuerdos que le recayeron, apercibiéndolo que para el caso de no contestarla en el término señalado se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrezca pruebas en contrario con las que acredite que el actor no era servidor público, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda. El Tribunal o la Sala dentro de los tres días hábiles siguientes que reciba la contestación de demanda o hubiera trascurrido el término para contestarla, dictará acuerdo en el que se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual deberá realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores al acuerdo; apercibiéndolos de tenerlos por inconformes con todo arreglo conciliatorio y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurren a la audiencia. Durante la tramitación de los conflictos individuales y colectivos bastará la presencia del Presidente del Tribunal o de la Sala o del auxiliar, quien llevará a cabo la audiencia hasta su terminación y dictará las resoluciones que procedan, salvo los laudos, caso en que citará a los integrantes del Tribunal o de la Sala para dictar la resolución correspondiente." "Artículo 237. El Tribunal o la Sala, una vez agotada la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, señalará en el mismo acuerdo, el día y la hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas la que deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley." "Artículo 238. En el desahogo de las pruebas se procurará que se desahoguen primero las del actor y después las del demandado, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas y dictaran las medidas necesarias para procurar que el día de la audiencia se desahoguen todas las pruebas ofrecidas y las que por su naturaleza no sean posibles de desahogarse, se señalará día y hora en que se efectuará la audiencia respectiva." "Artículo 241. Desahogadas las pruebas se les concederá a las partes un término de 48 horas, para que por escrito formulen alegatos." "Artículo 242. Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se turnarán los autos al C. Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto de laudo correspondiente, observando el principio de celeridad procesal." "Artículo 242 BIS. Una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de 15 días." "Artículo 243. En la sesión en que se dicte resolución se observarán las siguientes reglas: I. El presidente dará lectura a su propuesta de laudo; II. Acto seguido se abrirá, en su caso, la discusión correspondiente; III. Finalmente el presidente recogerá la votación y declarará el resultado." "Artículo 244. Si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal o de la Sala. Si se le hicieran modificaciones o adiciones, se harán constar en el acta y el presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. Una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes." Del contenido de los numerales citados, se aprecia que el procedimiento laboral inicia con la presentación de la demanda ante la Oficialía de Partes del Tribunal, quien lo turnará a quien corresponda. Luego, una vez recibida la demanda por el Tribunal o Sala que corresponda, dentro de los tres días posteriores a la presentación de la demanda, en caso de ser obscura o imprecisa, prevendrá al actor para que la corrija. Hecho lo anterior, o en caso de no existir motivo de prevención alguno, se admitirá la demanda y el escrito de pruebas, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada donde se le correrá traslado con los mismos en un plazo no mayor de cinco días hábiles, para que en el plazo de diez días dé contestación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, ofrezca las que considere pertinentes. En ese orden de ideas, el Tribunal dictará auto dentro de los tres días siguientes a que reciba la contestación de demanda o una vez fenecido el plazo concedido para tal efecto, donde señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, misma que deberá realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores al acuerdo, bajo el apercibimiento a las partes de tenerlas por inconformes con todo arreglo conciliatorio y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurren a la audiencia respectiva. Además, en el mismo acuerdo en que admitan las pruebas, el Tribunal señalará día y hora para la celebración del desahogo de pruebas, las que deberán de llevarse a cabo dentro de los quince días hábiles siguientes; asimismo, que de presentarse alguna imposibilidad de desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo se señalará el día y hora en que se efectuará la respectiva audiencia -sin que ese período exceda de quince días-, desahogadas las pruebas, las partes en la misma audiencia o en un término de cuarenta y ocho horas formularán sus alegatos, y una vez formulados éstos se declarará cerrada la instrucción y se procederá a dictar la resolución -en un término no mayor a quince días-, y una vez aprobada la resolución la elevará a categoría de laudo, inmediatamente se firmará y notificará a las partes. En ese sentido, de manera intrínseca es evidente que se deberán atender las reglas y plazos fijados por la propia ley para llevar a cabo el desahogo de las diligencias ahí contempladas. Luego, de las constancias que obran en autos, se advierte en lo que aquí interesa que, en auto de diecisiete********************, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, declaró cerrada la instrucción, turnando los autos del expediente ********************, al Auxiliar Dictaminador para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, sin que a la fecha haya dictado el mismo. Atento a ello, se advierte que del día en que se cerró la instrucción, a la fecha, ha transcurrido en exceso el plazo de quince días a que se refiere el artículo 242 Bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; lo que conlleva a sostener que el Tribunal responsable vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho a una administración de justicia expedita, pronta, completa e imparcial, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. En ese sentido, se concluye que la dilación reclamada por la parte promovente del amparo vulnera el derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues las autoridades responsables deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional; independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que las autoridades deben realizar dentro del ámbito de sus facultades las actuaciones necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, no así retardarlo injustificadamente. Por ende, es evidente que las autoridades responsables, a la fecha no han emitido el laudo en el juicio laboral del que deriva el acto reclamado, dentro del plazo indicado en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, violando en perjuicio de la parte quejosa el principio de administración de justicia pronta y expedita a que se contrae el artículo 17 constitucional, prolongando la administración de justicia en forma injustificada. En ese orden, como las responsables no observaron el derecho humano que consagra el artículo 17 de la Carta Magna, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y su Presidente, realicen lo siguiente: De no haberlo hecho, a partir del día siguiente al que cause ejecutoria la presente resolución, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda en los autos del juicio laboral y cumpla el proceso de aprobación del proyecto de laudo, previsto en la legislación de la materia, hasta su engrose. Sin que el contenido del laudo o sentido del mismo, ni actuaciones subsecuentes, sean objeto de análisis en el presente juicio. Finalmente, se hace hincapié que, como se dijo en el acta de audiencia que antecede, no obsta que a la fecha de la emisión de la presente sentencia transcurra el plazo que establece el artículo 117 de la ley de la materia, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado; en virtud a que atendiendo la naturaleza del acto reclamado, el sentido de la sentencia no causará afectación a ninguna de aquéllas. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R e s u e l v e: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, precisado en el considerando segundo de este fallo y para los efectos establecidos en el último considerando de esta resolución.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO RESPECTIVO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS: S e n t e n c i a Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 1578/2023-IV; y, R e s u l t a n d o PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el cinco de octubre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; +++++, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y el acto reclamado siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (...) IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de dictar laudo dentro del término que establece de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en el expediente ********************." Por estimarlos, en esencia, violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 1578/2023-IV, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal, se requirió el informe de ley, seguido el juicio en sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer, tramitar y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclama una omisión atribuida a una autoridad en materia de trabajo, con residencia dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación del Acto Reclamado y Autoridad Responsable. De la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que obran en el expediente, se obtiene que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: La omisión de emitir el laudo en el juicio laboral ********************. TERCERO. Existencia del Acto Reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Es aplicable al caso, la tesis 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Sexta Sección- Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, página 830, que dice: "Informe Justificado Afirmativo. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con la constancia que adjuntó la autoridad responsable a su informe de ley; a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Consideración que, además, se apoya en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, localizable en el Apéndice de 1995, materia común, Tomo VI, página 153, registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "Documentos Públicos, Concepto de, y Valor Probatorio. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En esa tesitura, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que las partes no hicieron valer, ni se actualiza causa alguna de improcedencia que de oficio deba ser examinada por el suscrito; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. QUINTO. Conceptos de Violación. No se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la ley de amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, Mayo 2010, página 830, de rubro siguiente: "Conceptos de violación o agravios. Para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo es innecesaria su transcripción." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa, en esencia, aduce que no se le ha administrado justicia en los términos y plazos que fijan las leyes, incumpliéndose las formalidades esenciales del procedimiento. El aludido argumento, es fundado. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.) El precepto constitucional referido, consagra el llamado derecho a la jurisdicción y cuyo espíritu es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias de interés sometidas a su consideración. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial, descrito con exactitud en el propio párrafo segundo, que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos fijados en las leyes. Por su parte, los artículos 191, 226, 227, 228, 229, 237, 238, 241, 242, 242 Bis, 243 y 244 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en lo que interesa, establecen: "Artículo 191. El proceso será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. El Tribunal y las Salas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 226.- El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes del Tribunal o la Sala que lo turnará al auxiliar o secretario que corresponda el mismo día antes de que concluyan las labores. A la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga el actor y los documentos que acrediten la personalidad del representante, en caso de que aquel no pudiera concurrir personalmente. "Artículo 227. La demanda se formulará por escrito debidamente firmada y se acompañarán tantas copias de la misma como demandados haya. La demanda deberá contener: I. Nombre y domicilio del promovente; II. Nombre y domicilio del demandado o demandados; III. Objeto de la demanda; IV. Relación de los hechos; V. Documentos probatorios; o VI. Indicación del lugar en que puedan obtenerse los que el actor no pudiese aportar directamente." "Artículo 228. Cuando el servidor público ignore el nombre del titular de la institución pública o dependencia, o la denominación exacta del centro de trabajo donde labora o laboró deberá precisar en su escrito inicial de demanda, al menos el domicilio de la institución pública o dependencia en donde prestó o presta sus servicios. " "Artículo 229. El Tribunal o la Sala dentro de tres días siguientes a la presentación de la demanda, prevendrá al actor para que en el plazo de tres días corrija su demanda por ser obscura e imprecisa, en caso de que no lo haga se tendrá por ratificada. Asimismo, cuando el actor sea el servidor público o sus beneficiarios podrá aclarar, modificar o enderezar la demanda por una sola vez en un término de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la demanda, para el caso de no hacerlo se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad. Admitida la demanda y el escrito de pruebas se correrá traslado de ella a la parte demandada, así como de las pruebas, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, emplazándola para que la conteste dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente del emplazamiento, ésta deberá contener copia cotejada de la demanda y de los acuerdos que le recayeron, apercibiéndolo que para el caso de no contestarla en el término señalado se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrezca pruebas en contrario con las que acredite que el actor no era servidor público, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda. El Tribunal o la Sala dentro de los tres días hábiles siguientes que reciba la contestación de demanda o hubiera trascurrido el término para contestarla, dictará acuerdo en el que se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual deberá realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores al acuerdo; apercibiéndolos de tenerlos por inconformes con todo arreglo conciliatorio y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurren a la audiencia. Durante la tramitación de los conflictos individuales y colectivos bastará la presencia del Presidente del Tribunal o de la Sala o del auxiliar, quien llevará a cabo la audiencia hasta su terminación y dictará las resoluciones que procedan, salvo los laudos, caso en que citará a los integrantes del Tribunal o de la Sala para dictar la resolución correspondiente." "Artículo 237. El Tribunal o la Sala, una vez agotada la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, señalará en el mismo acuerdo, el día y la hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas la que deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley." "Artículo 238. En el desahogo de las pruebas se procurará que se desahoguen primero las del actor y después las del demandado, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas y dictaran las medidas necesarias para procurar que el día de la audiencia se desahoguen todas las pruebas ofrecidas y las que por su naturaleza no sean posibles de desahogarse, se señalará día y hora en que se efectuará la audiencia respectiva." "Artículo 241. Desahogadas las pruebas se les concederá a las partes un término de 48 horas, para que por escrito formulen alegatos." "Artículo 242. Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se turnarán los autos al C. Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto de laudo correspondiente, observando el principio de celeridad procesal." "Artículo 242 BIS. Una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de 15 días." "Artículo 243. En la sesión en que se dicte resolución se observarán las siguientes reglas: I. El presidente dará lectura a su propuesta de laudo; II. Acto seguido se abrirá, en su caso, la discusión correspondiente; III. Finalmente el presidente recogerá la votación y declarará el resultado." "Artículo 244. Si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal o de la Sala. Si se le hicieran modificaciones o adiciones, se harán constar en el acta y el presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. Una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes." Del contenido de los numerales citados, se aprecia que el procedimiento laboral inicia con la presentación de la demanda ante la Oficialía de Partes del Tribunal, quien lo turnará a quien corresponda. Luego, una vez recibida la demanda por el Tribunal o Sala que corresponda, dentro de los tres días posteriores a la presentación de la demanda, en caso de ser obscura o imprecisa, prevendrá al actor para que la corrija. Hecho lo anterior, o en caso de no existir motivo de prevención alguno, se admitirá la demanda y el escrito de pruebas, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada donde se le correrá traslado con los mismos en un plazo no mayor de cinco días hábiles, para que en el plazo de diez días dé contestación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, ofrezca las que considere pertinentes. En ese orden de ideas, el Tribunal dictará auto dentro de los tres días siguientes a que reciba la contestación de demanda o una vez fenecido el plazo concedido para tal efecto, donde señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, misma que deberá realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores al acuerdo, bajo el apercibimiento a las partes de tenerlas por inconformes con todo arreglo conciliatorio y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurren a la audiencia respectiva. Además, en el mismo acuerdo en que admitan las pruebas, el Tribunal señalará día y hora para la celebración del desahogo de pruebas, las que deberán de llevarse a cabo dentro de los quince días hábiles siguientes; asimismo, que de presentarse alguna imposibilidad de desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo se señalará el día y hora en que se efectuará la respectiva audiencia -sin que ese período exceda de quince días-, desahogadas las pruebas, las partes en la misma audiencia o en un término de cuarenta y ocho horas formularán sus alegatos, y una vez formulados éstos se declarará cerrada la instrucción y se procederá a dictar la resolución -en un término no mayor a quince días-, y una vez aprobada la resolución la elevará a categoría de laudo, inmediatamente se firmará y notificará a las partes. En ese sentido, de manera intrínseca es evidente que se deberán atender las reglas y plazos fijados por la propia ley para llevar a cabo el desahogo de las diligencias ahí contempladas. Luego, de las constancias que obran en autos, se advierte en lo que aquí interesa que, en auto de diecisiete********************, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, declaró cerrada la instrucción, turnando los autos del expediente ********************, al Auxiliar Dictaminador para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, sin que a la fecha haya dictado el mismo. Atento a ello, se advierte que del día en que se cerró la instrucción, a la fecha, ha transcurrido en exceso el plazo de quince días a que se refiere el artículo 242 Bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; lo que conlleva a sostener que el Tribunal responsable vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho a una administración de justicia expedita, pronta, completa e imparcial, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. En ese sentido, se concluye que la dilación reclamada por la parte promovente del amparo vulnera el derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues las autoridades responsables deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional; independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que las autoridades deben realizar dentro del ámbito de sus facultades las actuaciones necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, no así retardarlo injustificadamente. Por ende, es evidente que las autoridades responsables, a la fecha no han emitido el laudo en el juicio laboral del que deriva el acto reclamado, dentro del plazo indicado en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, violando en perjuicio de la parte quejosa el principio de administración de justicia pronta y expedita a que se contrae el artículo 17 constitucional, prolongando la administración de justicia en forma injustificada. En ese orden, como las responsables no observaron el derecho humano que consagra el artículo 17 de la Carta Magna, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y su Presidente, realicen lo siguiente: De no haberlo hecho, a partir del día siguiente al que cause ejecutoria la presente resolución, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda en los autos del juicio laboral y cumpla el proceso de aprobación del proyecto de laudo, previsto en la legislación de la materia, hasta su engrose. Sin que el contenido del laudo o sentido del mismo, ni actuaciones subsecuentes, sean objeto de análisis en el presente juicio. Finalmente, se hace hincapié que, como se dijo en el acta de audiencia que antecede, no obsta que a la fecha de la emisión de la presente sentencia transcurra el plazo que establece el artículo 117 de la ley de la materia, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado; en virtud a que atendiendo la naturaleza del acto reclamado, el sentido de la sentencia no causará afectación a ninguna de aquéllas. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R e s u e l v e: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, precisado en el considerando segundo de este fallo y para los efectos establecidos en el último considerando de esta resolución.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación de cuenta, se advierte que en términos de las Circulares 28/2023 y 29/2023, de diecinueve y veinticinco, ambas de octubre de dos mil veintitrés, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon inhábiles los días del dieciséis al veintinueve de mes y año en curso, en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo que generó que no se celebrara la audiencia constitucional señalada para el diecinueve de octubre del año en curso. Por lo tanto, se señalan para la celebración de la audiencia constitucional las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, se hace del conocimiento que el suscrito es consciente que el paro de labores de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación generó un impacto en la administración de justicia; por lo que, atento a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género, que rigen la carrera judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 100, en relación con el 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tomarán las medidas correspondientes, a fin de subsanar el retraso ocasionado. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano